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EDUCACIÓN |
(La
Opinión, 12-04-08)
A lo largo de los últimos
meses he escuchado inexactitudes y manipulaciones a costa del área
de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos,
que comenzará a impartirse en septiembre en la Región
de Murcia, de acuerdo a lo establecido en los llamados Decretos
de Currículo regionales, en aplicación de la Ley Orgánica
de Educación, aprobada en el Congreso de los Diputados en
2006, con el único voto en contra del Partido Popular.
Afortunadamente, a lo largo
de los últimos meses he escuchado muchos argumentos sólidos
e inteligentes a favor de la inclusión de dicha área
en el currículo escolar, un área que aparece en la
Recomendación del Consejo de Europa del 16/10/2002, a la
que hicieron caso omiso desde el gobierno del PP, más entretenido
en otros temas que en hacer de la ciudadanía democrática
un objetivo prioritario de su política educativa.
Tras la declaración por
el Consejo de Europa del año 2005 como Año Europeo
de Educación para la Ciudadanía, el Gobierno español
planteó esta área en el currículo escolar como
un instrumento para mejorar la convivencia, la cohesión y
la integración social; para prevenir o corregir la amenaza
que suponen la violencia en sus diversas manifestaciones, la intolerancia,
el fanatismo, el racismo y la xenofobia, la marginación,
la insolidaridad.
Esta formación cívica
del alumnado nada tiene que ver con la formación religiosa
y moral garantizada por el artículo 27.3 de la Constitución,
que no es un fin del Estado ni de los servicios públicos
educativos sino de las respectivas confesiones religiosas. Una formación
religiosa contemplada en la LOE sin ninguna modificación
respecto a su estatus anterior, es decir, sigue siendo voluntaria,
evaluable y con la misma asignación horaria.
Por tanto, ante la feroz campaña
orquestada en contra de un área con estas características
y estos objetivos, me surge una primera duda ¿qué
valores defienden estas personas que no quieren que sus hijos e
hijas adquieran los valores democráticos en las escuelas?
Hay quien piensa que son las mismas personas que históricamente
se han considerado en posesión de los “auténticos”
valores éticos y morales, que han intentado imponer al resto
de la sociedad, sin respetar su derecho a la libertad de pensamiento.
Uno de los argumentos que utilizan
estos objetores es la negativa al adoctrinamiento por parte del
Estado e impedir su injerencia en la transmisión de valores
morales. Ante ello me surgen una pregunta, ¿será lo
mismo “adoctrinar” que educar en valores democráticos?;
una duda, al no aparecer referencias a valores morales en el currículo
¿a qué se refieren, dónde están que
no consigo encontrarlos en los decretos oficiales?; y una necesidad,
diferenciar entre la formación del individuo que pueden ofrecer
los regímenes totalitarios de la que aportan los sistemas
democráticos.
En los sistemas democráticos,
por su propia definición, el área de educación
cívica es una barrera frente a toda manipulación ideológica.
La educación en una sociedad democrática, del siglo
XXI, siempre se hará sin adoctrinamientos, con el propósito
firme de promover la convivencia solidaria y respetuosa con el pluralismo,
con la libertad de conciencia, con el pensamiento crítico,
con los valores que fundamentan una ciudadanía responsable
y participativa, con el aprendizaje de los derechos y libertades
fundamentales que organizan la convivencia pacífica y democrática
y que están recogidos en nuestra Constitución.
Pienso que, tras todo lo anterior,
entenderán la gravedad que otorgo a las declaraciones del
Consejero de Educación de Murcia anunciando que no penalizará
a los padres que han declarado su intención de objetar al
área de Educación para la Ciudadanía.
Nuevamente me surge una pregunta
¿cómo es posible que personas supuestamente sensatas
e inteligentes sean capaces de incitar a la desobediencia de una
ley orgánica aprobada por el Parlamento Español, con
todas las garantías legales? Si es basándose en la
sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
sigue pareciéndome una decisión imprudente, pues los
de Asturias, Cataluña, País Vasco, han dictaminado
justo en sentido contrario, pareciendo por tanto lo más oportuno,
iniciar en septiembre la implantación del área y esperar
la sentencia del Tribunal Supremo.
Educación para la Ciudadanía
contribuirá a que todo el alumnado conozca el funcionamiento
del Estado, de sus instituciones, de los valores constitucionales
y de los Derechos humanos. Considero que el Consejero debería
trabajar para que esto sea una realidad en los centros educativos
de nuestra Región, además de preocuparse, lógicamente,
por la excelencia de nuestro sistema educativo, por adoptar medidas
verdaderamente eficaces para asegurar el éxito educativo
de todo el alumnado y reducir el abandono escolar temprano, mejorar
las infraestructuras de los centros públicos,… en fin,
por aumentar la calidad y la equidad de la educación de la
Región de Murcia. Haciéndolo, además, desde
la colaboración y el consenso con el MEC durante la próxima
legislatura.
Para finalizar, me permito utilizar
las palabras de José Mª Martín Patino, jesuita,
en septiembre de 2007: “No tengo yo gran intranquilidad
por las personas que están hablando actualmente en contra
de la educación para la ciudadanía, pero creo que
no hablan en contra de la Educación para la Ciudadanía
hablan en contra del gobierno y hablan en contra del Presidente
del Gobierno. Creo que han dado un salto cualitativo los obispos
españoles que no se había dado en toda la historia
moderna de la iglesia española al desautorizar a la autoridad
legalmente constituida”
Sin olvidar que el 9 de
marzo se celebraron Elecciones Generales en España.
Teresa Salinas García, miembro
del Foro Ciudadano de la Región de Murcia.
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