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DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN |
(La Verdad, 25-11-08)
 La
imagen es demasiado fuerte para pasarla por alto: agentes de la
Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil
personados en el Palacio de San Esteban en el curso
de una investigación sobre corrupción urbanística
por el caso de Librilla. San Esteban, sede de la Consejería
de Presidencia-destino de los investigadores-pero también
del Consejo de Gobierno y de la Presidencia de la Comunidad Autónoma.
Esto es lo que le otorga la poderosa fuerza del símbolo:
la Guardia Civil, persiguiendo la corrupción política
en Murcia, ha llegado al mismísimo Palacio presidencial.
¿Qué podría representar mejor el principio
del fin de una época?
El Partido Popular de Valcárcel
se hizo con la mayoría absoluta en la mayor parte de las
instituciones de la región en 1995. Aquella victoria fue
un auténtico terremoto político (lo que en inglés
llaman un landslide) que cambió el signo de la región.
En estos casi catorce años que nos separan ya de aquel momento,
los conservadores murcianos no han hecho sino aumentar en cada elección
su mayoría hasta convertirla en la mayor del país,
viéndose reducida en la misma proporción la representación
de sus adversarios.
El PP pasó en las elecciones
autonómicas del 33,19% de 1991, al 51,78% de 1995, con una
subida del 18,6%. Sólo el singular contexto de aquel cambio
permite comprender lo ocurrido: la funesta concurrencia de una grave
crisis económica con una muy alta tasa de paro (del 23,7%
en ese año), y de graves episodios de corrupción política
que afectaban a los socialistas dentro y fuera de la región,
embarcados además en una división autodestructiva.
Los populares no se han cansado
en estos años de identificar a los socialistas con el paro
y la corrupción de aquel final de ciclo, de los que nos habrían
sacado los aciertos del PP y Valcárcel. En cambio, a las
justificadas denuncias de que bajo el gobierno del PP la región
permanecía invariablemente a la cola en indicadores tan significativos
como los salarios o las pensiones, el elevado peso de la economía
sumergida, la baja productividad, el desmedido fracaso escolar o
la escasa inversión en I+D+i, etc., siempre se respondía
mostrando la ventajosa tasa de paro (por debajo de la media española)
y el crecimiento del PIB regional ( por encima del promedio nacional,
aunque se ocultaba tramposamente el dato del PIB per cápita,
mucho menos favorable).
Se llegó a hablar por
los portavoces del PP de un “modelo Valcárcel”
que explicaría el plus de éxito añadido a la
buena coyuntura económica general, al tiempo que se descalificaban
de plano todas las críticas que describían la especificidad
de este modelo justamente en su mayor voracidad depredadora de recursos
no renovables, en la estimulada hipertrofia del sector de la construcción
y la feroz especulación del suelo y la vivienda, que no hacían
sino profundizar los desequilibrios característicos de la
situación española, además de generar el caldo
de cultivo propicio para la extensión de la corrupción.
Como era previsible y estaba anunciado, finalmente el ciclo económico
ha cambiado y lo ha puesto todo patas arriba.
Primero fue la emergencia de
una serie de episodios de corrupción que afectaban sobre
todo a cargos del PP, que fueron inmediatamente negados; cuando
ya no se podían seguir negando, se habló de casos
concretos y aislados, siempre sin tomar medidas significativas contra
los implicados, al tiempo que se atacaba a la fiscalía y
se intentaba confundir a la opinión pública con especies
como la persecución política, el trato injusto, las
filtraciones interesadas a la prensa o la falta de sentencias firmes.
Así hemos llegado a la
situación actual donde la corrupción ha alcanzado,
por su extensión y profundidad, la categoría de patología
estructural de la vida institucional regional, sin parangón
en el pasado democrático, siendo ya la tercera parte de los
ayuntamientos los que están envueltos en escándalos
de corrupción, con acusaciones de enorme gravedad, y con
tres alcaldes detenidos que han pasado por prisión como vulgares
delincuentes, sin que nadie dimita ni sea cesado.
Y estalló la crisis,
y ha resultado que las Casandras que inútilmente advertían
que nuestro sufrimiento social iba a ser mayor como consecuencia
de nuestra mayor vulnerabilidad y dependencia, han terminado por
tener razón, y con el parón económico súbitamente
nuestra cifra de desempleados se ha doblado en unos meses (desde
el 7'15% de comienzos de 2007 al 14'09 % en el tercer trimestre
de este año, casi tres puntos por encima de la española).
Además las previsiones son siniestramente oscuras: podemos
llegar al 20% de paro en 2010 (según la extrapolación
regional de las últimas estimaciones de FUNCAS). Ya no es
sólo la construcción, el desplome de la industria
puede ser aun mayor. El milagro murciano se ha evaporado finalmente
como un espejismo, y la dura realidad muestra su peor faz. La nueva
especificidad murciana –más paro, menos crecimiento-
ya no encuentra, sin embargo, quienes se la atribuyan entre nuestros
responsables regionales.
El escenario que trajo al PP
de Valcárcel se repite de nuevo, pero con los papeles invertidos.
Los aciagos espectros del paro y la corrupción vuelven, como
en 1995, a aparecer juntos. Se cierra el ciclo como empezó.
Librilla es el último y grave capítulo –por
ahora- del proceso de sicilianización de la vida política
murciana como consecuencia de los años del ladrillo y la
fiebre del rápido enriquecimiento que han representado aquí
los gobiernos del PP.
Por eso las palabras o las imágenes
concitan en ocasiones una extraña y poderosa fuerza simbólica.
Quizás la tenga el nombre de la rambla que atraviesa ese
último pueblo de ediles cegados por la ambición, Orón.
O, aun con mayor aliento poético, el nombre mismo de Librilla,
que viene del árabe Limbráyya, que significa “barranco
de los espectros”. Y la tiene también, como triste
símbolo de lo peor de esta etapa, la imagen de la guardia
civil entrando a investigar en el Palacio de San Esteban. Nada va
a ser ya igual.
Patricio Hernández Pérez
Presidente del Foro Ciudadano de la Región de Murcia.
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