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DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN |
(La Verdad, 10-7-07)
 La
corrupción política, estrella rutilante de la pasada
campaña electoral en la Región, parece haber desaparecido
de la agenda política. El PP pretende pasar página
tras el arrollador éxito electoral, mientras entre los derrotados
socialistas se habla eufemísticamente de modular el discurso.
Hacen gala de una deficiente
cultura democrática quienes -sacrificando de nuevo a Montesquieu-
pretenden reducir la democracia al juego electoral, ignorando que
el Estado de Derecho es indisociable del principio de independencia
de los distintos poderes y del imperio de la ley. Es una obviedad
que tenemos que repetir: una mayoría puede ser absoluta pero
nunca absolutoria.
Pero, con unos resultados que
evidencian el fracaso de una estrategia política que había
hecho de las denuncias de corrupción asociadas a un modelo
insostenible de hiperdesarrollo inmobiliario uno de los arietes
fundamentales utilizados para intentar quebrar la imponente mayoría
conservadora en la Región, ¿no está obligada
la oposición a revisar y corregir esa estrategia?
En primer lugar, precisemos
que corrupción no es igual a escándalo político.
Para que produzca efectos políticos, la corrupción
tiene que alcanzar visibilidad mediática, y convertirse en
escándalo político, que es lo que puede producir un
fenómeno social de indignación con repercusión
electoral.
De hecho, como señala
el profesor Jiménez Sánchez, «todos los escándalos
consisten en una batalla por la opinión pública porque,
si bien es cierto que todos los actores apelan a ella como si ya
estuviese formada, en realidad luchan por determinarla». Así,
según este autor, para que el escándalo político
tenga efectos sobre el voto se requieren seis factores: conocimiento
del votante; evaluación negativa de la acción; atribución
de responsabilidad al candidato o partido; atribución de
relevancia al caso; visualización de una alternativa; y consistencia
del conjunto de factores previos.
La tentación de la oposición
de utilizar la corrupción contra el Partido Popular era muy
grande. Hay que recordar que en 1995 jugó un papel determinante,
aunque en sentido inverso, provocando el hundimiento socialista
y la primera mayoría absoluta del PP en la Comunidad de Murcia.
Pero es importante recordar que entonces operaron junto a ella al
menos otros dos factores que ahora no se daban: una crisis económica
que produjo altos porcentajes de desempleo, y un partido en el Gobierno
dramáticamente dividido por luchas internas.
El PP, por el contrario, ha
sabido atribuirse el éxito del buen momento económico
y hacer jugar a su favor el llamado efecto riqueza relacionado con
el boom inmobiliario. Además, no ha dado muestras -sino todo
lo contrario- de divisiones significativas que provoquen el rechazo
del electorado.
Añádase el peso
de otras circunstancias como la inadecuación del tiempo de
la justicia al tiempo de la política, lo que ha provocado
que, en ausencia de sentencias firmes, el PP se haya atrevido a
mantener un inverosímil discurso negacionista respecto a
la corrupción atribuida a sus filas; o la devolución
a sus adversarios de las mismas acusaciones de que eran objeto,
lo que cuanto menos ha producido confusión en el electorado.
Sin embargo, que existe corrupción,
que está asociada particularmente al urbanismo municipal,
y que ha alcanzado un grado de desarrollo desconocido hasta ahora
es algo muy difícil de negar por la acumulación de
denuncias, datos concretos, estudios diversos, etc. Pero es que
además los ciudadanos lo saben. El Informe Global 2007 sobre
la Corrupción en España, de Transparencia Internacional,
señalaba que en diciembre de 2006 el 86% de los encuestados
en nuestro país afirmaba que la corrupción afectaba
«muy significativamente» a la vida política.
Por el contrario, y casi al
mismo tiempo, en octubre del 2006, sólo un 20% de los españoles
se refería a la corrupción como uno de los principales
problemas del país. Para el autor del informe citado, el
catedrático Manuel Villoria, la corrupción «preocupa
cuando afecta a la vida personal y familiar o pone en peligro la
estabilidad política y económica, y ninguno de esos
supuestos se han dado en los últimos 10 años».
Los más recientes acontecimientos
judiciales relacionados con la corrupción -el rechazo del
recurso de los imputados en el caso Zerrichera; la intervención
judicial en los ayuntamientos de Torre Pacheco y Fuente Alamo-,
unidos a la larga relación de casos que continúan
su tramitación en la fiscalía o los tribunales, permiten
anticipar razonablemente que la corrupción puede encontrar
una importante sanción penal en los próximos meses.
Si va a producir desgaste político
para el PP regional, que ahora dispone de una muy fuerte legitimación
electoral, no se podrá empezar a ver hasta las próximas
elecciones generales, en las que, por su propio carácter,
jugarán además otros muchos factores. En todo caso,
si el inicio de un cambio de ciclo político en la Región
pasa probablemente por conjugar de nuevo, como en 1995, diversos
factores como pueden ser el cambio de percepción sobre el
submodelo económico regional -que podría estar ya
mostrando sus primeros indicios de crisis en el determinante sector
inmobiliario- y sobre el trabajo de una oposición que está
lejos de ser considerada en este momento una alternativa creíble
por parte de la mayoría del electorado, la corrupción
activada como escándalo político puede ser el catalizador
de este proceso. Además de lo único coherente, más
allá de cualquier cálculo electoral, para una izquierda
empeñada en regenerar, fortalecer y profundizar la democracia.
Patricio Hernández Pérez
Presidente del Foro Ciudadano de la Región de Murcia.
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