EDUCACIÓN

"Ciudadanía y educación: mucho ruido y pocas nueces"
Alicia Poza Sebastián (La Verdad, 29-10-07)

Decía Aristóteles que las cosas evidentes no se discuten. Pero curiosamente, para algunas personas, la relación entre ciudadanía y educación no parece ser evidente. Trataremos de introducir algo de serenidad en este ruido mediático que se ha suscitado, y que en esta Región lleva visos de seguir aumentando en los próximos meses.

El animal humano es el animal más débil de la naturaleza y sólo el cuidado de los otros lo convierten en lo que es. Ya los griegos comprendieron que la adquisición de la humanidad por el recién nacido se encuentra necesariamente vinculada a su participación en una determinada comunidad política. La pregunta a la que debemos responder es la siguiente: dentro de esa comunidad ¿dónde reside la autoridad educativa?

La labor educativa ¿debería corresponder al Estado, a las familias, o a los educadores profesionales? Cada uno de estos modelos atribuye la autoridad educativa a uno solo de estos tres agentes: al Estado, a las familias o a los profesionales de la enseñanza. Ahora bien, si la educación debe servir para preservar y reproducir de manera consciente una sociedad democrática, entonces la autoridad educativa debe ser compartida por estos tres agentes sociales. Puesto que la democracia (que, como decía Churchill, es el menos malo de los sistemas políticos) consiste precisamente en la distribución social del poder y no en su concentración despótica, la distribución de la autoridad educativa es lo que la sostiene. Se trata, pues, de reproducir conscientemente una sociedad que sea a la vez lo más plural y lo más incluyente posible.

Vivimos en un mundo globalizado, en unas sociedades cuya complejidad es cada vez mayor, con plurales formas de vida, y en las que nuestras chicas y chicos se encuentran inmersos. Por tanto, tenemos que proporcionarles herramientas para que, conociendo las diversas formas de vida, puedan elegir, de forma reflexiva y autónoma, la que les parezca más virtuosa. Ahora bien, enseñarles a conocer y respetar las diversas formas de vida no significa caer en el relativismo del todo vale. En primer lugar, porque la convivencia democrática exige el respeto a una reglas comunes que todos hemos de cumplir; y, en segundo lugar, porque no todas las formas de vida son igualmente valiosas y compatibles con esas reglas compartidas. Algunas personas son incapaces de hacer esta distinción entre el pluralismo moral y el relativismo que excluye toda norma común y todo criterio de juicio, porque para ellas sólo cabe la moral absoluta (que es la suya, por supuesto) o el caos.

Como sabe cualquier profesora o profesor de Filosofía, la educación ética no consiste en adoctrinar, a la manera de las religiones, sino en formar personas conscientes, libres y autónomas, capaces de pensar, decidir y actuar por sí mismas. Ahora bien, nuestra juventud ha de saber que la posibilidad de elección de una vida buena debe limitarse a aquellas opciones que sean compatibles con las virtudes cívicas y con el mantenimiento de la convivencia democrática.

Últimamente, algunas familias y asociaciones católicas de padres y madres afirman que la educación de su prole es responsabilidad sólo suya. Estos padres y madres hablan de sus criaturas como si fueron meros objetos de su propiedad, de los que pueden disponer y a los que pueden manejar a su antojo. Olvidan que las criaturas también tienen derechos, y entre ellos el derecho a ser bien educadas (art. 27.2 de la Constitución), a ser formadas como personas autónomas, y ese derecho ha de ser amparado por el Estado y garantizado por la escuela. La buena educación no incluye sólo la libertad de los padres y madres para elegir la educación que quieren para sus hijos, sino también su obligación de compartir esa educación con los otros agentes sociales: las demás familias, la escuela, el Estado, los medios de comunicación, etc. Si tanto la jerarquía de la iglesia católica como ciertos sectores afines (la Concapa y los llamados profesionales por la ética) aceptan que hay un mínimo común ético que todos debemos compartir (eso es al menos lo que dicen), en una sociedad democrática ese mínimo común denominador debe ser acordado, garantizado y establecido por el Estado (y para eso están precisamente los parlamentos y las leyes).

El Estado liberal moderno se constituyó gracias a su separación de la iglesia, convirtiéndose en protector de los derechos individuales, la justicia social y el pluralismo moral. Su función no es colaborar con el mal, como han afirmado ciertos obispos. El Estado, como dice Victoria Camps, debe ocuparse de la justicia. En filosofía moral, se distingue muy bien entre la justicia, que es lo común a todos, lo que desde la política hay que promover y enseñar, y el bien, que es lo que corresponde elegir libremente a cada cual, y que puede ser diferente para unos y para otros. Y la convivencia democrática exige que ambos órdenes se distingan y se complementen, sin pretender confundirse el uno con el otro.

Una educación democrática debe fomentar en nuestros niños y niñas la capacidad de conocer, comprender y valorar concepciones plurales de vida, en el marco de una sociedad justa y solidaria. Es preciso enseñarles, y esto algunos padres católicos parecen no entenderlo, que la pluralidad es el fundamento político de la convivencia democrática. Este aprendizaje se adquiere enfrentándose a muchos dilemas en el debate colectivo, la confrontación dialéctica y la deliberación ética, a la que no hay que tener miedo y a la que hay que dedicarle tiempo. Este es y ha sido el sentido de la asignatura de Ética en la educación secundaria, y esta es también la pretensión de la Educación para la Ciudadanía. Y todo lo demás es mucho ruido y pocas nueces.

Alicia Poza Sebastián forma parte del Secretariado del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de la Región de Murcia (STERM).