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DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN |
(El País, 29/04/2007)
 Las
elecciones locales del 27 de mayo serán las octavas desde
la restauración de la democracia en España. Son casi
treinta años de democracia local y aun así, los municipios
siguen siendo considerados muchas veces como administraciones periféricas,
dependientes y subsidiarias. El goteo diario de escándalos
financieros e inmobiliarios no ayuda precisamente a que esa realidad
se modifique, sino que, al contrario, refuerza la opinión
de aquellos que se afanan en proclamar los grandes beneficios de
la centralidad estatal o autonómica como expresión
de racionalidad superior frente a lo que se percibe como irresponsabilidad
y baja catadura moral de los electos locales. Tampoco ayuda a un
cambio de perspectiva el que, como denunciaba este mismo periódico
el pasado martes, sigan permaneciendo en las listas de las candidaturas,
tanto del PP como del PSOE y de otros partidos que se presentan
en algunos de los más de ocho mil municipios españoles,
decenas de cargos públicos implicados en causas judiciales.
Y a pesar de todo ello, déjenme decirles que creo firmemente
que sólo reforzando a los municipios y creando auténticos
gobiernos locales, podremos garantizar y mantener la cohesión
social del país, sin que ello impida que las labores de control
y redistribución de recursos sigan siendo patrimonio de otras
esferas de gobierno.
La reivindicación del
concepto de gobierno local no es sólo un problema de terminología,
sino que expresa la voluntad de reivindicar un demos propio, una
verdadera autonomía local. Si a finales de los setenta y
ochenta la cantidad de cosas que era necesario afrontar en los pueblos
y ciudades hacía casi innecesarias las elucubraciones sobre
prioridades, protagonismos institucionales o maneras de hacerlo,
todo ha cambiado mucho desde entonces. Se han ido resolviendo muchos
problemas y carencias, pero ahora lo que está en juego es
qué tipo de ciudad o pueblo se quiere, qué tipo de
gobierno se precisa, o qué distribución de protagonismos
y de responsabilidades entre iniciativa pública, iniciativa
social y respuestas mercantiles es la preferida en cada caso.
Es en este contexto en el que
se han ido transformando en los últimos años las políticas
públicas en general y las locales en particular. Cada vez
se hace más difícil desde ámbitos centrales
o autonómicos de gobierno dar respuestas universales y de
calidad a las demandas de una población menos indiferenciada,
más consciente de sus necesidades específicas. Y esto
hace que el foco de tensión se traslade hacia niveles más
próximos al ciudadano, asumiendo así los gobiernos
y servicios descentralizados una nueva dimensión como distribuidores
de bienestar comunitario, pasando de una concepción en la
que el bienestar era entendido como una seguridad en el mantenimiento
de los derechos sociales para toda la población (indiferenciación-redistribución),
a ser entendido como una nueva forma de ver las relaciones sociales
de manera integradora y solidaria (especificidad-participación).
Las políticas de bienestar han tendido a hacerse desde lejos
y con lógicas de "negociado". Los enseñantes
a lo suyo, los sanitarios por su lado y los de servicios sociales
de atención primaria recogiendo lo que los demás no
eran capaces de tratar. En el ámbito local, la presión
de los problemas obliga a ser más flexible. La proximidad
se ha ido configurando como un factor que ayuda a integrar las respuestas
concretas a demandas que requieren abordajes integrales. Y por tanto
no es extraño que hoy los municipios sean espacios decisivos
en el bienestar individual y colectivo. Es en el territorio donde
conviven el personal sanitario, los trabajadores sociales, los empresarios
y los trabajadores, los psicólogos, los policías,
el personal de la administración de justicia, los dinamizadores
económicos, los periodistas, los tenderos y los políticos.
La gente que en el territorio, desde la proximidad, sabe y comparte
la importancia de lo que pasa en el municipio en relación
al futuro de la comunidad, del colectivo que vive y convive en un
territorio específico, donde la gente mantiene vínculos
de pertenencia e implicación en los asuntos comunes.
Es evidente, no obstante, que
el tamaño del municipio es también una variable a
tener muy en cuenta, y que por tanto no siempre la autonomía
de decisiones es igualmente posible en municipios legalmente considerados
de manera casi homogénea, pero con características
reales muy distintas entre sí. Ello subraya la necesidad
de avanzar y reforzar en las fórmulas mancomunadas, y en
nuevos roles de las diputaciones como red de municipios. Pero también
es cierto que las agendas locales siguen fuertemente condicionadas
por las limitaciones que impone el hecho de que las políticas
escolares y sanitarias, la formación profesional y ocupacional,
y los servicios sociales especializados no forman parte hoy por
hoy de la base competencial de los municipios. La participación
de los municipios españoles en el gasto público global
está todavía lejos de la que es en la mayoría
de países europeos, y mientras las comunidades autónomas
han pasado de no existir a controlar más de una tercera parte
del gasto público, los municipios siguen anclados en cifras
que rondan el 15% de ese gasto público total.
En definitiva, el gobierno local
se enfrenta al futuro desde una agenda de actuaciones más
compleja y heterogénea de lo que lo hacía años
atrás. El cambio de época en el que estamos inmersos
resitúa la significación y la capacidad de gobierno
de los ayuntamientos. La vida de los ciudadanos y ciudadanas está
hoy más llena de incertidumbres y de dudas sobre su trabajo,
su familia, su vida, de lo que lo estaba hace unos años.
Estas incertidumbres planean sobre la realidad social y afectan
la vida de pueblos y ciudades. La política local tiene que
ver hoy en día con cotidianeidad, estilos y formas de vida.
Y son los ayuntamientos y sus equipos de gobierno los que desde
posiciones de primera fila deben gestionar y tratar de implicar
conjuntamente a la ciudadanía en la gobernación de
la vida local, y en la resolución de unos problemas cada
vez más complejos y más difíciles de resolver
desde los recursos y las estructuras de gestión de que disponen
los gobiernos locales.
Hemos de aceptar que el bienestar
individual y colectivo de los ciudadanos, depende cada vez más
de la capacidad de servicio y de la capacidad de gestionar servicios
y recursos desde la cercanía de los gobiernos locales. Los
problemas de la gente requieren políticas pensadas y gestionadas
desde la proximidad, con lógicas transversales y con mecanismos
y estilos de gobierno y gestión participativos. En definitiva,
sin reforzar los ayuntamientos no aseguraremos el bienestar ciudadano.
Joan Subirats es catedrático
de Ciencia Política y director del Instituto de Gobierno
y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma
de Barcelona.
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