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EDUCACIÓN |
(La
Opinión, 18-10-08)
 Cualquiera
de nosotros si tuviéramos que hacer en la administración
alguna gestión y nos cobraran por ello, a sabiendas de que
es gratuita, nos echaríamos las manos a la cabeza, y en el
mismo momento lo denunciaríamos.
Ahora imagínense que
la Administración no hace la gestión directamente
sino que delega en una entidad privada para dar el mismo servicio
con las mismas condiciones de gratuidad. ¿Nos negaríamos,
como en el caso anterior, porque se nos exija una cantidad de dinero?
Seguramente, muchos de ustedes estarán pensando que no aceptarían
pagar por lo que debe de ser un servicio gratuito.
Pero ¿qué ocurre
con la enseñanza, qué pasa con aquellos centros concertados
(he de aclarar que no todos llevan a cabo dichas prácticas,
por fortuna) que solicitan una cuota mensual a través de
las asociaciones de padres, u otras entidades similares, que ronda
entre los 40 ó 50 € y llega, en los casos más
extremos, a cerca de los 200 € mensuales.? ¿Qué
ocurre cuando los centros concertados solicitan una cantidad de
dinero superior, por la misma comida, que en un centro público?
(a pesar de ser, en muchos casos, la misma empresa responsable del
servicio); ¿qué ocurre cuando aumentan el precio de
la cuota de transporte, del gabinete psicopedagógico, de
las actividades extraescolares en general y de cualquier material
o evento necesario (según criterio del colegio) durante el
curso escolar? Hay que decir que todo este dinero o sobrecoste,
en la mayoría de los casos, no va ni a las asociaciones de
padres ni a la mejora de los servicios complementarios, simplemente
va a las ganancias del colegio y por lo tanto no tiene por qué
repercutir directamente en mejoras o abaratamiento posterior del
servicio.
La figura de colegio concertado
se reconoció en la LODE (1985) para dar respuesta a la supuesta
“libertad de elección” que viene recogida en
nuestra Constitución Española. Se trata de centros
privados en los que, como he dicho anteriormente, nuestra administración
delega el servicio educativo. En nuestra comunidad el dinero que
se paga por aula concertada está por encima de la media nacional.
De hecho, en los dos últimos años, ha crecido por
termino medio, aproximadamente un 20%, en todos sus niveles (vean
los anexos, referentes a dotación de centros concertados,
de los presupuestos de 2008 y 2006 y comparenlos: www.carm.es/chac/leypresup2008/presupuestos.html
y
www.carm.es/chac/leypresup2006/html/indexns.htm
).
Es decir, que los centros concertados tienen dinero más que
suficiente para que poder funcionar (sobre todo si se contrastan
con nuestros vecinos concertados andaluces )pero el deseo de ganar
dinero no tiene límites, manteniendo, de esta manera cuotas
a asociaciones “fantasma” y cobrando servicios por encima
de su valor.
Las razones por las que se acepta
este “impuesto” son varías, Voy a mencionar algunas:
En primer lugar porque hay padres que están dispuestos a
pagar por desconocimiento o inercia, no conocen la legislación
vigente ni se plantean ningún tipo de reflexión, por
lo tanto, hacen lo que hace el resto; en segundo lugar, por temor,
consideran que si no lo hacen el colegio va a tomar alguna represalia
hacia sus hijos de manera directa o indirecta, situaciones de este
tipo ya se han producido y lo que es más grave, se siguen
produciendo (desde comentarios en clase a los alumnos que
no pagan, pasando por aparecer en los últimos puestos para
la realización de cualquier actividad: excursiones, comedor…)
y por último, por clasismo: algunos padres, los menos, de
manera ruin y mezquina ,a mi entender, consideran que si se paga
se está creando un filtro para evitar la entrada de alumnos
de nivel socioeconómico bajo y así realizar una selección
del alumnado. Gran error social esto último, que a la larga
traerá graves consecuencias, porque afectará al tejido
social. Además, y esto es lo más grave, se permite
su realización desde centros que se sostienen con fondos
públicos, es decir, pagados por todos nosotros.
Son estas, razones más que suficientes, para que la administración
de una vez por todas prohíba tajantemente este tipo de actuaciones
por parte de algunos centros concertados y aplique la ley, en caso
de tener que hacerlo. Los centros concertados pueden funcionar perfectamente
con el dinero que tienen asignado. Si no fuera así, ¿alguien
se ha preguntado por qué hay un auge tan grande de los mismos
en nuestra región en los últimos años?. No
hay que olvidar que todos los centros concertados deben de ofrecer
un servicio público, y por tanto, no pueden dar servicios
complementarios con sobrecoste alguno y mucho menos, cobrar por
la impartición de la enseñanza obligatoria.
Hace pocas semanas salió,
en este mismo periódico, un extenso artículo sobre
el esfuerzo económico que nos supone a todas las familias
el inicio de curso, se hacía hincapié en la diferencia
de coste entre las familias cuyos hijos iban a la concertada respecto
de la pública, pero, en ningún momento se planteaba
por qué se producía esa diferencia, en base a qué
conceptos, a dónde iba a parar ese dinero extra al que tenían
que hacer frente las familias de la concertada en estos tiempos
de crisis. Lo más grave es que se da por hecho de que los
concertados funcionan así, y por tanto no hay que preguntarse
nada al respecto.
El artículo 88 de nuestra
Ley de Educación vigente (LOE) se refiere a la garantía
de gratuidad y en él se dice: ”Para garantizar
la posibilidad de escolarizar a todos los alumnos sin discriminación
por motivos socioeconómicos, en ningún caso
podrán los centros públicos o privados concertados
percibir cantidades de las familias por recibir las enseñanzas
de carácter gratuito, imponer a las familias la obligación
de hacer aportaciones a fundaciones o asociaciones ni establecer
servicios obligatorios, asociados a las enseñanzas, que requieran
aportación económica, por parte de las familias de
los alumnos…” Sin comentarios.
Por supuesto de este análisis
hay que excluir a aquellos dignísimos colegios privados con
vocación pública de servicio (que los hay) que en
ningún momento se han planteado cobrar ningún tipo
de cuota o sobreprecio de todas las actividades complementarias
y de enseñanza que ofertan.
Juan Vera Lorente
Delegado de STERM- La Intersindical y miembro del Foro Ciudadano
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