La defensa de la playa de El Gorguel y la denuncia del proyecto de la Autoridad Portuaria de Cartagena de destinar la zona a un puerto de contenedores de mercancías son los dos objetivos con los que la coordinadora La Región de Murcia No Se Vende ha convocado para el próximo domingo la séptima edición de la Marcha en Defensa del Litoral.Durante la marcha exigirán al presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena, Adrián Ángel Viudes, que «rectifique y abandone este destructivo macroproyecto o deje el cargo».
Entre los motivos por los que los ecologistas se oponen a dicho proyecto destaca el hecho de que la Sierra de la Fausilla, lugar elegido para la ubicación del macropuerto, «es una zona del litoral con un alto valor ecológico y con varias figuras de protección, reconocida internacionalmente».
Es una coincidencia de gran simbolismo. Ese día un Valcárcel especialmente sobrado exhibía su autosuficiencia en el último debate sobre el estado de la Región frente a una oposición a la que sólo unas semanas antes había infligido la más humillante derrota electoral, la decimoséptima consecutiva desde 1993.
La Justicia lenta no es tal, se dice. Y quien mejor interpreta este aserto son, sin lugar a dudas, los abogados defensores hábiles. Si, además, el delito en cuestión es ecológico y los implicados son o han sido cargos políticos, el fárrago legal se torna indisoluble. Ése es al menos el caso de un alcalde murciano, Lázaro Mellado, de Alcantarilla, que lleva diez años denunciado, ocho imputado y seis acusado formalmente por la Fiscalía por contaminar el Río Segura vertiendo al cauce aguas residuales sin depurar.
Los estudiantes de Enfermería de la Universidad de Murcia protestaron ayer en la consejería de Sanidad por la adjudicación de plazas para prácticas. Los estudiantes de la Universidad pública afirman que les vetan en los servicios de algunos hospitales para hacer prácticas en beneficio de los de la Universidad Católica.
