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JÓVENES |
( EL PAÍS - 23-03-2006 )
 La
crisis social en Francia se extiende y amplifica. Después
de la aparentemente incontrolada tempestad de la banlieue, ha llegado
el momento de enfrentarse a la nueva epidemia de nuestro siglo:
la precariedad laboral. En Francia, como en el resto de Europa,
la situación del empleo se ha ido deteriorando. Y esa fragilidad
de las condiciones de trabajo está afectando, en mayor o
menor medida, a todos los sectores productivos y a todas las franjas
de edad. Pero el asunto es especialmente preocupante en el sector
servicios e influye de manera mucho más estructural en los
empleos de las personas más jóvenes. No es extraño
que ante esa creciente percepción de pérdida de derechos,
de reducción de las expectativas, los jóvenes franceses
se hayan rebelado contra lo que entienden como una oficialización
de la precariedad. Una cosa es ir constatando que el mercado va
restringiendo perspectivas y estabilidades y otra muy distinta es
que eso se bendiga desde el Gobierno de un Estado que se ha vanagloriado,
desde sus bases fundacionales, de proteger y expandir derechos.
Todo ello, además, teñido de la pugna entre Villepin
y Sarkozy para ver quién se sitúa mejor en su particular
competición por demostrar firmeza y autoridad en la carrera
en pos de la candidatura de la derecha francesa para las presidenciales
que se avecinan.
Se calcula que en Francia el
25% de los asalariados del comercio o de los servicios trabajan
en condiciones de alta temporalidad, y eso es el doble de la media
nacional. Por otro lado, la precariedad afecta siete veces más
a los obreros que a personas de categorías superiores, cuando
hace sólo unos años esa proporción era de 1
a 4, y todo esto se agrava si de quien hablamos es de un joven.
Más precarios, los trabajadores se encuentran también
más solos. Las estructuras de producción son más
pequeñas, y las condiciones de trabajo de los compañeros
son muchas veces distintas. Distintas en cuanto a horarios, salarios
o duración de contratos. Las relaciones con empresarios y
clientes son más directas, la presión más grande,
las oportunidades de sindicación menores. La posibilidad
de identificar problemas comunes, de hallar salidas conjuntas, se
reduce. Es más difícil construir identidades colectivas
sobre la fragmentación de situaciones. Esa tremenda heterogeneidad
y multiplicidad de situaciones genera sensaciones difusas de injusticia,
de arbitrariedad y, sobre todo, de ilegibilidad, de falta de comprensión
de un mundo del trabajo cada vez más laberíntico y
complejo. Trabajadores autónomos pero dependientes es la
nueva contradicción que las organizaciones de trabajadores
deben afrontar para tratar de sindicalizar aquello pensado para
que no sea sindicalizable. Esto hace crecer el foso entre los empleados
de las grandes empresas que disponen de un trabajo fijo y aparentemente
estable y los de las pequeñas empresas de servicios o de
hostelería. Y no digamos nada de la creciente distancia entre
los asalariados del sector público y los del sector privado.
Esas desigualdades no cesan
de expandirse, y generan cambios muy claros en la situación
de las gentes. Afectan sobre todo a cómo cada quien ve su
futuro y cómo cada quien logra más o menos capacidad
de socialización, de tejer redes, de establecer vínculos
y lazos. Aspectos estos (la percepción sobre el futuro, la
estructuración de redes sociales y de lazos propios) que
todos sabemos que tienen un alcance y unos impactos muy significativos
sobre las expectativas y la forma de encarar la vida de las gentes.
No es extraño que muchos jóvenes desfilasen por las
calles de Francia estos días con carteles donde expresaban
su sensación de que su futuro no era comparable en absoluto
al que tuvieron sus padres, y reclamaban oportunidades reales y
no declaraciones genéricas sobre que cada cual obtendrá
según su propio esfuerzo, cuando las oportunidades no están
distribuidas homogéneamente y cada vez los poderes públicos
se van retirando de la lucha por ofrecer condiciones iguales de
partida para todos. Los sucesos de la banlieue y los que ahora llenan
de manifestantes las calles, no son radicalmente distintos. Expresan
de manera compleja y contradictoria la misma sensación: que
la discriminación y la segmentación social aumentan.
Unos expresan su desasosiego ante el hecho de que sus estudios,
su esfuerzo, no garantiza nada. Otros se lamentan de que su propio
apellido, el sitio en el que viven, les marca y reduce aún
más sus posibilidades. Desde diversas perspectivas, sus gestos,
sus protestas, nos hablan de momentos de refundación del
trabajo y de cómo se encuadra el trabajo en los respectivos
proyectos de vida. Ya no hay complementariedad ni coexistencia de
clases alrededor de lugares de producción comunes. La única
mediación la tiene el mercado, que coloca a cada persona
en un lugar provisional, de cliente o de proveedor, en una relación
constantemente cambiante e inestable. Para unos las condiciones
de trabajo son derechos adquiridos, para otros son simplemente rigideces
que combatir. Y de esta manera se van perdiendo jirones de solidaridad
y reciprocidad.
Lo peor es enfrentarse a todo
ello con la nostalgia de modelos ya superados. Ni la nostalgia republicana
ni la nostalgia radical acabarán sirviendo de mucho. Es comprensible
la visión más bien defensiva que surge ante tanto
cambio. Necesitamos seguramente nuevos instrumentos de análisis
social. ¿Qué es trabajo hoy? ¿Qué nuevos
equilibrios podemos encontrar entre las exigencias del mercado y
las necesidades sociales? ¿Cómo relacionar instituciones
y personas? ¿Cómo enfrentarnos a la creciente segregación
territorial y social? Algo tenemos que hacer con rapidez ya que
los sucesos de Francia nos advierten de que los peligros de fractura
generacional crecen día a día, en un claro movimiento
de criminalización de los jóvenes. Tenemos tantos
interrogantes planteados que a uno no deja de soprenderle el grosor
y la significación estratégica de lo que está
en juego y, en cambio, lo liviano que resulta el debate político
en relación con estos asuntos.
Joan Subirats
Catedrático de Ciència Política a la Universidad
Autònoma de Barcelona. Director del Institut de Govern i
Polítiques Públiques de la UAB.
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