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Patricio Hernández, Antonio
Campillo, Francisco Jarauta, Caridad de Santiago, Alicia Poza
y Josefina Pérez, miembros del Foro Ciudadano.
Publicado en diario La Verdad de Murcia
el 11 de diciembre de 2007
La corrupción política asociada
al nombre de Murcia ha vuelto al primer plano de la actualidad
mediática: periódicos e informativos de radio
y televisión, tanto regionales como nacionales, abren
con nuevos casos de delincuencia institucional que implican
a responsables electos, a funcionarios y a particulares sin
escrúpulos. ¿Qué pasa en la Región
de Murcia? Esta es la pregunta que se hacen cada vez más
ciudadanos escandalizados por la degradación de la
vida pública en nuestra comunidad.
Por increíble que parezca, no ya la imputación,
sino la entrada en prisión por orden judicial de cargos
públicos por actos desarrollados en el desempeño
de su función, la más denigrante situación
a la que puede enfrentarse un representante del pueblo, no
produce como consecuencia política una inmediata dimisión.
Se continúan usando todo tipo de artimañas para
evitarla. Al mismo tiempo, se utiliza de forma espuria la
inmunidad parlamentaria para obtener ventajas procesales ajenas
por completo al sentido democrático de esta figura.
No es sólo Totana, ni siquiera Fortuna, donde hay
más que graves indicios de compra organizada de votos,
otra deplorable e inadmisible expresión de desprecio
a la voluntad popular. La lista de imputaciones a cargos públicos,
funcionarios, promotores y empresarios, como la relación
de instituciones municipales y regionales afectadas, es ya
muy larga y continúa creciendo. La responsabilidad
en la que está incurriendo la fuerza política
que se encuentra detrás de la práctica totalidad
de estos casos, el Partido Popular, es ya abrumadora. Continuar
con la reiterada e insostenible estrategia del “negacionismo”,
acompañada de la denuncia de oscuras maniobras conspirativas
(en las que estarían implicados los jueces, los fiscales,
el gobierno del Estado, los medios de comunicación,
etc.) y de supuestas indefensiones de implicados e imputados,
está comprometiendo gravemente la credibilidad democrática
del partido que gobierna por amplia mayoría las instituciones
de la Región.
Antes de las últimas elecciones regionales y locales,
el Foro Ciudadano ya denunció públicamente (en
el artículo colectivo , publicado
por La Verdad el 11/05/06) que estos casos no podían
entenderse aisladamente, sino que constituían la punta
emergida de un inmenso iceberg de prácticas ilegales
y corruptas constituido en torno al boom urbanístico,
que ha penetrado e infectado profundamente, como un tumor
maligno, la vida institucional de la Región, con metástasis
en un importante número de ayuntamientos, y con un
alcance desconocido en los treinta años de democracia.
También habíamos advertido, tras las elecciones
y las nuevas mayorías absolutas del PP, que éstas
no suponían mayorías absolutorias y que no podían
ser utilizadas como aval legitimador de ningún abuso
o conducta delictiva. Todo intento de amparar la vileza de
los corruptos en la mayoría electoral o en manifestaciones
populares de apoyo, no logrará interrumpir el trabajo
de la justicia, ni acallar a los medios de comunicación,
ni envilecer cómplicemente a toda la ciudadanía,
y por tanto está condenado al fracaso.
Ante los intentos de distraer a la opinión pública
sobre los muchos problemas sociales que tiene nuestra Región
tenemos que volver a reiterar, ahora con mucho más
motivo, que lo que deteriora verdaderamente la imagen de la
región, el problema al que ha de enfrentarse como prioridad
la ciudadanía de esta comunidad, por su urgencia y
su gravedad, es la lucha contra la corrupción y la
regeneración de la vida publica.
Esta tarea nos concierne a todos: partidos políticos,
sindicatos, empresarios, colegios profesionales, jueces, asociaciones
ciudadanas, medios de comunicación, etc. Cada cual
debe asumir la responsabilidad que le corresponde, recayendo
la principal en los cargos electos locales y regionales, que
deberían dar ejemplo de honestidad, transparencia,
respeto a la ley y dedicación a los intereses generales.
Por eso, exigimos a todos los imputados por la justicia que
dimitan, si ejercen un cargo electo, o que sean expedientados
y relevados de su puesto, si son funcionarios públicos.
Asimismo, exigimos al presidente Valcárcel, su gobierno
y la dirección regional del PP, que asuman de una vez
por todas sus propias responsabilidades, por acción
u omisión, en la degradación de la vida pública
regional y adopten cuantos antes medidas drásticas
y efectivas de regeneración democrática, de
común acuerdo con los partidos de la oposición.
El gobierno regional debería promover en este sentido
un gran pacto regional contra la corrupción política
y por la regeneración democrática de las instituciones
locales y regionales, objetivo que debería ser incluido
en la próxima reforma del Estatuto de Autonomía
como una de sus principales prioridades.
El holgado colchón de votos sobre el que se asienta
la mayoría del PP murciano puede conducir a sus dirigentes,
una vez más, a la falsa seguridad de que el electorado
les perdona todo. Pero han de saber que, a pesar del déficit
de cultura política democrática que padece nuestra
Región, los ciudadanos y ciudadanas estamos elevando
cada vez más el listón de nuestras exigencias
y no vamos a consentir la perpetuación de las conductas
corruptas.
En cuanto al PSRM-PSOE, creemos que tiene que mostrar la
mayor determinación en sus exigencias como oposición
y una mayor coherencia y firmeza allí donde gobierna.
Casos como el de San Javier, uno de los municipios más
afectados por actuaciones irregulares durantes los últimos
años, requieren iniciativas claras y contundentes destinadas
a exigir responsabilidades y restaurar la legalidad. Han pasado
ya seis meses y todavía estamos esperando que se note
el cambio en el equipo de gobierno local. Una actuación
firme en este municipio sería un buen indicador, junto
a otros, del compromiso del PSRM-PSOE con la legalidad, la
transparencia y la lucha contra la impunidad.
Afortunadamente, el poder judicial (jueces y fiscales) está
reaccionando con una resolución que no habíamos
conocido en mucho tiempo. Los medios de comunicación,
con las salvedades que todos conocemos, también están
intensificando las muestras de independencia y de pluralidad,
y ya no se dejan someter tan fácilmente a los dictados
del poder político, recuperando así el papel
democrático que les corresponde. Sería bueno
que sindicatos y empresarios se implicaran también
más activamente en la lucha contra la corrupción
y en la defensa de la buenas prácticas políticas
y económicas, pues de ello depende la salud de todo
el tejido social.
Por último, creemos que las asociaciones ciudadanas
siguen siendo la conciencia crítica de la sociedad
civil. Ellas son las que mantienen viva la democracia en el
día a día. Ellas son las que plantean una y
otra vez el debate abierto sobre los problemas reales que
preocupan a la gente. Ellas son el verdadero termómetro
de la calidad democrática de una sociedad. Por eso,
creemos que la regeneración democrática de la
Región y de los municipios pasa por abrir de par en
par las puertas de las instituciones a la participación
activa de la ciudadanía.
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