Ante el proceso de reforma institucional que
se ha iniciado en toda España, y que afecta tanto a la Constitución
como a los Estatutos de las comunidades autónomas, el Foro
Ciudadano de la Región de Murcia considera necesario que
en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia se
abra también un debate para la reforma de su Estatuto, y
esto por cinco motivos principales:
1. Porque la reforma de la Constitución
promovida por el actual gobierno socialista permitirá convertir
al Senado en una cámara territorial, en la que las 17 comunidades
autónomas españolas estarán representadas y
podrán ejercer la corresponsabilidad en el proceso de elaboración
y aprobación de las leyes del Estado. Esta reforma constitucional
debe corregir las deficiencias de funcionamiento del Estado de las
Autonomías y convertirlo en un verdadero Estado Federal,
en donde se complementen de forma regulada y efectiva el principio
de autogobierno democrático de las distintas comunidades
y los principios de igualdad jurídica de todos los ciudadanos,
de solidaridad económica de todas las autonomías y
de corresponsabilidad política de todos los gobiernos y parlamentos
autónomos en las instituciones generales –es decir,
“federales”- del Estado. Esta federalización
del Estado impedirá, por un lado, que el gobierno central
siga tratando de forma discrecional y desigual a las distintas autonomías,
según el signo político de sus respectivos gobiernos,
según que cuente o no con mayoría absoluta en el Congreso
y según las alianzas coyunturales que establezca con tales
o cuales partidos nacionalistas para obtener su apoyo parlamentario.
Y, por otro lado, impedirá que los partidos nacionalistas
sigan utilizando su apuesta política, basada en “hechos
diferenciales” y en supuestos “derechos históricos”,
para tratar con el gobierno central de forma exclusivamente bilateral
y vindicatoria, exigiendo cada vez más autogobierno, para
conseguir así posiciones de ventaja, de privilegio y de insolidaridad
con respecto al resto de las comunidades autónomas españolas.
2. Porque, en paralelo con la reforma de la
Constitución, se han iniciado otros tres procesos entrecruzados:
a) la reforma de los Estatutos de diferentes comunidades que reclaman
un incremento de sus capacidades de autogobierno; b) la reforma
del sistema de financiación autonómica, en la que
las comunidades más ricas (como Cataluña) reclaman
una mayor autonomía fiscal y financiera, mientras que las
más pobres (como Andalucía) reclaman que se garantice
la solidaridad interterritorial y la igualdad de todos los ciudadanos
del Estado; c) la reforma de la financiación municipal, en
la que la Federación Española de Municipios reclama
también un incremento del porcentaje de financiación
de las administraciones locales, dado el creciente número
de servicios que prestan a los ciudadanos. Una vez abierto este
triple proceso, la Región de Murcia no puede permanecer al
margen, sino que debe intervenir en el debate sobre la financiación
autonómica y municipal, y debe reformar su Estatuto para
garantizar a sus ciudadanos una capacidad de autogobierno democrático,
una participación en las instituciones del Estado y unos
derechos equivalentes a los del resto de las comunidades autónomas.
3. Porque la Unión Europea, de la que
España forma parte desde 1986, no ha cesado de ampliar el
número de sus miembros y de intensificar al mismo tiempo
el proceso de integración de sus políticas públicas,
de modo que son cada vez más numerosos los asuntos de política
nacional, regional y local que se encuentran sujetos a decisiones
de las instituciones comunitarias. Muchos de los problemas que afectan
a la Región de Murcia dependen de decisiones que se toman
en Bruselas, Estrasburgo o La Haya. Y la Unión Europea, a
su vez, es la que entabla negociaciones y establece acuerdos de
todo tipo con países terceros (de África, Asia o América)
y con organizaciones multilaterales (como la OMC), que pueden tener
repercusiones importantes para el porvenir económico de nuestra
Región. Por todo ello, es necesario que la comunidad autónoma
murciana promueva, mediante la reforma de su Estatuto y de la Constitución
española, mecanismos de participación y representación
de la misma no sólo en las instituciones españolas
sino también en las instituciones europeas y en otros foros
y organismos internacionales.
4. Porque el propio Foro Ciudadano, en su estudio
,
ya planteó la necesidad de reformar el Estatuto y transformar
toda la arquitectura institucional de la Región. En las conclusiones
de aquel informe, se dice lo siguiente: “Es necesaria una
profunda reforma del sistema político regional, para corregir
el grave déficit democrático que padece. Para empezar,
la Asamblea Regional debe tener una mayor representatividad, un
mayor pluralismo y una mayor capacidad de control del ejecutivo.
Además, hay que multiplicar los mecanismos de participación
ciudadana, en los municipios y en las instituciones autonómicas,
potenciando los canales ya existentes y creando otros nuevos, para
que todos los ciudadanos de la Región puedan intervenir activamente
en el debate y en la resolución de los asuntos públicos.
Por último, hay que garantizar la independencia y el pluralismo
informativo de los medios de comunicación (públicos
y privados), concediendo un papel mucho mayor a los profesionales
de los medios y a las distintas organizaciones ciudadanas de la
Región”.
5. Porque, dada la situación política
de la Región, en la que el PP cuenta con mayoría absoluta
en el parlamento regional y controla las demás instituciones
autonómicas, la mayor parte de las administraciones locales
(incluidas las dos más importantes: Murcia y Cartagena) y
casi todos los medios de comunicación regionales; dado que
el gobierno de Valcárcel se ha convertido en un mero testaferro
de los especuladores y promotores urbano-turísticos y ha
llevado cada vez más lejos su política de expolio
de nuestro patrimonio natural y cultural; dado que seguimos estando
a la cola de España en la mayor parte de los indicadores
de desarrollo humano (laborales, educativos, sanitarios, asistenciales,
culturales, urbanísticos, medioambientales, etc.); dada toda
esta situación, creemos que la reforma del Estatuto de Autonomía
puede ser una excelente oportunidad para abrir un amplio debate
público sobre el modelo de desarrollo político, económico,
social y cultural que queremos para la Región de Murcia,
y cuyos principios fundamentales deberían quedar plasmados
en el texto del nuevo Estatuto.
Las propuestas con las que el Foro Ciudadano
desea contribuir al debate sobre la reforma del Estatuto de Autonomía
de la Región de Murcia, son las siguientes:
1. La reforma debe estar precedida y posibilitada
por un amplio debate público, en el que
participen todos los partidos políticos, agentes sociales
y organizaciones ciudadanas de la Región. El Parlamento regional
debe crear una Comisión de Reforma del Estatuto en la que
estén integrados los tres partidos con representación
parlamentaria (PP, PSRM-PSOE e IURM) y en la que se recaben informes
y propuestas procedentes de todas las personas, instituciones y
organizaciones sociales que deseen participar en el debate. Debe
procurarse el más amplio consenso posible
en la elaboración del nuevo Estatuto, y en cualquier caso
debe contarse con el acuerdo de los tres partidos representados
en el Parlamento regional: el modelo a seguir no puede ser el de
Valencia (pacto bilateral PP-PSOE), sino el de Cataluña (en
donde el gobierno tripartito está tratando de alcanzar un
Estatuto de consenso entre todos los partidos políticos con
representación parlamentaria).
2. El Estatuto debe recoger una serie de principios
generales en donde se recojan las líneas directrices
del modelo de desarrollo regional que la Región de Murcia
se compromete a defender y promover:
a) El autogobierno democrático de la
Región de Murcia mediante sus instituciones representativas
y mediante la participación directa de todos sus ciudadanos
y ciudadanas en las administraciones locales y regionales.
b) La representación de la Región
de Murcia, de sus intereses económicos, sus propuestas
políticas y sus creaciones culturales, en las principales
instituciones y foros españoles, europeos e internacionales.
c) La solidaridad, cooperación y corresponsabilidad
de la Región de Murcia con las demás comunidades
autónomas españolas, con las demás regiones
y Estados de la Unión Europea y con los demás pueblos
de la Tierra, especialmente con los más empobrecidos.
d) El rechazo a la guerra, la carrera armamentista
y la violencia en todas sus formas, la defensa de la resolución
pacífica de los conflictos y el fomento de una cultura
de paz entre los pueblos y entre los ciudadanos.
e) La libertad e igualdad de todos los ciudadanos
y ciudadanas residentes en la Región de Murcia, con independencia
de su sexo, edad, orientación sexual, capacidades físicas
y mentales, posición económica, lugar de nacimiento,
etnia, religión, opiniones políticas o cualquier
otra condición.
f) El reconocimiento del carácter multicultural
de la Región de Murcia y el compromiso activo con los principios
de hospitalidad, integración social de los inmigrantes
y convivencia intercultural entre todos los ciudadanos y ciudadanas
residentes en la Región.
g) La protección, conservación
y promoción del patrimonio natural y cultural de la Región
de Murcia, el cumplimiento de los acuerdos internacionales para
mantener la biodiversidad, frenar el cambio climático y
promover el uso de energías limpias y renovables, y, en
general, la adopción del principio de sostenibilidad ecológica
como eje conductor del desarrollo regional, en torno al cual habrán
de articularse todas las políticas sectoriales.
3. Además de estos principios generales,
el Estatuto debe adherirse de forma expresa a las grandes
cartas de derechos civiles, políticos y sociales,
suscritas por España, como la Declaración Universal
de los Derechos Humanos, el Convenio Europeo para la protección
de los Derechos Humanos y de la Libertades Fundamentales y la Carta
de Derechos de la Unión Europea.
Asimismo, debe incluir una carta de
derechos y deberes, y un catálogo básico
de servicios públicos para todos los ciudadanos y ciudadanas
residentes en la Región: escuelas infantiles municipales;
educación y sanidad gratuitas, públicas y de calidad;
empleo digno; acceso a la vivienda; conciliación de la vida
laboral y familiar; igualdad de género; libertad sexual;
asistencia a personas dependientes; muerte digna; integración
social de los inmigrantes; renta básica de ciudadanía;
calidad y seguridad de los alimentos, el aire y el agua; protección
del patrimonio natural y cultural; sostenibilidad de los recursos
naturales; movilidad mediante una red de transporte pública
y ecológica; participación ciudadana directa en las
instituciones locales y regionales; paridad de hombres y mujeres
en las listas electorales y en los organismos públicos colegiados;
voto activo y pasivo en elecciones municipales y regionales de todos
los residentes regulares y permanentes; acceso a las nuevas tecnologías;
acceso a la información y documentación de las administraciones
públicas; acceso a los medios de comunicación públicos.
El Estatuto debe prever que un porcentaje del
presupuesto regional se dedique anualmente a garantizar
el cumplimiento de estos derechos y servicios públicos,
a fin de equiparar a la Región de Murcia con las regiones
y países más desarrollados de la Unión Europea.
4. El Estatuto debe profundizar en la
democratización de las instituciones de la Región,
tanto por lo que se refiere a las formas de representación
institucional como a las de participación directa de la ciudadanía
en la gestión y el control de los asuntos públicos.
En cuanto a las formas de representación institucional:
a) Es preciso garantizar los principios
de igualdad, pluralidad, proporcionalidad, periodicidad y dedicación
exclusiva en la composición de la Asamblea Regional y de
todos los otros órganos representativos y de gobierno de
la Comunidad Autónoma. Para ello, el Estatuto
debe prever la elaboración de una nueva Ley Electoral que
haga de toda la Región una circunscripción electoral
única, que sitúe el mínimo de votos necesarios
para obtener representación en el 3%, que introduzca el
principio de paridad de sexos en las candidaturas electorales
y en los órganos colegiados de representación, que
establezca el sistema de listas abiertas, que limite a dos mandatos
o a ocho años la permanencia en cargos representativos
o ejecutivos de la misma naturaleza, que establezca el principio
de incompatibilidad de los cargos públicos (de modo que
un/a diputado/a no pueda ejercer al mismo tiempo otro cargo de
representación o bien otro cargo institucional de cualquier
entidad o empresa vinculada a la administración regional
o local, salvo las propias que se deriven del ejercicio del cargo
parlamentario), que amplíe el número de diputados/as,
estableciendo la proporción de un/a diputado/a por cada
25.000 habitantes o fracción (dado que la población
regional se ha incrementado en más del 50% durante los
últimos 23 años y es previsible que siga incrementándose
en los próximos años) y que se prolongue el período
anual de sesiones, equiparándolo al del Congreso (dado
que el trabajo parlamentario se ha incrementado también
en los últimos años, a medida que han aumentado
las competencias autonómicas).
b) A fin de que todas las decisiones
de los órganos administrativos y ejecutivos de las instituciones
regionales estén sujetas al control público
por parte de la Asamblea Regional y de la ciudadanía, y
a fin de que tanto la ciudadanía como sus representantes
electos puedan participar activamente en la elaboración
de planes y leyes de todo tipo, el Estatuto debe prever la creación
o consolidación de toda una serie de órganos elegidos
por la propia Asamblea Regional: Defensor del Pueblo, Tribunal
de Cuentas, Consejo Jurídico, Consejo Económico
y Social, Consejo Regional de Cooperación Local, Consejo
de Cooperación al Desarrollo, Agencia Regional de Participación
Ciudadana, Agencia de Protección de Datos y Observatorio
para la Evaluación de las Políticas Públicas.
Asimismo, debe prever la moción de censura tanto al Presidente
como a los Consejeros. Por último, debe prever la capacidad
del Presidente para disolver la Asamblea y convocar nuevas elecciones.
c) Todas aquellas leyes que afecten
a la estructura de las instituciones regionales (Ley
de Gobierno, Ley Electoral, Reglamento de la Asamblea, etc.) deberán
requerir mayoría cualificada de 2/3 para su aprobación.
d) El Estatuto debe prever la elaboración
de un código de buen gobierno, para que todos
los cargos públicos se rijan por los principios democráticos
de publicidad, transparencia, imparcialidad y honestidad en el
desempeño de sus funciones.
5. En cuanto a las formas de participación
ciudadana directa en la gestión y en el control
de los asuntos públicos:
a) El Estatuto debe prever la elaboración
de una Ley reguladora de la participación ciudadana
en la que se regulen el referéndum y las diversas formas
de consulta popular, las iniciativas legislativas de la ciudadanía
y de la propia Asamblea regional, el derecho de respuesta a peticiones,
la participación social en todo tipo de planes y leyes
a través de una Agencia Regional de Participación
Ciudadana, las formas de acceso de la ciudadanía a la información
institucional, la comunicación personal con los funcionarios
y responsables públicos, y, por último, las formas
de participación ciudadana en la elaboración de
la política presupuestaria autonómica y local.
b) El Estatuto debe crear una Agencia
Regional de Participación Ciudadana, cuya función
no consistirá meramente en recibir quejas y sugerencias
de la ciudadanía (función más bien propia
del Defensor del Pueblo), sino que se ocupará de desarrollar
muchos de los aspectos regulados por la Ley de participación
ciudadana, y en especial todo lo relacionado con las consultas,
iniciativas y evaluaciones populares sobre planes y proyectos
de ley, presupuestos, gestión de los servicios públicos,
etc.
c) Asimismo, el Estatuto debe prever la creación
de los Consejos Sectoriales de Participación Ciudadana
(Medio Ambiente, Sanidad, Educación, Cultura, Inmigración,
etc.), en donde esté ampliamente representada la sociedad
civil y a los que se dote de atribuciones claras en el control
y asesoramiento de las acciones de gobierno. Estos Consejos Sectoriales,
distintos de las Comisiones Técnicas (formadas sólo
por expertos y funcionarios públicos), deben ser regularmente
convocados y consultados, y sus acuerdos deben ser tenidos en
cuenta por los responsables políticos.
d) Todos los planes y proyectos de
ley deben ser preceptivamente informados por el Consejo
Jurídico, el Consejo Económico y Social, el Consejo
Regional de Cooperación Local, la Agencia Regional de Participación
Ciudadana y los distintos Consejos de Participación Ciudadana
en cada caso concernidos.
6. En cuanto a la organización
territorial de la Región de Murcia, creemos que
la profundización de la democracia debe conllevar la aplicación
del principio de subsidiariedad y la consiguiente descentralización
administrativa mediante la transferencia de competencias y servicios,
y sus correspondientes recursos financieros, desde la administración
regional a las administraciones locales. Pero la aplicación
de este principio debe hacerse bajo las siguientes condiciones:
a) Un incremento de competencias y
servicios por parte de los municipios debe conllevar
también el incremento y la consolidación de los
recursos fiscales y del personal administrativo suficientes para
garantizar la gestión de tales competencias y la prestación
de tales servicios, y para evitar así que los municipios
recurran de manera generalizada e irresponsable a las recalificaciones
urbanísticas, las ventas del patrimonio público
y la privatización de los servicios públicos. La
financiación municipal debe alcanzar progresivamente el
25% del PIE.
b) Un incremento de las competencias, los
servicios, los recursos fiscales y el personal administrativo
por parte de los municipios, exige también un incremento
de los mecanismos de participación ciudadana en la gestión
y en el control del gobierno municipal. Si no aumenta
la participación y el control de los gobiernos locales
por parte de la ciudadanía, no se podrá garantizar
adecuadamente que con el incremento de competencias municipales
la administración local evite acciones de irresponsabilidad,
de incompetencia, de corrupción y de caciquismo.
c) Todas las políticas municipales
deben estar sujetas a mecanismos de control, corrección,
coordinación y apoyo por parte de las instituciones regionales,
que deben velar para que las corporaciones locales respeten los
derechos de la ciudadanía, el patrimonio natural y cultural
de la Región, la legislación estatal y regional,
la gestión presupuestaria transparente y, en general, los
principios básicos establecidos en el Estatuto de Autonomía.
d) En cuanto a la estructuración
territorial por comarcas, creemos que este asunto debe
ser revisado y estudiado a la luz de los profundos cambios
demográficos y urbanísticos que están
teniendo lugar en los últimos años:
-La Región de Murcia cuenta ya con
un 10% de inmigrantes extracomunitarios, cuya distribución
territorial es muy desigual y está sujeta a mecanismos
de segregación espacial, por lo que tiende a concentrarse
en determinadas zonas rurales y en determinados barrios de las
ciudades. Paralelamente, la Región está sufriendo
un masivo proceso de urbanización, tanto en el litoral
como en el interior (el número de “resorts”
proyectados supera ya al número de municipios), que previsiblemente
traerá consigo la llegada de un número creciente
de residentes europeos, y dará origen a la formación
de otro tipo de guetos espaciales, en este caso para ricos. Estos
son los verdaderos problemas de ordenación territorial
que deberían estudiarse en primer plano.
-A todo esto hay que añadir el conflicto
entre dos procesos contradictorios: por un lado, la tendencia
a la concentración demográfica en los grandes núcleos
urbanos (Murcia, Cartagena, Lorca); por otro lado, la tendencia
de algunas pedanías a reclamar su segregación y
su constitución como nuevos municipios.
-Un tercer problema a tener en cuenta es que
el municipio de Murcia, junto con sus pedanías y con los
municipios colindantes, se ha convertido en una gran área
metropolitana que concentra la tercera parte de toda la población
regional y que requeriría una ordenación territorial
específica.
-En cuarto lugar, la Región de Murcia
carece de una planificación territorial que haga frente
a dos grandes problemas, que exceden el ámbito local e
incluso comarcal: por un lado, necesita crear una red regional
de transportes y comunicaciones, no basada exclusivamente en la
multiplicación de autopistas y en el fomento del vehículo
privado; por otro lado, necesita crear una red de espacios naturales
protegidos y de rutas verdes que los conecten entre sí.
-Por todo ello, la comarcalización
debe hacerse de la manera más funcional y flexible posible,
atendiendo a las características socioeconómicas
de cada comarca, a la voluntad expresa de los propios municipios
concernidos y a una planificación estratégica del
desarrollo y de la ordenación territorial.
-Asimismo, el nuevo Estatuto debe dar prioridad
al desarrollo económico, social y demográfico de
los municipios pequeños y medianos, como instrumento de
compensación de la tendencia actual de aglomeración
y concentración en torno a los tres grandes municipios
de la Región, con el fin de articular un territorio menos
desequilibrado y más sostenible.
-En cualquier caso, el objetivo debe ser triple:
la coordinación horizontal o mancomunada entre los municipios,
la descentralización y coordinación de los servicios
públicos (educativos, sanitarios, asistenciales, culturales,
etc.) y la ordenación sostenible del territorio (en el
doble aspecto de las comunicaciones y de la preservación
del patrimonio natural y cultural).
7. En cuanto a la relación de
la Región de Murcia con el resto del Estado, con la Unión
Europea y con países no europeos, creemos que la
comunidad autónoma debe perseguir los siguientes objetivos:
a) Garantizar la representación y participación
en las instituciones españolas de composición territorial,
como el Senado y los diferentes organismos de coordinación
entre las autonomías. Asimismo, participar, junto con las
demás comunidades, en la conformación de los demás
poderes del Estado: Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas,
Consejo General del Poder Judicial, etc.
b) Participar en la elaboración y gestión
de todas aquellas decisiones que afecten especialmente a la Región
(inmigración, agua, infraestructuras de comunicación,
etc.) o que sean de la exclusiva competencia autonómica.
c) Fomentar la cooperación horizontal
o bilateral con otras autonomías, especialmente con aquellas
que constituyen el arco mediterráneo, o con las que mantenemos
litigios abiertos, como sucede con Castilla-La Mancha (en relación
con el trasvase Tajo-Segura).
d) Garantizar la presencia en los Consejos
de Ministros de la UE cuando se traten temas de competencia regional,
así como en otros organismos y foros colegiados de la UE,
y establecer relaciones de cooperación bilateral o multilateral
con otras regiones europeas.
e) Fomentar la cooperación horizontal
o bilateral con otras regiones y países ajenos a la UE,
prestando especial atención a los convenios de cooperación
al desarrollo con las regiones y países más empobrecidos.
Establecer el compromiso de destinar el 0,7 del presupuesto para
ayuda al desarrollo.
8. Finalmente, en cuanto al régimen
económico, creemos conveniente atender a los siguientes
objetivos:
a) Garantizar el principio de la igualdad
de toda la ciudadanía española y de la cohesión
social y territorial, de modo que el Estado asegure unos
derechos y servicios públicos comunes a todas las comunidades
autónomas.
b) Conseguir una mejora de la financiación
estatal, renegociando los criterios de distribución:
población, número de inmigrantes, nivel de renta,
etc.
c) Conseguir una mayor autonomía
fiscal y financiera, mediante la renegociación
de los impuestos a transferir (desde la administración
central a la regional y, en su caso, desde la administración
regional a la administración local) y la creación
de una Agencia Tributaria propia, coordinada con la estatal, y
un Tribunal Económico-Administrativo propio.
d) Establecer los principios básicos
que deben respetarse en la elaboración y ejecución
del presupuesto regional (para que aflore, por ejemplo,
el déficit público real, y se eviten las irregularidades
contables), y eliminar la Ley de Acompañamiento, que permite
al ejecutivo eludir el control de la Asamblea.
e) Adelantar la fecha de presentación
del presupuesto (antes del 1 de octubre), para facilitar
su estudio y debate en la Asamblea Regional.
f) Garantizar la transparencia, claridad
y publicidad en el desglose detallado, el seguimiento
y la ejecución de las partidas y proyectos del presupuesto,
y crear el Tribunal de Cuentas.
g) Fijar los porcentajes que debe respetar
el presupuesto regional para atender a los grandes objetivos
generales establecidos por el Estatuto: gasto social,
protección del patrimonio natural y cultural, financiación
municipal, cooperación al desarrollo, etc.
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