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MUJERES |
(El Público, 19-12-2007)
"En
la calle se oían los gritos de los bebés que estaban
asesinando. Y luego los destrozaban en unas trituradoras”.
Unos entendidos comensales de la mesa de al lado del restaurante
repetían este relato de horror frankensteiniano. Similares
descripciones de las terribles matanzas de bebés que se practicaban
en las clínicas del Dr. Morín están en boca
de ciudadanos que jamás tuvieron información alguna
sobre el tema.
Hace más de un mes que
en Barcelona están en prisión tres médicos,
uno de ellos Carlos Morín, por el cierre y registro ordenado
por el Juzgado de las clínicas ginecológicas en las
que trabajaban. Semanas después han cerrado dos clínicas
en Madrid. Ahora son siete médicos más los que se
hallan detenidos en Barcelona. Esa descripción de los asesinatos
de niños triturados en una máquina –sólo
falta que añadan que se hacían albóndigas después–
en una semblanza del triunfo de la muerte de Brueghel, ofrecida
con morbosa y deleitada pasión por una prensa especialmente
dedicada a negarles a las mujeres todo derecho al progreso, persigue
el efecto –conseguido– de estremecer a una ciudadanía
desinformada y supersticiosa.
Los 100.000 abortos que se practican
en España cada año son un número muy modesto
en comparación con las cifras de Europa, ya que la práctica
sanitaria en los países avanzados alcanza a muchos más
casos que los que se permiten en nuestro país. Como a ello
se une la más absoluta desidia de nuestros gobiernos en la
prevención y educación anticonceptiva, con un alarmante
aumento de embarazos de adolescentes, tenemos unas cifras tercermundistas
de madres niñas, de fetos inviables y de trastornos psiquiátricos
en mujeres, producidos por las dificultades que el sistema sanitario
español impone. El 90% de los abortos se practica durante
los primeros tres meses de embarazo y el 10% restante se reparte
entre las graves malformaciones del feto y las violaciones. Los
inquisidores que persiguen toda libertad humana y especialmente
la de las mujeres mienten cuando afirman que en las clínicas
del Dr. Morín se eliminaban los fetos de ocho meses, mienten
cuando relatan los horrores que se complacen en describir, como
si hubiese un sector de mujeres y de médicos en España
que disfrutan sádicamente, ellas ofreciendo su propio cuerpo
a semejantes peligrosas manipulaciones y ellos acometiendo una labor
que puede llevarlos a prisión, como ya se ha visto. Y mienten
con éxito porque se lo permiten los juzgados y los fiscales
de la misma línea ideológica que los ultra-reaccionarios
que denunciaron, porque los medios de comunicación que son
sus compinches les sirven de altavoces, y porque el Gobierno, deseoso
de contentar a los dirigentes de la Iglesia católica, se
inhibe cobardemente de su deber de proteger a las mujeres y a los
médicos.
El Gobierno de Felipe González
permitió la objeción de conciencia de los profesionales
sin ningún tipo de control. Desde entonces y con la indiferencia
del Gobierno actual, se ha conseguido la utilización perversa
del derecho a la objeción de conciencia de los médicos
y sanitarios de la sanidad pública, de modo que muchos se
niegan a practicarlo en los hospitales mientras lo realizan en su
consulta privada. El 3% de los abortos se practica en la sanidad
pública, mientras el 97% restante ha de hacerse en las clínicas
privadas. Éste es el único sector de la sanidad que
no ofrece a las ciudadanas la atención debida en los hospitales
de su competencia. De tal modo se ha conseguido muy eficazmente
privatizar el aborto, en varias comunidades incluso con cargo al
erario público, en vez de despedir de los departamentos de
ginecología a los médicos que no quieren atender esta
especialidad y garantizar con los profesionales adecuados la continuidad
del servicio. De igual manera podían permitir que un Testigo
de Jehová estuviese al cargo de las transfusiones de sangre.
Todas estas anomalías, en un país que se jacta de
estar en el octavo nivel de desarrollo mundial, serían impensables
en la Europa desarrollada a la que tanto queremos parecernos. Incluso
las católicas Bélgica y Portugal ya han aprobado unos
plazos dentro de los cuales una mujer puede pedir la interrupción
de su embarazo sin tener que dar interminables explicaciones sobre
su vida privada, ni ser sometida a los exámenes e interrogatorios
obligatorios hoy, que la convierten en una delincuente.
Ni el Partido Socialista ni
las mujeres que lo dirigen y dicen ser feministas han aprobado en
20 años una legislación realmente moderna, eliminando
esa tacha de infamia que significa ser un delito. Al mismo tiempo,
la dejación de la lucha por el aborto por parte del Movimiento
Feminista, absolutamente desinteresado de este tema desde hace 20
años y convertido en cómplice del Gobierno socialista,
ha permitido que la derecha desencadene esta ofensiva contra las
mujeres y su futuro y les causará nuevamente numerosos sufrimientos.
Los médicos que hoy están
en prisión ayudaron a las mujeres en los años anteriores
a la legalización a viajar a Londres y a Amsterdam, y después
practicaron gratuitamente muchos abortos a las mujeres que no podían
pagarlos. Hoy no ha habido ninguna respuesta por parte del Movimiento
Feminista a esta persecución que les ha afectado a ellos
en primer lugar, pero que sin duda avanzará contra todas
nosotras en breve, cumpliendo la profecía de Brecht, y entonces
no sabremos qué hacer. Si el Movimiento Feminista no responde
a esta nueva guerra de los reaccionarios y enemigos, demostrará
que el movimiento ha muerto, como algunas de nosotras hemos denunciado
desde hace tiempo. Éste será el tiempo más
oscuro del feminismo en nuestro país.
LIDIA FALCÓN abogada y escritora
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