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JUSTICIA Y DERECHOS |
(La Verdad, 14-2-07)
 Para comenzar, algunas evidencias. Primera, la corrupción política
ha existido siempre en nuestra historia democrática, aunque
nunca había alcanzado la actual intensidad, mostrándose
como un fenómeno muy difícil de erradicar -tal vez
por contarse los partidos entre sus beneficiarios- al menos hasta
ahora, cuando algunos jueces y fiscales parecen haber decidido poner
fin a tanta impunidad.
Segunda, cuando se crean las condiciones legales (medidas que aumentan
la discrecionalidad y la opacidad de las decisiones), institucionales
(reducción de los mecanismos e instancias de control ), y
políticas (mayorías absolutas prolongadas que degradan
los mecanismos de vigilancia), la corrupción se dispara,
llegando a adquirir formas organizadas.
Tercera, como han señalado prestigiosas organizaciones como
Transparencia Internacional, la corrupción encuentra refugio
especialmente en las instituciones locales y en el ámbito
del urbanismo. La construcción es el paraíso de la
especulación y el dinero negro, y los municipios su escenario
privilegiado.
Y cuarta, el actual boom inmobiliario, de una magnitud brutal y
desconocida hasta ahora tanto en volumen como en ausencia de restricciones,
es causa y consecuencia, al tiempo, del mayor fenómeno de
corrupción que ha conocido la democracia española,
que se expresa con máxima virulencia en comunidades como
la nuestra.
La corrupción política se revela siempre como el
peor enemigo de la cultura democrática por cuanto actúa
como verdadero disolvente de la confianza de los ciudadanos en las
instituciones públicas y en sus representantes. Pero, ¿cómo
va a afectar a la actual coyuntura política regional?
Conforme se apuran los plazos legales para que la Fiscalía
del TSJ resuelva sobre los casos más graves que viene investigando
relacionados con la corrupción urbanística, se percibe
una creciente ansiedad y nerviosismo en el Gobierno regional y el
PP murciano. El temor fundado a que se vean imputados relevantes
cargos municipales y regionales viene acompañado de la imposibilidad
de controlar los efectos que puede producir sobre el electorado
en la ya próxima convocatoria de mayo. De una forma muy asimétrica,
también el PSOE puede verse afectado.
En el PP saben por experiencia -ya que jugaron a fondo esa carta
en la primera mitad de los 90 contra el PSOE- que los efectos deslegitimadores
de la corrupción cuando se convierte en escándalo
político pueden ser despiadados, ya que estamos ante una
de las más poderosas armas de poder simbólico, con
capacidad de intervenir en el curso de los acontecimientos al actuar
sobre las actitudes y creencias de los ciudadanos.
Para bloquear la posibilidad de que el adversario se beneficie
de la temida vía del escándalo para el acceso al poder
han comenzado a desplegar una ya conocida retórica legitimadora,
que ha descrito muy bien el catedrático Manuel Villoria (Corrupción
en España, incluido en el libro Las redes de la corrupción).
En primer lugar se estrechan los límites de la corrupción
reduciéndolos a lo que es perseguible y sancionable penalmente
(la perversión de identificar responsabilidad política
y responsabilidad penal); en segundo lugar se procura desacreditar
a los enemigos de la corrupción presentándolos como
demasiado amigos de la oposición, con ideas radicales o intereses
inconfesables, evitando entrar en el fondo de las denuncias. El
tercer nivel retórico es el del mal menor, esto es, afirmar
que la corrupción debe ceder ante un bien mayor, a saber,
ganar las elecciones.
El primer paso, un ejemplo de degeneración de los valores
democráticos, ya se ha dado: en ausencia de procesamientos,
y si estos comienzan, de sentencias, nadie se ve en la necesidad
de dimitir. Nada parecen importar los vínculos familiares,
de amistad o societarios probados entre políticos y promotores
beneficiados de decisiones discrecionales de aquellos. Todo lo más
se admite que puede existir un problema estético, nunca ético
o político.
Al segundo paso, también iniciado, aun le queda recorrido.
Se trata de desprestigiar a cualquiera que denuncie la corrupción,
incluido el propio fiscal. Hasta ahora la doctrina oficial es negar
la corrupción, al tiempo que se deslizan las primeras dudas
sobre su imparcialidad. Pero con las primeras decisiones adversas
se pasará a la abierta acusación de partidismo. El
prudente y cauteloso Fiscal Jefe del TSJ ha de prepararse para el
fuego graneado que con seguridad caerá sobre él, como
ocurre ya en otras regiones.
Esta fase vendrá acompañada del intento de presentar
la corrupción destapada y sancionada como una excepción,
procurando limitar el nivel de los implicados y extenderla, en cambio,
a los competidores electorales, buscando homologarlos para un reparto
equilibrado de daños.
¿Qué harán, llegado el momento, los votantes
murcianos? Es difícil de saber y esta es la fuente de las
incertidumbres y zozobras que inquietan a la derecha regional, y
de las esperanzas de la oposición. ¿Se decidirán
por castigar ha quienes han propiciado, permitido y amparado la
corrupción, o la pasarán por alto atendiendo sus excusas
y justificaciones, con el riesgo de legitimarla y darle nuevos incentivos?
Patricio Hernández Pérez
Miembro del Foro Ciudadano de la Región de Murcia.
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