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CULTURA

LA DOMINACIÓN CULTURAL
Patricio Hernández Pérez
Presidente del Foro Ciudadano de la Región de Murcia

Un enunciado tan genérico como el que se nos propone permite múltiples vías para su abordaje. Se trata de dos viejas conocidas que han mantenido una larga y cambiante relación histórica, a la que no ha faltado una tercera en discordia, la economía, que termina siempre por aparecer aunque no esté invitada. Entonces, ¿cómo se expresa hoy esta relación?

Empecemos por señalar que el rasgo más destacado de la política contemporánea en los tiempos de la globalización sería, como señaló Castoriadis, su creciente insignificancia, la impotencia de unos políticos cuyo único programa consiste en permanecer en el poder, mientras que “el verdadero poder siempre permanecerá a una distancia segura de la política” (Z. Bauman). Habría un abismo cada vez mayor entre los límites exteriores del control político institucionalizado y el espacio en que se deciden las cuestiones más relevantes para la vida humana.

Sin embargo en el terreno de la cultura, la dualidad de valor de uso y valor de cambio de los bienes y productos culturales, de la coexistencia, al lado de una cada vez más importante dimensión económica, de otra que tiene que ver con lo simbólico ( con la experiencia, el sentido, la identidad, etc.), junto con el reconocimiento de un derecho a la cultura en casi todos los ordenamientos jurídicos, permite que la intervención pública conserve un papel significativo, que la política por tanto, aunque limitada en sus márgenes de acción, no pueda ser desalojada por la hegemonía incontestable de la economía, que podamos seguir hablando, en consecuencia, de políticas culturales.

El año próximo se celebrará el cincuentenario de la creación del primer Ministerio de Cultura tal y como luego los hemos conocido. Me refiero naturalmente al francés Ministerio de Asuntos Culturales, un ministerio sin precedentes creado en 1959 a la medida de su célebre titular, el escritor André Malraux, por su amigo De Gaulle, y que supone un auténtico hito en el proceso de institucionalización de la política cultural en el plano nacional, en el que adquirió por vez primera una misión específica y una coherencia de fondo.

Quizá sea esa una buena ocasión para reflexionar sobre la evolución de las políticas públicas de la cultura que entonces se crearon y que han tenido mucha influencia en distintos países, entre los que se encuentra España. Nuestro país, durante el periodo democrático, ha seguido, con sus propias particularidades, el modelo francés de gestión e institucionalización de la cultura, quizás el más ambicioso de todos los modelos ensayados.

En una primera aproximación a esos resultados nos encontramos con que, a pesar de las ingentes cantidades de dinero público invertido desde la época de Malraux para democratizar “el acceso a las obras del espíritu”, parecen ser siempre los mismos privilegiados los que se benefician, lo que ha provocado que en ocasiones aparezca la política cultural como una de las intervenciones públicas más regresivas fiscalmente (todos financiando a los más pudientes). “En cincuenta años de existencia-dirá de la política cultural el crítico liberal Marc Fumaroli-no ha modificado de forma significativa la proporción de franceses que leen, que frecuentan el teatro o la sala de conciertos, a pesar de haber trabajado arduamente por multiplicar la oferta pública que se les hace”.

Como liberal, Fumaroli se sujeta a una de las más clásicas disyuntivas- la de cultura/educación- proponiendo abandonar la política cultural tal y como se practica para dejar solo bajo responsabilidad pública las tradicionales instituciones de la memoria (archivos, bibliotecas, patrimonio) y las escuelas de formación artística, y vincular estrechamente esta acción con el Ministerio de Educación, el único capaz de formar un público que no alimente su ocio con un consumo pasivo y con la televisión.

Sin que podamos desmentirle en términos absolutos –la democratización de la cultura no ha conseguido sus objetivos- en realidad el análisis de los datos de los múltiples estudios sobre consumo cultural, públicos y audiencias deja entrever un movimiento de intensificación y diversificación en los países occidentales, con un incremento de las prácticas artísticas amateur y una renovación de las prácticas culturales entre las jóvenes generaciones. Aunque la mirada sociológica también desvela una ruptura con las tradiciones culturales clásicas y, sobre todo, el mantenimiento y afianzamiento de las desigualdades, mostrando la persistencia de un campo cultural fuertemente estratificado, según indicadores como nivel de renta, capital escolar, etc. Indicadores que también incluyen estereotipos muy resistentes como los derivados de la desigualdad de género.

Las políticas igualitarias de los Estados del Bienestar, que produjeron notables logros en campos como la salud o el empleo en los años 60 y 70, no habrían alcanzado de la misma forma al campo cultural, con la participación y distribución igualitaria del capital cultural.

En concreto, Francia muestra una gran vitalidad asociativa vinculada a la cultura, y unos porcentajes de prácticas culturales envidiables, a pesar de que en los últimos años, sobre todo bajo los gobiernos conservadores, se ha recortado el esfuerzo público en materia cultural.

La evolución de la política cultural francesa desde su moderna institucionalización resulta de gran interés también por cuanto marca un proceso de grandes tendencias que sirve para otros países. En un rápido resumen de cosas que son bien sabidas, podemos decir que se han sucedido distintos paradigmas de acción que, sin embargo, son más acumulativos que alternativos, en un ciclo completo que se ha interpretado (L´ínvention de la politique cultural, Ph. Urfalino, 1996) como un proceso de desestructuración progresiva. Por lo demás, este patrón de evolución habría sido prácticamente universal.

Siguiendo a Rodríguez Morató, el primero de estos paradigmas sería el de la democratización de la cultura, que uniría el propósito de la Educación popular de abrir el acceso de todos los franceses a la “cultura superior”, a la idea de que: “el choque estético, sin mediación, sin pedagogía, se suponía capaz de comunicar a todos, fuese cual fuese su condición social, la universalidad de las experiencias de la humanidad”. Las políticas fundadas sobre estos presupuestos constituyeron, hasta comienzos de los 70, la fase de mayor éxito por su afinidad al sistema institucional francés.

A ésta seguiría la filosofía del desarrollo cultural, que parte de la constatación de una separación entre creadores y población, lo que convertía en misión del Estado apoyar la “cultura plural” tanto de creadores profesionales como de los distintos grupos sociales, bajo la idea de la democracia cultural. Esta concepción alcanzaría su mayor desarrollo en países de tradición socialdemócrata como Alemania y Suecia.

Finalmente seguiría el deslizamiento de la política cultural hacia la legitimación economicista, acompañada de una apertura a nuevos enfoques, ya bajo el “vitalismo cultural” del socialista Jack Lang, una deriva que en los noventa habría afectado a los sistemas políticos más diversos, aunque con amplio desarrollo en los países anglosajones.

Algunos autores creen que podríamos estar ante la emergencia de un nuevo paradigma cuyos rasgos serían la mayor ampliación del campo de intervención, que incluiría todo tipo de expresiones y prácticas artísticas, de actores (asociaciones, empresas comerciales, fundaciones), y de objetivos (artísticos, educativos, económicos, sociales e identitarios; modelo que estaría más atento a dinámicas culturales globales; y que seguiría un modo proactivo y estratégico de actuación, con mecanismos muy diversificados de intervención (fiscales y financieros, de política comercial, tecnológica o de competencia, además de la regulación de derechos, ayudas directas, etc.).

Con todo, la política cultural debe ser repensada, sin renunciar a su viejo propósito de democratización de la cultura, que hoy aparece como una de las que Bobbio llamó “promesas incumplidas” de la democracia. Y hacerlo sin caer en idealismos, sabiendo que, como señala Chantal Mouffe para su proyecto de democracia radical y plural, esta revolución democrática es un proceso interminable que reconoce la imposibilidad de su completa realización, pero también la única vía de restaurar la dignidad a lo político.

Para repensar las políticas culturales deberemos tener en cuenta los profundos cambios que afectan a la esfera de la cultura y a sus relaciones con el poder político.

El primero de estos cambios es, en efecto, la tendencia a la expansión de la esfera cultural mucho más allá de sus límites clásicos con la incorporación de nuevas actividades y expresiones, y con una reconocida mayor centralidad para la política, la sociedad y la economía. La cultura jugaría así un creciente papel como sector económico- las famosas industrias culturales-pero también se configuraría como un instrumento decisivo para la cohesión social, para la cooperación internacional, o para la legitimación política. Ahora hablamos de sociedad del conocimiento e incluso de sociedad de la cultura, pues en efecto es la vida social en su conjunto la que pivota en gran medida sobre la dinámica cultural.

Algunos críticos han advertido ya contra esta concepción de la cultura a la que consideran como una nueva ideología, según la cual todo es cultural, y que hace de la cultura un modo organizador general de la vida en común que funciona como un poderoso aparato de ocultación, dominación y masificación. Hace unos meses nos informaba Félix de Azúa en un artículo de prensa (“Cultos hasta la náusea”, El País, 11/05/08) de la reciente aparición en Francia de un libro, Le gran dégoùt culturel, (algo así como el gran asco cultural o la repugnante cultura) del filósofo Alain Brossat, que ha levantado una fuerte polémica defendiendo provocadoramente estas tesis.

Parte Brossat de cuestionar uno de los principios incontestables de la política francesa, como es precisamente el de la democratización de la cultura. Para él algunos de los enunciados estratégicos de la cultura como “defendamos la cultura en peligro” o “la cultura no es una mercancía” no quieren decir nada. La cultura sería ahora un nuevo régimen de gobierno de los vivos (siguiendo la expresión de Foucault). Este gobierno á la culture utilizaría los rituales de una nueva religión civil, las misas conmemorativas alrededor de una secuencia del pasado, los ritos de las grandes exposiciones en torno a los más famosos pintores o las grandes fiestas de masas (como las francesas de la música o el patrimonio), los nuevos templos del culto a la Cultura, etc. Siempre bajo una lógica consensual, sin espacio para las tensiones, sin grandes controversias, todo el mundo invitado a ir en el mismo sentido, pues allí donde la política divide, la cultura une. Estaríamos ante una especie de pan-culturalismo, una hipertrofia de lo cultural que encubre una atrofia de lo social y una sustitución de lo político.

Si hasta los años 80, nos dirá, se podía esperar todavía una politización de las cuestiones culturales; esto es, una cultura que enfrentaba retos y compromisos. Hoy, esta cultura que está por todas partes –seríamos una sociedad obesa de cultura- ha perdido sin embargo todo su potencial político, ya no sería como en el pasado -los ideales heredados de la Ilustración- un dominio de distinciones particulares, asociado a la inteligencia, la emancipación o la capacidad crítica. “En el gran supermercado donde todo el mundo encuentra lo que busca, la cultura se ha convertido en un gobierno que calma con dispositivos desactivantes la política”, lo que Sloterdijk llamaría un “dispositivo de apaciguamiento”.

Al precio de su profunda despolitización, la cultura actuaría como la argamasa que tiende a llenar las brechas que se abren por la pérdida de capacidad estructurante de la política, el trabajo o la familia, y éste sería justamente su nuevo papel político.

Estas mismas ideas son las que Amador Fernández Savater expuso en su artículo “El nuevo régimen cultural” (diario Público, 13/09/08) coincidiendo con la última Noche en Blanco madrileña, otra importación francesa. Este nuevo régimen cultural se correspondería al nuevo capitalismo del espíritu, que antes que productos lo que vende son “experiencias, estilos de vida, ambientes o afectos”. El paradójico objetivo de propuestas como esta es que no pase nada.

Se trataría –dice el autor- de una lógica de productivismo vacío (“producir por producir”) que devora todos los contenidos bajo unos mismos criterios: “precariedad; estandarización expresiva (la visibilidad mediática y la audiencia como criterios exclusivos); lógica de proyectos (acotados, cronometrados, previstos de principio a fin); privatización de los saberes (copyright…); definición estricta y jerarquizada de los roles, etc.”. Detrás de todo esto estarían los trabajadores de la cultura moviéndose entre el cinismo (la sensación de que “nada es verdad”, de que el escaparate cultural esta hueco) y el malestar.

A este respecto y por el papel decisivo asignado a la cultura, es interesante también todo el debate suscitado alrededor del modelo y la marca Barcelona, desatado sobre todo a partir de la celebración del Forum de las Culturas (2004).

El prestigiado concepto del “modelo Barcelona” se refiere a la estrategia de regeneración urbana y a los profundos cambios socioeconómicos y urbanísticos, con intenso acento culturalista, experimentados por la capital catalana desde mediados de los 70, y que ahora empieza a mostrar signos de resquebrajamiento, coincidiendo con la fuerte mercantilización del modelo como “marca BNC”.

Este proceso hay que enmarcarlo en otro más general de la economía globalizada, tercerizada y culturizada, que alcanza a muchas ciudades que compiten por el mercado turístico y la atracción de inversiones, y que ha dado lugar a que se hable de festivalización de las ciudades, parquetematización, ciudad-evento o de la economía de la experiencia.

El branding o internacionalización de marcas culturales es un fenómeno que está encontrando un amplio desarrollo que alcanza lo mismo a los museos (del Guggenheim de Bilbao a la próxima filial del Louvre en Abu Dabi), los festivales literarios como el Hay Festival, o incluso grandes espectáculos de música (como Rock in Rio); pero también, con sus matizaciones, a las capitalidades culturales europeas, las capitalidades mundiales del libro, la inclusión en las listas del Patrimonio Mundial de la Humanidad de la UNESCO, etc., donde los objetivos culturales intrínsecos al desarrollo de la actividad cultural, sin desaparecer, han cedido protagonismo a los extrínsecos (la cultura al servicio del desarrollo económico o social), y la cultura se ha rendido a las presiones mediatizadoras y a una espectacularización como nunca habíamos conocido, en la que no faltan rasgos de neocolonialismo cultural.

En el plano turístico, el éxito el modelo es indiscutible: desde 1990 Barcelona ha cuadruplicado el número de turistas que la visitan, ostentando el record europeo de mayor crecimiento, de forma que el turismo representaba ya en 2003 el 14% del PIB de la ciudad. El destino de Barcelona parece vinculado definitivamente al turismo (J. Subirats) pero, como se pregunta Manuel Cruz en la revista municipal Metrópolis, “¿Era eso lo que queríamos?”.

En un primer momento Barcelona supo aprovechar sus recursos y muchas ideas que funcionaron con éxito durante 15 años. Con un gran uso de capital simbólico que generó un alto consenso social, logró un elevado grado de incorporación de los operadores privados a los objetivos públicos. Después de los Juegos Olímpicos del 92, el modelo vive ya de sus rentas de prestigio, y sucumbe paulatinamente a las servidumbres de la competitividad global entre ciudades. Es entonces cuando llega la hegemonía de la marca BNC. En ese momento afloran las consecuencias perversas del modelo: la opacidad, la ausencia de mecanismos democráticos de control, el fracaso de la política de vivienda y la expulsión de muchos de sus ciudadanos por motivos especulativos, etc. Mientras, la ciudadanía parece haber empezado a transitar por el ciclo descrito por los especialistas: “euforia, apatía, irritación y antagonismo”.

El modelo se agota por las imposiciones de una marca que ya no responde más que a un verdadero marketing urbano, a una estrategia de promoción y venta con mucha impostación identitaria. Lo que culmina, como señala Manuel Delgado, “en un divorcio cada vez más radical entre la ciudad representada y la ciudad vivida”; en ciudades convertidas en decorados espectaculares para rodar películas, con los ciudadanos sometidos a un verdadero proceso de desposesión de la ciudad; y la cultura convertida en una mera instancia productiva que inunda de fetiches-símbolos, imágenes, eslóganes y mitos- el espacio público.

De nuevo la política ya no aparece como expresión de los conflictos de poder inherentes a toda relación social, sino como instrumento de gestión estratégica de la marca, destinado precisamente a neutralizar aquel conflicto.

El geógrafo marxista David Harvey ha señalado la contradicción irresuelta del capitalismo entre la tendencia a la homogeneidad, por razón de economías de escala y control de los procesos productivos y simbólicos ,y la búsqueda de particularidades diferenciales del territorio que producen rentas monopólicas esenciales para la reproducción del capital, lo que puede conducir a que se acabe tolerando heterogeneidades y particularismos locales, que ha llamado “espacios de esperanza”.

Tal vez sea ésta una buena metáfora para ir terminando. A falta de una alternativa completa a este estado de cosas, enormemente complejo y condicionado por procesos globales que reducen los márgenes de acción, cabría buscar “espacios de esperanza” que la política cultural todavía puede ofrecer en forma de utopías concretas, localizadas, ya que lo local es el espacio privilegiado para la acción cultural. Lo cual no implica que haya que renunciar a cambiar procesos en otros niveles como el regional, que también dispone de instrumentos de intervención propios.

Personalmente me inclino por abrir espacios de diálogo y negociación –prácticamente inéditos entre nosotros- donde tengan cabida políticos, técnicos y ciudadanos, abandonando la tentación del decisionismo activista que con frecuencia practican las instituciones, o la prepotencia condescendiente con que tratan a muchos ciudadanos que terminan por perder su confianza en ellas, para dar paso a nuevos modelos participativos y de corresponsabilización que permitan ir reforzando el protagonismo de la sociedad civil, que necesita urgentemente robustecerse.

En momentos de crisis son las sociedades que cuentan con mayor solidez y tradición asociativa las que disponen de mayor capital social, y las que mejor resuelven sus problemas. Porque, como ha dicho Joan Subirats, una democracia es más potente, contra lo que comúnmente se cree, no cuando más consenso tiene, sino cuanto más conflicto y más disidencia es capaz de contener y de reconducir a un marco de convivencia.

(ponencia presentada en la mesa "Política y Cultura", dentro de las Jornadas de MURCIAESCENA.
Murcia, 4 de noviembre de 2008)

 

 
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