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CULTURA |
(La Opinión, 10-5-08)
 Es
evidente que la llegada de un nuevo equipo a la Consejería
de Cultura tras las últimas elecciones autonómicas,
hace ahora casi un año, con un perfil más moderno,
ha removido el debate sobre la gestión pública de
la cultura en la región, devolviéndole un protagonismo
perdido durante más de una década, prácticamente
desde el final de la etapa socialista, de cuyas rentas hemos malvivido.
Aunque nunca fue asunto central,
en este ya largo periodo de gobierno del PP, la política
cultural derivó hacia un lugar muy marginal en la acción
de gobierno, con resultados muy negativos tanto para los creadores
como para los ciudadanos, colocando a Murcia entre las regiones
con peor posición relativa en casi todos los indicadores
culturales (gasto público, prácticas y hábitos
culturales, peso económico de la cultura, etc.).
Esto era inevitable por la alta
dependencia entre nosotros de la vida cultural de la acción
de las instituciones –lo que explica de paso la poca contestación
que podemos esperar de los sectores de la cultura- y por padecer
de crónico raquitismo tanto la iniciativa social como la
privada - mecenazgo empresarial incluido- con la única excepción
obligada de las cajas de ahorro.
Pero la incógnita clave
que debe ser despejada es si los nuevos gestores autonómicos,
en una región donde el PP se ha apropiado con bastante éxito
del discurso de la modernidad sin abandonar por ello su identidad
conservadora, disponen de un proyecto de modernización cultural
a la altura de las necesidades de toda la sociedad.
De momento parecen más
preocupados por transmitir la idea de que algo está cambiando
a través de costosos proyectos y anuncios de gran visibilidad
mediática, acompañados siempre de un fuerte despliegue
propagandístico, para el que cuentan con la mercenaria generosidad
de una parte de la prensa, recordándome la afirmación
del crítico liberal francés Fumaroli de que
"la cultura es otro nombre de la propaganda".
Y no es casual que cite a Marc
Fumaroli, el polémico autor del ya clásico ensayo
El Estado Cultural, por cuanto nuestros nuevos gestores
culturales se reclaman igualmente liberales. En este trabajo Fumaroli
arremete contra lo que llama el Estado Cultural francés,
en cuya génesis sitúa la creación del Ministerio
de Cultura (muy destacadamente, las etapas del gaullista Malraux
y del socialista Lang) y al que hace responsable de la decadencia
cultural gala por sus subvenciones clientelistas, su populismo de
festivales y museos high tech, y su constante propaganda.
Fumaroli, como otros liberales, defiende la modestia del Estado,
que debe ocuparse sólo de la instrucción pública
y de las instituciones de la memoria (patrimonio, archivos, academias
y museos), dejando el resto en manos de la propia sociedad.
No parece ser esta, sin embargo,
la posición de nuestros liberales, ajenos a toda contención
y dispuestos a protagonizar institucionalmente cualquier ámbito
de la cultura.
Tampoco proponen un modelo de
administración a distancia, con participación de los
sectores culturales, al modo liberal británico de los Arts
Council: las decisiones, de cualquier tipo, las toma aquí
la estructura administrativa y, sobre todo, sus responsables políticos.
Pero donde la situación
se torna confusa y contradictoria, inaceptable tanto para un liberal
como Fumaroli como para quienes nunca lo hemos sido, es en la nueva
relación público-privado que subyace en la actuación
de la Consejería.
Veámoslo empezando por
el reciente macrofestival SOS 4.8., la consagración
del paso del espectáculo de la cultura a la cultura del espectáculo.
No sólo no debiera ser una prioridad cuando queda tanto por
hacer-aunque a nadie amargue un dulce, no son precisamente conciertos
de calidad, aderezados o no, lo que falta en Murcia- sino que ese
gasto disparatado- dos millones de euros -no está justificado
que se haga soportado básicamente por el presupuesto público,
sin patrocinadores privados significativos. La mayoría de
los grandes festivales de España son de iniciativa privada,
con mayor o menor apoyo público o, en todo caso, con sustanciales
aportaciones privadas.
Más claro aún
se ve en ese incomprensible despropósito que es, a mi juicio,
el anunciado nuevo sello editorial que sustituirá a la vieja
Editora Regional, perfecto ejemplo de confusión ideológica
y modelo de libro –nunca mejor dicho- de los errores que debe
cometer no nunca un responsable político.
Porque, ¿a quien se le
ha ocurruidoque el objetivo editorial de un departamento público
puede ser clonar a las editoriales privadas?, ¿y por qué
no crear un sello discográfico o una productora de cine?
También los discos y las películas son cultura. Sólo
un acreditado interés público regional no resuelto
adecuadamente por el mercado –tanto en relación con
los autores como en razón de los temas- justifica la intervención
en un sector tan profesionalizado y especializado como el sector
editorial sin caer en la competencia desleal.
En el caso de la creación
literaria –más controvertido que otro tipo de trabajos
históricos, científicos, etc.- podemos discutir qué
estrategia es mejor para promocionar a nuestros creadores, si acudir
directamente a la publicación en una edición regional,
como sucedía hasta ahora, discutiendo sobre la cantidad y
calidad de las publicaciones, o bien articular un sistema de ayudas
a la coedición en editoriales privadas de prestigio; si crear
un fondo de becas de creación literaria o decidirse por los
socorridos premios, etc., pero éstas no pasan en ningún
caso por crear una editorial capaz de competir en su mismo terreno
con las privadas, ni las de fuera ni las de dentro, que también
las hay y que necesitan mayor apoyo como frágil industria
cultural.
Y en cambio, donde las responsabilidades
públicas son indeclinables, como es el caso de las bibliotecas
y la extensión de la lectura, por situar como contrapunto
otro claro ejemplo, ¿qué encontramos?
El anunciado Plan Lector es,
con sus incrementos, muy insuficiente respecto de las necesidades
de la región: aquí lo primero que deberíamos
hacer es un gran esfuerzo inversor dirigido a la creación
de redes de bibliotecas y centros de lectura por toda la región,
auténtica asignatura pendiente, y justo en lo que menos se
insiste. Sostengo que lo más revolucionario- lo más
cool -en gestión cultural pública sería disponer
de un ambicioso Plan de construcción y equipamiento de bibliotecas
y de fomento de la lectura, del que ya disponen la mayoría
de comunidades, que dote de verdaderas mediatecas gratuitas para
todos (que eso son hoy las modernas bibliotecas) a todo núcleo
superior a 2000 habitantes, y provea de medios suficientes al menos
a 200 bibliotecas escolares en los próximos cinco años.
Pero tal vez nuestros liberales de la cool-tura
no sean para esto suficientemente modernos.
Patricio Hernández
Presidente del Foro Ciudadano de la Región de Murcia
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