COMPROMISO
POR LA REGIÓN
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Murcia, 15 de mayo de 2007
Ante las próximas elecciones
autonómicas y municipales del 27 de mayo de 2007,
las organizaciones abajo firmantes, representativas de muy
diversos sectores sociales de la Región de Murcia,
hemos acordado suscribir el presente COMPROMISO POR
LA REGIÓN.
La calidad de una democracia se mide
por el grado de participación de la ciudadanía
en la vida pública, y esa participación
no puede reducirse a depositar el voto cada cuatro años.
La gestión pública se degrada y puede llegar
a corromperse y subordinarse a intereses particulares cuando
los gobiernos legítimamente electos no sólo
no fomentan sino que obstaculizan la participación
activa, plural y cotidiana de la ciudadanía.
La campaña electoral debe
centrarse en los problemas sociales que realmente importan
a los ciudadanos y ciudadanas de esta Región.
Y los partidos políticos deben comprometerse públicamente
con propuestas concretas surgidas de la sociedad civil murciana.
La Región de Murcia ha crecido
en los últimos años por encima de la media nacional,
pero este crecimiento tiene los pies de barro, porque
se ha basado en una transformación brutal del territorio,
en un expolio sin precedentes de los recursos naturales, en
un aumento de las desigualdades económicas y en una
precarización de las condiciones de vida de muchos
colectivos sociales: agricultores, trabajadores, jóvenes,
mujeres e inmigrantes. La riqueza generada está teniendo
grandes impactos territoriales y no se está distribuyendo
equitativamente. Nuestra Región sigue estando en el
furgón de cola de las comunidades españolas
en casi todos los indicadores de desarrollo social, cultural
y ambiental. Por eso, necesitamos reorientar nuestro modelo
de desarrollo para preservar el patrimonio natural y cultural,
promover políticas públicas mucho más
sostenibles y solidarias, y mejorar de forma significativa
el bienestar social, la formación cultural, la participación
ciudadana y la convivencia democrática a escala local
y regional.
Este documento no pretende ser un programa
exhaustivo. Nos limitamos a denunciar los problemas que nos
parecen más graves y a reclamar las medidas
que nos parecen más urgentes.
Pedimos a los partidos políticos
que se pronuncien sobre estas propuestas, las debatan
públicamente entre ellos y se comprometan a
llevarlas a cabo si ganan las elecciones.
Las organizaciones firmantes velaremos
para que ese compromiso no se quede en una mera promesa electoral,
sino que se haga efectivo después del 27-M.
Finalmente, invitamos a otras organizaciones
sociales y, en general, a toda la ciudadanía,
para que suscriban y difundan el presente documento.
La economía regional ha crecido en
los últimos años por encima de la media nacional,
y esto a pesar del déficit hídrico, lo cual
revela que el problema económico de la Región
no es la falta de agua. El problema es que nuestro
modelo de crecimiento es altamente ineficiente, insostenible
e insolidario. Por un lado, se ha basado en la expansión
desmesurada e ilegal del regadío y, más recientemente,
en la promoción de macrourbanizaciones con campos de
golf, dos actividades que son grandes consumidoras de agua,
un recurso escaso que, ante las previsiones del cambio climático,
debe ser administrado con racionalidad económica y
ecológica, y no esquilmado ni manipulado con demagogia
política. En cambio, en nuestra Región ha disminuido
el peso de la industria y seguimos estando a la cola de España
en I+D+i. Por otro lado, nuestra economía se basa en
una mano de obra barata, precaria, poco cualificada, con una
baja productividad y una gran discriminación salarial
(que afecta sobre todo a los jóvenes, las mujeres y
los inmigrantes). En realidad, las dos palancas decisivas
del crecimiento regional han sido los inmigrantes (el 11%
de la población y el 20% de los empleados), que sufren
una situación de marginación social y política,
y los fondos de cohesión europeos, que van a ir disminuyendo
en los próximo años.
1. Necesitamos un modelo de desarrollo
económico más eficiente, sostenible, equilibrado
y equitativo, que no esquilme nuestros recursos
naturales (suelo, agua, energía, etc.), que no sea
tan dependiente de aportaciones y coyunturas externas (trasvases,
inversión inmobiliaria, etc.) y que promueva una
agricultura redimensionada y ecológica, un tejido
empresarial diversificado (pymes, pequeños comercios,
empresas de economía social), una industria innovadora
(basada en I+D+i y en energías renovales), un turismo
sostenible y unos servicios de calidad.
2. Necesitamos un empleo estable,
cualificado, bien remunerado y no discriminatorio.
Hay que mejorar de forma sustancial las rentas salariales
y las condiciones laborales de las personas trabajadoras.
Las administraciones y empresas públicas deben dar
ejemplo, reduciendo su porcentaje de empleados precarios
por debajo del 20%. Hay que reducir drásticamente
la precariedad y la siniestralidad, mejorar la cualificación
y la productividad, y acabar con las diversas formas de
discriminación que sufren los jóvenes, las
mujeres y los inmigrantes. Hay que elaborar un plan para
aplicar en la Región la nueva Ley de Igualdad.
3. La economía sumergida
de la Región es una de las más altas de España.
En 2005, el 22% de los trabajadores no estaba dado de alta
en la Seguridad Social. Y un 25% del dinero que se mueve
en la Región no paga impuestos. Es preciso combatir
estas ilegalidades mediante la inspección
laboral y una lucha activa contra el fraude y la evasión
fiscal.
4. Mientras que la economía regional
crece por encima de la media nacional, el PIB per cápita
y la Renta Bruta Disponible per cápita están
por debajo e incluso se han alejado en los últimos
años de la media española. Tenemos las tasas
más altas de desigualdad económica
y de pobreza relativa. El crecimiento económico regional
no se ha redistribuido socialmente de forma equitativa.
Por eso, necesitamos una fiscalidad mucho más
progresiva y unas políticas públicas redistributivas.
La Región de Murcia carece
de una política coherente y sostenible de ordenación
del territorio y de planificación urbanística,
tanto a escala autonómica como municipal. La Ley Regional
del Suelo de 2001 abrió la puerta a una urbanización
masiva e indiscriminada de todo el territorio, sin respetar
siquiera los espacios naturales y las zonas de dominio público.
Los poderes públicos han renunciado a ejercer las obligaciones
que les exige la Constitución española: la protección
del medio ambiente (art. 45), la conservación del patrimonio
histórico, cultural y artístico (art. 46) y
el derecho a disponer de una vivienda digna, mediante una
ordenación pública del suelo que evite la especulación
y haga revertir sobre la comunidad las plusvalías generadas
por la actividad urbanística (art. 47). En la Región
de Murcia se está haciendo exactamente lo contrario:
un urbanismo salvaje que fomenta la especulación, privatiza
las plusvalías, dispara los precios de la vivienda
hasta hacerla inaccesible a los más necesitados (desde
1995, el precio de la vivienda ha crecido casi un 200%, mientras
que las rentas salariales han aumentado una media del 40%),
atenta contra el patrimonio histórico, saquea los espacios
y recursos naturales, altera irreversiblemente el paisaje
y degrada la calidad de vida de nuestros pueblos y ciudades,
hasta el punto de destruir su identidad y su tradicional atractivo
turístico y cultural como legado viviente de la milenaria
civilización mediterránea.
5. Es preciso elaborar una nueva
Ley Regional del Suelo que reduzca sustancialmente
la oferta de suelo urbanizable, que conceda prioridad a
los objetivos sociales y ambientales en la planificación
urbanística y la ordenación territorial, y
que aumente los controles democráticos de todo el
proceso de planeamiento, de acuerdo con la nueva Ley estatal
del Suelo y con los artículos 45, 46 y 47 de la Constitución
española.
6. Hay que derogar la Disposición
Adicional Octava de la Ley Regional del Suelo de 2001,
las reformas posteriores de dicha Ley que otorgan aprovechamiento
urbanístico a espacios naturales protegidos, las
Directrices y Plan de Ordenación del Litoral de la
Región de Murcia, la Actuación de Interés
Regional de Marina de Cope y todas las disposiciones, planes
y proyectos que las desarrollan.
7. Hay que acabar con el uso fraudulento
y generalizado de la figura del convenio urbanístico.
Hay que revisar todos los convenios aprobados o en tramitación,
así como los PGOM en trámite, mediante la
elaboración de una Evaluación Estratégica
de los mismos, a fin de garantizar su sostenibilidad económica,
social y ambiental. Hay que establecer límites máximos
de crecimiento urbano, en función de la población
y el territorio municipal, y siempre como ampliación
de los núcleos ya existentes.
8. La especulación inmobiliaria
ha dado lugar a una paradoja injustificable: un tercio de
todas las viviendas que se construyen en la Región
están vacías o son segundas residencias, mientras
que el aumento especulativo de los precios impide a muchas
personas acceder a una vivienda digna. Por eso, es necesario
contar con un verdadero Instituto Público
de Vivienda que, en coordinación con los
ayuntamientos, garantice el mínimo necesario de viviendas
protegidas (sea en propiedad o en alquiler), que controle
directamente todo el proceso de gestión (suelo, construcción
y entrega de viviendas), que asegure unas condiciones sociales
mínimas (precio, ubicación, habitabilidad,
etc.), y cuya gestión se encuentre sujeta a un control
democrático.
9. Hay que aplicar de forma efectiva las
Agendas 21 locales, que exigen políticas
municipales sostenibles e integrales con amplia participación
ciudadana, y las disposiciones del Convenio de Aarhus,
que garantizan el acceso a la información y la participación
pública en todas las áreas de las políticas
públicas relacionadas con el medio ambiente.
Una sociedad democrática avanzada
debe contar con unos servicios públicos universales
y de calidad, que garanticen a todas las personas el disfrute
efectivo de los derechos de ciudadanía, para favorecer
así la cohesión social y territorial. En nuestra
comunidad, el gobierno regional y muchos gobiernos
locales no han cumplido adecuadamente su papel de proveedores
y gestores de unos servicios públicos que cubran las
necesidades básicas de toda la población.
Crece la población escolar, pero faltan escuelas infantiles,
colegios e institutos. Aumenta la población regional
y el porcentaje de personas mayores, pero continúan
las carencias en atención primaria, las listas de espera,
la falta de camas en los hospitales, la escasez de residencias
públicas y de servicios de atención domiciliaria,
la sobrecarga de las mujeres a la hora de conciliar su vida
laboral y familiar. Crece la población inmigrante como
motor del desarrollo económico regional, pero siguen
faltando políticas de integración social que
eviten la segregación y la xenofobia. Por el contrario,
en la Región se está dando un proceso de privatización,
mercantilización y degradación de los servicios
públicos, que están pasando a engrosar el sector
terciario de los servicios de pago. El resultado es que se
está produciendo una creciente dualización social:
por un lado, se potencian los servicios educativos, sanitarios
y sociales privado-concertados, subvencionados al 100% de
su coste real y destinados a la minoría más
acomodada de la población; por otro lado, se convierte
a los servicios públicos en una oferta de segunda,
con graves deficiencias estructurales, para atender a los
sectores de rentas medias y bajas, y a las personas que por
su situación especialmente vulnerable (envejecimiento,
marginalidad, condición inmigrante, etc.) requerirían
una mayor asistencia por parte de las administraciones públicas.
10. Es preciso contar con una dotación
presupuestaria adecuada para el sistema de servicios
públicos, mediante un incremento porcentual y anual
de la inversión en políticas educativas, sanitarias
y sociales, hasta alcanzar la media de la Unión Europea:
un 25% del PIB.
11. Hay que elaborar, en el marco de diferentes
mesas regionales y locales de negociación política,
sindical y social, unos Planes de Centros y Equipamientos
Escolares, Sanitarios y Sociales, con el fin de
acordar de modo democrático y participativo los recursos
mínimos necesarios en infraestructuras y dotaciones
materiales. Estos Planes deben promover la creación
de Redes Educativas, Sanitarias y de Asistencia
Social de carácter regional, que integren
a todos los centros públicos y a aquellas empresas
privadas que mediante subvención o concierto viven
del dinero público, para que asuman la responsabilidad
social que les corresponde en la asistencia, sin discriminación,
de toda la ciudadanía.
12. El sistema educativo regional es muy
ineficaz, pues el 45% del alumnado de 15 años ha
sufrido a lo largo de su escolarización alguna clase
de retraso y el porcentaje de repetidores supera la media
nacional en todos los ciclos y cursos de primaria y secundaria.
Dado que la educación infantil tiene un papel crucial
en el posterior desarrollo formativo del alumnado y en la
conciliación de la vida laboral y familiar de padres
y madres, es preciso crear y dotar una amplia red
de Escuelas Infantiles Publicas (de 0 a 3 años) en
toda la Región, para aumentar la tasa de
escolarización, que ahora es del 19’7% a los
2 años. En educación primaria y secundaria,
hay que desarrollar mecanismos de apoyo individualizado
y de incremento del tiempo escolar para el alumnado que
presente algún tipo de dificultad, con el fin de
reducir el porcentaje de repetidores y el abandono escolar.
13. Para evitar que se consolide un sistema
educativo dual y discriminatorio, es preciso crear oficinas
únicas de matriculación por zonas,
que garanticen el reparto equitativo y la igualdad de oportunidades
de todo el alumnado, incluidos los hijos de inmigrantes
y los que tienen necesidades especiales, entre las dos redes
actualmente existentes: los centros públicos y los
privados-concertados.
14. Es preciso incrementar los
recursos del Sistema Murciano de Salud e impulsar
la calidad de los servicios sanitarios públicos (la
atención primaria, la red hospitalaria, los servicios
de salud mental, etc.), mediante la elaboración de
planes generales y estrategias específicas, orientadas
a promover la salud y prevenir la enfermedad. Hay que apoyar
la iniciativa de los 10 minutos en atención primaria,
acabar con las listas de espera y diseñar actuaciones
para colectivos específicos: mayores, mujeres, jóvenes,
inmigrantes, enfermos crónicos, etc. Hay que aumentar
y hacer estables las plantillas de profesionales sanitarios.
Y, por último, hay que potenciar la participación
de la ciudadanía y los profesionales, mediante la
creación de Consejos de Salud operativos, que elaboren
y supervisen los Planes de Salud autonómicos y municipales.
15. Necesitamos un marco normativo que
establezca un Sistema Público de Servicios
Sociales, coordinado con los ayuntamientos y que
garantice el derecho universal a unos servicios sociales
básicos para toda la ciudadanía. Necesitamos
un Plan Regional de Inclusión Social de carácter
transversal (vivienda, empleo, salud, etc.), para ayudar
a los sectores más pobres y marginados. Y, por último,
necesitamos un Plan Regional de Atención a las Personas
Dependientes, dotado de los recursos necesarios, que permita
aplicar y desarrollar la Ley de Dependencia, y que garantice
este tipo de atención como un derecho universal y
de calidad.
Vivimos en un mundo cada vez más globalizado
e interdependiente, en el que las desigualdades sociales
se hacen cada vez más profundas, no solo entre
el Norte y el Sur, sino también en el seno de las propias
sociedades desarrolladas. A diario vemos cómo aumentan
la pobreza y el hambre, los conflictos armados, las migraciones
a las ciudades y a los países ricos, y con ellas las
reacciones de temor y de rechazo, las fronteras físicas
y sociales, los movimientos de intolerancia y xenofobia. La
Región de Murcia no es ajena a estos cambios globales,
pues una gran parte de su desarrollo económico se debe
a la llegada de trabajadores inmigrantes procedentes de los
países pobres de África, América Latina,
Europa del Este y Asia. Por eso, es muy importante que nuestra
comunidad se muestre solidaria con los países más
necesitados y que promueva políticas de integración
social en su propio seno, para que todas las personas residentes
en la Región puedan gozar de una ciudadanía
plena.
16. Para erradicar la pobreza en el mundo,
conforme a los Objetivos de Desarrollo del Milenio promovidos
por la ONU, es preciso un Pacto contra la Pobreza,
a escala estatal, autonómica y local. Se trata de
conseguir tres objetivos: que se reactive el Acuerdo de
Cooperación y Solidaridad con los Países Pobres,
aprobado de forma consensuada por la Asamblea Regional en
1994, al tiempo que se aprueba la Ley de Cooperación
Internacional de la CARM que ya está elaborada, pero
incluyendo en su articulado el compromiso de dotarla presupuestariamente
con el mínimo del 0,7% de los ingresos propios; que
todas las fuerzas autonómicas alcancen un consenso
sólido y estable en la política de Cooperación
al Desarrollo, no dependiente de los cambios de gobierno;
y que dichas fuerzas políticas asuman compromisos
concretos y establezcan mecanismos de control del cumplimiento
de sus acuerdos.
17. El punto de partida irrenunciable,
para cumplir con el Pacto contra la Pobreza, es que de forma
progresiva y a lo largo de la próxima legislatura
autonómica, los Presupuestos Generales de la CARM
alcancen el objetivo de consignar como mínimo el
0,7% del montante económico global a financiar proyectos
de Cooperación y Solidaridad con los países
pobres, como ya acordaron PSOE, PP e IU el 22-12-94.
18. La pobreza también está
presente en nuestra Región. Según el INE,
en 2003 el 19,9% de la población española
vivía por debajo del umbral de la pobreza, pero ese
porcentaje ascendía en la Región de Murcia
al 24,5%. En nuestra comunidad, una de cada cuatro personas
carece de recursos para llevar una vida digna. Mientras
se construyen cada año decenas de miles de viviendas,
de las cuales un tercio están vacías o son
segundas residencias, hay personas sin hogar y familias
con menores a su cargo que viven en derribos, chabolas o
viviendas sin condiciones mínimas de habitabilidad.
Por eso, es preciso elaborar un Plan Integral de
Erradicación de la Pobreza y la Infravivienda en
la Región de Murcia, que incluya la implantación
de una Renta Básica, la atención socio-sanitaria
personalizada y el acceso a una vivienda digna.
19. La población inmigrante no comunitaria
supone ya el 11% de la población regional y el 20%
de la población empleada. Los inmigrantes son uno
de los motores fundamentales del desarrollo regional y sin
embargo sufren explotación económica, segregación
social y cultural, carencia de derechos políticos
y reacciones de xenofobia. Es inaceptable que se les convierta
en chivo expiatorio de las deficiencias que se padecen en
los servicios públicos y en las dotaciones de seguridad
ciudadana. Es preciso comprender que la seguridad física
es inseparable de la justicia y la solidaridad social. Por
eso, hay que poner en marcha un Plan de Integración
social de los inmigrantes, en concordancia con
las políticas y dotaciones presupuestarias procedentes
del gobierno central. Este Plan debe elaborarse con la participación
de los propios inmigrantes, y debe promover el reconocimiento
pleno de los derechos de ciudadanía, la convivencia
intercultural y la lucha contra el racismo y la xenofobia.
20. En una sociedad democrática,
plural e intercultural, no es aceptable que los poderes
públicos promuevan activamente una determinada identidad
religiosa, como en la época del nacional-catolicismo.
Las administraciones locales y autonómica deben respetar
escrupulosamente el pluralismo ideológico y religioso
de la sociedad. Por eso, es necesario preservar
el carácter laico de todas las instituciones públicas,
a fin de evitar la discriminación y favorecer la
convivencia entre toda la ciudadanía de la Región,
tanto en los centros educativos como en las actividades
culturales, las celebraciones festivas y las ceremonias
oficiales.
La sociedad murciana cuenta con unos niveles
muy bajos de formación educativa, profesional y cultural,
en comparación con las medias española y europea.
Y eso hace que cuente también con un notable atraso
científico y tecnológico. Por eso,
el motor principal del crecimiento económico regional
no es la economía productiva, el trabajo cualificado
y la inversión en I+D+i, como sería de desear,
sino la economía especulativa vinculada a las recalificaciones
y promociones urbanísticas, el empleo precario y poco
cualificado, y los sectores basados en una mano de obra barata
e intensiva, como la agricultura y la construcción.
Este atraso educativo y científico no afecta solo a
nuestro modelo de desarrollo económico, sino también
al desarrollo de la vida cultural e incluso a la madurez de
nuestra cultura política.
21. Hay que hacer una apuesta estratégica
por la educación, la cultura y la cualificación
profesional, científica y tecnológica.
Y esto en todos los niveles formativos, desde la escuela
infantil hasta la universidad. Hay que potenciar la educación
de adultos y la formación permanente, para mejorar
no solo la productividad económica sino también
la cultura democrática de la ciudadanía.
22. Es necesario aumentar sustancialmente
la financiación y el apoyo a las dos universidades
públicas de la Región, la de Murcia
y la de Cartagena, potenciando el proceso de convergencia
europea y los máximos niveles de calidad en los estudios
de grado y posgrado. No es aceptable que el gobierno regional
siga dando trato de favor a la UCAM, una universidad privada,
en detrimento de las dos universidades públicas.
23. Es necesario incrementar la financiación
y el apoyo a la investigación científica y
la innovación tecnológica, tanto
en las universidades como en los centros públicos
de investigación. Y esto con un triple objetivo:
potenciar la integración en las redes europeas de
investigación, fomentar la investigación en
áreas de interés regional y conseguir que
el sector privado se incorpore progresivamente a la sociedad
del conocimiento. Estos tres objetivos deberían convertirse
en una apuesta estratégica y transversal de toda
la política regional.
24. Es preciso apostar también por
la alfabetización digital, con un
triple objetivo: reducir la brecha digital que existe hoy
en el seno de la propia sociedad murciana, extender el uso
de las TIC a todas las empresas y organizaciones sociales,
y facilitar el acceso electrónico de la ciudadanía
a todas las instancias y operaciones de las administraciones
públicas.
25. Por último, la política
cultural pública tiene que ser reformulada,
con un triple objetivo: condicionar al resto de políticas
públicas (sociales y territoriales), impulsar el
desarrollo del sector cultural (creadores, asociaciones
e industrias culturales) y garantizar de forma efectiva
el derecho a la cultura de toda la ciudadanía (frente
a las profundas desigualdades culturales actuales). Para
ello, es preciso elaborar un Plan Estratégico de
la Cultura, crear un Consejo Regional de la Cultura y las
Artes, y dedicar el 2% del presupuesto regional a políticas
culturales públicas.
La Región de Murcia padece un notable
déficit democrático, debido
a cinco factores: el efecto monopolístico de las sucesivas
mayorías absolutas en la asamblea regional (favorecido
por una ley electoral muy poco proporcional), el bloqueo de
los cauces institucionales de participación ciudadana
(en los ámbitos autonómico y municipal), la
escasa cultura política de la ciudadanía murciana
(debida a la tradición caciquil, al excesivo número
de localidades sin ayuntamiento propio y a la elevada tasa
de analfabetismo adulto), el control ejercido sobre la mayoría
de los medios de comunicación por los dirigentes políticos
y empresariales, mediante las subvenciones y la publicidad
(un control que llegó al colmo con la concesión
de los canales de TDT), y, por último, las tramas de
corrupción política y la degradación
del funcionamiento democrático de las instituciones
públicas (tanto regionales como locales), por obra
y gracia de los convenios urbanísticos, la afluencia
masiva de dinero negro, la opaca financiación de los
partidos, los reducidos ingresos municipales, los informes
técnicos realizados bajo presión política
y las múltiples connivencias entre cargos públicos
e intereses privados.
26. Una reforma consensuada del
Estatuto de Autonomía que promueva la modificación
en clave proporcional de la ley electoral, la creación
de cauces estables y efectivos de participación ciudadana
(consejos asesores sectoriales, iniciativas ciudadanas,
consultas populares, etc,) y la elaboración de una
carta de derechos y servicios públicos universales.
27. Una política territorial
de articulación comarcal y de creación de
nuevas entidades locales (desde nuevos ayuntamientos,
a partir de algunas de las actuales pedanías, hasta
entidades submunicipales), para garantizar tanto la mejora
de los servicios públicos mancomunados como la descentralización
de los grandes municipios y unos mayores niveles de autogobierno
democrático por parte de los vecinos.
28. La creación de Consejos
de Participación Ciudadana, generales y
sectoriales, en todos los municipios de la Región,
con espacios y recursos propios, y con mecanismos estables
y efectivos de consulta, asesoramiento y control de la gestión
pública, tanto en el planeamiento urbanístico
y ambiental como en las políticas sociales y en la
asignación y administración del presupuesto.
29. Una regulación legal que garantice
el control democrático y la pluralidad del
sector audiovisual y de todos los medios de comunicación
públicos, regionales y locales; una Radiotelevisión
Autonómica que sea de gestión pública,
que colabore de forma estable con RTVE y que esté
sujeta al control de la Asamblea Regional; y un Estatuto
de la profesión periodística que garantice
sus derechos laborales, su independencia profesional y su
participación en la gestión de los medios
de comunicación.
30. Un código de buen gobierno
y de ética pública, que exija a todos
los cargos públicos una declaración de bienes
antes y después de su mandato, una rendición
de cuentas pública, transparente y periódica,
y una asunción de responsabilidades políticas
ante las denuncias de la ciudadanía y las imputaciones
de los órganos judiciales.
ORGANIZACIONES FIRMANTES (por orden
alfabético):
-ACSUR-Las Segovias (Asociación para
la Cooperación con el Sur)
-ADELA (Asociación para la Defensa del Entorno Natural
de La Azohía)
-ADESGA (Asociación Vecinal para el Desarrollo Sostenible
del Garruchal)
-AMYDEP (Asociación por la Mejora y Defensa de la Escuela
Pública)
-ANSE (Asociación de Naturalistas del Sureste)
-Asamblea contra la Exclusión Social de Murcia
-Asamblea de Murcia por una Vivienda Digna
-Asociación Nacional Presencia Gitana
-Asociación Taller de la Ciudad (Alcantarilla)
-Asociación Volver a la Tierra
-ASPROSOCU (Asociación para la promoción socio-cultural)
-CCOO-Región de Murcia (Comisiones Obreras)
-Colectivo Cultural de la Sierra del Algarrobo
-Comisión 8 de Marzo (Plataforma de Mujeres Feministas)
-Consejo de la Juventud de la Región de Murcia (45
asociaciones)
-CONGD-RM (Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales
de Ayuda al Desarrollo y Alianza Regional contra la Pobreza)
(28 asociaciones)
-Coordinadora "La Región de Murcia No Se Vende"
(69 asociaciones)
-Convivir sin Racismo
-Ecologistas en Acción-Región Murciana
-Entrecauces (Asociación para la Defensa del Patrimonio
Cultural, Histórico y Natural de la Vega Media)
-FAPA-RM (Federación de Asociaciones de Padres y Madres
de Alumnos/as de la Región de Murcia “Juan González”)
-FACUA CONSUMUR (Asociación Murciana de Consumidores
y Usuarios)
-FAVERMUR (Federación de Asociaciones de Vecinos, Consumidores
y Usuarios de la Región de Murcia)
-Foro Ciudadano de la Región de Murcia
-Foro Ignacio Ellacuría
-Foro Social de la Región Murciana
-MPDL (Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad)
-Solidarios para el Desarrollo-Región de Murcia
-STERM-La Intersindical (Sindicatos de Trabajadores y Trabajadoras
de la Región Murciana)
-UGT-Región de Murcia (Unión General de Trabajadores)
Asociación ATTAC
(Asociación por la Tasación de las Transacciones
financieras especulativas y la Acción Ciudadana)
de Murcia (16 de mayo)
Izquierda Unida-Los Verdes (18 de mayo)
PSRM-PSOE (19 de mayo)
Coalición Ciudadana Regional (CCR) (19 de mayo)
Asociación de Periodistas y Editores Independientes
de la Región de Murcia (19 de mayo)
AEIOU-UPCT (Asociación de Estudiantes de Izquierdas
por Otra Universidad - Universidad Politécnica de Cartagena)
Asociación JARIQUE
Liberación - Murcia.
Josefa García Gil
Francisco Torres Monreal
Ricardo Escavy Zamora
Maravillas Campillo Meseguer
Juan Carlos Valero Lazaga
Ana Sánchez-Migallón Ramirez
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