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POLÍTICAS SOCIALES |
(El País, Opinión - 02-05-2006)
 Según
los últimos datos provistos por la Agencia Estadística
de la Unión Europea, España es, junto con Portugal,
el país que tiene el gasto público por habitante más
bajo de la UE-15 (la Unión con 15 miembros); esta situación
deficitaria se presenta en prácticamente todos los componentes
de tal gasto. El gasto público por habitante en temas sociales
(que incluyen los servicios públicos del Estado del bienestar,
como sanidad, educación, servicios sociales y vivienda social,
entre otros, así como las pensiones y otras transferencias
sociales) es, también, el más bajo de la UE-15. En
realidad, España se gasta mucho menos en su Estado del bienestar
de lo que le corresponde por el nivel de riqueza económica
que tiene. Nuestro PIB per cápita (que mide el grado de desarrollo
económico del país) es ya el 90% del PIB del promedio
de la UE-15 y, sin embargo, el gasto público social por habitante
es sólo el 62% del promedio de la UE-15. España debería
gastarse alrededor de 66.000 millones de euros anuales más
para alcanzar el gasto social per cápita que le corresponde
por su nivel de riqueza. Una situación semejante, por cierto,
ocurre en el capítulo de infraestructuras como carreteras,
ferrocarriles y otras comunicaciones.
Una de las causas más importantes de
esta pobreza del gasto público social es el enorme poder
que el 25-30% de renta superior de la población española
(que incluye los sectores sociales que solían llamarse la
burguesía, la pequeña burguesía y clases profesionales
de renta alta) ha tenido históricamente y continúa
teniendo en la cultura mediática y política del país
y en los aparatos económicos del Estado (ver Navarro V. El
subdesarrollo social de España. Causas y consecuencias. 2006).
La enorme influencia que este grupo social tiene sobre el Estado
y sobre los medios de información y persuasión, y
su resistencia a pagar impuestos es lo que explica el bajo gasto
público. La baja presión fiscal de España,
la más baja de la UE-15, 34,8% del PIB, comparado con un
41% en el promedio de la UE-15, se debe, en gran parte, a que la
contribución al erario público de este sector pudiente
de la población es también de los más bajos
de la UE-15, mucho menor que la de sus homólogos. Este sector
pudiente de la población no es consciente de este déficit
de gasto público social, pues no lo sufre en carne propia:
lleva a sus hijos a las escuelas privadas (gestionadas en su mayoría
por la Iglesia, que reciben los subsidios públicos más
altos de la UE-15) y va a la sanidad privada (o bien reciben trato
preferencial en la pública) cuando cae enfermo. Mientras
tanto, informe tras informe de la OCDE y de la UE que analizan la
situación de los distintos componentes del Estado del bienestar
de sus países miembros señalan el gran retraso social
de España, retraso que se debe, en gran parte, a la citada
pobreza de recursos en sus servicios públicos.
Otro indicador del enorme poder de clase de
tales sectores (al cual hay que añadir el poder de género,
que determina que dentro de la pobreza del gasto público
social el más bajo sea precisamente el que se gasta en los
servicios públicos como escuelas de infancia y servicios
de dependencia, que benefician particularmente a las mujeres) es
la creencia liberal de que hay que bajar los impuestos; creencia
reproducida incluso en sectores liberales de las izquierdas, incluidos
algunos economistas del Gobierno socialista español, uno
de los cuales, a raíz de una reflexión sobre el futuro
del socialismo cuestionó recientemente "si hoy alguien
puede defender a estas alturas del siglo que un programa socialdemócrata
debe estar a favor de más impuestos y más gasto público".
Este dogma liberal va acompañado de otro
que señala la necesidad no sólo de equilibrar las
cuentas del Estado, sino incluso de alcanzar un superávit
en tales cuentas. Consecuencia de esta creencia, estamos viendo
hoy en España (el país de la UE-15 que tiene un gasto
público más bajo) un superávit mayor (un 1,1%
del PIB) que el que cualquier Gobierno tenga en dicha Unión;
lo cual se justifica refiriéndose a la experiencia de las
socialdemocracias escandinavas (y, muy en particular, de la sueca)
que tradicionalmente han tenido superávit en sus presupuestos
estatales, olvidándose, sin embargo, que tales países
tienen el gasto público (53,3% del PIB) y la presión
fiscal más elevados de la UE-15 (47,5% del PIB). Tener un
superávit en el presupuesto del Estado y, a la vez, bajar
los impuestos es condenar a España a estar a la cola de Europa,
pues el enorme déficit de gasto público social no
puede resolverse sólo a base del elevado crecimiento económico.
En realidad, ha sido el elevado gasto público de los países
escandinavos de tradición socialdemócrata lo que les
ha permitido un extenso Estado de bienestar (que ha ofrecido seguridad
a la población, incluyendo la laboral) y unas potentes infraestructuras
que han facilitado su respuesta a los retos de la globalización
(estos países son los más globalizados de la UE-15),
siendo los países más competitivos de esa Unión.
La escasa calidad del crecimiento económico español
(con escaso valor añadido) y la elevada inseguridad en su
mercado de trabajo derivan precisamente de la pobreza de su gasto
público. Esta pobreza de gasto público, por cierto,
está también contribuyendo a las enormes tensiones
interterritoriales en España. Es sorprendente que barones
en todos los partidos políticos, que sacan pecho en defensa
de su territorio, hayan guardado durante todos estos años
un silencio ensordecedor sobre el enorme déficit de gasto
público existente en toda España, déficit que
es mucho mayor que la suma de todos los déficit fiscales
territoriales existentes en nuestro país. Y ninguno de ellos
ha levantado la voz pidiendo un aumento de los impuestos.
En Cataluña, al enorme déficit
de gasto público se le han sumado en esta Comunidad Autónoma
unas políticas de clase llevadas a cabo con gran dureza por
el Gobierno de derechas anterior, resultado de las cuales, la escuela
privada (en su mayoría religiosa, que recibe el subsidio
más elevado de España) ha estado ofreciendo 1.050
horas más al año que la escuela pública; con
lo cual los graduados de la privada (pertenecientes a los sectores
más pudientes de la sociedad catalana), al terminar la escuela,
han ido nada menos que un año más que los graduados
de la escuela pública (pertenecientes en su gran mayoría
a las clases populares). Estamos viendo ahora una gran movilización
de clase (que incluye el mundo financiero, empresarial y mediático)
para que el Gobierno socialista español cambie de alianzas,
reproduciendo la alianza del periodo 1993-1996 (PSOE-CiU), cuando,
bajo la dirección del mismo equipo que dirige hoy las políticas
económicas del Gobierno español, se redujo el gasto
público social por habitante, iniciándose una política
de austeridad social que fue continuada por la alianza PP-CiU que
le siguió.
Tal sensibilidad liberal -reflejada también
en los nombramientos económicos hechos o propuestos por parte
del Gobierno, incluyendo el de consejeros del Banco de España-
está dificultando todavía más la realización
de la promesa realizada en el programa del PSOE de converger con
el gasto público social por habitante del promedio de la
UE-15.
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Vicenç Navarro es catedrático
de Políticas Públicas en la Universitat Pompeu Fabra
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