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MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO |
(La Verdad, 2-6-2006)
 Como
muchos otros murcianos soy hijo adoptivo del Mar Menor, nuestra
magnífica laguna litoral. Lo soy en lo emocional y en lo
racional. Me crié acariciado por sus aguas en esos larguísimos
veranos de entonces y he desarrollado una parte sustancial de mis
trabajos como ecólogo en él y en su entorno inmediato.
Milito en la defensa de esta
laguna desde hace casi treinta años. Durante este periodo
y las décadas anteriores, las amenazas y los impactos han
ido sucediéndose en un continuo palpitar de problemas: los
vertidos mineros en la cuenca sur antecesores de los de Portmán,
el boom urbanístico de los 60-80 en el que, entre otras cosas,
asfaltamos las dunas de La Manga, la ruptura de las condiciones
ecológicas de la laguna por la ampliación del canal
del Estacio para el Puerto Tomas Maestre, la perpetua amenaza del
acceso Norte, los vertidos de aguas residuales urbanas, la presión
por urbanizar La Manga Ancha (incluido Calblanque), la contaminación
agraria difusa, hija del regadío del Campo de Cartagena,
y sus medusas y ahora un nuevo y decisivo proceso de masificación
urbanística que amenaza con saturar definitivamente este
espacio.
El Mar Menor está sufriendo
una realidad contradictoria. Por un lado los ambientalistas hemos
logrado que sean reconocidos sus valores naturales, con batallas
muy difíciles como la de Salinas de San Pedro o el mismo
Calblanque y, en general, todos los paisajes preservados a las orillas
de la laguna, objetivos en un momento u otro de la codicia urbanizadora.
Hemos conseguido que haya cuatro espacios protegidos en desarrollo
de la legislación básica nacional (Salinas de San
Pedro, Calblanque y Peña de Águila, Islas y Espacios
Abiertos del Mar Menor y Reserva Marina de Cabo Palos-Las Hormigas)
y otras cuatro figuras internacionales que protegen la práctica
totalidad de las zonas naturales de la laguna y su costa mediterránea
(ZEPA, LIC, Zona Ramsar y ZEPIM). Pero al mismo tiempo, estas iniciativas
no terminan de consolidarse ni de dar sus frutos pues, paralelamente,
todo el territorio del Mar Menor se ha puesto en venta para el desarrollo
urbanístico y la Comunidad Autónoma mira hacia otra
parte. Ya no es La Manga Ancha ahora es la Ciudad del Golf, un continuo
de resort desde Cartagena a Cabo Palos, al tiempo que San Javier
consuma la urbanización de La Manga. Los Alcázares,
San Pedro y Torre Pacheco, apuestan también por lo mismo,
aunque siempre hayan matices.
El resultado de todo esto es
que vamos camino de culminar todas las previsiones urbanísticas
de los planeamientos anteriores, lo que supone más de 126.000
viviendas, y le vamos a añadir unas 80.000 más con
los nuevos planes, aunque esta cifra es sólo estimativa y
probablemente conservadora. El Mar Menor va a tener a un plazo medio
unas 200.000 viviendas, lo que supondrá una población
de unas 800.000 personas presionando a este frágil ecosistema.
Cada usuario de la laguna tocará a 7 centímetros lineales
de ribera lagunar o a un metro y medio cuadrado de playas, ya artificialmente
aumentadas. Lógicamente no todos vamos a coincidir en el
momento de bajar a la playa pero son estándares suficientemente
demostrativos de la insostenibilidad del modelo. Estas 800.000 personas
irán al aseo, se desplazarán con el coche, regarán
sus jardines o jugarán al golf, precisarán de un mayor
gasto energético, irán al médico, sus hijos
a las escuelas, generarán más basura y agua residual,
visitarán y presionarán sobre los espacios protegidos
remanentes, en definitiva demandarán y serán consumidores
netos de servicios. ¿Quién costeará todo esto?,
¿se harán con suficiente antelación todas estas
infraestructuras y servicios?
Este aspecto es muy relevante.
Los gastos se socializarán rápidamente. Todos pagaremos
los costes, económicamente o en calidad de vida. Las expectativas
son inequívocamente preocupantes, por una razón evidente:
¿Cuál es la situación actual en cuanto a dotación
de servicios e infraestructuras en nuestra costa? La respuesta no
deja opción a la duda: infradotación con problemas
e incidencias continuadas. No pasa una temporada sin vertidos directos
de aguas residuales al mar, atascos reiterados y masivos, cortes
de electricidad por falta de inversión en la red, dificultades
en la integración de los hijos de los nuevos residentes en
el sistema escolar, inseguridad ciudadana o cierto colapso en la
atención sanitaria. Las perspectivas es que esta nueva ola
de crecimiento urbanístico, que no desarrollo, va a ser un
verdadero tsunami para nuestro territorio, ya que las instituciones
municipales se presentan excesivamente débiles para gobernar
con racionalidad y equilibrio esta transformación masiva,
pues ni siquiera pueden solventar una situación mucho más
accesible como la actual.
Nuestros poderes públicos
muestran una temeraria pereza planificadora. La ordenación
territorial la hacen los promotores, algo inadmisible. La suma de
las ambiciones de cada promotor, por mucho que se empeñen,
no da lugar al interés general, pues en esa ecuación
suele estar ausente lo social, lo ambiental y las generaciones venideras.
El Mar Menor es un microcosmos de intangibles malgastado estúpidamente.
Reaccionemos, seamos inteligentes. Establezcamos una moratoria para
los nuevos crecimientos urbanos en ciernes. Constituyamos un Consejo
del Mar Menor donde estemos todos los que tenemos algo que decir.
Pongámonos unos plazos razonables y formulemos entre todos
la terapia que precisa el Mar Menor para salir de la UVI. Si no
actuamos de inmediato se nos va a ir definitivamente de las manos.
Benito Mercader tiene la palabra y la responsabilidad.
Miguel Ángel Esteve Selma
es profesor de Ecología y miembro de Ecologistas en Acción.
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