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DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN |
(La Verdad, 1-6-07)
 Los
resultados electorales del 27-M han confirmado lo que anunciaban
las encuestas: por cuarta vez consecutiva, el PP murciano ha obtenido
mayoría absoluta en la Asamblea Regional (29 diputados sobre
45) y en dos tercios de los municipios (29 alcaldes sobre 45). Con
su cuarta victoria, el PP supera el precedente del PSOE, que gobernó
la Región de 1983 a 1995. Además, rompe su propio
techo electoral y vuelve a ser el partido más votado, tanto
en los parlamentos autonómicos (con el 58,49), como en las
capitales de provincia (con el 61,28), si exceptuamos el caso de
Ceuta (con el 65,18). De este modo, la Región de Murcia confirma
la posición alcanzada en 2003 y se consolida como la comunidad
autónoma más conservadora de toda España.
Parecía que la especulación
inmobiliaria y la corrupción política iban a pasar
factura a los cargos locales y autonómicos más afectados
por la contestación ciudadana y la investigación judicial,
pero no ha sido así. Al menos, no en la mayoría de
los casos. Han sido castigados los gobiernos de Canarias y Baleares,
pero no los de Madrid, Valencia y Murcia, donde el PP ha salido
reforzado. En cuanto a los cargos locales imputados por la justicia,
algunos han sido castigados electoralmente, como el alcalde de San
Javier, pero otros han obtenido mayoría absoluta, como el
de Cieza. En general, la corrupción ha superado en España
la prueba de las elecciones, así que el modelo de Marbella
se ha extendido por muchas comunidades españolas.
El imputado Carlos Fabra es
un ejemplo emblemático: tras revalidar su cargo como presidente
de la diputación de Castellón, no ha tenido empacho
en declarar que las elecciones han sido un «juicio popular»
y le han «absuelto con sobresaliente». Como buen corrupto
y mal demócrata, cree que el apoyo electoral obtenido le
garantiza la impunidad y le sitúa por encima de la ley. No
sabe lo que significa la separación de poderes entre el ejecutivo
y el judicial, ni distingue tampoco entre intereses públicos
y privados. Esperemos que los cargos electos de nuestra Región
no incurran en el mismo error.
Hay varias razones para explicar
la victoria del PP murciano. Tal vez la verdad se encuentre en una
combinación de todas ellas, aunque es difícil determinar
la proporción que corresponde a cada una. En primer lugar,
la estrategia del PP de Rajoy, destinada a plantear estas elecciones
como unas primarias de las generales, ha conseguido movilizar al
electorado más conservador contra la política antiterrorista
y las reformas sociales de Zapatero. Pero esta estrategia ha tenido
efectos ambivalentes: ha mantenido y reforzado el poder del PP en
las cinco comunidades donde ya gobierna (Madrid, Valencia, Murcia,
Castilla-León y Rioja), pero a costa de retroceder o no avanzar
en otras (Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha y todas
las del norte, de Galicia a Cataluña). Además, le
ha quitado el poder en muchas ciudades importantes y puede hacer
que el PSOE acceda al gobierno en Navarra, Baleares y Canarias.
Así, el partido que dice ser garante de la unidad de España
está provocando no solo una gran crispación social,
sino también una notable polarización territorial.
Una segunda razón es
que las comunidades donde el PP ha crecido más (Madrid, Valencia
y Murcia) están experimentando un fuerte aumento de la riqueza
y el empleo, vinculado al sector de la construcción. Es un
modelo de crecimiento insostenible, causante de graves impactos
ambientales, basado en una mano de obra barata, precaria y poco
cualificada (en la que abundan los inmigrantes, esos nuevos proletarios
que trabajan y cotizan pero no votan), y vinculado al blanqueo de
dinero, la evasión fiscal y la corrupción política.
En Murcia, según el Sindicato de Técnicos de Hacienda,
la cuarta parte del dinero circulante no paga impuestos. Además,
es un modelo de crecimiento que tiene los días contados,
y los propios promotores reconocen que ya se ha iniciado el declive
del sector. Pero está claro que todo esto no ha preocupado
a los votantes del PP. La especulación inmobiliaria y la
corrupción política han hecho posible no solo grandes
pelotazos sino también una cierta distribución de
la riqueza, de la que muchos se han beneficiado. Vivimos en plena
quimera del ladrillo, y quienes se mueven en la cresta de la ola
no quieren saber lo que se esconde bajo la espuma, ni tampoco lo
que va a suceder mañana. Se limitan a decir: «Dame
pan y dime tonto», o bien: «Coge el dinero y corre».
Tal vez el «Agua para
todos» ha seguido influyendo en Valencia y Murcia, a pesar
de las grandes inversiones y las nuevas desaladoras del plan AGUA.
Pero esta consigna-comodín se ha reconvertido, pues ya no
pretende preservar el regadío sino reemplazarlo por el ladrillo.
Y esto ha ocurrido con el clamoroso silencio, por no decir la complicidad
abierta de las comunidades de regantes y las organizaciones agrarias,
que se han plegado a la estrategia de los promotores inmobiliarios.
El «Agua para todos» significa ahora algo muy distinto:
«Pelotazo para todos». Este es el mensaje dominante
del PP murciano, que parece haber calado profundamente en dos de
cada tres murcianos.
Por último, están
los errores de la oposición política, y en particular
del PSOE, pues IU-LV ha mantenido e incluso mejorado ligeramente
su base electoral y su poder local. El gran problema del PSOE es
que la renovación emprendida por Saura se ha quedado a medio
camino, sobre todo por la resistencia de la vieja guardia, atrincherada
en los ayuntamientos donde gobernaba o ejercía una oposición
débil y acomodaticia. Se ha dado una notable contradicción
entre el discurso renovador de la ejecutiva regional y la política
de muchos ediles socialistas, especialmente en urbanismo y participación
ciudadana. Por eso, resulta patético que la vieja guardia,
que ha desangrado a su partido desde 1995 y ha lastrado la renovación
emprendida por la actual ejecutiva, pretenda ahora pedir cabezas.
Sería muy grave para el PSOE murciano volver al cainismo
del pasado. Al contrario, debería avanzar en la línea
emprendida, renovar profundamente sus agrupaciones, fortalecer su
organización interna y abrirse mucho más decididamente
a la sociedad civil murciana.
A partir de ahora, vamos a encontrarnos
con una situación paradójica. Por un lado, el éxito
electoral del PP le llevará a seguir adelante con su política,
basada en el ladrillo, la privatización de los servicios
públicos, el control de los medios de comunicación
y la confusión entre intereses públicos y privados.
Por otro lado, esa política va a verse erosionada por la
crisis del sector inmobiliario, las investigaciones judiciales en
curso, la probable continuidad del gobierno Zapatero tras las elecciones
de 2008 y la creciente contestación ciudadana que ha ido
surgiendo en los últimos años. Mientras tanto, la
Región de Murcia se asemeja al tren de Los hermanos Marx
en el Oeste, en el que éstos deciden mantener la locomotora
a toda máquina, a costa de quemar la madera de los asientos,
las paredes y el suelo de los vagones donde viajan los pasajeros.
Antonio Campillo
Presidente del Foro Ciudadano de la Región de Murcia.
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