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MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO |
(La Opinión, 15-12-07)
En la memoria ha quedado ya
lo acontecido en el pleno extraordinario del jueves 22 de noviembre.
Esther Herguedas, de IU-LV, constantemente interrumpida en su denuncia
de la especulación, no obtuvo amparo del alcalde para pronunciar
su discurso, que fue acallado. ¿Por qué no lo impidió
el alcalde? Para Marcos Ros, del PSOE, la responsabilidad de esta
actuación urbanística es exclusiva del alcalde y se
comprometió a promover un nuevo barrio para los vecinos,
pero no así. No quiso propiciar un linchamiento público
de su partido y colaborar al desprestigio de la institución
municipal.
El concejal de Urbanismo destacó
el “consenso alcanzado”, aunque sabe que para alcanzarlo
de verdad habría que escuchar a los vecinos que no quieren
esta manera de actuar ni el barrio resultante. Consenso es estar
de acuerdo todos: PP, oposición, vecinos, e incluso Ministerio
de Vivienda y Comunidad Autónoma, que también son
propietarios de los terrenos. Si el proyecto está hecho “por
y para los vecinos”, la urbanización del barrio no
se la debieron encargar a un gestor que la ha convertido en una
operación especulativa a partir de suelos públicos.
El concejal afirmó que es “legal”, pero ¿es
“legal” sin el concurso del Ministerio?. El alcalde
hizo suya la opción lucrativa privada y especulativa.
La actuación de
esta alcaldía puede conducir a:
-
La creación de embriones de
guetos, consecuencia de la excesiva concentración
de muchas personas con pocos recursos económicos en torres
de 25 plantas; por la emigración de propietarios de La
Paz a viviendas en pedanías del extrarradio cuando se
las ofrezcan a cambio de las nuevas; y por la expropiación
forzosa de propietarios que no quisieran la propuesta actual.
-
La acumulación de cientos de millones
de Euros para los gestores de esta operación, en detrimento
del beneficio generable a la gran mayoría de los ciudadanos,
como propone el Colegio Oficial de Arquitectos en su propuesta
Murcia 2.0. Acumulación de unos pocos
por desposesión de muchos.
-
El menoscabo de las libertades de expresión
y de información. En su “dejar hacer” al
gestor urbanístico y en la formación de la opinión
pública al respecto, la alcaldía ha liderado la
indiferencia, ha provocado el ensordecimiento
de los oídos de los vecinos y ha consolidado el “acallar
bocas” como estrategia generadora de presión
para la adhesión al proyecto dominante y para doblegar
a los que no le son afines. Perversa interpretación de
la letra y el espíritu constitucional del “interés
general”.
-
La deriva hacia similares actuaciones
en cientos de barrios de España, con su ingente
generación de plusvalías. El modelo nunca será
exportable a estados de la CE como Francia, Gran Bretaña
o Alemania, donde existe un aprovechamiento público prioritario
de la edificabilidad. ¿Queremos extender el modelo de
recalificación de barrios urbanos consolidados,
para generar plusvalías que vayan a las arcas de unas
pocas personas privadas?
-
La generación de inseguridad
jurídica, frente a la titularidad de los terrenos;
inseguridad financiera, pues la coyuntura actual
puede hacer que no se vendan las viviendas proyectadas y se
frustre todo (por los altos precios, el incremento del precio
de las hipotecas y el bajo poder adquisitivo de los salarios)
de ahí que los barrios céntricos deprimidos sean
ahora el objetivo; e inseguridad social: la
desaparición de las personas actuales del barrio y sus
descendientes por la emigración al extrarradio. ¿Cómo
van a querer comprar los nuevos habitantes que vengan, si no
es por la segregación de los colectivos marginales, ya
sea hacia una zona prevista en la ordenación o hacia
barriadas en pedanías alejadas?
En La Paz ya no quedan vecinos,
sólo propietarios. Lo público retrocede
ante lo privado. El gestor urbanístico dice
que no es una ONG. Sin embargo, y al amparo de derechos constitucionales
fundamentales - el de la propiedad y el de una vivienda digna y
sin especulación - si el Ayuntamiento permite ejecutar este
proyecto especulativo, ¿no estará él mismo
contribuyendo a la especulación? Piénsese en la poca
diferencia que hay entre barrios como La Fama, La Paz, El Carmen,
San Andrés, Espíritu Santo, Vistalegre, etc. La
cuestión sigue siendo saber quien se beneficiará de
la plusvalía del aumento de la edificabilidad. ¿Quiénes
son esos “demás” que pudimos leer en una pancarta
de un propietario que vestía una camiseta “I love Cámara”
el día del pleno? Los ciudadanos demandamos un informe económico:
los gastos, los ingresos, los beneficios estimados y en qué
tiempo.
La consigna del “Y ahora
hacia arriba” llega obsoleta. En barrios europeos similares,
llevan años demoliendo las torres residenciales que en su
día otros levantaron. Construyen barrios de poca altura,
más sostenibles económica y medioambientalmente, socialmente
cohesionados, conciliando propietarios y arrendatarios de distintos
niveles de renta, bajo la supervisión y el liderazgo de las
autoridades públicas.
Ir diciendo que si no firmas
y no tienes escritura o estás alquilado, te van a expropiar
y te van a mandar a pedanías distantes, es algo ya frecuente
en La Paz. La actual ministra de vivienda ya se ha pronunciado en
contra del acoso inmobiliario que están sufriendo la gente
mayor y ha anunciado medidas para evitarlo. Algunos mayores se preguntan
amargamente: “¿Dónde están los jóvenes
del barrio? Nos han abandonado”.
El gestor mediador y el
alcalde ya han derribado 3 cipreses adultos y 4 árboles más
en la antigua escuela infantil. Un niño preguntó:
“¿Por qué han roto mi colegio?”. ¿Por
qué se permitió derribarla antes de aprobar la Modificación
Provisional? Quieren pronto desalojar el colegio público
y derribarlo. ¿Va a ser este el modelo de regeneración?
¿Van a tirar abajo todos los árboles? Altos y sanos,
son un patrimonio cuyo valor económico estimado es de más
de 5 millones de Euros. No podemos renunciar a su valor ambiental
y conformador de la memoria del barrio. Denunciar las mentiras siempre
es útil. Pido un Gobierno de, por y para todos.
.José María
Gómez. Miembro del Foro Ciudadano de la Región
de Murcia
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