LA
REGIÓN DE MURCIA TRAS EL 27-M
FORO
CIUDADANO DE LA REGIÓN DE MURCIA
Murcia, 22 de junio de 2007
Tras las elecciones municipales y autonómicas
celebradas en España el 27 de mayo de 2007, y tras
la constitución oficial de los nuevos ayuntamientos
el 16 de junio, el Foro Ciudadano de la Región de Murcia
ha decidido hacer público el siguiente documento de
análisis, debatido y aprobado en su Asamblea General
del 22 de junio de 2007.
Teniendo a la vista los resultados electorales, tanto de
la Región de Murcia como del conjunto de España
(véase un detallado resumen de los mismos en el apartado
III), desde el Foro Ciudadano queremos hacer los siguientes
comentarios valorativos.
En la Región de Murcia se ha confirmado una tendencia
apuntada en las elecciones municipales y autonómicas
de 2003, y reforzada en las generales de 2004: frente al cambio
de ciclo político que tuvo lugar el 14 de marzo de
2004 en el conjunto de España, que supuso el paso de
la etapa Aznar a la etapa Zapatero, y que se ha consolidado
en las recientes elecciones del 27-M, nuestra Región
se ha alineado con las comunidades más conservadoras,
como Madrid y Valencia, en las que el PP mantiene su principal
granero de votos.
Son varias las razones que explican los sucesivos y crecientes
triunfos del PP murciano. Tal vez la verdad se encuentre en
una combinación de todas ellas, aunque es difícil
determinar la proporción que corresponde a cada una.
A continuación, las enumeramos brevemente.
1. En primer lugar, la estrategia
del PP de Rajoy, destinada a plantear las elecciones del 27-M
como unas primarias de las generales, ha conseguido movilizar
a su electorado más conservador contra la política
antiterrorista y territorial del gobierno Zapatero y de sus
aliados parlamentarios (IU y los partidos nacionalistas).
Con el fin de contrarrestar el gran fiasco de la guerra de
Irak, la estrepitosa derrota del 14-M tras las mentiras del
11-M, los notables éxitos de la política económica
y social de Zapatero, y los abundantes casos de corrupción
urbanística que han afectado en los últimos
a años a varios ayuntamientos y comunidades del PP,
este partido ha decidido centrar el debate político
en las cuestiones de identidad y seguridad nacional, y presentarse
a sí mismo como el único garante de la unidad
de España y la derrota de ETA. Y para ello no ha vacilado
en promover todo tipo de mentiras (como la teoría de
la conspiración en torno al 11-M), enfrentar a unas
comunidades con otras (fomentando el más furibundo
anticatalanismo) y utilizar la política antiterrorista
como arma de confrontación electoral (en lugar de prestar
su apoyo al gobierno legítimo y a la unidad de los
demócratas). Esta estrategia ha tenido efectos ambivalentes:
ha conseguido mantener y reforzar el poder del PP en las cinco
comunidades donde ya gobierna (Madrid, Valencia, Murcia, Castilla-León
y La Rioja), pero le ha hecho retroceder o no avanzar apenas
en otras (Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura
y casi todas las del norte, de Galicia a Cataluña).
Además, le ha quitado el poder en muchas capitales
y ciudades importantes, y ha hecho que el PSOE pueda acceder
al gobierno de Baleares y de Navarra. De modo que el PP gobernará
solo en seis comunidades (una con Coalición Canaria)
y el PSOE lo hará en diez. Así, el partido que
dice ser garante de la unidad de España ha conseguido
provocar no solo una gran crispación social, sino también
una notable polarización territorial y una pérdida
de poder local y autonómico.
La Región de Murcia se encuentra en el polo más
conservador de España y es un sólido feudo del
PP. Contra lo que esperaba el PSOE de Saura, las políticas
progresistas del gobierno Zapatero (incluidas sus inversiones
en el plan AGUA y en infraestructuras para la Región)
no han tenido en el electorado murciano el más mínimo
efecto positivo, sino todo lo contrario. Aquí ha calado
el discurso anti-Zapatero del PP, no solo por la derogación
del trasvase del Ebro, sino también por su supuesta
rendición ante ETA y su supuesta conspiración
con ella y los “moritos” terroristas para cometer
los atentados del 11-M, por sus alianzas con los nacionalistas
del norte (que, además de “no darnos agua”,
van a “romper España”), por su Alianza
de Civilizaciones con los países musulmanes (frente
al “choque de civilizaciones” promovido por Bush
y los neocons de ambas orillas del Atlántico), por
su laicismo en cuestiones de educación y de moral sexual
y reproductiva (un laicismo que no se ha atrevido a cuestionar
el Concordato y los privilegios de la Iglesia vaticana, pero
que sin embargo es combatido ferozmente por una jerarquía
eclesiástica subvencionada con fondos públicos),
por el reconocimiento de nuevos derechos civiles y sociales
(a las mujeres, los homosexuales, los trabajadores autónomos,
las personas dependientes, etc.), por la masiva regularización
de inmigrantes (que “nos quitan el trabajo y saturan
los servicios públicos”, a pesar de que todos
los informes reconocen su decisivo papel en el desarrollo
económico y en los ingresos del Estado), por su lucha
contra el urbanismo salvaje y la corrupción política,
etc. Aunque parezca sorprendente, las muchas medidas progresistas
del gobierno Zapatero, que son envidiadas e imitadas en otros
países de la Unión Europea, no han aumentado
sino que más bien han disminuido el apoyo electoral
del PSOE en la Región de Murcia, lo que indica dos
cosas: en esta comunidad autónoma el peso de los sectores
ultraconservadores (la ultraderecha patriótica y la
ultraderecha católica) es muy alto y la labor de comunicación
de las políticas del gobierno Zapatero ha fracasado
estrepitosamente.
2. En segundo lugar, el doble fenómeno
de la especulación inmobiliaria y la corrupción
política, que tanto debate ha suscitado en la Región
y en toda España, parecía que iba a pasar factura
electoral a los gobiernos locales y autonómicos más
afectados por la contestación ciudadana y los procesos
judiciales abiertos, pero no ha sido así. Al menos,
no en la mayoría de los casos. Se han visto castigados
los gobiernos de Canarias y Baleares, donde ya se están
notando los estragos de un modelo insostenible, pero no los
de Madrid, Valencia y Murcia, donde el PP ha salido incluso
reforzado. No por casualidad, estas tres comunidades han experimentado
en los últimos años un crecimiento muy fuerte
de la riqueza y el empleo, debido sobre todo al ascenso vertiginoso
del sector de la construcción. En las tres comunidades,
el PP ha promovido un modelo de crecimiento insostenible,
causante de muy graves impactos ambientales, basado en una
mano de obra barata, precaria y poco cualificada (en la que
abundan los inmigrantes, esos nuevos proletarios que trabajan
y cotizan pero no votan), y vinculado en parte al blanqueo
de dinero, la evasión fiscal y la corrupción
política. En la Región de Murcia, según
el Sindicato de Técnicos de Hacienda, la cuarta parte
del dinero circulante no paga impuestos. Además, es
un modelo de crecimiento que tiene los días contados,
pues ya se ha iniciado la fase de enfriamiento y declive del
sector. Pero parece que en los votantes del PP no han pesado
todos estos aspectos negativos de la bomba inmobiliaria, sino
que más bien se han dejado seducir por la expectativa
de un enriquecimiento rápido y generalizado. La especulación
y la corrupción han hecho posible no solo grandes pelotazos
sino también una cierta distribución de la riqueza,
de la que muchos se han beneficiado. En los últimos
años, hemos vivido la quimera del ladrillo, y quienes
se encuentran en la cresta de la ola no quieren saber lo que
se esconde bajo la espuma, ni lo que va a suceder mañana.
En cuanto a la corrupción, parece claro que el electorado
se la consiente mucho mejor a los políticos de derechas
que a los de izquierdas. Los siete altos cargos del Gobierno
regional murciano imputados por la Fiscalía del TSJ
de Murcia en el caso de la Zerrichera (imputación confirmada
tras el 27-M por una sentencia de la Audiencia Provincial,
que habla de “importantísimas plusvalías”
ilícitas y de una posible “actuación concertada”
de los imputados) no le han supuesto coste alguno al presidente
Valcárcel. En cuanto a los nueve alcaldes del PP imputados
por la Fiscalía, si exceptuamos al de San Javier, casi
todos los demás han aumentado su base electoral, y
muchos volverán a gobernar con mayoría absoluta.
Indudablemente, la corrupción ha superado en la Región
de Murcia (y en otras comunidades españolas) la prueba
de las elecciones. Estamos ante el mismo fenómeno de
complicidad social con la corrupción que se ha dado
en Marbella durante cuatro legislaturas consecutivas. No es
extraño que Carlos Fabra, tras revalidar su cargo como
presidente de la diputación de Castellón, a
pesar de todas las imputaciones que pesan sobre él,
haya declarado que las elecciones han sido un “juicio
popular” y que los electores le han “absuelto
con sobresaliente”. Como buen corrupto y mal demócrata,
Fabra cree que está por encima de la ley y que el apoyo
electoral obtenido es un plebiscito para seguir haciendo lo
que le venga en gana. No comprende la separación de
poderes entre el ejecutivo y el judicial, ni distingue tampoco
entre intereses públicos y privados. Lamentablemente,
los cargos públicos del PP imputados en la Región
de Murcia han demostrado la misma actitud, al presentarse
de nuevo a las elecciones con el fin de que los votos les
garanticen la impunidad ante los tribunales de justicia.
3. En tercer lugar, en las pasadas elecciones
ha seguido influyendo el “Agua para todos”, tanto
en Valencia como en Murcia, a pesar de que el propio PP se
encuentra dividido territorialmente (como han puesto de manifiesto
las reformas estatutarias de Aragón, Castilla-La Mancha
y Valencia), y a pesar de que el gobierno de Zapatero ha puesto
en marcha las grandes inversiones del plan AGUA, que incluyen
unos programas de ahorro, depuración, reutilización
y desalación mucho más sostenibles que los trasvases
y más acordes con la Directiva Marco del Agua de la
UE. Pero eso es demasiado complejo como mensaje electoral.
Es mucho más simple, por más que sea completamente
engañoso, decir a los electores que el Ebro “tira
el agua al mar”, o que Zapatero “cierra el grifo”
a los murcianos. En realidad, el “Agua para todos”
es una consigna-comodín que vale para todo y que en
los últimos años ha sido reconvertida sin ningún
pudor, pues ya no está dirigida a extender y preservar
el regadío sino más bien a recalificarlo y reemplazarlo
por el ladrillo. Lamentablemente, esta reconversión
se ha producido con el clamoroso silencio, por no decir con
la complicidad abierta de las comunidades de regantes y las
organizaciones agrarias, que se han plegado a la estrategia
de los especuladores y promotores inmobiliarios. De hecho,
el “Agua para todos” significa ahora “Pelotazo
para todos”. Este es el mensaje dominante del PP murciano,
que parece haber calado profundamente en los electores que
le han dado su voto.
En esta labor de manipulación demagógica del
agua y el pelotazo, han ejercido un papel muy activo varios
medios de comunicación regionales, cuya financiación
depende de su sumisión al Gobierno regional y a la
patronal del ladrillo. La utilización abusiva y discrecional
de las subvenciones públicas por parte de los poderes
municipales y autonómico, tanto a los medios de comunicación
como a todo tipo de entidades folclóricas, festivas
y religiosas, sumada a las exenciones fiscales y la privatización
de las plusvalías inmobiliarias, ha dado lugar a un
régimen clientelar que se sostiene sobre la vieja estrategia
del panem et circenses.
4. En cuarto lugar, está el silenciado
factor de los inmigrantes y de su segregación social
y residencial. Es sabido que la Región de Murcia, pese
a que su PIB crece por encima de la media nacional, en gran
parte gracias al trabajo de los inmigrantes (que son ya el
11% de la población y el 20% de la mano de obra), ocupa
el furgón de cola en cuanto a rentas salariales, estabilidad
y cualificación laboral, empleo femenino, número
de escuelas infantiles, tasa de titulación del alumnado
de secundaria, número de médicos y camas por
habitante, y porcentaje de los presupuestos públicos
dedicados a políticas sociales y asistenciales. Este
desajuste entre el crecimiento del PIB y los bajos indicadores
de desarrollo humano explica que la Región de Murcia
sea una de las comunidades con mayor desigualdad económica
y social. Se supone que esta situación debería
inclinar al electorado (al menos a los trabajadores con menos
recursos) hacia la izquierda, porque uno de los ejes de los
partidos de izquierda es la redistribución social de
la riqueza, mediante la defensa de unas condiciones laborales
dignas y unos servicios públicos universales y de calidad.
Mientras que el PP, por el contrario, ha promovido una economía
especulativa e insolidaria, basada en la evasión fiscal
y la precariedad laboral, y al mismo tiempo ha impulsado la
privatización de los servicios públicos (educación,
sanidad, servicios sociales, universidades y agencias culturales),
con el fin de crear dos sistemas paralelos, uno privado-concertado
para las clases medias autóctonas y otro público
para los pobres y los inmigrantes.
La izquierda ha creído que denunciando esta dualización
social y prometiendo unos servicios públicos universales
y de calidad, se ganaría el favor del electorado, pero
ha ocurrido exactamente lo contrario. Porque una parte muy
amplia de la clase trabajadora autóctona se ha promocionado
socialmente y se ha vuelto políticamente conservadora
gracias a la especulación inmobiliaria, pero también
gracias al trabajo barato y precario de ese nuevo proletariado
sin derechos que son los inmigrantes, a los que al mismo tiempo
se acusa del deterioro del empleo, los servicios públicos
y la vida urbana. Por eso, los que han ascendido socialmente
o aspiran a hacerlo, aprueban las políticas de segregación
educativa, social y residencial promovidas por el PP, conforme
al modelo de las ciudades estadounidenses, donde proliferan
las urbanizaciones periféricas y los megacentros comerciales,
conectados entre sí por un tupida malla de autopistas.
Esta política deliberada de segregación étnica
y social, de la que nadie quiere hablar en público,
es un factor importante a la hora de comprender por qué
el electorado murciano apoya la privatización y dualización
de los servicios públicos y del planeamiento urbanístico.
Es lo que el sociólogo Enrique Gil Calvo ha llamado
“americanización” de las comunidades del
PP, una americanización que está degradando
la habitabilidad de nuestras ciudades, su capacidad de integración
social y su tradicional atractivo turístico y cultural
como legado viviente de la milenaria civilización mediterránea.
5. Por último, están los errores
y debilidades de la izquierda política y sindical.
En primer lugar, y ante todo, los errores y debilidades del
PSOE murciano. El gran problema del PSOE es que la renovación
emprendida hace casi tres años por la actual ejecutiva
ha sido muy contradictoria e insuficiente, como se comprobó
en la confección de las listas electorales, lo que
ha dejado al descubierto la debilidad del partido, su falta
de cohesión interna y su escasa conexión con
la sociedad civil murciana. Sigue siendo muy fuerte la resistencia
de la vieja guardia, atrincherada en algunas agrupaciones
locales y en los ayuntamientos donde ha venido gobernando
o donde ha venido ejerciendo una oposición débil
y acomodaticia. Se ha dado una notable contradicción
entre el discurso de la ejecutiva regional, alineado con las
posiciones y actuaciones más progresistas del gobierno
Zapatero, y la política municipal de los ediles socialistas
murcianos, especialmente en urbanismo, medio ambiente y participación
ciudadana. Por eso, resulta patético que esa vieja
guardia, que ha desangrado al PSOE desde 1995 y ha lastrado
la necesaria renovación del partido, pretenda ahora
que la solución está en cortar las cabezas de
la actual ejecutiva y dar un “giro al centro”,
como si la pérdida de Lorca, Abarán, La Unión,
Lorquí y Santomera se hubiera debido al excesivo “izquierdismo”
de sus alcaldes y no más bien a su incapacidad para
hacer una política urbanística, ambiental y
participativa claramente diferenciada del PP. Sería
muy grave para el PSOE murciano volver al cainismo del pasado.
Al contrario, tras cuatro derrotas electorales consecutivas,
debería acometer de una vez por todas la ineludible
tarea de refundarse a sí mismo (como se ha propuesto
hacer el PSOE madrileño), renovando profundamente sus
agrupaciones, fortaleciendo su organización interna
y abriéndose de forma mucho más decidida a la
sociedad civil murciana.
En cuanto a IU+LV, a pesar de su escasa representación
autonómica y municipal, su papel sigue siendo imprescindible
en el mapa electoral murciano. Pero la recuperada coalición
de IU con Los Verdes y la activa implicación en el
movimiento ciudadano y ecologista no le ha llevado a aumentar
significativamente su base electoral. Ha subido ligeramente
en votos, pero a cambio ha perdido concejales y ha desaparecido
de varios ayuntamientos, entre ellos el de Cartagena. Algunas
de estas pérdidas se han debido a sus anteriores pactos
con el PP y a su deficiente labor de oposición. A cambio,
ha recuperado una concejalía en Murcia y tiene la llave
del gobierno en siete ayuntamientos. Pero corre el riesgo
de no administrar este poder de bisagra con una perspectiva
estratégica coherente, lo cual puede ser muy perjudicial
para la consolidación de la propia IU+LV y para el
conjunto de la izquierda murciana.
Las negociaciones postelectorales entre el PSOE e IU+LV (y,
sobre todo, sus primeros desencuentros en Ceutí, La
Unión, Moratalla, Mula y Jumilla) han puesto de manifiesto
que ambas formaciones siguen teniendo dificultades para concertar
una estrategia de colaboración estable y un programa
progresista común de ámbito regional, aun sabiendo
que la hegemonía del PP murciano no se verá
cuestionada mientras las izquierdas no demuestren que son
capaces de gobernar conjuntamente y de ofrecer un modelo alternativo
de gestión pública y de participación
ciudadana, tanto a escala municipal como autonómica.
Por último, la lamentable situación de la izquierda
murciana no se debe exclusivamente a las debilidades y errores
del PSOE e IU+LV. Creemos que los dos sindicatos mayoritarios
(CCOO y UGT) tienen también su parte de responsabilidad.
Dada la desastrosa situación de las condiciones laborales
en la Región de Murcia (que se encuentran entre las
peores de España), dada la política de privatización
y descapitalización de los servicios públicos
practicada por el PP a escala autonómica y municipal,
y dados los extremos a los que se ha llegado en la expansión
del urbanismo salvaje, la desprotección ambiental y
la corrupción política, es incomprensible que
CCOO y UGT se hayan prestado a suscribir con el Gobierno de
Valcárcel toda clase de pactos (por el Empleo, por
la Educación, por el Medio Ambiente, etc.), en un período
preelectoral y sin que se hubieran cumplido los pactos precedentes.
Es legítimo y necesario que los sindicatos busquen
acuerdos con los gobiernos de turno para beneficiar a los
trabajadores, pero es igualmente legítimo y necesario
que ejerzan una labor de reivindicación y de crítica
cuando los acuerdos no cumplen realmente su objetivo declarado.
Si los sindicatos no ejercen con suficiente firmeza y claridad
esta segunda tarea de reivindicación y de crítica,
los pactos suscritos acaban teniendo como resultado apuntalar
al partido gobernante, ocultar su autoritaria falta de diálogo
con la oposición política y con las organizaciones
ciudadanas, y alimentar ante la opinión pública
murciana la apariencia de una falsa unanimidad social. Creemos
que CCOO y UGT deben asumir ante la ciudadanía la responsabilidad
que les corresponde. No pueden seguir prestándose a
ser instrumentalizados políticamente por el partido
gobernante. Y para ello es imprescindible que comiencen a
exigirle el estricto cumplimiento, el seguimiento riguroso
y la evaluación crítica de todos los acuerdos
suscritos.
A partir de ahora, vamos a encontrarnos con una situación
paradójica. Por un lado, el rotundo éxito electoral
del PP murciano le llevará a seguir adelante con su
ya conocida política, basada en el ladrillo, la privatización
de los servicios públicos, el control de los medios
de comunicación y la confusión entre intereses
públicos y privados. Por otro lado, esa política
va a verse erosionada desde el primer momento por la crisis
del sector inmobiliario, las numerosas investigaciones judiciales
en curso (y otras que puedan iniciarse, como la que afecta
al ayuntamiento de Torre Pacheco), la visibilidad de las actuaciones
del Gobierno de Zapatero (como las inversiones en infraestructuras
y en el programa AGUA), y, por último, la lenta pero
paulatina expansión del movimiento de contestación
ciudadana que ha ido surgiendo en los últimos años,
en torno a la Coordinadora “La Región de Murcia
no se vende”.
En esta nueva situación, en la que el régimen
de partido cuasi-único se ha visto de nuevo confirmado,
es más necesario que nunca que funcionen los contrapesos
democráticos. Los de las instancias europeas (el Parlamento
Europeo acaba de aprobar una segunda y muy dura resolución
contra el urbanismo salvaje de Madrid y del Levante español),
los de las instancias nacionales (las políticas sociales
y ambientales que viene promoviendo el Gobierno central),
y los de la propia comunidad murciana: la labor eficaz y concertada
de la oposición política en la Asamblea Regional,
una mejor comunicación de las políticas promovidas
por Zapatero y de su positiva incidencia en la Región,
la gestión sostenible, solidaria y participativa de
los ayuntamientos gobernados por las izquierdas, la actuación
firme de la Fiscalía y de los tribunales de justicia
(no solo contra la corrupción sino también contra
los planes urbanísticos que no tienen garantizada el
agua), la independencia y el pluralismo informativo de los
medios de comunicación, y, por último, la participación
activa y crítica de la sociedad civil murciana.
Desde el Foro Ciudadano vamos a seguir exigiendo al PP y
a los demás partidos el cumplimiento de las 30 medidas
propuestas en el , un documento promovido
por el Foro Ciudadano y suscrito el pasado 15 de mayo por
unas 150 asociaciones representativas de los más diversos
sectores sociales (sindicatos, vecinos, consumidores, padres
y madres de alumnos/as, grupos ecologistas, colectivos feministas,
asociaciones juveniles, ONGs de ayuda al desarrollo y de apoyo
a los inmigrantes, etc.).
Asimismo, vamos a seguir exigiendo una , conforme
al documento que hicimos público el 2 de julio de 2005
y cuyas propuestas fueron presentadas el 27 de octubre de
2006 ante la Comisión Especial de la Asamblea Regional.
Es decir, una reforma que cuente con el más amplio
consenso político y social, que apueste por un modelo
de desarrollo sostenible y solidario, que establezca cauces
estables y efectivos de participación ciudadana en
los ámbitos autonómico y municipal, que promueva
la independencia y el pluralismo de los medios de comunicación
públicos, y que incorpore una carta de derechos sociales
y de servicios públicos universales garantizados mediante
un porcentaje de los presupuestos autonómicos y municipales.
Hoy, más que nunca, hemos de seguir fomentando la
cultura democrática de la ciudadanía, para que
ejerza un papel mucho más crítico y activo en
la vida pública de nuestra comunidad y nuestros municipios.
Hemos de seguir construyendo la red de organizaciones progresistas
de la sociedad civil murciana. Hemos de seguir luchando para
que la Región de Murcia cambie de rumbo político,
para que deje atrás su larga etapa conservadora y pase
a formar parte de las comunidades más progresistas
de España y Europa.
III.1. Los resultados electorales en España
En el conjunto de España, los resultados más
destacados de las elecciones municipales y autonómicas
del 27-M son los siguientes:
- La participación electoral ha descendido casi
cuatro puntos (del 67,68 al 63,78 por ciento en las municipales),
sobre todo por la alta abstención de Cataluña
y Andalucía, donde no se celebraban elecciones autonómicas.
- En el conjunto de España, y sin cortar a los partidos
nacionalistas y regionalistas que concurren únicamente
en sus comunidades autónomas (CIU, ERC, ICV, PNV,
EA, NB, BNG, CC, PA, PAR, CHA, NB, etc), los votos de la
izquierda (PSOE e IU) han superado ampliamente a los votos
de la derecha (PP) en las elecciones municipales. Los votos
del PSOE (7.758.093, el 34,90%) y de IU (1.216.443, el 5,47%)
suman 8.974.536 y el 40,37%, por lo que superan a los del
PP (7.914.084, el 35,60) en 1.060.452 y en casi cinco puntos
porcentuales.
- El PP ha sido el partido más votado en las elecciones
municipales, superando al PSOE en 155.991 votos, debido
sobre todo a la elevada abstención de Cataluña
y Andalucía, donde el PSOE tiene su principal granero
de votos. De hecho, el PP no ha subido mucho en votos, sino
que más bien ha sido el PSOE el que ha bajado, aunque
en porcentaje ha aumentado unas centésimas. En efecto,
el PP ha subido ligeramente con respecto a 2003, pasando
de 7.875.761 a 7.914.084 votos (un aumento de solo 38.323)
y del 34,29 al 35,60 por ciento (un aumento de algo más
de un punto), mientras que el PSOE ha sufrido un descenso
bastante mayor en votos, pasando de 7.999.178 a 7.758.093
(una diferencia de 241.185), aunque ha conservado el mismo
porcentaje, pasando de 34,83 a 34,90.
- Sin embargo, el PSOE ha ganado las elecciones municipales
en número de concejales, superando al PP en 679.
Además, ha aumentado su número de concejales
con respecto a 2003, pasando de 23.224 a 24.026 (una diferencia
de 802), mientras que el PP ha perdido concejales, pasando
de 23.614 a 23.347 (una diferencia de 267).
- En cuanto al resto de grupos políticos, han retrocedido
IU, CIU, ERC, PNV, CC, PA y CHA, se ha mantenido el BNG
y ha subido el PAR. Pero lo más relevante es que
estos grupos han sido decisivos para conformar coaliciones
de gobierno en muchos municipios, sobre todo en torno al
PSOE.
- Los pactos postelectorales han permitido al PSOE arrebatar
al PP el gobierno de 9 capitales de provincia, por lo que
pasará a gobernar en 23 (entre ellas, las cuatro
catalanas y tres de la cuatro gallegas), mientras que el
PP gobernará en 22 (11 menos que en la anterior legislatura)
y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Izquierda
Unida gobernará en Córdoba, el BNG en Pontevedra,
Coalición Canaria en Santa Cruz de Tenerife, el PNV
en Bilbao y el Partido Aragonés en Teruel. Además,
el PSOE gobernará en 69 ciudades de más de
50.000 habitantes, mientras que el PP lo hará en
53. Entre las ciudades de más de 250.000 habitantes,
el PSOE gobernará en 9 y el PP en 6. En resumen,
el PSOE gobernará sobre el 60% de la población
de los municipios españoles (600.000 ciudadanos más
que en 2003), de modo que supera ampliamente al PP en poder
local.
- En cuanto a las elecciones autonómicas, también
han supuesto un retroceso para el PP y un avance para el
PSOE. El PP ha convalidado su mayoría absoluta en
cinco comunidades (Madrid, Valencia, Murcia, Castilla-León
y La Rioja) y en las tres primeras ha subido incluso varios
puntos, infringiendo una severa derrota al PSOE madrileño,
valenciano y murciano. De hecho, estas tres comunidades
se han convertido en el principal granero de votos del PP
y junto con las otras dos suman aproximadamente el 50% de
todo su electorado. Pero, a cambio, el PP ha perdido Baleares
y su socio UPN ha perdido Navarra, una comunidad emblemática
para su estrategia de acoso a la política territorial
y antiterrorista de Zapatero. En Canarias, el PP ha renovado
el pacto de gobierno con Coalición Canaria, pero
este grupo ha perdido 9 puntos y el PP ha perdido 6, mientras
que el PSOE ha ganado 9, convirtiéndose en el partido
más votado en todas las islas del archipiélago.
- Tras haber pactado con UM en Baleares, y en caso de que
hiciese otro tanto con Nafarroa-Bai en Navarra, el PSOE
podría gobernar en diez de las diecisiete comunidades:
lo hará con mayoría absoluta en tres de ellas
(Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura, a pesar
de la retirada de Bono e Ibarra) y en las otras siete lo
haría en coalición con diversos partidos nacionalistas
y regionalistas (Baleares y todas las comunidades del norte
de España, excepto el País Vasco: Galicia,
Asturias, Cantabria, Navarra, Aragón y Cataluña).
En resumen, la izquierda (PSOE e IU) ha superado a la derecha
(PP) en más de un millón de votos y en casi
cinco puntos, el PP ha sido el partido ganador de las municipales
en número de votos, y el PSOE lo ha sido en número
de concejales, alcaldías de capitales y ciudades de
más de 50.000 habitantes, y también en número
de gobiernos autonómicos, por lo que ha incrementado
su poder local y autonómico con respecto a 2003. La
explicación de esta paradoja es muy sencilla: por un
lado, la elevada abstención de comunidades como Andalucía
y Cataluña le ha restado votos al PSOE, pero no ha
mermado su porcentaje global; por otro lado, los votos del
PP no han crecido apenas, sino que se han polarizado territorialmente,
aumentando en unas pocas comunidades (sobre todo, Madrid,
Valencia y Murcia), pero disminuyendo en otras; por último,
el PSOE ha contado con IU y otros partidos de ámbito
autonómico y local, para formar coaliciones de gobierno
con un programa progresista.
III.2. Los resultados electorales en la Región
de Murcia
En la Región de Murcia, los resultados más
destacados de las elecciones municipales y autonómicas
del 27-M son los siguientes:
- La participación electoral ha disminuido ligeramente
con respecto a 2003 (del 69,98 al 68,75 en las autonómicas
y del 69,86 al 67,53 en las municipales), pero sigue estando
varios puntos por encima de la media nacional (que baja
del 67,68 al 63,78 en las municipales).
- El PP ha obtenido la mayoría absoluta en la Asamblea
Regional (29 diputados sobre 45) y en dos tercios de los
municipios (29 alcaldes sobre 45). Con esta cuarta victoria
consecutiva, supera el precedente del PSOE, que gobernó
la Región de 1983 a 1995. Además, rompe su
propio techo electoral con respecto a 2003, tanto en la
Asamblea Regional (donde ha pasado del 56,66 al 58,49 por
ciento de votos) como en la ciudad de Murcia (del 60,06
al 61,28). Con estos resultados, el PP murciano vuelve a
ser el partido más votado de todas las comunidades
y capitales de provincia (si exceptuamos a Ceuta, con el
65,18). De este modo, la Región de Murcia confirma
la posición alcanzada en 2003 y se consolida como
la comunidad más conservadora de toda España,
por encima de Madrid y Valencia.
- En la Asamblea Regional, mientras el PP pasa del 56,66
al 58,49 por ciento de votos y aumenta un diputado, el PSOE
retrocede de 16 a 15 diputados y pierde más de dos
puntos, pasando del 34,63 al 32,45. La mitad de esos votos
los ha perdido, con el diputado correspondiente, en la circunscripción
de Lorca. En cuanto a IU+LV, ha crecido ligeramente del
6,44 al 6,58, pero conserva un solo diputado, obtenido en
la circunscripción de Murcia, dado que la división
en cinco circunscripciones electorales produce un efecto
claramente desproporcionado e injusto: al PP le ha costado
13.016 votos cada diputado, al PSOE 13.687 y a IU+LV nada
menos que 40.296. Si hubiese una sola circunscripción
regional, el PP habría obtenido uno o dos diputados
menos, que le habrían correspondido a IU+LV, mientras
que el PSOE habría mantenido sus 15 diputados.
- En cuanto a los resultados de las municipales, el PP ha
subido más de dos puntos en el porcentaje regional
de votos (del 52,69 al 55,14), y ha aumentado en 36 el número
de concejales (de 377 a 413), mientras que el PSOE ha retrocedido
más de dos puntos (del 34,63 al 32,45) y ha perdido
12 concejales (de 283 a 271). Además, el PP ha obtenido
mayoría absoluta en las cuatro ciudades más
pobladas (Murcia, Cartagena, Lorca y Molina de Segura) y
en otros 25 municipios, tras arrebatarle al PSOE el gobierno
de Lorca y el de poblaciones como Abarán, La Unión,
Lorquí y Santomera. A cambio, ha perdido Beniel en
favor del PSOE. En cuanto a la coalición IU+LV, aunque
ha subido ligeramente su porcentaje total de votos (del
6,44 al 6,58), ha perdido 5 concejales (de 37 a 32) y ha
desaparecido en varios municipios (Cartagena, Fortuna, Lorquí,
Mazarrón, Ricote, San Javier, San Pedro del Pinatar
y Torre Pacheco), pero a cambio ha recuperado una concejalía
en Murcia, tiene la llave de seis gobiernos municipales
(Albudeite, Bullas, Ceutí, Moratalla, Mula y Jumilla)
y cuenta también con concejales en Águilas,
Alhama de Murcia y Yecla.
- A falta de que se resuelvan los contenciosos electorales
de La Unión (donde el PP ha obtenido mayoría
absoluta por un voto) y Yecla (donde el PP ha sido el más
votado), los pactos postelectorales (o su ausencia, en cuyo
caso obtiene la alcaldía el partido más votado)
han dado lugar a los siguientes resultados: el PP retrocede
de 33 a 30 alcaldes (aunque puede ganar los dos en litigio
y conseguir el gobierno del 85% de la población regional),
el PSOE se mantiene con 11 (pero pierde mucho poder local,
porque gobernará al 10,7% de la población),
los independientes de Ojós se mantienen con 1 e IU+LV
consigue también 1 en Ceutí.
En resumen, las elecciones autonómicas del 27-M no
han supuesto cambios políticos relevantes en la Asamblea
Regional, excepto que el PP ha aumentado un diputado a costa
del PSOE, lo que supone que la persona y la política
del presidente Ramón Luis Valcárcel no solo
no ha sufrido desgaste alguno tras doce años de gobierno,
sino que ha subido casi dos puntos y se ha convertido en el
presidente autonómico más votado de toda España.
En cuanto a los cambios políticos que se han producido
en las elecciones municipales, sea de forma directa o a través
de los pactos postelectorales, los más destacados son
los siguientes:
- La obtención por parte del PP de la mayoría
absoluta en 29 municipios, incluidos los cuatro más
poblados, a los que hay que sumar los otros 6 en los que
obtuvo mayoría simple, aunque de estos solo conseguirá
la alcaldía en 2 o 3.
- La pérdida por parte del PSOE de la ciudad emblemática
de Lorca y de otros cuatro ayuntamientos: Abarán,
La Unión, Lorquí y Santomera.
- La pérdida por parte del PP de Beniel y otros dos
ayuntamientos que habían estado siempre en su poder:
San Javier y San Pedro del Pinatar. En estos dos últimos
casos, el modelo de urbanismo salvaje se encuentra ya muy
avanzado y ha comenzado a mostrar sus efectos negativos.
El PSOE ha pasado a gobernarlos en coalición y al
mismo tiempo conserva Los Alcázares, lo que le permitirá
controlar una gran parte del Mar Menor.
- La obtención por parte del PSOE, mediante mayoría
simple o coaliciones postelectorales, de los municipios
de Albudeite, Bullas, Moratalla, Mula y Jumilla. Esto indica
que las tres zonas en las que el PSOE concentra su poder
local son el Noroeste, el Altiplano y el Mar Menor.
- El papel de árbitro que ha pasado a ejercer IU+LV
en varios municipios, con actuaciones muy diferentes en
cada caso: ha formado coalición con el PSOE en Albudeite,
Bullas y Mula, pero no en Moratalla, Mula y Jumilla, donde
ha dejado gobernar al PSOE en minoría, ni en Ceutí,
donde había decidido dejar gobernar al PP, pero el
PSOE ha optado por dar sus votos al candidato de IU+LV para
que no obtuviera la alcaldía al PP. Esta iniciativa
ha abierto la vía a un posible acuerdo PSOE-IU+LV.
- La anómala situación de Alhama de Murcia,
provocada por una escisión en el seno del PP y la
formación de una nueva agrupación local, lo
que ha conducido a un insólito pacto PP-PSOE, por
el que ambos partidos van a alternar la alcaldía
y la concejalía de urbanismo.
- El diferente comportamiento del electorado en los municipios
cuyos alcaldes, concejales y/o funcionarios se encuentran
imputados por la justicia en casos de corrupción.
En cuanto a las corporaciones del PP, ha sido castigado
el alcalde de San Javier (en gran parte gracias a la eficaz
oposición del grupo independiente), pero han mejorado
sus resultados los de Águilas, Alcantarilla, Cieza,
Mazarrón y Murcia, y todos ellos van a seguir gobernando,
los cuatro últimos con holgada mayoría absoluta.
En cuanto a las corporaciones del PSOE, ha perdido muchos
votos la de Los Alcázares, pero sigue conservando
la mayoría absoluta. De modo que, en general, puede
decirse que la corrupción apenas ha pasado factura
electoral y a la mayor parte de los candidatos del PP les
ha proporcionado incluso un mayor apoyo electoral.
- En cuanto al comportamiento del electorado en los municipios
más polémicos por sus disparatados planes
urbanísticos, ha ocurrido algo muy significativo:
casi todas las corporaciones gobernadas por el PP han incrementado
su apoyo electoral, como las ya citadas en el párrafo
anterior, a las que habría que añadir los
casos de Molina de Segura y Totana; en cambio, muchas de
las gobernadas por el PSOE, a pesar de que su política
urbanística ha sido similar a la del PP e incluso
en algunos casos ha contado con su apoyo más o menos
explícito, han pasado a manos de este último
partido, como ha ocurrido en el emblemático ayuntamiento
de Lorca, y en los de Abarán, La Unión, Lorquí
y Santomera. Incluso en Los Alcázares y Jumilla ha
faltado poco para que se diera un vuelco parecido.
Aprobado en Asamblea
General del día 22 de junio de 2007 |
