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MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO |
(La Opinión, 17-3-2007)
Los
distintos indicadores del estado actual del medio ambiente y el
modelo de desarrollo en la Región de Murcia demuestran un
gran retroceso respecto a la ya grave situación dibujada
en el Informe del Foro Ciudadano “El Otro Estado de la Región”
de 2003. En relación con el agua, el cambio de ciclo desde
el crecimiento del regadío al crecimiento urbano-turístico,
fomentado por el gobierno regional, sigue apostando por actividades
hidróvoras, sin aceptar condicionante alguno por la escasez
de agua. Las nuevas urbanizaciones y campos de golf evidencian las
contradicciones del discurso del “Agua para Todos”,
que insiste en seguir reivindicando el trasvase del Ebro para el
regadío mientras el gran crecimiento en el consumo del agua
se debe a las nuevas urbanizaciones, las cuales consumen casi tres
veces más por persona y día. Las 800.000 nuevas viviendas
previstas en los próximos 10 años supondrían
duplicar el déficit hídrico actual.
Murcia es la comunidad autónoma
con mayor crecimiento de la superficie artificial entre 1987 y 2000,
con un 62%. Este crecimiento urbano-turístico tan acelerado
obedece a diversos factores, de los que hay que destacar el decidido
apoyo del gobierno regional. En abril de 2001 aprobó la Ley
del Suelo de la Región de Murcia, que declaró urbanizable
todo lo no protegido y descatalogó unas 15.000 hectáreas
previamente protegidas. En 2004 aprobó unas Directrices de
Ordenación del Litoral que declaran urbanizables 85.000 ha
en los municipios del litoral, culminan la saturación del
Mar Menor e incluyen la Actuación de Interés Regional
de Marina de Cope, que pretende ser el mayor complejo urbano-turístico
de Europa, sobre un espacio litoral bien conservado y previamente
protegido. La especulación urbanística está
afectando incluso a los espacios protegidos, como lo demuestran
el caso Cerrichera, los intentos de desproteccíon de Calblanque,
Puerto Mayor o Lo Poyo.
Pero más allá
de las afecciones a espacios protegidos, la proliferación
urbanística da lugar a múltiples impactos ambientales
en la generalidad del territorio, con pérdidas de biodiversidad,
degradación de paisajes tan emblemáticos como el Valle
de Ricote y el Mar Menor y pérdida de las huertas tradicionales
por su recalificación a urbanizables. Además, las
nuevas urbanizaciones e infraestructuras y la triplicación
de la población actual multiplicarán los ya graves
problemas ambientales de la Región de Murcia como los relativos
a la gestión de los residuos, las aguas residuales o el tráfico,
que requerirán nuevas depuradoras, nuevas plantas de tratamiento
de residuos y nuevos vertederos, con sus problemas asociados. Las
infraestructuras no podrán crecer al ritmo de las necesidades,
por lo que se agravarán los problemas de mala gestión
y saturación de las infraestructuras. Por otra parte, el
número estimado de vehículos para el año 2015
se multiplicará por unas dos veces y media, lo que contribuirá
a triplicar el volumen actual de emisiones de CO2. Los murcianos
seremos más corresponsables en el cambio climático
global.
Todo esto se suma a una permanente
degradación de las políticas de conservación
de la naturaleza, gestión de espacios protegidos y protección
ambiental, que muestran una situación de casi abandono. Los
espacios protegidos en la Región de Murcia son de dimensiones
muy pequeñas. La media de superficie de los espacios protegidos
por la vía convencional es de unas 4.000 hectáreas,
mientras que la media española es de 6.600 hectáreas.
Los espacios LIC y ZEPA se distancian aún más, no
alcanzando ni siquiera la mitad de la superficie media a nivel estatal.
El debilitamiento de los espacios protegidos se apoya además
en otras evidencias: las inversiones por hectárea protegida
se han reducido severamente, los PORN precisan cinco veces más
tiempo para su aprobación definitiva que en periodos anteriores,
los planes de actuación socioeconómica han sido olvidados...
Necesitamos un cambio urgente
y rádical en el modelo de desarrollo y en las políticas
ambientales de la Región de Murcia. Hace falta reducir sustancialmente
la oferta de suelo urbanizable; reforzar las políticas de
conservación de la naturaleza, expresamente debilitadas por
la administración regional; aprobar una nueva ley del suelo
sobre bases completamente diferentes a las actuales; reforzar la
financiación estatal de las corporaciones locales; cambiar
el tratamiento fiscal de las segundas residencias y de los terrenos
protegidos; y reforzar sustancialmente la persecución y el
castigo penal para todos los actores de la corrupción en
materia urbanística y de los delitos contra el medio ambiente
y el territorio. Necesitamos, en definitiva, un giro radical en
la política ambiental y un modelo de desarrollo diferente
al que nos quieren imponer al margen de los intereses generales
y sin un debate público amplio, plural y democrático
acerca de qué modelo de región queremos.
Julia Martínez
es investigadora en Ecología de la Universidad de Murcia.
Miembro del Foro Ciudadano y co-autora del Informe 2006 “El
Otro Estado de la Región”.
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