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CULTURA |
Patricio Hernández Pérez
Presidente del Foro Ciudadano de la Región de Murcia
Un
enunciado tan genérico como el que se nos propone permite
múltiples vías para su abordaje. Se trata de dos viejas
conocidas que han mantenido una larga y cambiante relación
histórica, a la que no ha faltado una tercera en discordia,
la economía, que termina siempre por aparecer aunque no esté
invitada. Entonces, ¿cómo se expresa hoy esta relación?
Empecemos por señalar
que el rasgo más destacado de la política contemporánea
en los tiempos de la globalización sería, como señaló
Castoriadis, su creciente insignificancia, la impotencia de unos
políticos cuyo único programa consiste en permanecer
en el poder, mientras que “el verdadero poder siempre permanecerá
a una distancia segura de la política” (Z. Bauman).
Habría un abismo cada vez mayor entre los límites
exteriores del control político institucionalizado y el espacio
en que se deciden las cuestiones más relevantes para la vida
humana.
Sin embargo en el terreno de
la cultura, la dualidad de valor de uso y valor de cambio de los
bienes y productos culturales, de la coexistencia, al lado de una
cada vez más importante dimensión económica,
de otra que tiene que ver con lo simbólico ( con la experiencia,
el sentido, la identidad, etc.), junto con el reconocimiento de
un derecho a la cultura en casi todos los ordenamientos jurídicos,
permite que la intervención pública conserve un papel
significativo, que la política por tanto, aunque limitada
en sus márgenes de acción, no pueda ser desalojada
por la hegemonía incontestable de la economía, que
podamos seguir hablando, en consecuencia, de políticas culturales.
El año próximo
se celebrará el cincuentenario de la creación del
primer Ministerio de Cultura tal y como luego los hemos conocido.
Me refiero naturalmente al francés Ministerio de Asuntos
Culturales, un ministerio sin precedentes creado en 1959 a la medida
de su célebre titular, el escritor André Malraux,
por su amigo De Gaulle, y que supone un auténtico hito en
el proceso de institucionalización de la política
cultural en el plano nacional, en el que adquirió por vez
primera una misión específica y una coherencia de
fondo.
Quizá sea esa una buena
ocasión para reflexionar sobre la evolución de las
políticas públicas de la cultura que entonces se crearon
y que han tenido mucha influencia en distintos países, entre
los que se encuentra España. Nuestro país, durante
el periodo democrático, ha seguido, con sus propias particularidades,
el modelo francés de gestión e institucionalización
de la cultura, quizás el más ambicioso de todos los
modelos ensayados.
En una primera aproximación
a esos resultados nos encontramos con que, a pesar de las ingentes
cantidades de dinero público invertido desde la época
de Malraux para democratizar “el acceso a las obras del espíritu”,
parecen ser siempre los mismos privilegiados los que se benefician,
lo que ha provocado que en ocasiones aparezca la política
cultural como una de las intervenciones públicas más
regresivas fiscalmente (todos financiando a los más pudientes).
“En cincuenta años de existencia-dirá de la
política cultural el crítico liberal Marc Fumaroli-no
ha modificado de forma significativa la proporción de franceses
que leen, que frecuentan el teatro o la sala de conciertos, a pesar
de haber trabajado arduamente por multiplicar la oferta pública
que se les hace”.
Como liberal, Fumaroli se sujeta
a una de las más clásicas disyuntivas- la de cultura/educación-
proponiendo abandonar la política cultural tal y como se
practica para dejar solo bajo responsabilidad pública las
tradicionales instituciones de la memoria (archivos, bibliotecas,
patrimonio) y las escuelas de formación artística,
y vincular estrechamente esta acción con el Ministerio de
Educación, el único capaz de formar un público
que no alimente su ocio con un consumo pasivo y con la televisión.
Sin que podamos desmentirle
en términos absolutos –la democratización de
la cultura no ha conseguido sus objetivos- en realidad el análisis
de los datos de los múltiples estudios sobre consumo cultural,
públicos y audiencias deja entrever un movimiento de intensificación
y diversificación en los países occidentales, con
un incremento de las prácticas artísticas amateur
y una renovación de las prácticas culturales entre
las jóvenes generaciones. Aunque la mirada sociológica
también desvela una ruptura con las tradiciones culturales
clásicas y, sobre todo, el mantenimiento y afianzamiento
de las desigualdades, mostrando la persistencia de un campo cultural
fuertemente estratificado, según indicadores como nivel de
renta, capital escolar, etc. Indicadores que también incluyen
estereotipos muy resistentes como los derivados de la desigualdad
de género.
Las políticas igualitarias
de los Estados del Bienestar, que produjeron notables logros en
campos como la salud o el empleo en los años 60 y 70, no
habrían alcanzado de la misma forma al campo cultural, con
la participación y distribución igualitaria del capital
cultural.
En concreto, Francia muestra
una gran vitalidad asociativa vinculada a la cultura, y unos porcentajes
de prácticas culturales envidiables, a pesar de que en los
últimos años, sobre todo bajo los gobiernos conservadores,
se ha recortado el esfuerzo público en materia cultural.
La evolución de la política
cultural francesa desde su moderna institucionalización resulta
de gran interés también por cuanto marca un proceso
de grandes tendencias que sirve para otros países. En un
rápido resumen de cosas que son bien sabidas, podemos decir
que se han sucedido distintos paradigmas de acción que, sin
embargo, son más acumulativos que alternativos, en un ciclo
completo que se ha interpretado (L´ínvention de la
politique cultural, Ph. Urfalino, 1996) como un proceso de desestructuración
progresiva. Por lo demás, este patrón de evolución
habría sido prácticamente universal.
Siguiendo a Rodríguez
Morató, el primero de estos paradigmas sería el de
la democratización de la cultura, que uniría el propósito
de la Educación popular de abrir el acceso de todos los franceses
a la “cultura superior”, a la idea de que: “el
choque estético, sin mediación, sin pedagogía,
se suponía capaz de comunicar a todos, fuese cual fuese su
condición social, la universalidad de las experiencias de
la humanidad”. Las políticas fundadas sobre estos presupuestos
constituyeron, hasta comienzos de los 70, la fase de mayor éxito
por su afinidad al sistema institucional francés.
A ésta seguiría
la filosofía del desarrollo cultural, que parte de la constatación
de una separación entre creadores y población, lo
que convertía en misión del Estado apoyar la “cultura
plural” tanto de creadores profesionales como de los distintos
grupos sociales, bajo la idea de la democracia cultural. Esta concepción
alcanzaría su mayor desarrollo en países de tradición
socialdemócrata como Alemania y Suecia.
Finalmente seguiría el
deslizamiento de la política cultural hacia la legitimación
economicista, acompañada de una apertura a nuevos enfoques,
ya bajo el “vitalismo cultural” del socialista Jack
Lang, una deriva que en los noventa habría afectado a los
sistemas políticos más diversos, aunque con amplio
desarrollo en los países anglosajones.
Algunos autores creen que podríamos
estar ante la emergencia de un nuevo paradigma cuyos rasgos serían
la mayor ampliación del campo de intervención, que
incluiría todo tipo de expresiones y prácticas artísticas,
de actores (asociaciones, empresas comerciales, fundaciones), y
de objetivos (artísticos, educativos, económicos,
sociales e identitarios; modelo que estaría más atento
a dinámicas culturales globales; y que seguiría un
modo proactivo y estratégico de actuación, con mecanismos
muy diversificados de intervención (fiscales y financieros,
de política comercial, tecnológica o de competencia,
además de la regulación de derechos, ayudas directas,
etc.).
Con todo, la política
cultural debe ser repensada, sin renunciar a su viejo propósito
de democratización de la cultura, que hoy aparece como una
de las que Bobbio llamó “promesas incumplidas”
de la democracia. Y hacerlo sin caer en idealismos, sabiendo que,
como señala Chantal Mouffe para su proyecto de democracia
radical y plural, esta revolución democrática es un
proceso interminable que reconoce la imposibilidad de su completa
realización, pero también la única vía
de restaurar la dignidad a lo político.
Para repensar las políticas
culturales deberemos tener en cuenta los profundos cambios que afectan
a la esfera de la cultura y a sus relaciones con el poder político.
El primero de estos cambios
es, en efecto, la tendencia a la expansión de la esfera cultural
mucho más allá de sus límites clásicos
con la incorporación de nuevas actividades y expresiones,
y con una reconocida mayor centralidad para la política,
la sociedad y la economía. La cultura jugaría así
un creciente papel como sector económico- las famosas industrias
culturales-pero también se configuraría como un instrumento
decisivo para la cohesión social, para la cooperación
internacional, o para la legitimación política. Ahora
hablamos de sociedad del conocimiento e incluso de sociedad de la
cultura, pues en efecto es la vida social en su conjunto la que
pivota en gran medida sobre la dinámica cultural.
Algunos críticos han
advertido ya contra esta concepción de la cultura a la que
consideran como una nueva ideología, según la cual
todo es cultural, y que hace de la cultura un modo organizador general
de la vida en común que funciona como un poderoso aparato
de ocultación, dominación y masificación. Hace
unos meses nos informaba Félix de Azúa en un artículo
de prensa (“Cultos hasta la náusea”, El País,
11/05/08) de la reciente aparición en Francia de un libro,
Le gran dégoùt culturel, (algo así como el
gran asco cultural o la repugnante cultura) del filósofo
Alain Brossat, que ha levantado una fuerte polémica defendiendo
provocadoramente estas tesis.
Parte Brossat de cuestionar
uno de los principios incontestables de la política francesa,
como es precisamente el de la democratización de la cultura.
Para él algunos de los enunciados estratégicos de
la cultura como “defendamos la cultura en peligro” o
“la cultura no es una mercancía” no quieren decir
nada. La cultura sería ahora un nuevo régimen de gobierno
de los vivos (siguiendo la expresión de Foucault). Este gobierno
á la culture utilizaría los rituales de una nueva
religión civil, las misas conmemorativas alrededor de una
secuencia del pasado, los ritos de las grandes exposiciones en torno
a los más famosos pintores o las grandes fiestas de masas
(como las francesas de la música o el patrimonio), los nuevos
templos del culto a la Cultura, etc. Siempre bajo una lógica
consensual, sin espacio para las tensiones, sin grandes controversias,
todo el mundo invitado a ir en el mismo sentido, pues allí
donde la política divide, la cultura une. Estaríamos
ante una especie de pan-culturalismo, una hipertrofia de lo cultural
que encubre una atrofia de lo social y una sustitución de
lo político.
Si hasta los años 80,
nos dirá, se podía esperar todavía una politización
de las cuestiones culturales; esto es, una cultura que enfrentaba
retos y compromisos. Hoy, esta cultura que está por todas
partes –seríamos una sociedad obesa de cultura- ha
perdido sin embargo todo su potencial político, ya no sería
como en el pasado -los ideales heredados de la Ilustración-
un dominio de distinciones particulares, asociado a la inteligencia,
la emancipación o la capacidad crítica. “En
el gran supermercado donde todo el mundo encuentra lo que busca,
la cultura se ha convertido en un gobierno que calma con dispositivos
desactivantes la política”, lo que Sloterdijk llamaría
un “dispositivo de apaciguamiento”.
Al precio de su profunda despolitización,
la cultura actuaría como la argamasa que tiende a llenar
las brechas que se abren por la pérdida de capacidad estructurante
de la política, el trabajo o la familia, y éste sería
justamente su nuevo papel político.
Estas mismas ideas son las que
Amador Fernández Savater expuso en su artículo “El
nuevo régimen cultural” (diario Público, 13/09/08)
coincidiendo con la última Noche en Blanco madrileña,
otra importación francesa. Este nuevo régimen cultural
se correspondería al nuevo capitalismo del espíritu,
que antes que productos lo que vende son “experiencias, estilos
de vida, ambientes o afectos”. El paradójico objetivo
de propuestas como esta es que no pase nada.
Se trataría –dice
el autor- de una lógica de productivismo vacío (“producir
por producir”) que devora todos los contenidos bajo unos mismos
criterios: “precariedad; estandarización expresiva
(la visibilidad mediática y la audiencia como criterios exclusivos);
lógica de proyectos (acotados, cronometrados, previstos de
principio a fin); privatización de los saberes (copyright…);
definición estricta y jerarquizada de los roles, etc.”.
Detrás de todo esto estarían los trabajadores de la
cultura moviéndose entre el cinismo (la sensación
de que “nada es verdad”, de que el escaparate cultural
esta hueco) y el malestar.
A este respecto y por el papel
decisivo asignado a la cultura, es interesante también todo
el debate suscitado alrededor del modelo y la marca Barcelona, desatado
sobre todo a partir de la celebración del Forum de las Culturas
(2004).
El prestigiado concepto del
“modelo Barcelona” se refiere a la estrategia de regeneración
urbana y a los profundos cambios socioeconómicos y urbanísticos,
con intenso acento culturalista, experimentados por la capital catalana
desde mediados de los 70, y que ahora empieza a mostrar signos de
resquebrajamiento, coincidiendo con la fuerte mercantilización
del modelo como “marca BNC”.
Este proceso hay que enmarcarlo
en otro más general de la economía globalizada, tercerizada
y culturizada, que alcanza a muchas ciudades que compiten por el
mercado turístico y la atracción de inversiones, y
que ha dado lugar a que se hable de festivalización de las
ciudades, parquetematización, ciudad-evento o de la economía
de la experiencia.
El branding o internacionalización
de marcas culturales es un fenómeno que está encontrando
un amplio desarrollo que alcanza lo mismo a los museos (del Guggenheim
de Bilbao a la próxima filial del Louvre en Abu Dabi), los
festivales literarios como el Hay Festival, o incluso grandes espectáculos
de música (como Rock in Rio); pero también, con sus
matizaciones, a las capitalidades culturales europeas, las capitalidades
mundiales del libro, la inclusión en las listas del Patrimonio
Mundial de la Humanidad de la UNESCO, etc., donde los objetivos
culturales intrínsecos al desarrollo de la actividad cultural,
sin desaparecer, han cedido protagonismo a los extrínsecos
(la cultura al servicio del desarrollo económico o social),
y la cultura se ha rendido a las presiones mediatizadoras y a una
espectacularización como nunca habíamos conocido,
en la que no faltan rasgos de neocolonialismo cultural.
En el plano turístico,
el éxito el modelo es indiscutible: desde 1990 Barcelona
ha cuadruplicado el número de turistas que la visitan, ostentando
el record europeo de mayor crecimiento, de forma que el turismo
representaba ya en 2003 el 14% del PIB de la ciudad. El destino
de Barcelona parece vinculado definitivamente al turismo (J. Subirats)
pero, como se pregunta Manuel Cruz en la revista municipal Metrópolis,
“¿Era eso lo que queríamos?”.
En un primer momento Barcelona
supo aprovechar sus recursos y muchas ideas que funcionaron con
éxito durante 15 años. Con un gran uso de capital
simbólico que generó un alto consenso social, logró
un elevado grado de incorporación de los operadores privados
a los objetivos públicos. Después de los Juegos Olímpicos
del 92, el modelo vive ya de sus rentas de prestigio, y sucumbe
paulatinamente a las servidumbres de la competitividad global entre
ciudades. Es entonces cuando llega la hegemonía de la marca
BNC. En ese momento afloran las consecuencias perversas del modelo:
la opacidad, la ausencia de mecanismos democráticos de control,
el fracaso de la política de vivienda y la expulsión
de muchos de sus ciudadanos por motivos especulativos, etc. Mientras,
la ciudadanía parece haber empezado a transitar por el ciclo
descrito por los especialistas: “euforia, apatía, irritación
y antagonismo”.
El modelo se agota por las imposiciones
de una marca que ya no responde más que a un verdadero marketing
urbano, a una estrategia de promoción y venta con mucha impostación
identitaria. Lo que culmina, como señala Manuel Delgado,
“en un divorcio cada vez más radical entre la ciudad
representada y la ciudad vivida”; en ciudades convertidas
en decorados espectaculares para rodar películas, con los
ciudadanos sometidos a un verdadero proceso de desposesión
de la ciudad; y la cultura convertida en una mera instancia productiva
que inunda de fetiches-símbolos, imágenes, eslóganes
y mitos- el espacio público.
De nuevo la política
ya no aparece como expresión de los conflictos de poder inherentes
a toda relación social, sino como instrumento de gestión
estratégica de la marca, destinado precisamente a neutralizar
aquel conflicto.
El geógrafo marxista
David Harvey ha señalado la contradicción irresuelta
del capitalismo entre la tendencia a la homogeneidad, por razón
de economías de escala y control de los procesos productivos
y simbólicos ,y la búsqueda de particularidades diferenciales
del territorio que producen rentas monopólicas esenciales
para la reproducción del capital, lo que puede conducir a
que se acabe tolerando heterogeneidades y particularismos locales,
que ha llamado “espacios de esperanza”.
Tal vez sea ésta una
buena metáfora para ir terminando. A falta de una alternativa
completa a este estado de cosas, enormemente complejo y condicionado
por procesos globales que reducen los márgenes de acción,
cabría buscar “espacios de esperanza” que la
política cultural todavía puede ofrecer en forma de
utopías concretas, localizadas, ya que lo local es el espacio
privilegiado para la acción cultural. Lo cual no implica
que haya que renunciar a cambiar procesos en otros niveles como
el regional, que también dispone de instrumentos de intervención
propios.
Personalmente me inclino por
abrir espacios de diálogo y negociación –prácticamente
inéditos entre nosotros- donde tengan cabida políticos,
técnicos y ciudadanos, abandonando la tentación del
decisionismo activista que con frecuencia practican las instituciones,
o la prepotencia condescendiente con que tratan a muchos ciudadanos
que terminan por perder su confianza en ellas, para dar paso a nuevos
modelos participativos y de corresponsabilización que permitan
ir reforzando el protagonismo de la sociedad civil, que necesita
urgentemente robustecerse.
En momentos de crisis son las
sociedades que cuentan con mayor solidez y tradición asociativa
las que disponen de mayor capital social, y las que mejor resuelven
sus problemas. Porque, como ha dicho Joan Subirats, una democracia
es más potente, contra lo que comúnmente se cree,
no cuando más consenso tiene, sino cuanto más conflicto
y más disidencia es capaz de contener y de reconducir a un
marco de convivencia.
(ponencia presentada
en la mesa "Política y Cultura", dentro de las
Jornadas de MURCIAESCENA.
Murcia, 4 de noviembre de 2008)
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