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EDUCACIÓN |
(La
Verdad, 2-4-07)
Durante
los últimos días hemos asistido en la Región
de Murcia a un debate público respecto a la llamada prueba
de diagnóstico. Dada la importancia del tema y en mi calidad
de profesora del Departamento de Métodos de Investigación
y Diagnóstico en Educación de la Universidad de Murcia,
quiero hacer unas cuantas reflexiones sobre lo que significa la
cultura de la evaluación.
En las sociedades europeas democráticas,
pluralistas y de bienestar entre las que nos encontramos, se demanda
la máxima calidad a sus servicios y entre ellos se encuentra
la educación. En este contexto, la evaluación, adaptada
a los diferentes diseños curriculares y exigencias administrativas
se convierte en uno de los más importantes mecanismos de
revisión y control de todas las acciones que acontecen en
las instituciones o centros educativos, y por tanto, es un instrumento
fundamental para garantizar los niveles de calidad necesarios. La
evaluación, ha de ser entendida como un proceso de reflexión
acerca de los procesos de enseñanza-aprendizaje socioeducativos,
y como tal nos permitirá, entre otras cosas, ir tomando decisiones
encaminadas a mejorar la formación de las personas, el desarrollo
de los procesos, la competencia docente de los educadores, el funcionamiento
de los centros, la adecuación de los materiales didácticos,
etc. Se trata, pues, no sólo de evaluar destrezas en las
distintas disciplinas, sino de asumir el carácter formativo
de la evaluación, lo que implica asumir el reto de la calidad
del sistema educativo, reto que nos impone la sociedad democrática.
Sólo es posible lograr esta calidad a partir de una evaluación
educativa que permita la intervención en los procesos para
mejorarlos, lo que lleva consigo la superación de un modelo
sancionador y terminal interesado por los resultados y claramente
selectivo. En la práctica no podemos hacer una distinción
entre actividades de formación y de evaluación, porque
toda actividad debe llevar incorporada un conjunto de estrategias
de evaluación que incluyan todo tipo de pruebas, donde la
información se utilice con fines formativos y de mejora de
los aprendizajes (entre otros).
Bajo este enfoque integral no
puede haber acción evaluadora que no tenga carácter
formativo y no puede haber acción formativa que no sea evaluada.
La evaluación no es un
simple proceso técnico, cuya lógica se aplica con
unas pautas lineales y jerárquicas, como la ha concebido
la Consejería de Educación. La evaluación es
fundamentalmente una actividad interactiva que implica culturalmente
a las personas y a sus contextos.
Hemos de preguntarnos si esta
prueba tal como ha sido diseñada por Educación responde
a los intereses reales del contexto educativo y a todas las variables
que son relevantes para él. Parece que la respuesta evidente
es no. Más bien responde a los intereses particulares de
los responsables en desarrollar y aplicar la prueba.
La evaluación es un mecanismo
de acción sobre la realidad educativa que tiene consecuencias
sobre ella misma y sobre la sociedad en general; sus resultados
van a ir configurando cada uno de los elementos curriculares y personales,
e inevitablemente van a ir condicionando las percepciones que tengan
unos centros de otros, unos alumnos de otros, etc.; va a controlar
el acceso a los niveles educativos superiores, así como también
las políticas educativas que se desarrollen. De aquí
que todos cuantos realicemos evaluaciones en Educación debamos
tener en cuenta ciertos criterios éticos fundamentales, desde
su planificación hasta las tomas de decisiones que se deriven
de los resultados obtenidos. De lo contrario, los resultados de
la evaluación pueden fomentar, entre otras cosas, políticas
de tratamiento de la información que sean humillantes para
determinadas personas o para ciertos colectivos o centros; o una
lectura superficial de los mismos -como afirma Mateo (2006)- puede
derivar en situaciones injustas que constituyan graves irresponsabilidades
en las que de ninguna manera debemos colaborar. Los responsables
y profesionales de la evaluación debemos actuar en todo momento
con discreción y prudencia, evitando la superficialidad en
el tratamiento y difusión de la información. Estas
razones fundamentales, entre otras, hacen que la Comunidad Educativa
y la sociedad tengan que actuar como auditores de los procesos de
evaluación; sólo desde este planteamiento generaremos
una auténtica cultura de la evaluación unida a una
auténtica cultura de la calidad del sistema educativo que
todos pretendemos, haciendo de la evaluación un mecanismo
continuo y formativo de regulación y mejora constante de
todo el sistema como exige la propia dinámica de los procesos
educativos. La prueba de diagnóstico no ha sido sometida
a la revisión y participación de la comunidad educativa
que es, a mi juicio, la primera responsable en hacer y transmitir
las culturas evaluativa y de calidad.
Para finalizar esta reflexión
me gustaría hacer un par de afirmaciones más respecto
a la prueba efectuada por la Consejería de Educación.
Es una prueba sesgada en cuanto al currículo puesto que solamente
contempla la evaluación de dos materias -Lengua y Literatura,
y Matemáticas; curiosamente aquéllas que tienen una
finalidad de selección y control del aprendizaje, y las consideradas
más relevantes desde el punto de vista de un modelo tecnocrático
de la enseñanza. Además es una prueba que no respeta
el carácter integral, interactivo y contextual de los aprendizajes,
y por tanto no atiende a la calidad y a la mejora de su desarrollo,
sólo a los resultados terminales -la calidad no radica en
la puntuación que se genera teniendo en cuenta el número
de respuestas contestadas correctamente por el alumno. La prueba
tampoco atiende a la diversidad multicultural y multilingüe,
ni a las necesidades educativas especiales del alumnado. Parece
estar realizada para dar respuesta a unos objetivos muy particulares
e interesados de la Administración educativa, para generar
políticas educativas jerarquizadas, es decir, impuestas desde
arriba, puesto que no se ha dado a conocer públicamente cuál
es su finalidad concreta y qué mejoras se van a derivar de
sus resultados. Por ello, me temo que el debate que se esconde detrás
es mucho más profundo. Con estas actuaciones ¿no corremos
el riesgo de pasar de la concepción de la educación
como un derecho universal y un bien público al que todos
los ciudadanos tienen derecho a acceder - y que la Administración
tiene el deber de garantizar en condiciones de calidad y de igualdad-,
a un modelo que parte de la base de que la educación es un
bien individual y su valor es básicamente económico
y, por tanto, debe estar sujeto a las leyes del mercado, como cualquier
otra mercancía?
Francisca José Serrano Pastor
es profesora titular del Departamento de Métodos de Investigación
y Diagnóstico en Educación y miembro de STERM-Intersindical.
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