Es una coincidencia de gran simbolismo. Ese día un Valcárcel especialmente sobrado exhibía su autosuficiencia en el último debate sobre el estado de la Región frente a una oposición a la que sólo unas semanas antes había infligido la más humillante derrota electoral, la decimoséptima consecutiva desde 1993.
En el debate Valcárcel presumió nuevamente de su buena gestión en los tiempos de bonanza y de la adopción de rápidas y eficaces medidas contra la crisis, frente a la incompetencia del gobierno de Zapatero y su empeño en mantener la discriminación contra Murcia en agua, infraestructuras y financiación, identificados como los grandes problemas de la región.
Hasta poco antes del estallido de la crisis las ideas fuerza de su discurso eran que crecíamos más que los demás y teníamos menos paro; ahora, que su gobierno había sido el primero en reaccionar frente a la crisis. El papel atribuido a Zapatero también se ha modulado: si antes nos castigaba sin poder impedir nuestros éxitos, ahora se insiste en que lastra y frena nuestras capacidades de desarrollo.
Los mismos días del debate, el Consejo Económico y Social (CES) de la Región de Murcia hacía pública su Memoria sobre el año 2008. Con el rigor y la independencia que se le reconoce, este órgano consultivo de la Comunidad Autónoma describe un estado de la región que en poco se parece al relato autocelebratorio que el presidente regional estaba haciendo en ese mismo momento.
La Justicia lenta no es tal, se dice. Y quien mejor interpreta este aserto son, sin lugar a dudas, los abogados defensores hábiles. Si, además, el delito en cuestión es ecológico y los implicados son o han sido cargos políticos, el fárrago legal se torna indisoluble. Ése es al menos el caso de un alcalde murciano, Lázaro Mellado, de Alcantarilla, que lleva diez años denunciado, ocho imputado y seis acusado formalmente por la Fiscalía por contaminar el Río Segura vertiendo al cauce aguas residuales sin depurar.
Su partido, el PP, mira hacia otro lado desde el principio y lo sigue presentando a elecciones que gana, por cierto, fácilmente. Lo mismo parece hacer el opositor PSOE, que se desentiende del asunto. La denuncia partió, el cuatro de junio de 1999, de dos entonces concejales de IU en Murcia. Sólo once días más tarde se produjo la apertura de diligencias previas. La imputación primera de Lázaro Mellado se produjo el 10 de mayo de 2001.