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MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO |
(La Opinión, 8-12-07)
Si el urbanismo en España
es una rara avis en el concierto europeo y anglosajón, el
urbanismo en Murcia es una rara, rara, rara, especie dentro del
género rara avis. Me explico, ni siquiera los gobiernos socialistas,
en sus dos periodos de mandato, antes y después de Ansar
(ave migratoria) han sido capaces de situar el urbanismo a escala
europea, y eso que han tenido sobrada oportunidad, en las sucesivas
leyes del suelo promulgadas durante la democracia.
Y es que existe una concepción absolutamente diferente del
derecho a la propiedad del aprovechamiento urbanístico, entre
este país y el resto del mundo occidental. Aquí, el
aprovechamiento urbanístico, la edificabilidad, lo que se
puede edificar sobre un suelo determinado, pertenece en su totalidad
al propietario del suelo si es suelo urbano y en un 90% si es suelo
urbanizable.
Allí, el aprovechamiento urbanístico no se le da al
propietario del suelo sino que es de la colectividad, representada
por el ayuntamiento, que es precisamente quien a través de
los planes de ordenación, decide los índices de edificabilidad,
los usos y como y cuando se desarrollan los polígonos o sectores.
Allí el propietario mantiene la propiedad del suelo y solo
tiene derecho a edificar si adquiere el aprovechamiento urbanístico
al Ayuntamiento. No promueve cuando le viene en gana como aquí,
sino cuando las necesidades socioeconómicas lo requieren.
El urbanismo es ordenado, programado, coordinado. La especulación
se hace muy difícil, todo lo contrario que aquí. La
edificabilidad no se vende directamente, sino que sigue los principios
de publicidad y concurrencia y no se le adjudica a la mejor oferta
económica, sino a la que mayor beneficio representa para
la colectividad.
Si hay que hacer un campo golf o resort, el Ayuntamiento decide
el lugar, las condiciones de su ejecución, pone los medios
no económicos y lo saca a concurso público. No como
aquí que cada uno golfea como le da la gana.
Las infraestructuras se planifican y se hacen en función
de los desarrollos urbanísticos previstos, no como aquí
que primero se hacen las casas y luego ¡ya veremos! Decía
el otro día el jefe de los promotores, tenemos las casas
terminadas y no sabemos cuando vamos a tener la luz ¡increíble!
Y no pasa nada. La excepción que confirma la regla, es la
autovía de peaje Cartagena-Vera, que es un caso insólito
de cómo hacer el tejado sin saber si se va ha hacer la casa.
¿Qué pasará con los concesionarios de la autovía
si lo de Marina de Cope se viene abajo? ¿La pagaremos entre
todos?
Las dos guerras mundiales, en que a lo largo del siglo pasado se
vieron inmersos la mayor parte de países europeos con la
destrucción de infraestructuras, el tejido productivo, fabricas
e incluso ciudades enteras, crearon una conciencia ciudadana solidaria
en la reconstrucción material y económica, y aunque
se mantuvo la propiedad del suelo en los países no comunistas,
se acabaron los caciques. A nadie se le ocurría ir al Ayuntamiento
a preguntar ¿y de lo mío que? Sin que le dieran una
patada en el culo.
En España la guerra fue civil y pese a la destrucción
y otras cosas, los caciques y terratenientes que financiaron y apoyaron
la sublevación, se cobraron su parte de la tajada, manteniendo
no solo la titularidad del suelo y algo más, sino también
el antiguo derecho romano de apropiación de todo lo que se
pueda hacer sobre el vuelo y el subsuelo, ave que vuela a la cazuela.
Paradójicamente este especie de derecho de pernada se mantiene
en la actualidad, y los socialistas no han sido capaces ni siquiera
de plantearlo a la hora de las nuevas leyes del suelo, el aprovechamiento
urbanístico permanece vinculado a la titularidad del suelo,
y como mucho cuando gobiernan socialistas los ayuntamientos se quedan
el 10 o 15% y cuando gobierna la derecha se rebaja del 10 al 5%.
Pero lo nuestro, lo local, es de traca, mientras que en el mundo
urbanísticamente civilizado son los ayuntamientos los que
modulan y establecen las necesidades de vivienda protegida, en España
tiene que ser el Estado, mediante una Ley que roza lo constitucional,
el que obligue a comunidades autónomas y ayuntamientos a
un mínimo de decencia social en lo que a la vivienda protegida
respecta. En un alarde de política social, la última
Ley del Suelo estatal de este periodo socialista, establece que
el 30% del aprovechamiento urbanístico tiene que destinarse
a viviendas de protección oficial.
La respuesta de nuestro gobierno
regional y de los líderes empresariales, que al fin y al
cabo vienen a ser la misma cosa, es unánime, se escandalizan
y ponen el grito en el cielo ¡qué barbaridad! ¡Esto
es insostenible! Llegó a decir el diputado Ayala, cuando
lo cierto y verdad es que este artículo de la Ley solo es
de aplicación a la Comunidad Autónoma murciana, porque
todas las demás comunidades autónomas, ya sean de
izquierdas, derechas o mediopensionistas ya tenían establecidas
reservas iguales o superiores al 30% mentado.
Nuestra Ley regional del suelo solo obliga y con excepciones (urbanizaciones
y resort de mínima densidad), a destinar un mínimo
de un 10% del aprovechamiento urbanístico a vivienda de protección
pública y si alguien quiere hacer mas del 10% se le premia
con primas de aprovechamiento. Con cosas puestas de esta guisa,
no solo no se hacen viviendas protegidas, sino que las que hay se
suprimen, como ocurre con la desaparición de las 1.500 viviendas
de La Paz
Lo dicho, raro, raro, raro. Izquierda, izquierda, derecha, derecha,
delante, detrás.
.Carlos F. Iracheta
es Arquitecto y miembro del Foro Ciudadano
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