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MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO |
(La Verdad, 13-07-07)
El diputado Ayala miente, y
miente como un bellaco, porque es persona informada y sabe de lo
que habla cuando miente sobre la ley del Suelo estatal recientemente
aprobada y en contraposición a las virtudes de la ley del
Suelo murciana, de la que el Sr. Ayala fue autor junto a otros.
El pasado domingo, 8 de julio,
en La Tribuna de La Verdad, el diputado Ayala criticaba la mencionada
ley del Suelo, cosa que me parece muy sana, pues yo mismo también
me muestro crítico -aunque desde una óptica muy distinta-
con una ley que nos aleja una vez más de la legislación
europea y occidental. Pero esa es otra cuestión que ahora
no toca discutir.
Lo que ahora toca es denunciar
la mentira del diputado Ayala cuando dice que la ley murciana ya
se adelantó a la de la ex ministra Trujillo. Dice textualmente:
«así, el art. 158 ya establece una regulación
pública y transparente de los convenios urbanísticos
que han de publicarse y someterse a información pública
con carácter previo a su aprobación».
Mentira, lapsus, fallo de subconsciente...
me inclino por lo primero, porque lo que dice el diputado es precisamente
lo que la ley debería decir y no dice, y no lo dice porque
los autores de la ley, Ayala incluido, ya se cuidaron muy mucho
de que no fuera así y de que la ley no dijera lo que él
dice que dice. Veamos lo que realmente dice el art. 158 y en qué
consiste la manipulada diferencia «El Ayuntamiento publicará
los convenios en el Boletín Oficial de la Región,
en el plazo de un mes desde su celebración, y los mantendrá
en régimen de consulta pública».
Es decir, que de someterse a
consulta (sólo consulta) pública con carácter
previo a su celebración, nasti de plasti, Sr. Ayala, más
bien todo lo contrario: los convenios se someten a consulta pública
en el plazo de un mes desde su celebración. Y si entendemos
que su celebración es el acto de su aprobación o firma,
y no el cumpleaños del alcalde, entenderemos que la consulta
pública, una vez firmado el convenio, no sirve para nada,
más que para el derecho al pataleo y el maquillaje pseudolegal
del convenio; en resumen, una tomadura de pelo ciudadana.
Y así lo entienden los
alcaldes y ayuntamientos de esta región, que en un 99%, primero
firman los convenios y luego los mandan publicar al BORM (los que
los mandan) en un acto de trámite sin ninguna trascendencia.
La excepción del 1% que confirma la regla corresponde precisamente
a un ayuntamiento socialista cuyo denostado alcalde ha perdido las
últimas elecciones precisamente por un polémico convenio
urbanístico. Mira por dónde, para uno que cumple va
y se le cae el pelo.
También se ufana el diputado
de que, en sostenibilidad, la ley de la Trujillo no le gana a la
ley murciana, que ya lo dice en su art. 1, desarrollo sostenible;
¿lástima de artículo!.. que por lo visto no
se han leído los implicados en los episodios de La Zerrichera,
Lo Poyo, Novo Carthago, Marina de Cope y otros.
Critica también el Sr.
Ayala que la reserva del 30% de suelo para vivienda protegida, al
margen de su posible inconstitucionalidad, impide ¿desarrollos
sostenibles del territorio! (sin comentarios) y encarecen el suelo.
Y aquí lo criticable no es la mentira sino la ignorancia,
imperdonable en el portavoz de Fomento y Vivienda del Partido Popular
en el Congreso de los Diputados, porque Murcia es de las pocas,
si no la única comunidad autónoma, según el
profesor y experto en Derecho Administrativo José M. Palau
Navarro, a la que afecta dicha disposición, ya que sólo
obliga en su ley regional a reservar un pírrico 10% del suelo
para VPP y con excepciones, mientras que el resto de las comunidades
autónomas tienen establecidas reservas superiores al 30%
desde antes de que lo estableciera la ley.
Rectifique o dimita, diputado
Ayala, que no nos lo merecemos.
Carlos F. Iracheta es Arquitecto
y miembro del Foro Ciudadano
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