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DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN |
(El Periódico de Cataluña, 15-11-05)
El rechazo eclesiástico a la reforma educativa sólo
persigue mantener a ultranza privilegios de clase
 Una
característica de la educación primaria y secundaria
en España es su polarización por clase social. En
general, el 30% de la población, de renta superior (burguesía,
pequeña burguesía y clase media profesional de renta
alta), envía a sus hijos a las escuelas privadas, mientras
que el 70% restante (clase trabajadora y clase media de renta media
y baja) los matricula en la escuela pública.
Ni que decir tiene que existe permeabilidad entre los dos tipos
de centros escolares, de manera que hay niños de las clases
pudientes que van a la pública e hijos de las clases populares
que van a la privada. Pero, en general, hay una separación
clara entre la escuela privada y la escuela pública en España,
según la clase social de los niños a los que sirven.
La escuela española es, pues, altamente clasista.
En realidad, según el último Informe Pisa sobre los
sistemas educativos de los países de la OCDE (el grupo de
mayor desarrollo en el mundo), España es uno de los países
en los que la clase social de las familias tiene mayor importancia
a la hora de configurar las oportunidades educativas de sus hijos.
Es más, el mismo estudio señala que esta acentuación
de la división social es una de las causas más importantes
del escaso desarrollo educativo español.
Esta polarización social de la escuela se reproduce como
resultado del enorme poder político y mediático del
30% de renta superior del país y de los poderes fácticos
afines a este sector de la población, entre los cuales la
Iglesia católica juega un papel clave: posee el 70% de los
centros de enseñanza privada en España.
Esta identificación de clases pudientes e Iglesia ha sido
una constante en la historia de España, lo cual explica la
hostilidad que grandes sectores de las clases populares han tenido
históricamente hacia la Iglesia católica. Sólo
cabe recordar que los condenables incendios de iglesias y conventos,
que tuvieron lugar los días después del golpe militar
en 1936, fueron consecuencia del conocido apoyo que le prestó
la Iglesia española, que interrumpió un Gobierno popular,
democráticamente elegido, que había introducido el
derecho a la educación y convertido la escuela pública
en el centro de la enseñanza (hasta entonces controlada en
su buena mayoría por la Iglesia).
LA POLARIZACIÓN social de la educación
reproduce así la estructura de clases del país. La
mayoría de los grandes empresarios, banqueros, directores
y gerentes de las cajas de ahorros, legisladores, altos funcionarios
de la Administración, miembros de las Academias Reales, periodistas
y creadores de opinión, entre otros (lo que en terminología
anglosajona se llama el establishment) son productos de las escuelas
privadas (y envían sus hijos a las escuelas privadas), mientras
que la gran mayoría de sindicalistas, trabajadores y miembros
de las clases populares han sido educados en las públicas.
La escuela consolida de este modo una de las estructuras sociales
más rígidas y con menos movilidad social existentes
hoy en la Unión Europea de los Quince.
Los recursos por alumno son un 32% mayores en las escuelas privadas
de la Iglesia que en las públicas, y ello, en gran parte,
debido a las subvenciones que las primeras reciben del Estado (2.700
millones de euros al año). Estas ayudas son justificadas
por parte del Estado y por parte de la Iglesia, por, entre otras
razones, la necesidad de garantizar con fondos públicos el
derecho de los padres que deseen dar formación religiosa
católica a sus hijos. Es éste un derecho escrito en
la Constitución española como consecuencia de la enorme
influencia que las fuerzas conservadoras tuvieron en el proceso
de transición de la dictadura a la democracia (un derecho
inexistente en gran parte de las constituciones de los países
democráticos vigentes en el mundo), y que el Gobierno socialista
respeta continuando tal financiación.
El punto al que la Iglesia y las clases pudientes (y los instrumentos
políticos de las derechas, desde el Partido Popular en España
a los nacionalistas conservadores en Catalunya) se oponen con gran
agresividad es a que se tomen medidas para que se diluya la acentuación
de la división social de la educación española
(que se basa en la selección por parte de las escuelas privadas
del alumnado por clase social), impidiendo que tales escuelas privadas
continúen escogiendo a sus alumnos --excluyendo a niños
de las clases populares, incluidos los inmigrantes (que necesitan
mayores recursos para su integración)--, tal como está
ocurriendo hoy.
ÉSTA ES LA cuestión clave
de la conflictividad presente. Es una lucha de clases encubierta
en la que la Iglesia, una vez más, defiende a ultranza sus
privilegios. La mal llamada escuela privada (la auténticamente
privada es únicamente un 5% de toda la escuela en España)
está financiada públicamente y antepone los intereses
particulares sobre los generales, no actuando como un componente
del sistema público educativo.
Por otra parte, el bajo gasto público en educación
es también consecuencia del poder de las clases pudientes
(que envían sus hijos a la escuela privada y que se oponen
a pagar más impuestos para aumentar el dinero público
invertido en educación), y que creen erróneamente
que no les afecta la escasez de recursos de la enseñanza
pública. En realidad, la calidad de la escuela privada concertada
depende de la calidad que posea la pública, tal como señala
el Informe Pisa. La reforma educativa de los gobiernos progresistas
tiene que, además de incrementar sustancialmente el gasto
público en educación, eliminar esa polarización
social que está reproduciendo una estructura totalmente clasista
que afecta negativamente la calidad del sistema educativo.
Vicenç Navarro es catedrático
de Políticas Públicas en la Universitat Pompeu Fabra
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