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MUJERES |
(La Opinión, 22-12-2007)
 Estamos
ante una nueva cruzada. Una cruzada contra los derechos de las mujeres.
Si efectivamente las mujeres somos ciudadanas de pleno derecho,
igualmente libres que los hombres, ¿por qué la libertad
para tener hijos o no tenerlos está más amenazada
que hace unos años?
El
acoso sistemático al que están siendo sometidas las
mujeres que interrumpen libremente su embarazo afecta también
a las clínicas en las que se realiza esa interrupción
voluntaria, como prueban las recientes detenciones de personal sanitario
por practicar abortos “supuestamente” ilegales. Estos
hechos reflejan la insuficiencia de la legislación española
y la falta de seguridad jurídica de las mujeres (y del personal
sanitario que las atiende), en relación con el derecho a
decidir sobre su maternidad.
Han sido denunciadas varias
clínicas privadas en Madrid y Barcelona por presuntas irregularidades,
el personal de esos centros ha recibido amenazas de muerte y agresiones
en la calle, se han difundido mentiras y acusaciones sin pruebas
sobre horrores truculentos que hablan de gritos y llantos de bebés
asesinados, restos humanos en bolsas de basura, trituradoras que
deshacen los restos, en fin, todo un cúmulo de disparates,
que parecen sacados de una película de cine gore. Volvemos
a las experiencias que vivimos hace más de veinte años,
cuando las mujeres exigíamos el aborto libre y éramos
atacadas por la derecha franquista y ultracatólica. Los grupos
antiabortistas, que no aceptaban nuestra recién conquistada
autonomía, tenían la desfachatez de llamarse “provida”
y nos acusaban de promover el asesinato de los no nacidos, pero
lo que les pasara a los ya nacidos, como esos miles de niños
que mueren en el mundo diariamente, no les preocupaba lo más
mínimo. Aquellos grupos, agitados por la jerarquía
eclesiástica, aducían argumentos falsos, pretendían
imponernos sus creencias dogmáticas y denunciaban supuestos
horrores que, ¡qué casualidad!, son los mismos que
denuncia ahora, de manera histérica, la misma minoría
reaccionaria.
La actual Ley del aborto está
vigente en España desde 1985 y, a juzgar por lo que está
ocurriendo estos días, se ha quedado obsoleta, pues es bastante
más restrictiva que las de los países de nuestro entorno,
como Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, Portugal,
Grecia, Bulgaria, Eslovaquia, Estonia, Letonia, Lituania, Hungría
o la Republica Checa, que admiten el aborto libre (sin supuestos
legales) hasta las 12 semanas de gestación. Aquí no
se trata de reabrir “un debate sereno”, como dice el
presidente Zapatero, sobre un asunto en el que ya se llegó
a un acuerdo hace 22 años, sino de rechazar la pretensión
de la jerarquía católica de imponer su moral patriarcal
a las mujeres y a toda la ciudadanía.
En el caso de España,
la Ley fija tres supuestos para permitir el aborto: riesgo para
la salud de la embarazada, detección de grave tara física
y psíquica para el feto y embarazo derivado de una violación.
Como nos muestra la experiencia de otros países, es preferible
que la ley se limite a fijar el plazo dentro del que la interrupción
del embarazo es legal, sin exigir que la intervención se
adecue a supuesto alguno.
Después de todo lo ocurrido,
de las acusaciones atroces y la persecución a la que han
sido sometidas las clínicas afectadas, el personal de estos
centros y las mujeres que han abortado en ellos, era de esperar
que el gobierno diera una respuesta clara y que saliera, al menos,
a desdecir toda esta sarta de mentiras. Pero no, no han tenido valor.
No sólo no se han atrevido a valorar los hechos, sino que
un día dicen que hay que reformar la Ley y al día
siguiente se desdicen. El partido socialista ha renunciado a cumplir
una promesa electoral. Todavía resuenan en mis oídos
las palabras de los jóvenes a Zapatero en la noche electoral:
“No nos falles”. Lo más preocupante es que las
mujeres del partido socialista, para no mencionar a las del PP,
han permitido que una moción de IU, en la que se proponía
una Ley de plazos, fuera rechazada por abrumadora mayoría,
ni más ni menos que 21 votos a favor y 277 en contra.
El partido socialista está
preocupado por el desgaste que les ha supuesto el enfrentamiento
con la jerarquía católica por la asignatura de religión,
la Educación para la ciudadanía, la enseñanza
privado-concertada y el engañoso “derecho de los madres/padres
a decidir la educación de sus hijos”. El PSOE quiere
evitar una nueva confrontación con los católicos más
reaccionarios, que a pesar de ser una minoría, quieren volver
a dirigir nuestras vidas en nombre de un pretendido derecho natural.
Una vez más, hemos de
ser las organizaciones feministas, sindicales y ciudadanas las que
exijamos al partido socialista que cumpla su compromiso con los
derechos y libertades de toda la ciudadanía. Los últimos
hechos muestran claramente que la regulación del aborto necesita
de una mayor seguridad jurídica, no proporcionada por la
ley del 85. Necesitamos una ley más avanzada y eficaz, que
asegure a las mujeres el ejercicio libre, en la sanidad pública
y con todas las garantías sanitarias y jurídicas,
de su decisión voluntaria de interrumpir un embarazo. Además,
frente a la hipocresía y la doble moral de la derecha más
reaccionaria, hay que promover la educación afectivo-sexual,
que es un gran déficit de nuestro sistema educativo, para
prevenir embarazos no deseados entre las jóvenes. Por último,
hay que emprender campañas informativas y formativas dirigidas
a la prevención y que faciliten el acceso libre a la anticoncepción.
Y basta ya de cruzadas.
Alicia Poza Sebastián, miembro
de la Comisión 8 de Marzo,
del Foro Ciudadano de la Región de Murcia
y del Secretariado de STERM-La intersindical
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