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MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO |
(La Verdad, 11-11-2005)
http://servicios1.laverdad.es/murcia/pg051111/prensa/noticias/Articulos_Murcia/200511/11/MUR-OPI-130.html
Ante el caso de flagrante corrupción
política que ha tenido lugar en el Ayuntamiento de Águilas,
debido a la recalificación urbanística de un espacio
protegido por la Unión Europea en la Sierra de la Almenara,
y en el que se han visto implicados la empresa inmobiliaria Hispania,
el alcalde y los concejales del PP, los del MIRA y cuatro del PSOE,
así como el Director General de Calidad Ambiental y el consejero
de Medio Ambiente, los autores de este artículo, en nombre
propio y en representación de nuestras respectivas organizaciones,
creemos que la Región de Murcia necesita adoptar de forma
urgente una serie de medidas de regeneración democrática
de las administraciones públicas, y en especial de las relacionadas
con el urbanismo y el medio ambiente.
Para empezar, exigimos la dimisión inmediata
de los tres responsables políticos implicados directamente
en los hechos: el alcalde de Águilas, el director general
de Calidad Ambiental y el consejero de Medio Ambiente.
Además, reclamamos la apertura de una
investigación de oficio por parte del fiscal jefe, dada la
gravedad de las posibles figuras delictivas y los cargos públicos
ejercidos por las personas implicadas.
Consideramos que el caso de la sierra de Almenara
no es un caso aislado, ni en el municipio de Águilas ni en
el resto de municipios de la Región, sino un ejemplo más
de lo que ya se ha convertido en una norma de la política
urbanística y medioambiental practicada en nuestra Comunidad
Autónoma, tanto por la administración regional como
por las corporaciones locales de uno y otro signo político.
En la Región de Murcia estamos sufriendo una verdadera pandemia
inmobiliaria, cuyos efectos devastadores sobre nuestro patrimonio
natural y sobre nuestras instituciones democráticas es cada
vez más alarmante.
Tal y como han señalado el Defensor del
Pueblo, la Fiscalía Anticorrupción y numerosos expertos
en la materia, como el Instituto Andaluz Interuniversitariio de
Criminología y la prestigiosa organización Transparency
International (véase el reciente libro de su fundador, Peter
Eigen: Las redes de la corrupción), el recurso sistemático
a las recalificaciones masivas y a los convenios urbanísticos,
que se ha convertido en moneda corriente en todo el levante español,
es la puerta de entrada a todo tipo de irregularidades administrativas,
atropellos medioambientales, delitos penales, corruptelas políticas,
blanqueo de dinero e infiltración creciente de las mafias
internacionales.
Una prueba más de la connivencia a la
que se ha llegado entre el Gobierno regional y el lobby del ladrillo
es la escandalosa adjudicación de la gestión de la
futura televisión pública murciana a un consorcio
de promotores inmobiliarios sin experiencia alguna en el sector
de la comunicación, y con un coste para la hacienda pública
mucho mayor que el ofrecido por otros concursantes con reconocida
experiencia en el mundo audiovisual.
Numerosas asociaciones ciudadanas de la Región
-ANSE, Ecologistas en Acción, Coordinadora La Región
de Murcia No Se Vende, Foro Ciudadano, etc.- venimos denunciando
una y otra vez la disparatada carrera de recalificaciones y convenios
urbanísticos que está teniendo lugar en los últimos
años, sin que hasta ahora se le haya puesto freno por parte
de las autoridades regionales y municipales.
Por todo ello, proponemos a los tres partidos
con representación en el Parlamento regional, PP, PSRM-PSOE
e IURM, que se acuerde de forma consensuada una moratoria en todos
los planes urbanísticos de la Región y que se inicie
una revisión en profundidad de la vigente Ley del Suelo regional
y de todos los planes urbanísticos municipales.
Asimismo, exigimos que se cree en los 45 municipios
de la Región una comisión de seguimiento y control
de todas las actuaciones urbanísticas, con una amplia y plural
participación ciudadana, para garantizar que dichas actuaciones
se llevan a cabo con transparencia, conforme a ley y en beneficio
de los intereses generales de todos los ciudadanos.
Finalmente, reclamamos al presidente Valcárcel
que cree una verdadera Consejería de Medio Ambiente, no vinculada
ni subordinada a ninguna otra, y que ponga al frente de la misma
a una persona competente, honesta e independiente, capaz de defender
realmente nuestro patrimonio natural, histórico y cultural,
frente a la voracidad depredadora de muchas promotoras inmobiliarias
y a su probada habilidad para comprar voluntades y corromper a funcionarios
y responsables políticos.
En caso de que Valcárcel no cese de forma
inmediata al consejero Marqués y promueva iniciativas de
regeneración democrática como las que aquí
proponemos, para poner freno a la pandemia inmobiliaria y al poder
creciente del lobby del ladrillo, se pondrá en evidencia
a sí mismo y demostrará ante la opinión pública
murciana que también él forma parte del grave problema
de corrupción institucional al que nos enfrentamos. Si así
fuera, las organizaciones abajo firmantes comenzaremos a exigir
su dimisión como presidente de esta Región.
Antonio Campillo es presidente del
Foro Ciudadano;
Pedro García es presidente de ANSE, y
Julia Martínez es presidenta de Ecologistas en Acción.
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