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ECONOMÍA Y TRABAJO |
(La Opinión, 26-4-08)
Dice un viejo proverbio chino
que el que se pone de puntillas no puede sostenerse derecho por
mucho tiempo. En un reciente informe del FMI, Roberto Cardarelli
confirma lo que casi todos sospechábamos: la vivienda en
España está sobrevalorada en un 20%, y el desmesurado
peso del ladrillo en nuestro PIB del 9% hace que se tema un doloroso
ajuste, que inexorablemente afectará toda la economía.
El Banco de España ya rebaja al 2,4% sus previsiones de crecimiento
para este ejercicio.
Con las crisis energéticas de los 70 y el ascenso al poder
de Thatcher, Reagan o Pinochet, más de uno quiso dar por
enterrado al Estado de Bienestar, y las propuestas económicas
neoliberales han campado a sus anchas por el globo con el beneplácito
de organismos internacionales y bancos centrales. Concretamente,
en el mercado inmobiliario, el venerado libre mercado ha fracasado
estrepitosamente en proporcionar a la ciudadanía el derecho
constitucional a una vivienda digna. La crisis financiera y global
que nos azota, deberá hacernos reconsiderar el papel del
Estado para frenar el vendaval especulativo en el que subyacen sus
causas.
La situación en la que nos encontramos tiene condicionantes
tanto externos como internos. Las hipotecas subprime de EEUU forman
ya parte de nuestra jerga: se concedieron alegremente préstamos
a personas sin garantías o ninjas (no income, no job, no
assets) pensando que a las malas, siempre se podrían embargar
las casas revalorizadas. Sin embargo, el pinchazo de la burbuja
ha dado al traste con el negocio. Lo peor es que usted, que depositó
sus ahorros en su caja o banco de toda la vida, es quizás
el prestamista último del ninja, a través de las inversiones
especulativas de su entidad en fondos de titulización hipotecaria
del banco americano. Paralelamente, los bancos centrales, al servicio
del gran capital y del control de la inflación, no solo no
han advertido a la sociedad de lo arriesgado de este juego, sino
que además hace mucho tiempo que eliminaron de su agenda
de objetivos velar por el crecimiento real de la economía
y por la creación de empleo. Mientras tanto en España,
bancos y empresas decidieron que el monocultivo del ladrillo resultaba
mucho más rentable que las actividades generadoras de riqueza
real, como la investigación científica y la industria.
Si a la hipertrofia financiera y especulativa en la que estamos
inmersos le sumamos factores de carácter real, como que el
precio del petróleo se ha triplicado en 5 años, tenemos
sobre la mesa un cóctel sin duda explosivo. Aún recuerdo
a Ana de Palacio presumiendo de lo que iban a subir las bolsas y
a bajar el petróleo gracias a la guerra de Irak. Con los
salarios reales estancados y el peso de las rentas del trabajo cayendo
año tras año en el PIB, vemos en la prensa los beneficios
empresariales subir año tras año y a Fernando Martín
(MARTINSA-FADESA) afirmar que pueden permitirse bajar el precio
de sus viviendas, pues trabajan con un margen del 40% sobre su precio.
Como era de esperar, presidentes de promotores, neocons e incluso
el director territorial de una importante caja de ahorros que opera
en nuestra Región, no han tardado en ofrecer sus soluciones:
reducir el Impuesto de Sociedades, eliminar Patrimonio y Sucesiones
y subir el IVA, que incide especialmente sobre los más necesitados,
pues son los que dedican al consumo una mayor parte de sus rentas.
Por otra parte, claman por una mayor desregulación lamentándose
amargamente de la lentitud burocrática y la falta de suelo,
cuando entre 2005 y 2007 se construyeron en España 1.720.400
viviendas, no habiéndose vendido en la Región de Murcia
la mitad de lo levantado. Resulta harto evidente que estamos ante
un problema de demanda, no de oferta.
Ante esta coyuntura, urge en primer lugar replantearse el papel
de los bancos centrales y los reguladores de los mercados, intensificando
sus funciones de supervisión, dificultando los movimientos
especulativos de capital y en definitiva, comprometiéndolos
con los objetivos sociales de creación de empleo y riqueza
y la equitativa distribución de ésta.
Por otra parte, los gobiernos pueden ponerse a rescatar a las partes
que nos metieron en este embrollo o bien ayudar a las familias y
a los prestatarios a conseguir un arreglo. El profesor Paul Krugman
se decanta por esta opción. El catedrático Torres
López nos aporta más soluciones: evitar que la vivienda
siga considerándose un activo creado para generar beneficio
a través de la acumulación y la especulación,
establecer reservas de suelo, controles de precios y políticas
impositivas que desincentiven la especulación con bienes
sociales básicos. Desde la Asamblea de Murcia por una Vivienda
digna apostamos además por establecer las garantías
necesarias para que los propietarios se decidan a poner en alquiler
el ingente parque de viviendas desocupadas y en caso contrario,
proceder a la penalización vía fiscal de éstas,
así como intensificar la lucha contra la degradación
urbanística y la corrupción, tan asentada en nuestra
tierra.
Debemos añadir finalmente la urgente necesidad de un gran
pacto por la vivienda en España que se sitúe por encima
de confrontaciones políticas. La Región de Murcia
sigue incumpliendo los acuerdos alcanzados con el Ministerio de
Vivienda en el Plan Estatal de Vivienda. La directora gerente del
Instituto de Vivienda y Suelo, Juana Castaño presume en la
prensa de que una de cada siete viviendas iniciadas en la Región
es oficial (14%), cuando lo cierto es que según los datos
que el propio gobierno regional ofrece, durante el año pasado
se terminaron 25.461 viviendas siendo VPO 751 (3%). Por otra parte,
están iniciadas 24.820 viviendas siendo oficiales 1766 (7%).
En 1995, la VPO construida en Murcia era el 45% del total. Finalmente,
pasado el torbellino electoral, el gobierno regional debe desistir
del boicot al que está sometiendo a la Renta Básica
de Emancipación de 210 € para que los jóvenes
alquilen una vivienda, reduciendo los injustificables trámites
que ha impuesto a su solicitud.
J. Roberto Barrilado
Martínez. Economista. Miembro de la Asamblea de Murcia por
una Vivienda Digna y del Foro Ciudadano.
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