 |
POLÍTICAS SOCIALES |
(EL
PAÍS - Opinión - 12-11-2005)
 Los
violentos sucesos ocurridos durante las últimas semanas en
Francia no son producto de la ciega locura de unos cuantos gamberros
perdidos y decididos a quemar su vida por completo. Tampoco son
el resultado de una conspiración partidista: no hay una organización,
ni una religión, ni una ideología detrás de
estas ciudades en llamas. Sólo hay una cólera espontánea.
Sólo hay desesperación convertida en violencia callejera.
Lo que está sucediendo hoy era previsible. Es el fruto envenenado
producto de 30 años de abandono social y de los tres últimos
años de provocaciones demagógicas contra la población
de los barrios periféricos. No tiene que ver con la inmigración,
las diferencias religiosas ni la delincuencia. Se trata de fisuras
en la cohesión de Francia, un modelo de integración
cultural dañado, los fracasos en cadena de la República.
Ningún partido tiene más responsabilidad concreta
que otro: la derecha y la izquierda, la izquierda y la derecha,
comparten con la misma irresponsabilidad la responsabilidad del
desastre. Ni una ni otra tienen de qué presumir.
En estos tres años, la situación se ha degradado de
forma considerable: un ministro ha manipulado peligrosamente la
dinamita de las barriadas. A los 30 años de abandono se ha
añadido el insulto. "Limpiar con Kärcher",
meter en cintura a la "chusma", son palabras que se prestan
demasiado a la generalización. Como era de prever, le han
estallado en las narices. Porque ante él había unos
jóvenes que ya no tenían nada que perder.
Todavía no es posible medir las consecuencias de esta explosión.
Pero se puede afirmar ya, sin miedo a equivocarse, que se trata
de una revuelta de pobres, de una Jacquerie [revuelta campesina
medieval] de los tiempos modernos. El país ha quedado profundamente
herido. Ha descubierto, en medio de las llamas, el mal que le corroe
desde hace décadas: la etnicización de las relaciones
sociales, el racismo que machaca a generaciones enteras, la exclusión
que refuerza el odio, la marginación social que prepara el
terreno para las batallas de mañana. No queremos reconocerlo,
pero la verdad está ahí: Francia, la República
"igualitaria", se miente a sí misma. ¿Fingimos
descubrir ahora la cesura? Lo cierto es que hace ya 10 años
que se encienden las llamas en aquellos espacios en los que el Estado
se limita únicamente a su función represiva. No hay
nación cuando la nación se niega a sus hijos. No existen
deberes cuando los derechos son puramente retóricos.
En los años ochenta se empezó a equiparar la inmigración
con una maldición social. Hicimos de los hijos franceses
de esa inmigración un desafío para la identidad. Transformamos
la marginación urbana, profesional y cultural, que reviste
a padres e hijos del mismo oprobio, en una culpabilidad social.
Y, como es natural, los gobernantes son maestros consumados en el
arte de la chulería política. Para ellos, la integración
social de ese sector excluido del pueblo francés se reducía
a consignas tan estúpidas como insultantes: hay que dar "visibilidad"
a los jóvenes de "segunda generación", decían:
puestos de baja categoría en las administraciones, medallas
aquí y allá, programas de televisión políticamente
correctos, "prefectos musulmanes", semi-ministros; en
resumen, una zidanización engañosa que ocultaba la
auténtica catástrofe social. Convertimos la integración
en un deber simbólico.
Y acabamos por manipular el símbolo despreciando la integración.
Porque el gran ejército de los olvidados, de los don nadies
de los barrios periféricos, no se siente involucrado. Nunca
se sintió involucrado, en el fondo. La izquierda había
establecido el "empleo juvenil", que se derritió
como la nieve cuando el poder cambió de manos. Lo curioso,
en realidad, es que esas nuevas "clases peligrosas" situadas
en el interior de nuestras sociedades ricas hayan tenido tanta paciencia
ante la humillación que se les ha impuesto. Pero todo tiene
un límite. Y lo peor ha ocurrido.
En los cenáculos políticos se preguntan ya quién
se beneficiará de este estallido. Beneficiarse electoralmente,
se entiende. La extrema derecha se frota las manos, Nicolas Sarkozy
saca pecho, y todos los De Villiers de la derecha, con la vara de
medir de su demagogia, se disponen a utilizar la carga subversiva
del miedo de esta violencia para engrosar sus filas. El Gobierno,
por su parte, busca medios de represión legal. Para apagar
el incendio ha rehabilitado una ley de 1955, fabricada en un momento
en el que los "departamentos" argelinos vacilaban. ¿Será
que, en la propia Francia, tenemos a parte de la población
colonizada, con la misma falta de legalidad? Y el dispositivo se
endurece: el ministro de Justicia fomenta la colocación de
los jóvenes en centros educativos cerrados, el del Interior
ordena a los prefectos que expulsen inmediatamente a los "extranjeros
causantes de problemas", tanto si están en situación
irregular como si no. El primer ministro, Dominique de Villepin,
hace un llamamiento al orden y la justicia. Está claro lo
del orden. ¿Pero la justicia? ¿Se trata sólo
de detener, condenar, expulsar? Sería un grave error reaccionar
sólo de esta forma, porque justificaría las provocaciones
que han desembocado en el estallido de cólera. El Gobierno
es consciente de ello: anuncia un desfile de medidas destinadas
a favorecer el empleo y la inserción social en los barrios
desfavorecidos (convocatoria de todos los jóvenes en paro
a la ANPE [Oficina Nacional de Empleo] para una "entrevista
detallada"; creación de nuevas zonas francas urbanas;
primas de regreso al empleo para los beneficiarios de las prestaciones
mínimas sociales; contratos de acompañamiento para
desarrollar los puestos de proximidad); promete aumentar los medios
económicos de la oficina de renovación urbana en un
25%, mejorar las redes de sanidad pública, asignar 100 millones
más de euros a las asociaciones el próximo año,
etcétera.
Todo eso es loable. Sin embargo, es inevitable temer el "efecto
de anuncio" y preguntarse por los medios concretos para poner
en práctica estas medidas. En materia de educación,
la principal propuesta del Gobierno consiste en reducir la edad
de inicio de la formación profesional a los 14 años
(en lugar de los 16 años actuales) para los alumnos en situación
de fracaso escolar. Uno se queda pasmado ante esta medida totalmente
aberrante y retrógrada, que sólo servirá para
acentuar el abandono social y la condición precaria de esos
jóvenes, al privarles definitivamente de cualquier perspectiva
de movilidad social. ¿Es así como monsieur De Villepin
pretende garantizar "la igualdad de oportunidades para todos
los franceses"?Lo que hace falta es atacar la raíz de
los problemas. Lo primero, que todos puedan acceder a la ciudadanía.
Para ello es precisa una firme estrategia de integración
a través de la educación, el empleo y la diversificación
urbana. Tarea difícil, porque los vectores de integración
están paralizados: el Estado ha capitulado ante los poderes
económicos que desprecian el aspecto social, y la privatización
generalizada fomenta la guerra de todos contra todos y atiza todos
los odios de identidad; los movimientos asociativos, que han sustituido
sobre el terreno a los partidos políticos, no sirven más
que para paliar los efectos, aplazar la furia y buscar soluciones
provisionales para unas vidas que no controlan su propio destino.
Pero el Estado tiene que recuperar las riendas. No sólo tiene
que restablecer su autoridad en todo el territorio, sino también
asumir sus obligaciones en materia de cohesión colectiva.
Hay que acabar con tantas promesas incumplidas, tantas mentiras,
tantos errores acumulados. En Francia no puede haber Nación,
no puede haber República, si no hay un Estado que aglutine
todo el conjunto al servicio de una solidaridad común y ciudadana.
Y hace falta explicar, para combatir el racismo, que la identidad
común es consecuencia del carácter multiétnico
de la República, no su opuesto. Estamos ante el final de
una época. Las cosas no volverán a ser como antes.
El pueblo francés, como de costumbre, está adquiriendo
conciencia de sí mismo a través de sus crisis. ¿Comprenderán
esta situación las mentes que nos gobiernan? Hay que confiar
en que sí, por el bien de todos; si no, como decía
en los años sesenta el escritor James Baldwin a propósito
de las discriminaciones en Estados Unidos, "la próxima
vez, el fuego".
Sami Naïr. Filósofo y sociólogo francés,
es profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de París
VIII y de la Universidad Carlos III de Getafe (Madrid). Dirigió
con Simone de Beauvoir, la revista Les Temps Modernes en los años
70-80. Fue nombrado por el primer ministro francés, Lionel
Jospin, delegado interministerial para el Codesarrollo y las Migraciones
Internacionales. Varios de sus libros más renombrados han
sido traducidos al español, entre ellos: Mediterráneo
hoy, entre el diálogo y el rechazo, En el nombre de Dios,
Las heridas abiertas, El peaje de la vida, La inmigración
explicada a mi hija, en colaboración con Juan Goytisolo y
Una historia que no acaba.
Traducción de María Luisa
Rodríguez Tapia.
|
