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MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO |
(La Verdad, 26-7-07)
 El
Mar Menor es un ecosistema singular muy enfermo, enfermo de las
avaricias del modelo de crecimiento económico e insensibilidad
ambiental, que los murcianos nos empeñamos en votar una y
otra vez desde hace más de diez años. Alguna vez aprenderemos
a no vender nuestro patrimonio por cuatro euros más en el
bolsillo y a entender que el Mar Menor es el mejor negocio ambiental
que tenemos los habitantes de esta Región y que es a todas
luces estúpido que nos empeñamos en malgastarlo.
La laguna, por su confinamiento
y mayor dependencia de las actividades humanas, ha anticipado problemas
ambientales que ya se muestran como generales en todo el Mediterráneo,
como las plagas de medusas, ya preocupantes en el Mar Menor diez
años antes de que lo fueran en la costa mediterránea.
Del mismo modo, es un ecosistema que nos está mostrando abiertamente
desde hace décadas la incapacidad de nuestros poderes públicos
para encontrar soluciones. Unos y otros se pasan la patata caliente,
y cuando se les señala temas de su exclusiva responsabilidad
miran hacia otro lado o buscan excusas baratas, impropias de gobernantes
competentes.
El fracaso estrepitoso ha sido
la moneda común de las distintas iniciativas adoptadas hasta
el momento. Tres directrices de ordenación territorial y
un plan de saneamiento, desarrollistas y mal diseñados, con
obra civil ociosa e ineficaz, y unos planes de protección
del litoral y armonización de usos y un consejo asesor específico
para la laguna abortados por la ley del suelo del Partido Popular.
Ni siquiera los espacios protegidos tienen sus Planes de Ordenación
de Recursos Naturales aprobados, si exceptuamos Calblanque y Salinas
de San Pedro, que los tienen de la anterior etapa política,
cuando gobernaban los socialistas en San Esteban. La tramitación
del Plan de Ordenación del Paisaje Protegido de los Espacios
Abiertos e Islas del Mar Menor es, casi con toda seguridad, el plan
de tramitación más prolongada y tortuosa de nuestro
país y sus diecisiete comunidades autónomas. Todo
ello debido a que la administración autonómica se
ha empeñado, en contra de cualquier criterio técnico,
en considerar los espacios protegidos como los parques de las urbanizaciones
inmediatas. La última gran decepción fue protagonizada
por el anterior Consejero de Medio Ambiente, el Sr. Marqués,
que paralizó una iniciativa de Ordenación Integral,
auspiciada nada menos que por el Programa de Medio Ambiente de las
Naciones Unidades, con una participación pública nutrida
y con la financiación internacional ya aprobada: el proyecto
Coastal Areas Management Project (Camp) del Mar Menor. Su súbita
paralización fue todo un disparate.
Hoy nos encontramos con unas
circunstancias algo distintas. Los vecinos de Los Urrutias, Punta
Brava y El Carmolí, entre ellos mi familia, que veranea en
la zona, se manifiestan exigiendo lo que le está reconocido
por el artículo 45 de la Constitución: el disfrute
de un medio ambiente adecuado. En consecuencia, nos encontramos
con una sociedad algo más sensible y activa ante el problema.
Por otra parte, la relación de fuerzas en los ayuntamientos
ribereños ha cambiado sustancialmente y la administración
central comienza a prestar mayor atención a las zonas costeras,
tanto por la nueva filosofía de las demarcaciones hidrológicas
impuestas por la Directiva Marco del Agua como por razones estrictamente
humanas, de las personas responsables en materia de costas. La compra
de terrenos litorales, las nuevas delimitaciones del dominio público
marítimo terrestre o la recuperación de la bahía
de Portmán son ejemplos de ello. Por su parte, la Comunidad
Autónoma insiste en un discurso aparentemente ambientalista
en superficie pero netamente desarrollista en lo profundo. No obstante,
alberguemos alguna esperanza a pesar de la escasa credibilidad que
presenta el gobierno Valcárcel en los temas ambientales.
Bajo mi modesto parecer algunas
de las medidas que hay que adoptar con urgencia son:
1. Moratoria de nuevas urbanizaciones,
sobre todo las que suponen consumir parte de las ventanas territoriales
o espacios abiertos que aún quedan en el Mar Menor, como
ocurre con Novo Cartago o Lo Poyo, entre otras. Informes de Sostenibilidad
Ambiental para todos los Planes Generales de la comarca.
2. Plan de saneamiento Integral,
con un programa de medidas urgentes que incluya todos los déficits
de la recogida (red del alcantarillado y colectores) y el tratamiento
de las aguas residuales (depuradoras), con el objetivo de vertido
cero a la laguna y mediterráneo inmediato.
3. Un Plan de protección
y recuperación de la ribera y costa marmenorense, con un
programa de medidas de choque de ejecución inmediata.
4. Aprobación sin servidumbres
urbanísticas (ni campos de golf) de los Planes de Ordenación
de los Espacios Protegidos del Mar Menor.
5. Potenciación de los
humedales y espacios periféricos para filtrar los vertidos
que transitoriamente, mientras se consigue el vertido cero, o eventualmente
en avenidas o posibles incidentes, puedan llegar al Mar Menor, incluidos
los drenajes agrícolas.
6. Creación de forma
inmediata (este mismo verano, si es posible) de un consejo asesor
y de participación pública, aprovechando las mesas
territoriales de la nueva demarcación hidrográfica
que incluye los sectores costeros correspondientes.
7. Realización para este
mismo otoño-invierno de unas jornadas técnicas y sociales
sobre el futuro del Mar Menor, en la que participemos todos (vecinos,
ecologistas, universidades, IEO, ayuntamientos, comunidad autónoma,
demarcación de costas, CHS, etc.) en las que se consensúen
las bases para las iniciativas señaladas con anterioridad.
En nuestros poderes públicos
debería residir la voluntad política necesaria para
hacerlo realidad. No nos defraudéis de nuevo. Los hijos adoptivos
de este Mar Menor que se nos va no aceptaremos ni más dilaciones
ni más fracasos. Murcia no se vende.
Miguel Ángel Esteve Selma
es profesor de Ecología y miembro de Ecologistas en Acción.
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