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DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN |
(La Verdad, 25-5-07)
 En
los últimos años, el Gobierno regional murciano se
ha dedicado a difundir machaconamente, con el dinero de todos los
contribuyentes, una serie de eslóganes publicitarios («Agua
para todos», «Murcia paraíso natural»,
etc.) destinados a ocultar las deficiencias de su propia gestión
y a acallar las voces críticas de la oposición política
y las organizaciones ciudadanas, que vienen exigiendo un cambio
de rumbo en nuestro modelo de desarrollo (bajo el lema «Murcia
no se vende»), y que recientemente han reclamado a todos los
partidos políticos y al conjunto de la sociedad murciana
un «compromiso por la Región».
Pero la frase que refleja realmente
la situación de nuestra Región no procede del Gobierno
regional del PP, ni de las organizaciones ciudadanas, sino de un
personaje que durante años compaginó con total impunidad
la gestión pública y los negocios privados. Me refiero
a la frase «Murcia es la hostia», pronunciada privadamente,
en una conversación telefónica interceptada por la
policía, por el empresario murciano Juan Antonio Roca, cerebro
de la trama de corrupción urbanística que tenía
su centro en el Ayuntamiento de Marbella y extendía sus redes
por otras ciudades y comunidades autónomas, entre ellas la
Región de Murcia. Recientemente, tras el levantamiento del
secreto sumarial de la Operación Malaya, hemos comenzado
a conocer su participación en el caso Lo Poyo.
El significado de la expresión
de Roca se comprende muy bien por el contexto de la conversación
y por el destinatario al que va dirigida, el promotor madrileño
Ismael Pérez. El mensaje de Roca a su amigo es muy claro:
la Región de Murcia es un verdadero paraíso para la
especulación inmobiliaria y la corrupción política.
Este mensaje refleja por sí solo la situación real
de nuestra comunidad autónoma, con una claridad sin tapujos
que contradice los mendaces discursos oficiales y con una gráfica
concisión que condensa en cuatro palabras todos los estudios
e informes (como el Informe 2003 y el Informe 2006 del Foro Ciudadano)
que han denunciado la gravedad del problema.
Se ha escrito mucho sobre el
cáncer de la especulación inmobiliaria y sobre los
costes de todo tipo que está provocando: económicos,
sociales, ambientales y políticos. La suma de todos estos
costes es tal que la bomba inmobiliaria se ha convertido en el problema
más grave de España. Lo han dicho numerosos expertos
y organismos nacionales e internacionales, y lo han dicho también
numerosos ciudadanos de a pié, a través de las 69
asociaciones ciudadanas agrupadas en la Coordinadora La Región
de Murcia no se Vende, y las 600 asociaciones agrupadas en la Coordinadora
Ciudadana en Defensa del Territorio, de ámbito estatal. En
este artículo, me limitaré a subrayar los costes políticos.
En el caso paradigmático
de Marbella, toda la atención pública se ha centrado
en los protagonistas de la trama de corrupción dirigida por
Roca, es decir, en las personas imputadas por el juez Torres: alcaldes,
concejales, funcionarios, empresarios, abogados, notarios y una
célebre cantante. Pero no se ha prestado la debida atención
al hecho de que los cargos políticos actualmente imputados
fueron elegidos por sus conciudadanos durante cuatro legislaturas
consecutivas, a pesar de las muchas denuncias que pesaban sobre
ellos. Esto quiere decir dos cosas: que la carrera política
y el apoyo electoral se habían convertido en una vía
para amparar el delito y eludir a la justicia; y que la tolerancia
y connivencia con la corrupción estaban ampliamente extendidas
entre los marbellíes. En otras palabras, que la democracia
en Marbella había colapsado por completo. Precisamente por
eso, tuvo que ocurrir algo sin precedentes en la democracia española:
la suspensión de toda la corporación municipal por
parte del Gobierno central y su procesamiento por parte de la justicia
penal. Esa es la gran virtud de la separación de poderes,
los célebres contrapesos de los que hablaba Montesquieu,
sin los cuales no hay verdadera democracia.
El caso de Marbella debería
llevarnos a reconocer que la especulación inmobiliaria y
la corrupción política son hoy el haz y el envés
de un fenómeno que constituye el problema más grave
de la democracia española, y que amenaza a sus instituciones
más básicas: los municipios y las comunidades autónomas.
El gobierno de Zapatero ha dado pasos importantes (nueva Ley del
Suelo, nueva Ley de Financiación de los Partidos, más
controles medioambientales, reforzamiento de la Fiscalía,
etc.), pero son insuficientes. Además, hay que implicar también
a las comunidades autónomas y a los municipios. Por eso,
considero muy acertada la propuesta de Llamazares: es necesario
un gran pacto de Estado para luchar de manera firme y coordinada
contra la especulación y la corrupción.
Ahora que vamos a celebrar elecciones
municipales y autonómicas, conviene recordar el ejemplo de
Marbella. El PP, bajo la dirección del señor Rajoy,
ha adoptado dos estrategias que pueden serle muy beneficiosas electoralmente,
pero que van en sentido contrario a lo que España necesita.
Por un lado, ha tratado de convertir estas elecciones en unas primarias
de las generales, haciendo de la política antiterrorista
contra ETA un arma arrojadiza contra Zapatero, y evitando así
que se debata sobre los muchos problemas locales y autonómicos,
y en particular sobre el grave problema de la especulación
y la corrupción, que afecta sobre todo a varias comunidades
gobernadas por el propio PP, como la Región de Murcia. Por
otro lado, ha seguido la misma estrategia que utilizó el
GIL en Marbella: presentar como candidatos a muchos cargos políticos
imputados (entre ellos, varios alcaldes de la Región, pese
a las promesas de Valcárcel), con el objetivo de que las
urnas legitimen y socialicen la corrupción.
En apenas año y medio,
tenemos en la Región de Murcia once ayuntamientos (la cuarta
parte del total regional) y el mismísimo Consejo de Gobierno
en pleno, con Valcárcel a la cabeza, investigados por la
justicia, y nada menos que 22 cargos del PP y funcionarios imputados
por la Fiscalía del TSJ de Murcia: 9 alcaldes, 7 concejales,
2 ex-concejales, 2 arquitectos municipales, 1 secretario municipal
y 7 altos cargos del Gobierno regional. El cerebro de la trama marbellí,
Juan Antonio Roca, sabía muy bien de lo que hablaba cuando
dijo que Murcia es la hostia. Si las próximas elecciones
del 27-M convalidan de nuevo en el poder a la actual clase dirigente
murciana, como pronostican las encuestas, habremos dado un paso
más en la estrategia de legitimación y socialización
de la corrupción política. Y entonces tendremos más
motivos para exigir que vuelvan a funcionar, como en Marbella, los
contrapesos democráticos del Estado de Derecho.
Antonio Campillo
Presidente del Foro Ciudadano de la Región de Murcia.
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