PLATAFORMA CIUDADANA POR LA DEMOCRACIA INFORMATIVA

MANIFIESTO
febrero de 2006

La madurez democrática de una sociedad se mide por el grado de información y participación de la ciudadanía en los asuntos públicos, por el respeto a los derechos humanos individuales y por la distribución plural del poder entre los distintos actores políticos, económicos, sociales y culturales.

Por eso, necesitamos unos medios de comunicación plurales, independientes de todo gobierno, regulados por los parlamentos nacionales y autonómicos como un servicio público -sean de titularidad pública o privada- y abiertos a la libre expresión y al debate plural por parte de todos los ciudadanos. El artículo 20 de la Constitución y el artículo 8 del Estatuto de la Radio y la Televisión establecen el acceso de los distintos grupos sociales y políticos a los medios de comunicación como un "derecho fundamental".

La televisión digital terrestre (TDT) sustituirá a la analógica en 2010. Por eso, la adjudicación de los nuevos canales debe hacerse de forma rigurosamente democrática. Sin embargo, el gobierno regional ha eludido el control parlamentario y ha optado por el sectarismo ideológico, el derroche económico y la subordinación del interés general a intereses particulares. Su objetivo ha sido favorecer a ciertos grupos empresariales afines al PP.

Tenemos ya una televisión pública, el Centro Territorial de RTVE. Pero el gobierno regional, como no la controla, ha decidido derrochar el dinero de la ciudadanía y crear un segundo canal público, para contar con su propio órgano de propaganda. El dinero invertido (7.000 millones de pesetas) debería destinarse a mejorar las deficientes políticas sociales de la Región: educación, sanidad, vivienda, etc. Sin embargo, ese dinero y la gestión del nuevo canal público se han entregado a una empresa privada. Y lo más grave es que se trata de un consorcio de empresas constructoras creado al efecto, sin experiencia en el sector y con un coste para la hacienda pública mucho mayor que el de otras empresas con experiencia.

En cuanto a los canales privados, el gobierno del PP ha excluido a los grupos audiovisuales que no le son afines y a televisiones locales que venían emitiendo desde hace años, lo que va a suponer la desaparición de unas empresas que tenían arraigo local y la pérdida de empleo para muchos profesionales, aunque algunos puedan recolocarse en las nuevas empresas. En cambio, ha concedido tres canales regionales a empresas que le son ideológicamente afines.

En las ocho demarcaciones comarcales, ha concedido ocho canales al consorcio del ladrillo (esto supone darle un segundo canal regional, lo que constituye un fraude de ley y una amenaza de oligopolio informativo), otras ocho a un mismo grupo editor (lo que equivale a un nuevo canal regional), y las ocho restantes a dos grupos de ultraderecha (lo que abre la puerta a un acuerdo entre ambos que les permitiría crear un nuevo canal regional).

En resumen, el gobierno regional no ha garantizado el pluralismo informativo y la participación ciudadana, sino todo lo contrario: ha entregado el poder mediático de nuestra Región a las empresas constructoras, después de haberles entregado el control de nuestro territorio y de nuestro patrimonio natural e histórico. Pretende silenciar así las voces críticas de la ciudadanía y de las organizaciones sociales que venimos cuestionando el actual modelo de desarrollo urbanístico, insostenible desde el punto de vista económico, social y medioambiental, como han puesto de manifiesto numerosos estudios e informes de ámbito regional, nacional e internacional.

Las concesiones de TDT revelan la deriva cada vez más antidemocrática del gobierno del PP y su connivencia cada vez más estrecha con el lobby del ladrillo. El gobierno regional ha atentado contra un derecho fundamental: la libertad informativa y el pluralismo de los medios de comunicación. Pretende acallar a la ciudadanía, manipularla con campañas demagógicas y reemplazar el debate plural por la mera propaganda. Pretende convertir a la Región de Murcia en una democracia menguante.

Por todo ello, las organizaciones abajo firmantes hemos decidido constituir una PLATAFORMA CIUDADANA POR LA DEMOCRACIA INFORMATIVA, porque creemos que el pluralismo democrático y la libertad de información se encuentran amenazados en nuestra Región.

Como primera iniciativa, nos dirigimos al presidente Valcárcel y a toda la ciudadanía para proponer la adopción inmediata de las siguientes medidas:

1. La adjudicación de los canales privados de TDT debe ser revisada, para garantizar que las concesiones se hacen con transparencia y conforme a la ley, con criterios de pluralidad, profesionalidad, participación ciudadana y arraigo local y regional.

2. La televisión pública regional debe ser de gestión pública y no debe cederse a las empresas constructoras. Tampoco debe suponer una duplicación de inversiones, infraestructuras, equipos y personal, sino que ha de basarse en un convenio de colaboración con el actual Centro Territorial de RTVE.

3. Asimismo, hay que establecer en nuestra Región mecanismos legales que garanticen el control democrático del sector audiovisual. En este sentido, es necesario crear un Consejo Audiovisual nombrado por dos tercios de la Asamblea Regional e integrado por profesionales de reconocido prestigio, como ya sucede en otras comunidades autónomas y como también prevé el proyecto de ley que, para el ámbito español, se tramita actualmente en el Congreso de los Diputados. Dado que las concesiones de TDT no son indefinidas sino por tiempo limitado, este Consejo Audiovisual garantizará que las adjudicaciones y renovaciones se hagan de forma equilibrada. Asimismo, se encargará de elaborar un código deontológico para todo el sector.

4. Las nuevas TDT deben producir dos tercios de su programación, como recomienda la Unión Europea, y dedicar también dos tercios a la temática del ámbito geográfico de la concesión otorgada.

5. Es necesario un convenio marco regional de medios de comunicación, que reconozca a los trabajadores y trabajadoras sus derechos laborales, más aún si pertenecen a empresas multimedia y alternan trabajos en prensa, radio y televisión. Además, hace falta un Estatuto del Periodista, como el que se tramita en el Congreso, para garantizarles el derecho a realizar su trabajo con libertad e independencia y dotarles de Consejos de Información.

Pero nuestros objetivos no se detienen aquí. Pretendemos constituirnos como una plataforma estable, para intercambiar puntos de vista y emprender una serie de iniciativas destinadas a fomentar la participación ciudadana, la educación en valores democráticos y el debate público y plural en torno al modelo de desarrollo que queremos legar a nuestros hijos e hijas.

Por todo ello, invitamos a la ciudadanía de la Región y a cuantas organizaciones deseen sumarse a esta Plataforma, para promover la regeneración democrática que la Región de Murcia necesita.

PLATAFORMA CIUDADANA POR LA DEMOCRACIA INFORMATIVA

Organizaciones que integran la Plataforma y suscriben el presente Manifiesto:

FORO CIUDADANO DE LA REGIÓN DE MURCIA - ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS Y EDITORES INDEPENDIENTES DE LA REGIÓN DE MURCIA - FEDERACIONES DE ASOCIACIONES DE VECINOS, CONSUMIDORES Y USUARIOS DE MURCIA Y DE LORCA Y COMARCA DEL GUADALENTÍN ­ FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE PADRES Y MADRES DE ALUMNOS - COORDINADORA LA REGIÓN DE MURCIA NO SE VENDE ­ FORO SOCIAL DE LA REGIÓN MURCIANA ­ COMISIÓN 8 DE MARZO ­ ACSUR-LAS SEGOVIAS ­ ASOCIACIÓN OFICINA VERDE DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA - UNIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y GANADEROS ­ CGT - STERM-INTERSINDICAL ­ UGT ­ CCOO ­ IURM ­ JUVENTUDES SOCIALISTAS- PSRM-PSOE