 |
POLÍTICAS SOCIALES |
(La Verdad 13-11-2008)
ATodo
un alcalde declara a los medios el pasado 28 de octubre (Cadena
Ser), y en referencia al “conflicto” vivido en el barrio
de Los Rosales (Murcia), que “desde que hay inmigrantes y
tal….el barrio se ha echado a perder”. Una afirmación
que procede a imagen y semejanza de los calamares, que cuando se
ven amenazados, sueltan su negra tinta para escabullirse de los
que le acechan. La tinta del calamar proyecta repugnancia: “inmigrantes
y tal...”; “echado a perder”. Así es como
funcionan determinadas emociones –la vergüenza y la repugnancia
por la imperfección humana- en la vida pública. Los
Rosales es uno de esos infiernos sociales donde se acumula el desinterés
de unos poderes públicos que condenan a ese barrio y a otros
similares, a través de dos recurrentes “marcas”
para la fabricación de alarma social: “la inseguridad
ciudadana” y “la inmigración”. Así
escuchábamos al mismo responsable público afirmar
el 29 de octubre que el problema de Los Rosales “es un problema
de seguridad”, y por tanto, “debe ser resuelto con policía”.
Parece ser que la cantinela se repite allá donde haya un
barrio vapuleado e invisibilizado: nadie se acordará de tales
barrios hasta que suceda algún acto delictivo grave, una
catástrofe natural, o caiga sobre el mismo las garras de
alguna empresa constructora que “desea” los terrenos
donde está ubicado. Pero estos barrios están ahí
desde hace mucho (en su mayoría barrios de viviendas sociales
construidos por el franquismo), y casi todas las personas que los
habitan sufren históricamente “la inconstancia de las
condiciones de abastecimiento” (en palabras del sociólogo
U. Beck), inviabilizando las bases materiales para un vida digna.
Estos barrios, más allá de las categorías populares
que los suelen representar como “barrios marginales”,
“barrios de gitanos”, “guetos de inmigrantes”,
“ciudades sin ley”, etc., están compuestos sociológicamente
por familias trabajadoras, que siguiendo a U. Beck, forman esa “minoría
cada vez menos minoritaria que vive en la zona gris de la infraocupación,
de la ocupación intermedia y del desempleo duradero gracias
a los recursos públicos (cada vez más mermados y menos
cuantiosos) o al trabajo informal o directamente sumergido. Sin
embargo, y frente a la creencia de que allí solamente habitan
infrahumanos, son espacios de vida de trabajadores caracterizados
por una intensa vivencia de la precariedad laboral y existencial,
en los cuales el esfuerzo de los educadores y trabajadores sociales
se diluye en un mar de problemáticas individuales y familiares
imposible de abordar. Las personas que los habitan cargan con todo
el peso de sus problemas y con los que se derivan del contexto donde
viven, el cual empapa continuamente su cotidianidad.
Estos barrios han sido diseñados y localizados para que pasen
inadvertidos (aunque muchos han sido engullidos por el crecimiento
urbanístico de las ciudades), y sobre todo, han sufrido procesos
de estigmatización reforzados por la mayoría de agentes
sociales que se acercan a ellos, desacreditando así a sus
ciudadanos. Además, esta estigmatización que dificulta
la vida “normalizada”, se redobla para las personas
que sufren de facto la discriminación diaria por su origen
o procedencia.
Las administraciones públicas sólo se acuerdan de
estos barrios cuando los problemas que los acucian pueden poner
en riesgo la vida de muchas personas, y la imagen del gobierno local
que los dejó a su suerte (por ejemplo, las casas del barrio
de San José en Alcantarilla estaban años en ruinas,
y no fue hasta que las quejas de algunas familias denunciaron la
situación, y los técnicos de la administración
local declararon que padecían riesgo de derrumbe, cuando
las autoridades aceleraron el proceso de realojo en nuevas viviendas,
eso sí, tan segregadas y más encerradas en ellas mismas
y ocultas al exterior que las anteriores); o cuando “afean”
la imagen de la ciudad que crece a su alrededor (véase el
caso de Los Casones de La Ñora, ya realojados sus habitantes
en unas casas incrustadas en un montículo arenoso, rozando
la autovía A 7, a unos metros del cementerio y lejos de ciudad);
o el conocido caso del popular barrio de La Paz en la ciudad de
Murcia, olvidado por la administración pública desde
su construcción, y al que su privilegiada localización
en el centro urbano lo ha hecho convertirse en suculento bocado
del interés especulador; así en otros tantos lugares
estigmatizados de Cartagena, Lorca, Águilas, Jumilla, San
Javier, etc, además de policía en momentos de conflicto,
necesitan una políticas públicas que faciliten la
convivencia y dignifiquen la vida, y no discursos incendiarios que
refuercen la construcción de fronteras interétnicas
en estos barrios.
Los que hablan la gramática de la “inseguridad ciudadana”
apenas pueden ocultar la forma en que proyectan sobre estos barrios
todo un principio de repugnancia. Y lo diremos con una filósofa
a la que admiramos: “Si la repugnancia es problemática
en principio, tenemos tantos más motivos para desconfiar
de ella cuando observamos que a lo largo de la historia ha sido
utilizada como un arma poderosa en los esfuerzos sociales realizados
para excluir ciertos grupos y personas” (Martha C. Nussbaum).
No es una cuestión (solamente) de “seguridad”
la que se dirime en estos barrios. Sus gentes saben muy bien qué
significa vivir excluidos del amparo de las protecciones públicas,
sin que siquiera nadie vaya a hablar de ellos cuando hayan muerto.
Miguel Ángel Alzamora y Andrés
Pedreño, son sociólogos y miembros del Foro Ciudadano
de la Región de Murcia
|
