 |
INMIGRACIÓN |
(La Opinión, 29-2-07)
 Conforme
el cierre de la frontera sur se estrecha y se torna más hermético
para contener los flujos migratorios del continente africano, se
abren nuevas rutas por parte de los migrantes en el intento de acceder
a la fortaleza europea. Es así como Murcia queda posicionada
en la frontera, hecho realzado en los últimos meses con el
incremento de la llegada de pateras desde Argelia y Marruecos. A
sabiendas de la rentabilidad electoral que tiene la explotación
de la imagen de un “asedio inmigrante de ilegales”,
los dirigentes del gobierno autonómico no han dudado en magnificar
esta cuestión con declaraciones salidas de tono. La exageración
del tratamiento de este hecho –a través del recurso
a metáforas bélicas o catastrofistas como “invasión”
o “avalancha”- desliza progresivamente un mensaje a
la opinión pública de criminalización de la
inmigración denominada “ilegal”. Se empieza así
y se termina como Coalición Canaria y su nueva propuesta
aprobada a trámite en el senado con el apoyo del PP-CIU-PNV
(el pasado 4 de diciembre de 2006) y que va a pasar al Congreso
pronto, la cual viene a proponer una vuelta de tuerca dura contra
los “sin papeles” (eliminando cualquier vestigio de
galantismo de sus derechos mínimos), casi como la Ley de
Extranjería de 1985.
Seguramente la población murciana se sentirá muy protegida
y segura con los dispositivos de cierre de frontera cada vez más
sofisticados y los centros de internamiento de inmigrantes u otras
medidas de excepción. Pero también habría que
preguntarse por la pérdida de calidad democrática
que implica esta vulneración cada vez más intensa
de los derechos humanos, y en la cual se arrojan por la borda derechos
como el de asilo a los refugiados que un día fueron el símbolo
de la solidaridad y tolerancia de las democracias europeas. Es necesario
subrayarlo: el problema no radica en luchar contra la inmigración
“ilegal” y mucho menos interiorizar sus derechos, sino
apostar por una verdadera democratización de la frontera,
abandonando las políticas de cierre restrictivo y reconociendo
el derecho a la movilidad con plenos derechos garantizados.
Los sucesivos procesos de regularización de trabajadores
inmigrantes de 2001, 2002 y 2005 han ido desactivando la gravedad
del problema de la existencia de miles de personas excluidas de
la ciudadanía. ¿Qué número de inmigrantes
indocumentados a fecha de hoy puede estimarse en la Región
de Murcia tras el último de proceso de regularización?
Según el Padrón Continuo de Habitantes de 2007, los
inmigrantes extranjeros eran 200.264 (a fecha de 1 de enero de 2007).
A 31 de diciembre de 2006, el Ministerio del Interior contabilizaba
160.390 Permisos de Residencia, lo que supone que 40.574 residentes
se encontraban en situación irregular. Es decir, un 20% de
los extranjeros residentes carecía de permiso de residencia
y trabajo, una proporción inferior a la media española
(que se sitúa en el 32,6%). Esta proporción de irregulares,
aunque alta, ha descendido respecto a años anteriores. Es
el principal efecto positivo que cabe adjudicar al proceso de normalización
de trabajadores inmigrantes extranjeros que se cerró en junio
de 2005. Los inmigrantes de origen latinoamericano y europeo son
los que mayormente concentran las cifras más altas de inmigración
indocumentada. Frente al imaginario social, y a pesar de la alarma
suscitada en los últimos meses por el impacto mediático
de la llegada de “pateras” a la costa murciana procedentes
de Marruecos y Argelia, lo cierto es que los inmigrantes indocumentados
de origen africano son una ínfima minoría.
El grueso de la inmigración indocumentada residente en la
Región de Murcia entra por carretera o aeropuerto. De hecho
es mínima la que entra en patera (como muestran los bajos
porcentajes de inmigración indocumentada de origen africano
existente en Murcia y en España). Focalizar el problema en
la “invasión de las pateras” tiene una clara
intencionalidad política: la de criminalizar y vulnerabilizar
a todo un colectivo. La cuestión central es la vulnerabilidad
extrema del inmigrante indocumentado. Alguien que prácticamente
carece de derechos de ciudadanía y que se ve impelido a vender
su fuerza de trabajo en las densas redes de la economía sumergida
murciana. Las noticias de situaciones de sobrexplotación
laboral de inmigrantes indocumentados que se suceden periódicamente
en los medios de comunicación, evidencian una dimensión
central del problema de la que apenas se habla: la abundante economía
sumergida murciana, y la más extendida aún economía
del trabajo precario, requiere de mano de obra vulnerable, que se
adapte a las irregularidades que caracterizan a esas economías
de arraigo profundo en Murcia. La cuestión no está
en cerrar fronteras, sino en reconocer derechos..
Andrés
Pedreño es Profesor Titular de Sociología de la UMU
y miembro del Foro Ciudadano de la Región de Murcia.
|
