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EDUCACIÓN |
(La Opinión, 3-11-07)
DSólo
caemos en la cuenta de lo que vale algo cuando lo perdemos. Nos
ponemos enfermos y entonces apreciamos más que nada la salud
que nos falta. Perdemos a uno de nuestros seres queridos y se nos
abre un socavón de ausencia que rompe toda normalidad.
La ciudadanía —y con ella la nacionalidad, la pertenencia
a un Estado de Derecho, en nuestro caso España— es
una de esas «cosas» valiosas que tenemos sin darnos
cuenta. Nos inscriben en el Registro al nacer y disponemos de una
identidad para ir a la escuela, recibir asistencia médica,
viajar, abrir cuentas bancarias, trabajar, votar, casarnos, firmar
contratos, pagar impuestos, cobrar herencias... El tejido entero
de nuestra vida en sociedad descansa sobre esta condición
de ciudadanos que se nos reconoce al llegar al mundo. ¿Podríamos
quedarnos sin ella? ¿Podría convertirse el contexto
sociopolítico que nos sostiene en una grieta abismal como
la tierra en los terremotos?
Puede ocurrir y ha ocurrido. Es la situación que sufren los
apátridas, los deportados y desplazados, los migrantes “sin
papeles”, etc. Es paradigmático el caso del régimen
nazi, que quitó la nacionalidad a “sus” judíos,
borrándolos del registro de ciudadanos en otoño de
1941, como paso necesario hacia la solución final. Judíos
reclusos en guetos, amontonados en campos, exterminados en cámaras
de gas, huidos por todo el mundo buscando un país que les
diera su nacionalidad y los reconociera nuevamente como ciudadanos
sujetos de derechos. Después de aquellos horrores, el artículo
15 de la Carta de los Derechos Humanos afirma contundente que «toda
persona tiene derecho a una nacionalidad». Reconocimiento
clave, porque los Derechos Humanos sólo cobran realidad cuando
los Estados asumen su respeto y defensa. Así lo hace nuestra
Constitución de 1978 al proclamar su voluntad de «proteger
a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio
de los derechos humanos» y al ratificar en el artículo
11 que «ningún español de origen podrá
ser privado de su nacionalidad». Por eso podemos exigir que
se respeten nuestros derechos como personas, porque somos ciudadanos
de un Estado comprometido en ello.
El asunto es de tal importancia que merece un lugar prioritario
en nuestra conciencia personal y social. También perdemos
las «cosas» cuando no tenemos conciencia de ellas y
no sabemos valorarlas. Por eso es importante que la asignatura de
Educación para la Ciudadanía forme parte de las enseñanzas
básicas del sistema educativo, que es el lugar de confluencia
entre lo privado y lo público, en donde se produce la formación
e integración social de los nuevos ciudadanos y ciudadanas.
Así lo reconoce la Unión Europea y así lo ordena
la Ley Orgánica de Educación de 2006.
La Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia ha publicado el Decreto 291/2007 por
el que establece el currículo de la Educación Secundaria
Obligatoria. En el apartado de Educación para la Ciudadanía,
el texto exalta la democracia liberal frente a los totalitarismos,
los valores de consenso que la sostienen y el ordenamiento constitucional
que la legitima. Expone que una Educación para la Ciudadanía
debe ir más allá del conocimiento de la Constitución
y abarcar el fundamento de las sociedades democráticas, apoyado
en las tradiciones filosóficas y en la discusión racional.
Se trata, dice, de que los alumnos reflexionen e interioricen personalmente
el valor de todas estas cuestiones, puesto que «el vigor de
la sociedad democrática depende de sus ciudadanos».
Y prevé alcanzar estas finalidades en dos cursos: Educación
para la ciudadanía y los derechos humanos en 2º de ESO
y Educación ético-cívica en 4º de ESO.
Merece la pena enumerar sucintamente los temas que, según
el Decreto, deben estudiarse: diálogo, autonomía,
libertad, responsabilidad, relaciones familiares, convivencia escolar,
solidaridad, derechos humanos (conquistas y violaciones sucesivas),
Estado de Derecho, modelo político español, la Constitución,
la Unión Europea, el Parlamento, seguridad nacional, impuestos,
consumo, protección civil, circulación vial, el mundo
y sus conflictos (del terrorismo al nacionalismo excluyente...),
pobreza y globalización. Estos son los contenidos de 2º
de ESO.
La asignatura de 4º profundiza en los aspectos de fundamentación
ético-política: dilemas morales, análisis crítico
de información, situación de los derechos humanos,
proyectos solidarios, identidad personal, dignidad humana, relaciones
interpersonales, emociones, convivencia, heteronomía y autonomía,
valores y normas, teorías éticas, poder, democracia
liberal, instituciones democráticas, derecho y justicia,
valores constitucionales, fundamentación de los derechos
humanos, ciudadanía global, igualdad entre hombres y mujeres
y prevención de la violencia contra las mujeres.
Son temas de tanto calado que el Decreto reconoce la importancia
de que «los alumnos dediquen unas horas a reflexionar sobre
todo ello». Y como en las novelas de intriga, nos acercamos
expectantes al desenlace: ¿Cuántas horas serán
adjudicadas finalmente?
Después de toda esta programación y declaración
de intenciones, en su última página el Decreto asigna
a las asignaturas de Ciudadanía sólo 70 horas anuales,
es decir, una hora semanal en cada uno de los dos cursos. Esto representa
el 1,73% del total de horas de la ESO. Por tener una referencia
comparativa, la Religión cuenta con 210 horas, que suponen
el 5,21% del horario. La comunidad murciana, siguiendo la consigna
del PP español, ha decidido hacer boicot a esta asignatura,
aunque la incluya en el currículo por imperativo de la Ley
Orgánica de Educación.
El profesorado, que ha de cumplir objetivos tan elevados en tiempo
tan exiguo, está perplejo. Las consecuencias de semejante
decisión son claras: ha perdido el alumnado, ha perdido la
educación, ha perdido la democracia, hemos perdido todos.
¿Alguien entiende qué fin persigue el Gobierno de
la Región al menospreciar de este modo hipócrita los
valores que vertebran nuestra vida personal en democracia?
Josefina Pérez Rodríguez-Patiño,
es miembro del Foro Ciudadano de la Región de Murcia.
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