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Antonio Campillo, Caridad de Santiago,
Felipe Iracheta, Francisco Jarauta, Patricio Hernández,
Julia Martínez, Andrés Pedreño, Manuel
Tovar y Alicia Poza, miembros del Foro Ciudadano.
Publicado en diario La Verdad de Murcia
el 11 de mayo de 2006
ADHESIONES al DOCUMENTO
La ciudad de Marbella ha estado sometida
durante quince años a un régimen de corrupción
organizada en el que han participado los sucesivos alcaldes
y numerosos concejales, funcionarios, abogados, jueces, empresarios,
periodistas, etc. El cerebro de toda esta trama era un individuo
de origen murciano que carecía de escrúpulos
para hacer dinero y de gusto para gastarlo, y que mantenía
en nuestra Región su principal refugio y algunas de
sus muchas operaciones inmobiliarias.
Lo más grave es que los ediles
de Marbella, a pesar de todas las denuncias que pesaban sobre
ellos, tanto de particulares como de la Junta de Andalucía,
fueron refrendados en cuatro elecciones sucesivas, y que los
gobiernos autonómico y estatal no han intervenido de
manera resolutiva hasta que, tras la caída de Aznar
y el reforzamiento de la lucha contra la corrupción
organizada, ha podido llevarse a cabo la Operación
Malaya, precedida en 2005 por la Operación Ballena
Blanca. El caso de Marbella ha desvelado el déficit
de la democracia española, especialmente acusado en
el ámbito municipal: no sólo han fallado los
controles del Estado de Derecho, sino también el civismo
democrático de los marbellíes, que una y otra
vez han convalidado con su voto un régimen corrupto
y mafioso.
Marbella es un caso extremo, pero no es
un caso aislado, sino más bien una señal de
alarma, la punta delatora de un iceberg inmenso. Lo ocurrido
en esa ciudad ha puesto al descubierto hasta dónde
puede llegar el proceso de marbellización
que está teniendo lugar en otros muchos municipios
de España, sean del signo político que sean.
El problema es especialmente grave en las autonomías
gobernadas por el PP, dada su deliberada política de
mercantilización del suelo y privatización de
las plusvalías: Madrid, Baleares, Comunidad Valenciana
y Región de Murcia.
En todas estas comunidades se repite la
misma pauta: un crecimiento brutal e insostenible del suelo
urbanizado y de la actividad constructora, tanto en vivienda
como en obra pública. Este tipo de crecimiento contraviene
los principios de "política social y económica"
que la Constitución exige a los poderes públicos:
la protección del medio ambiente (art. 45), la conservación
del patrimonio histórico, cultural y artístico
(art. 46), y el derecho de todos a una vivienda digna, mediante
una ordenación pública del suelo que evite la
especulación y haga revertir sobre la comunidad las
plusvalías generadas por la actividad urbanística
(art. 47).
Muchos municipios y algunas comunidades
están haciendo exactamente lo contrario de lo que dice
la Constitución: un urbanismo salvaje que fomenta la
especulación, privatiza las plusvalías, dispara
los precios de la vivienda hasta hacerla inaccesible a los
más necesitados (jóvenes, mujeres e inmigrantes),
atenta contra el patrimonio histórico, saquea los espacios
y recursos naturales, altera irreversiblemente el paisaje
y degrada la calidad de vida de nuestros pueblos y ciudades,
hasta el punto de destruir su identidad y su tradicional atractivo
turístico y cultural como legado viviente de la milenaria
civilización mediterránea.
¿Cómo es posible que se
esté llevando a cabo semejante expolio, a una escala
sin precedentes en la historia de nuestra democracia? La razón
es muy sencilla: en los últimos diez años, y
sobre todo tras la Ley del Suelo promovida por el gobierno
Aznar en 1998 (de la que derivan leyes como la madrileña,
la valenciana y la murciana), se ha establecido una alianza
estratégica entre tres agentes sociales que son los
nuevos terratenientes de España, pues se han adueñado
de una gran parte del territorio, de muchos gobiernos municipales
y de algunos autonómicos.
Por un lado, están los capitales
especulativos que llegan al sector de la construcción
procedentes de otros sectores económicos, de la evasión
fiscal y de las redes internacionales de delincuencia organizada
que trafican con armas, drogas y personas. Por otro lado,
están las >entidades financieras, incluidas las
cajas de ahorro (destinadas por ley a fines sociales), que
tienen sucursales en paraísos fiscales, blanquean el
dinero negro mediante créditos a los promotores y participan
en el negocio inmobiliario a través de las hipotecas.
Y, por último, están los políticos corruptos,
cuya función consiste en desactivar todos los controles
legales y administrativos de las instituciones que gobiernan,
presionar a los técnicos y órganos asesores
de la administración para que avalen sus decisiones,
comprar con dinero público a toda clase de personas,
organizaciones y medios de comunicación, y, por último,
engañar a la ciudadanía con mentiras tales como
que el urbanismo salvaje es la única opción
posible y va a redundar en beneficio de todos. A cambio, estos
políticos obtienen un pago en metálico o en
obra construida para sí mismos, para su partido y para
algunas vistosas actuaciones públicas que les garanticen
la reelección.
No es de extrañar que haya surgido
un nuevo movimiento ciudadano dispuesto a denunciar la gravedad
del problema ante las instituciones españolas y europeas.
El 1 de abril se constituyó en Murcia la (CCDT),
una federación estatal que agrupa a cientos de asociaciones
y plataformas de toda España (entre ellas, la ,
que ha convocado una manifestación para el 3 de junio).
El urbanismo salvaje se ha convertido en el problema social
más grave de España, como han señalado
también el sociólogo Enrique Gil Calvo (El
mal de Marbella, El País, 24-4-06) y los más
de cien profesionales que han suscrito el .
Por eso, la CCDT reclama toda una serie de medidas urgentes
para hacerle frente ().
En la Región de Murcia, los nuevos
terratenientes del ladrillo y el hormigón no sólo
están provocando el expolio de nuestro patrimonio natural
e histórico, sino que están sometiendo a las
instituciones democráticas a una estrategia de corrupción
organizada que carece de precedentes en la historia de nuestra
democracia. Los once años del gobierno Valcárcel
han estado dedicados a poner todos los recursos de la administración
pública al servicio de los intereses especulativos
del sector inmobiliario, que a su vez se ha convertido en
el principal sustento del PP.
Basta recordar la Ley Regional del Suelo,
las Directrices del Litoral, el expolio de los recursos hídricos
disfrazado de nacionalismo hidráulico mediante la incesante
reclamación de nuevos trasvases, los numerosos proyectos
urbanísticos que afectan a espacios protegidos o de
dominio público, el brutal encarecimiento de la vivienda,
una precariedad laboral que rebasa el 40%, una tasa de abandono
escolar que supera el 30% y es la más alta de España,
una inversión en políticas sociales que está
por debajo de la media española, un control político
de los medios de comunicación que ha llegado al colmo
con la concesión de las TDT, un acoso constante a los
funcionarios que no se pliegan a la corrupción organizada,
un uso discrecional de los fondos públicos para someter
a la ciudadanía a un régimen de poder clientelar,
y, por último, una connivencia de intereses cada vez
más estrecha entre ciertos grupos inmobiliarios y ciertos
miembros de la cúpula regional del PP.
En esta Región se está llegando
a unos niveles de corrupción que no difieren de los
del GIL marbellí. Aquí, los corruptos no dimiten
ni son cesados, sino que acosan a los funcionarios honestos,
insultan a los medios independientes, descalifican a los partidos
de oposición, ignoran a las asociaciones ciudadanas
que denuncian sus tropelías y engañan a la opinión
pública con la quimera del oro inmobiliario.
Si Murcia no quiere seguir la deriva de
Marbella, debe emprender cuanto antes una profunda regeneración
democrática de sus instituciones, sus cargos públicos
y sus valores cívicos. El ciclo político de
Valcárcel debe llegar a su fin. Ha comenzado la cuenta
atrás: en el plazo de un año, habrá elecciones
autonómicas y municipales. Esperemos que los murcianos
no cometan el mismo error que cometieron los marbellíes
al avalar con su voto la corrupción organizada. Si
el PP obtuviera de nuevo mayoría absoluta, la marbellización
de la Región se habría consumado.
Desde el Foro Ciudadano, hacemos
un llamamiento a todas las instituciones y organizaciones
sociales de la Región, comenzando por el PSRM-PSOE
(cuya ejecutiva ha dado pasos en la dirección adecuada,
pero aún no ha conseguido controlar y regenerar a sus
propios Ayuntamientos) y siguiendo por IURM, los sindicatos,
las organizaciones agrarias, las asociaciones ciudadanas,
los colegios profesionales, el empresariado honesto e innovador,
los tribunales, las universidades, los medios de comunicación,
etc., para que asuman su responsabilidad cívica y promuevan
de forma activa la regeneración democrática
que la Región de Murcia necesita.
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