EL NACIONALISMO HIDRÁULICO

Antonio Campillo, Felipe Iracheta, Caridad de Santiago, Manuel Tovar, Jesús Solá, Teodoro Antolinos, Alicia Poza, Martín Rodríguez, y otros veinte miembros del Foro Ciudadano.
Publicado en diario La Verdad de Murcia el 18 de Julio de 2005

El Foro Ciudadano publicó en 2003 El otro estado de la Región, un amplio y detallado estudio en el que más de cincuenta expertos hacían un riguroso análisis de la situación económica, social, cultural y política de la Región de Murcia. En ese estudio se mostraba que esta comunidad, pese a contar con una de las tasas de crecimiento económico más altas de España, sigue ocupando el furgón de cola en la mayor parte de los indicadores de desarrollo humano: empleo, educación, sanidad, servicios sociales, cultura, vivienda, urbanismo sostenible, transportes públicos, energías renovables, protección del patrimonio natural y cultural, pluralismo político e informativo, participación ciudadana, etc.

Ante esta contradicción entre el alto crecimiento económico y el bajo desarrollo social, cultural y político, es inevitable hacerse una doble pregunta: ¿quiénes son los responsables políticos de esta injustificable situación, habida cuenta de que el PP ha gobernado en España durante ocho años y sigue gobernando en la Región y en la mayoría de sus ayuntamientos desde hace diez?; ¿y a qué bolsillos han ido a parar los elevados beneficios económicos generados, puesto que no se han destinado a procurar un desarrollo más equitativo y sostenible de la Región?

Sin embargo, los murcianos no han exigido responsabilidades ni han castigado electoralmente al PP, sino todo lo contrario: desde 1995, el PP murciano ha ido aumentando su ventaja con respecto al PSRM-PSOE e IURM en todas las convocatorias electorales. El 14 de marzo de 2004, cuando el PP de Aznar pasó de la mayoría absoluta a la oposición y perdió diputados en todas las comunidades, en la murciana aumentó su apoyo electoral, convirtiéndose así, junto con Ceuta y Melilla, en la única excepción a la regla. La Región de Murcia es hoy, sobre todo tras el cambio político en Galicia, la comunidad más conservadora de España.

¿Cómo explicar esta excepción política en un país que ha optado mayoritariamente por un gobierno progresista y que reclama mayores avances en políticas sociales, medioambientales, de pluralismo informativo y de profundización democrática? ¿Por qué los murcianos se han mantenido al margen de esta renovación política en el conjunto del país y no han castigado tampoco al gobierno regional y a los gobiernos locales, pese a su manifiesta incapacidad para mejorar el desarrollo social, cultural y político de la Región?

Sin lugar a dudas, el gran éxito del PP murciano ha consistido en crear un nuevo mito político, una nueva bandera con la que ocultar su incompetencia y acallar toda posible crítica: el “nacionalismo hidráulico”. Conviene recordar que en 1990 el llamado “problema del agua” era la mayor preocupación sólo para el 0,4% de los ciudadanos de la Región, según un estudio del Departamento de Sociología de la UMU. El “nacionalismo hidráulico” ha sido, pues, una invención reciente y exitosa.

A diferencia de otras comunidades autónomas, la Región de Murcia no cuenta con ningún partido nacionalista, ni se había dotado hasta ahora de una imaginaria “identidad nacional”, ni se había afirmado frente a otras comunidades como un “nosotros” unitario y excluyente. Sin embargo, desde 1995, ha sido el PP, el partido supuestamente garante de la unidad de España, el que ha conseguido crear de la nada un sentimiento patriótico de “murcianía” que, como todos los sentimientos patrióticos, se manifiesta políticamente de forma fanática, exaltada y agresiva. Pero este nuevo sentimiento se asienta sobre una “seña de identidad” muy peculiar: el agua, convertida en el gran tótem comunitario de los murcianos mediante la simple y reiterada consigna del “agua para todos”.

El nacionalismo hidráulico, como todo nacionalismo, se apoya en tres mentiras básicas, que repite machaconamente hasta convertirlas en dogmas de fe. En primer lugar, el victimismo: la culpa de nuestros males es siempre de “los otros”, de los forasteros, de quienes nos agreden o nos arrebatan lo que es nuestro, en este caso de los catalanes, aragoneses y manchegos, porque no nos quieren dar un agua que reclamamos como nuestra y sobre la que creemos tener una especie de “derecho histórico”. En segundo lugar, el narcisismo: tenemos un “derecho” inalienable a ese agua que corre por el Tajo, el Ebro o cualquier otro río que se nos antoje reclamar, porque “somos mejores que los demás”, porque “aprovechamos el agua mejor que ellos”, porque nuestros productos horto-frutícolas y nuestras construcciones urbano-turísticas son más rentables que las de esas otras comunidades que “desperdician el agua y la tiran al mar”. En tercer lugar, la unanimidad: tras la pancarta del “agua para todos”, que ha vuelto a salir a la calle el 14 de junio, “estamos unidos todos los murcianos”, gobierno y oposición, empresarios y sindicatos, constructores y agricultores, cajas de ahorro y medios de comunicación, peñas huertanas y cofradías de moros y cristianos, y quien no se sume al coro unánime ya no es “uno de los nuestros”, sino un “traidor”, un “enemigo interior”, un “antimurciano”, un infiltrado al servicio de “los otros”, y por tanto hemos de insultarlo, acallarlo, condenarlo a la muerte civil y conseguir así la “limpieza étnica” y la unanimidad proclamada.

Este nacionalismo hidráulico ha permitido al PP murciano eludir toda responsabilidad en el ejercicio de su gestión durante los últimos diez años, al desplazar hacia uno o varios enemigos exteriores todos los conflictos internos. Por ejemplo, el conflicto entre agricultores y constructores, ya que estos últimos están incrementando incontroladamente la demanda de agua a costa de aquéllos, y al mismo tiempo los están utilizando como punta de lanza contra el gobierno central y las comunidades “insolidarias”. ¿Por qué lo consienten los agricultores? Quizá porque muchos de ellos se han convertido de la noche a la mañana en propietarios de solares, gracias a la política de recalificaciones masivas promovida por el gobierno regional y ejecutada por los gobiernos locales. De modo que el conflicto entre el regadío y la especulación inmobiliaria se transforma en una complicidad de intereses amparada por los gobernantes regionales y municipales, y en la que la legítima defensa de su subsistencia por parte de los pequeños agricultores se encuentra mezclada con la codicia, la irresponsabilidad, la corrupción y la hipocresía de quienes saben muy bien los negocios que se traen entre manos, aunque los revistan con la noble bandera del patriotismo herido y airado.

Ya es hora de decir bien alto y bien claro –como ha hecho la coordinadora “La Región de Murcia no se vende”- que estos supuestos patriotas murcianos están esquilmando el patrimonio natural y cultural de la Región y vendiéndolo sin el menor escrúpulo. Ya es hora de denunciar –como vienen haciendo desde hace años ANSE, Ecologistas en Acción, Greenpeace, el Foro Ciudadano y otras muchas asociaciones de la Región- el disparatado incremento de regadíos ilegales y de “resorts” con campos de golf (más de 50 ya, en una región con 45 municipios), que ha tenido lugar con la connivencia del gobierno regional, los ayuntamientos e incluso las comunidades de regantes.

Ya es hora de poner encima de la mesa el verdadero problema de esta Región: un incremento desmesurado e irresponsable de la demanda de agua, que se disparó por vez primera al socaire del trasvase Tajo-Segura -de modo que éste acabó siendo insuficiente antes de terminarse-, que volvió a acelerarse con el proyectado trasvase del Ebro -vendiendo así la piel del oso antes de cazarlo- y que pretende seguir incrementándose a costa del agotamiento de las reservas propias y de la reclamación de nuevos aportes externos, sin tener en cuenta los más elementales criterios de sostenibilidad y autosuficiencia, ni la Directiva Marco del Agua, ni el callejón sin salida al que lleva la llamada “guerra del agua”, ni los previsibles efectos del cambio climático en el litoral mediterráneo. Por cierto, los 400 científicos que cuantificaron recientemente dichos efectos fueron calificados como “palmeros” de la ministra Narbona por el preclaro señor Cerdá, durante muchos años consejero de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, hasta que Medio Ambiente ha pasado a ser gestionado junto con Industria (¡olé la coherencia!) por otro preclaro político, el “ecologista” Marqués.

Ya es hora de que los ciudadanos de esta Región denunciemos las mentiras del nacionalismo hidráulico y reclamemos otro modelo de desarrollo –mucho más equitativo, sostenible y participativo- y otros representantes políticos que tengan la capacidad y la honestidad para hacerlo posible.