SITUACIÓN POLÍTICA EN LA REGIÓN DE MURCIA (mayo de 2004)

Las elecciones generales del 14 de marzo de 2004 han provocado un vuelco político en España, poniendo fin a ocho años de gobierno del PP y permitiendo al PSOE hacerse de nuevo con la mayoría suficiente para gobernar en solitario. La pérdida de la mayoría absoluta por parte del PP parecía bastante probable, sobre todo tras el resultado de las elecciones municipales de 2003 (que dieron mayoría de votos al PSOE) y tras la victoria del tripartito en Cataluña (que abrió un nuevo ciclo político en esta comunidad, gobernada por CiU desde la transición). Pero, tras la victoria del PP en la comunidad de Madrid y tras la dimisión de Carod Rovira por su entrevista con ETA, nadie esperaba que el PSOE obtuviera en el Congreso 16 diputados más que el PP y se quedara a sólo 12 de la mayoría absoluta. El atentado terrorista del 11-M y el modo en que fue utilizado por Aznar, fueron sin duda un acicate para el aumento de la participación electoral y para el voto de castigo contra el PP, acentuando así una voluntad de cambio político que se había ido extendiendo en los dos últimos años (al menos, desde la huelga general del 20 de junio de 2002) y que ya se reflejaba en las encuestas preelectorales.

Es muy importante que la derrota del PP haya sido tan rotunda e inequívoca, y que se haya producido con una participación de casi nueve puntos por encima de las anteriores elecciones generales. El PP ha pasado directamente de la mayoría absoluta a la oposición, cosa que no había ocurrido en toda la historia de nuestra democracia. Eso indica que el rechazo del pueblo español hacia el gobierno del PP, y en especial hacia su política autoritaria, belicista, manipuladora y cínica, ha sido muy firme y muy claro.

También hay que destacar el enorme éxito que Zapatero ha conseguido para el PSOE: casi 11 millones de votos, 3 más que en las elecciones anteriores. Esta victoria le ha proporcionado una gran autoridad moral, no sólo dentro de su partido sino también ante el conjunto de las fuerzas políticas parlamentarias, ante la opinión pública española y ante los demás gobiernos extranjeros. Con esta autoridad moral, le será más fácil cumplir sus compromisos electorales y obtener de un PP debilitado los grandes acuerdos de Estado (en la reforma de la Constitución y de los estatutos autonómicos, en política exterior, en política de inmigración, etc.) que Aznar le ha venido negando al PSOE y al resto de la oposición.

Este cambio de ciclo político no sólo va a tener grandes consecuencias en la política interna de nuestro país, sino que también va a modificar la relación de fuerzas a escala internacional, tanto en el seno de la Unión Europea como en la relación de España con Estados Unidos, Latinoamérica y los países árabes y musulmanes. De hecho, la primera decisión del nuevo presidente ha sido ordenar el regreso inmediato de las tropas españolas en Iraq, como había venido prometiendo desde el inicio de la ocupación, y como había venido exigiendo la inmensa mayoría del pueblo español. Esta retirada debilita la política belicista mantenida por Estados Unidos y Gran Bretaña, y refuerza en cambio el papel de la ONU.

Pero la victoria de Zapatero y del PSOE tiene dos claros correctivos. En primer lugar, Zapatero y el PSOE han atraído mucho voto útil procedente de IU, de Los Verdes, de los desengañados abstencionistas de izquierdas y de los jóvenes que votaban por vez primera, porque el objetivo prioritario de todos ellos era derrotar sin paliativos al PP y apoyar un gran cambio político en España. Esto ha perjudicado de forma muy grave e injusta a Izquierda Unida, castigada ya por una ley electoral que beneficia desproporcionadamente a los partidos mayoritarios y a los que concentran su voto en unas pocas circunscripciones. El PSOE debería valorar adecuadamente todas estas circunstancias, tener muy presente el “no nos falles” que los jóvenes le exigieron a Zapatero, mostrarse generoso y agradecido hacia el sector de la izquierda crítica representado por IU, buscar la colaboración y el apoyo de esta fuerza política, abrir cauces efectivos de participación ciudadana, tender puentes de diálogo con los nuevos movimientos sociales y plantearse una reforma de la ley electoral que incluya toda una serie de medidas de profundización de la democracia, como la paridad entre hombres y mujeres, los debates electorales en los medios de comunicación y una más justa fórmula de proporcionalidad en la representación parlamentaria de los diferentes partidos políticos.

El segundo correctivo de la victoria del PSOE es que no ha obtenido la mayoría absoluta, por lo que ha de contar con el apoyo de otras fuerzas políticas para gobernar: Izquierda Verde (IU e IC-Verds) y los partidos nacionalistas (CiU, ER, PNV, CC, BNG, ChA, EA, NaBai). Esto le obligará a afrontar el diálogo territorial y la reforma constitucional y estatutaria, bloqueados hasta ahora por el PP. Para los grandes pactos de Estado, tendrá que contar, además, con el propio PP. Y es bueno que así sea. El pueblo español ha demostrado que no quiere más mayorías absolutas y centralistas, sino un gobierno que respete la pluralidad ideológica y territorial de este país, y que gobierne mediante la negociación, el diálogo y el acuerdo. Porque respetar la pluralidad y buscar el acuerdo no es un signo de debilidad, como ha pretendido el PP, sino todo lo contrario: es una demostración de talante democrático y de grandeza política. El PSOE tendrá que gobernar mediante una continua política de pactos en todos los grandes asuntos de Estado, pero no parece que sea una tarea imposible, porque el autoritarismo de Aznar había conseguido ya unir a toda la oposición y a una amplia mayoría de la opinión pública en muchos de estos asuntos.

II. LA CONTINUIDAD POLÍTICA EN LA REGIÓN DE MURCIA

Sin embargo, en este contexto general de cambio político, destaca la situación excepcional de la Región de Murcia, caracterizada por la continuidad e incluso la consolidación política del PP. Desde que ganó las elecciones autonómicas en 1995, el PP no sólo ha estado gobernando con mayoría absoluta, sino que en las sucesivas convocatorias electorales ha ido aumentando su ventaja con respecto al principal partido de la oposición, llegando a obtener en las autonómicas de 2003 el 56,66% de los votos emitidos, frente al 34,11% del PSOE. Si se mantuviera esta tendencia, el PP podría llegar a doblar en votos a su más inmediato adversario en las autonómicas de 2007. Además, en las elecciones municipales que se celebraron al mismo tiempo que las autonómicas, el PP también incrementó su ventaja con respecto al PSOE en casi todos los ayuntamientos, arrebató varios de ellos a la izquierda y borró a IU del ayuntamiento de Murcia. Con estos resultados autonómicos y municipales, la Región de Murcia es desde el pasado 2003 la comunidad autónoma políticamente más conservadora de toda España.

Parecía que en las elecciones generales del 14 de marzo de 2004 iba a producirse un ligero retroceso del PP en nuestra Región, en consonancia con el clima general de cambio político, pero no ha sido así. El PP ha perdido escaños en casi todas las autonomías, incluso en las que gobierna con mayoría absoluta, como Galicia o el País Valenciano, pero las ciudades de Ceuta y Melilla y la comunidad autónoma de la Región de Murcia han sido la excepción a la regla. Somos la única comunidad autónoma de toda España en la que el PP conserva e incluso aumenta su ventaja sobre el PSOE, al que dobla en escaños (6 contra 3) y al que supera en votos en 41 de los 45 municipios de la Región, obteniendo el 57,5% del total regional. Aunque los murcianos estábamos convocados para elegir al nuevo gobierno de España, nosotros no hemos castigado con nuestro voto la política autoritaria, belicista, manipuladora y cínica del gobierno Aznar. En esta Región no ha tenido el más mínimo efecto electoral la huelga del 20-J, ni la catástrofe del Prestige, ni la invasión de Iraq, ni las mentiras del 11-M. Esto indica hasta qué punto la Región de Murcia constituye una anomalía política en el conjunto de la democracia española y cuánto es el trabajo que le queda por hacer a la izquierda murciana.

Es cierto que el cambio de ciclo político a escala nacional puede acabar provocando, al menos, un cambio de clima político también a escala regional. El llamado fenómeno de la “cohabitación” puede tener efectos positivos a corto y medio plazo. Para empezar, ya no va a realizarse el trasvase del Ebro, que había sido convertido por el gobierno Valcárcel en el buque insignia de toda su política regional, en la principal seña de identidad de la “murcianía”, en la bandera con la que tapar todas sus vergüenzas y en el látigo con el que fustigar a toda la izquierda política y social; en cuanto a las otras grandes infraestructuras públicas, en torno a las cuales ha vertebrado su programa de gobierno (AVE, aeropuerto, autopista Cartagena-Vera, etc.), tendrá que replantearlas al nuevo gobierno de Zapatero. A esto hay que añadir los cambios de cargos y de políticas en la delegación del gobierno, en la confederación hidrográfica, en el centro territorial de RTVE, y otros muchos cambios a escala nacional (en educación, vivienda, inmigración, etc.) que pueden acabar minando la hegemonía regional del PP. Sin embargo, la izquierda murciana no puede limitarse a esperar con los brazos cruzados que sea el gobierno central quien acabe con la excepcionalidad política de la Región; al contrario, debe iniciar una muy seria labor de reflexión, de debate, de autocrítica y de renovación profunda, porque ella misma forma parte de la anomalía política contra la que hay que combatir.

III. LAS CAUSAS DE LA EXCEPCIÓN POLÍTICA MURCIANA

Ante todo, hay que comenzar por analizar las causas que explican el profundo conservadurismo de la Región de Murcia y su excepcionalidad política en el cambio de ciclo que se ha iniciado tras el 14 de marzo de 2004. Hemos de diferenciar claramente tres tipos de causas.

En primer lugar, hay toda una serie de condiciones sociales y de tradiciones culturales heredadas del pasado, y en particular de la época franquista, que explican el arraigado conservadurismo de los murcianos. Hasta hace apenas veinte años, en la Región de Murcia prevalecían las pequeñas y medianas explotaciones agrarias, sea en propiedad o en aparcería, con un sector exportador reducido, un alto porcentaje de la población activa viviendo directa o indirectamente de la agricultura, muchos jornaleros sin empleo condenados a emigrar, unas tasas de analfabetismo adulto muy altas, una cultura cívica muy escasa, una identidad regional prácticamente nula y una vertebración social dominada por el clericalismo católico y el clientelismo caciquil. Aunque se han producido muchos y muy profundos cambios desde la aprobación de la Constitución (1978), la creación de la Comunidad Autónoma (1984) y el ingreso en la Unión Europea (1986), el peso social y cultural del pasado sigue siendo muy fuerte, no sólo en el terreno de las tradiciones folclóricas y religiosas, que han sido reavivadas en los últimos años, sino también en el comportamiento caciquil que sigue predominando en una gran parte de la clase política y empresarial de la Región.

Esta herencia histórica explica que, tras veinte años de autonomía, no se haya consolidado entre los murcianos un claro sentimiento de pertenencia a una comunidad política regional, ni una participación informada y activa en los asuntos públicos. Los ámbitos privilegiados de identificación siguen siendo la pequeña localidad y la nación española en su conjunto. Según datos del CIS relativos a 2003, los murcianos son los españoles que menos valoran el Estado de las autonomías y los que manifiestan el sentimiento regionalista más bajo: 2,5 en una escala de 1 a 10, donde 1 es el mínimo regionalismo; el resto de comunidades pasan del 5 (excepto Castilla y León, con 4,75), y siete de ellas pasan del 7; por el contrario, los murcianos son los más identificados con el Estado unitario y centralista (un 15% desean, incluso, un menor grado de autonomía). En cuanto al grado de información y participación en los asuntos públicos, que es un indicador fundamental de cultura democrática, los datos del CIS relativos a 1998 muestran que también en esto los murcianos se encuentran muy por debajo de la media española: unas tres cuartas partes de la población (diez puntos más que la media nacional) confiesa no estar informada de los asuntos públicos (tanto autonómicos como locales).

Dada esta escasa conciencia autonómica y esta falta de cultura democrática por parte de los murcianos, no es de extrañar que los sucesivos gobiernos de la Región hayan sido, hasta ahora, del mismo signo político que los gobiernos centrales: sucedió primero con el PSOE y ha sucedido después con el PP; ni es de extrañar que uno y otro partido hayan gobernado con una holgada mayoría absoluta y hayan promovido un régimen de partido cuasi-único. Sin embargo, esta situación se ha agravado desde que el gobierno regional y gran parte de los gobiernos municipales están en manos del PP, hasta el punto de convertir a la Región de Murcia en la comunidad más conservadora de toda España.

En efecto, el segundo conjunto de causas que explican el conservadurismo de la Región de Murcia tienen que ver con el tipo de políticas que ha llevado a cabo el PP desde que llegó al gobierno regional en 1995, y con el apoyo social que ha conseguido obtener gracias a ellas.

En la última década, la estructura económica y social de la Región se ha visto profundamente transformada: por un lado, se han multiplicado las grandes plantaciones horto-frutícolas bajo plástico (con los sectores asociados del envasado y la exportación) y las grandes promociones y construcciones urbanísticas (con los sectores asociados del turismo y la hostelería), en las que participan no sólo empresas locales y regionales sino también nacionales y multinacionales; por otro lado, este nuevo modelo de desarrollo ha generado crecimiento y empleo a corto plazo, pero es completamente insostenible a medio y largo plazo, porque se sustenta sobre aportes hídricos externos (el trasvase del Tajo), sobre el expolio intensivo del patrimonio natural y cultural (las aguas, los montes, la huerta, el litoral) y sobre la explotación masiva de una mano de obra precaria e irregular (mayoritaria entre los jóvenes, las mujeres, los obreros poco cualificados y los inmigrantes extracomunitarios).

La Región de Murcia es la comunidad autónoma española que ha demostrado un mayor desprecio hacia su propio patrimonio natural y cultural, hasta el punto de convertir casi todo su territorio, en el interior y en el litoral (incluidas las 15.000 hectáreas de espacios naturales desprotegidas por la Ley del Suelo regional), primero en suelo regable y después en solar urbanizable. Asimismo, es una de las comunidades españolas con las rentas familiares más bajas, con casi dos tercios de las familias que tienen dificultades para llegar a fin de mes, y con las tasas más altas de economía sumergida, de paro femenino, de empleo precario y de inmigrantes extracomunitarios explotados y segregados.

El PP ha conseguido imponer este modelo de desarrollo económico y de discriminación social mediante la combinación de varios mecanismos:

- Un poder institucional hegemónico y prepotente, tanto en las instituciones autonómicas como en la mayoría de los ayuntamientos, que no sólo ha dejado fuera de juego a los demás partidos sino que también ha bloqueado cualquier clase de participación ciudadana.
- Un régimen de lealtades abiertamente clientelar y corrupto, en el que todas las ilegalidades se legalizan a cambio de dinero y de apoyo político. Esto ha sido especialmente notorio en el caso de los regadíos ilegales y de las recalificaciones urbanísticas.
- Una política autoritaria y mafiosa, en la que se amenaza, silencia y castiga cualquier clase de crítica y de disidencia. Esto ha sido bastante efectivo en una región donde la precariedad laboral es tan alta y genera tanta inseguridad existencial y tanto conformismo político.
- Una recuperación del nacionalcatolicismo franquista, mediante la promoción de todo tipo de actividades, asociaciones e instituciones confesionales: fiestas patronales, años jubilares, cofradías procesionales, asociaciones neocatecumenales, religión en las escuelas, UCAM, etc.
- Una política educativa segregadora, que favorece a los centros concertados, para acoger en ellos a los hijos de las familias acomodadas, y en cambio descuida a los centros públicos, donde se concentran los hijos de los inmigrantes y los alumnos con dificultades especiales.
- Un control casi absoluto de todos los medios de comunicación públicos (TVE, RNE y Onda Regional) y privados (incluidas las radios y televisiones locales "alegales”, a las que se otorgan subvenciones encubiertas y campañas publicitarias), con algunas pocas y honrosas excepciones. Esto ha sido especialmente eficaz en una región con un analfabetismo adulto tan alto y con una cultura cívica tan baja.
- Una auténtica cruzada en defensa del trasvase del Ebro, que ha sido convertido en la gran panacea del desarrollo regional, en la bandera distintiva de la “murcianía” (contra aragoneses, catalanes, europeos, ecologistas y demás “antimurcianos”) y en la mordaza con la que acallar todas las críticas de la oposición política y social. Sin embargo, conviene recordar que, en 1990, el llamado “problema del agua” era la mayor preocupación sólo para el 0,4% de los ciudadanos de la Región, según un estudio del Departamento de Sociología de la UMU. El “nacionalismo hidráulico” ha sido, pues, una invención reciente y exitosa.
- Una utilización hipócrita de los inmigrantes extracomunitarios (que rondan ya, entre los regularizados y los “sin papeles”, el 10% de la población murciana): se los explota económicamente, se los segrega socialmente, se los excluye políticamente, y, al mismo tiempo, se los convierte en chivo expiatorio de todos los males sociales: delincuencia, paro, bajos salarios, deterioro de la escuela pública, insuficiencia de los servicios sanitarios, falta de viviendas sociales, etc. Esto ha sido especialmente eficaz a la hora de rentabilizar políticamente, como ha ocurrido en Totana, un racismo soterrado cada vez más extendido.

Sin embargo, ni las condiciones sociales heredadas del pasado, ni las que el PP ha conseguido promover y aprovechar desde 1995, son razones suficientes para explicar el profundo conservadurismo de la Región de Murcia y su situación de excepcionalidad política tras las elecciones generales del 14 de marzo. Es necesario tener en cuenta un tercer tipo de causas, que tienen que ver con los errores que ha venido acumulando la izquierda murciana en los últimos años.

El primer error y la primera debilidad de la izquierda murciana son sus profundas divisiones internas, y por tanto su incapacidad para debatir entre sí y para actuar de forma mínimamente coordinada:

- En primer lugar, la dificultad que tienen tanto el PSRM-PSOE como IU-RM para aceptar la pluralidad en su seno, mantener debates internos y llegar a acuerdos democráticos que integren a las distintas corrientes en torno a un proyecto político común, un proyecto sustentado sobre los valores de la izquierda y sobre el trabajo colectivo de los militantes más capacitados, y no sobre las ambiciones, enemistades y componendas personales entre tales o cuales facciones que patrimonializan el partido y actúan como una auténtica oligarquía organizativa. Así, el PSOE murciano se ha destacado siempre por sus luchas internas y por derribar uno tras otro a sus propios presidentes autonómicos, mientras que la IU murciana se ha destacado por las sucesivas exclusiones de disidentes, practicadas siempre por el mismo núcleo duro de dirigentes del PCE.
- En segundo lugar, la división entre unos partidos políticos y otros. Por un lado, la división entre el PSRM-PSOE e IU-RM, de la que son responsables ambos: es responsable el PSOE, por la política de prepotencia que practicó en el pasado, cuando gobernaba la Región con mayoría absoluta (de aquella época es heredera una ley electoral que ahora favorece al PP y que siempre ha castigado a IU, hasta el punto de reducir al mínimo su representación en la Asamblea Regional), una prepotencia que sigue demostrando en casi todos los ayuntamientos donde gobierna (es paradigmático el caso de Lorca), en contraste con la colaboración mantenida en otras comunidades (como Cataluña) y apoyada por el propio Zapatero; y es responsable IU, por la política de la “pinza” que defendió en el pasado (a escala nacional y a escala municipal, aunque ahora sólo queda en la Región el caso de Moratalla) y por el apoyo que Madrazo ha venido dando a la estrategia soberanista del nacionalismo vasco (primero con el pacto de Lizarra y después con el pacto de gobierno y con el plan Ibarretxe), mientras los militantes y cargos electos del PSOE y del PP son asesinados por ETA. Por otro lado, la división entre estos dos partidos (IU-RM y PSRM-PSOE) y Los Verdes, de la que son responsables unos y otros: aquéllos, por no tomarse suficientemente en serio el necesario giro ecológico de la izquierda (como ha hecho IC-V en Cataluña y como ha hecho el PSOE a escala nacional, al suscribir un pacto electoral con Los Verdes); y éstos, por su oportunismo político (pues sólo aparecen en períodos electorales, no mantienen una línea común con el resto de Los Verdes españoles, y ni siquiera se coordinan con los grupos ecologistas de la Región).
- En tercer lugar, la división entre la izquierda política y la izquierda sindical, así como la división en el seno de esta última. Los grandes sindicatos UGT y CCOO ya no son la "correa de transmisión" de los partidos de izquierda, pero esta autonomía sindical no les ha impedido mostrarse excesivamente complacientes con el PP (sobre todo en nuestra Región, como lo prueba el apoyo que han venido prestando a la cruzada por el trasvase del Ebro, hasta que el nuevo ciclo político les ha obligado a distanciarse de ella). Esta excesiva complacencia con el PP ha generado fuertes tensiones internas, sobre todo en el seno de CCOO (donde los sectores críticos han obtenido el 42% de los votos en su último congreso), y ha debilitado también la unidad de acción entre ambos sindicatos. Además, tanto UGT como CCOO se han burocratizado en exceso (debido a las cuantiosas subvenciones públicas) y han mantenido sus cuotas de poder institucional a costa de ignorar y ningunear al resto de sindicatos de izquierdas (USO, STERM-La Intersindical, CGT y SIME).
- En cuarto lugar, en una región donde el sector agro-pecuario tiene tanto peso económico y social, no se puede ignorar la división existente entre las organizaciones sociales, sindicales y políticas que se proclaman defensoras del medio ambiente, de los inmigrantes extracomunitarios y de la solidaridad Norte-Sur, y las organizaciones agrarias y ganaderas que se consideran de izquierdas, como COAG-IR, pero cuyas posiciones chocan muy a menudo con las de los ecologistas, las asociaciones de defensa de los inmigrantes y las ONGs de ayuda al desarrollo.
- Y, por último, la división entre la vieja izquierda política y sindical (sobre todo, la que cuenta con una mayor representación y unas mayores cuotas de poder: PSOE, UGT y CCOO) y la nueva izquierda social que ha venido surgiendo y movilizándose muy activamente en los últimos años, a través de distintas organizaciones y plataformas cívicas de base (los grupos ecologistas, pacifistas y feministas, la Comisión 8 de Marzo, la Plataforma por la Defensa del Litoral, la plataforma Desobedecer la Ley-Convivir sin Racismo, las ONGs de ayuda al desarrollo, el Foro Ciudadano, el Foro Social, etc.). Las viejas y burocratizadas organizaciones de la izquierda política y sindical murciana tienen dificultades para acercarse a estos nuevos movimientos sociales y establecer vías de colaboración con ellos, a pesar de que éstos han abierto para la izquierda un nuevo ciclo histórico de luchas emancipadoras, una nueva forma de participación ciudadana y una nueva agenda de objetivos: profundización de la democracia, justicia global, pacificación y cooperación internacional, igualdad entre mujeres y hombres, ciudadanía cosmopolita, sostenibilidad ambiental, etc. A su vez, los nuevos movimientos sociales tienen dificultades para reconocer que esa nueva agenda no puede llevarse adelante sin implicar en ella a las viejas organizaciones de la izquierda política y sindical, y también se muestran reacios a establecer vías de colaboración con ellas.

Sin embargo, las responsabilidades no se distribuyen por igual entre todos los sectores de la izquierda murciana, sino que son proporcionales al poder efectivo que ejerce cada uno de ellos. Por eso, el segundo gran error de la izquierda murciana hay que achacárselo casi en exclusiva al PSOE, dado que ha ejercido el gobierno de la Región hasta 1995, es ahora el principal partido de la oposición en la Asamblea Regional, sigue siendo el partido gobernante en varios municipios murcianos y ha recuperado el gobierno de España desde el pasado 14 de marzo.

Ante la política autoritaria, incompetente y corrupta practicada por el PP, en asuntos de tanta trascendencia como el urbanismo, la vivienda, el transporte, el medio ambiente, la gestión del agua, los regadíos ilegales, la precariedad laboral, la inmigración, la educación pública, las políticas de igualdad, etc., el PSOE murciano ha sido incapaz de ejercer una oposición clara, firme y coherente, basada en un proyecto alternativo de desarrollo regional. Y esta incapacidad se debe a varios motivos:

- La ausencia de un grupo dirigente que reúna a las personas más capacitadas del partido, que tenga firmes convicciones de izquierdas, que las defienda públicamente con claridad y coherencia, y que conecte con los sectores más progresistas de la Región, como ha hecho Zapatero con el conjunto de la ciudadanía española. Es especialmente escandalosa la marginación que sufren las mujeres en los órganos de dirección del PSRM-PSOE, a pesar de que algunas han demostrado una gran valía, sobre todo cuando Zapatero aplica la paridad en el gobierno de España.
- El retraso que sufre el PSOE regional con respecto a la renovación política (de personas, de procedimientos y de proyectos) experimentada por el PSOE nacional, en temas tan importantes como la “nueva cultura del agua” (y la renuncia al trasvase del Ebro), la integración social de los inmigrantes (y la lucha contra el racismo), la igualdad entre mujeres y hombres (incluida la paridad en los cargos públicos), la regeneración democrática (y el fomento de la participación ciudadana), la promoción de viviendas sociales (y el freno a la fiebre urbano-turística), etc.
- La influencia que algunos alcaldes socialistas ejercen en el PSOE regional, a pesar de mantener en sus ayuntamientos unas políticas que poco difieren de las del PP, en asuntos como el urbanismo, el medio ambiente, la inmigración, la participación ciudadana, la privatización de la gestión de servicios públicos básicos, etc. La connivencia con los constructores no es exclusiva del PP, sino que también la practican algunos alcaldes socialistas. En plena campaña electoral, el alcalde de Los Alcázares ofreció al PP un pacto en la Asamblea Regional para apoyar el modelo de desarrollo urbano-turístico y de deterioro ecológico que este partido ha promovido tanto en el litoral como en el interior.
- La falta de conexión de los dirigentes regionales del PSOE con sus propios militantes y con el resto de los ciudadanos, especialmente con los sectores sociales más comprometidos de la izquierda social de la Región. De hecho, han sido las diferentes organizaciones y plataformas cívicas de la izquierda social (grupos ecologistas, plataformas de apoyo a los inmigrantes, foros sociales, etc.) las que han venido protagonizando en los últimos años la principal oposición a las políticas conservadoras del PP y a las políticas no muy diferentes de varios ayuntamientos del PSOE.

IV. PROPUESTAS PARA UN CAMBIO POLÍTICO EN LA REGIÓN

Ante una hegemonía tan poderosa del PP en la Región de Murcia, tanto en el gobierno regional como en la mayoría de los ayuntamientos, no parece posible conseguir un cambio de ciclo político si la izquierda regional no lleva a cabo una profunda autocrítica y una no menos profunda renovación de personas, de procedimientos y de proyectos.

- En primer lugar, es necesaria una profunda renovación de personas en los puestos dirigentes, sobre todo en los dos partidos políticos de la Región que han sufrido reiterados fracasos electorales (PSOE e IU) y que son los responsables directos de la debilidad política en la que se encuentra la izquierda murciana.
- En segundo lugar, es necesaria una alianza estratégica entre todos los actores de la izquierda murciana: partidos, sindicatos, organizaciones agrarias y movimientos sociales. Esta alianza no debe efectuarse sólo mediante acuerdos entre las cúpulas dirigentes, sino también y sobre todo mediante el trabajo conjunto y cotidiano en las bases.
- En tercer lugar, este trabajo conjunto sólo podrá llevarse a cabo si se fomenta de forma sistemática el debate plural y abierto, dentro de las organizaciones y entre unas organizaciones y otras, con la mirada puesta no en las cuotas de poder de cada cual sino en la unidad de acción y en el cambio político regional.
- En cuarto lugar, un objetivo prioritario de esta alianza debe ser la vertebración de un sólido tejido asociativo que permita la participación activa de los ciudadanos, tanto a escala local como a escala regional.
- Por último, esta unidad de acción debe tejerse en torno a un programa concreto de objetivos compartidos. La izquierda murciana debe debatir y acordar un proyecto común de cambio político, económico, social y cultural para la Región de Murcia.

En el informe promovido por el Foro Ciudadano de la Región de Murcia y publicado en 2003 con el título El otro estado de la Región, ya se apuntaron cuáles podían ser las líneas generales de ese proyecto común:

- Adoptar un modelo diferente de desarrollo económico, respetuoso con los recursos naturales y los derechos de los trabajadores. Reducir el peso de la agricultura y la construcción, limitar la presión ambiental que ejercen estos sectores, proteger y promover el patrimonio público (tanto natural como cultural), y potenciar otros sectores económicos más innovadores (con una mayor inversión en tecnología y en calidad medioambiental, unos trabajadores más cualificados y una tasa de productividad mucho mayor), a fin de conseguir un desarrollo económico más equilibrado y más justo, en el contexto de un mundo cada vez más globalizado. Para poner en marcha este nuevo modelo de desarrollo regional, y para aprovechar el cambio de ciclo político iniciado el pasado 14 de marzo, creemos que la izquierda murciana debería promover urgentemente dos iniciativas: en primer lugar, un gran pacto social por una "nueva cultura del agua", que ponga al descubierto no sólo las mentiras del PP en torno al PHN sino también el expolio al que están siendo sometidos nuestros recursos hídricos y naturales; en segundo lugar, un gran pacto social para una ordenación y planificación sostenible del territorio, del desarrollo urbano, de las infraestructuras públicas y de los espacios naturales, con especial atención al municipio de Murcia, en el que se concentra ya un tercio de la población regional.
- Adoptar un plan de choque para acabar con todas las formas de discriminación que sufren algunos sectores: las mujeres, los jóvenes, los ancianos, los discapacitados, los homosexuales, las clases socio-culturalmente más bajas y los inmigrantes extracomunitarios. Este plan debe articular diversas políticas sectoriales (familiares, educativas, laborales, asistenciales, sanitarias, de vivienda, etc.), debe reconocer la diversidad de las nuevas formas de convivencia, debe contar con la participación de los propios colectivos afectados y debe garantizar la equidad, la solidaridad, la tolerancia y la integración social de todos los ciudadanos de la Región, con independencia de su sexo, edad, estado físico, orientación sexual, clase social y lugar de origen.
- Abrir de par en par las puertas y ventanas de la política cultural. Sustituir el mal entendido localismo folclórico por una verdadera política de protección del patrimonio histórico, arqueológico y etnográfico, que recupere también la memoria de la tradición republicana, sepultada por el franquismo. Sustituir las actuaciones meramente "espectaculares" por una política de promoción de la cultura entre los ciudadanos, potenciando la red de archivos, bibliotecas, museo, teatros y centros culturales, y apoyando todas las iniciativas e innovaciones más creativas (en las artes plásticas, escénicas, musicales y audiovisuales). Sustituir el retorno al tradicionalismo católico por una apertura al cosmopolitismo intercultural. Y, por último, sustituir la descoordinación e imprevisión constantes por un gran esfuerzo de colaboración institucional, participación social y planificación estratégica.
- Emprender una profunda reforma legislativa del sistema político regional, para corregir el grave déficit democrático que padece. La Asamblea Regional debe tener una mayor representatividad, un mayor pluralismo y una mayor capacidad de control del ejecutivo. Además, hay que multiplicar los mecanismos de participación ciudadana, en los municipios y en las instituciones autonómicas, para que todos los ciudadanos puedan intervenir de forma directa y activa en los asuntos públicos. Por último, hay que garantizar la independencia y el pluralismo informativo de los medios de comunicación públicos y privados, mediante la democratización de su funcionamiento interno, la transparencia en la política de subvenciones y el cumplimiento del derecho de acceso a los medios por parte de las distintas organizaciones ciudadanas de la Región.

En el manifiesto Ante las elecciones generales del 14 de marzo de 2004, el Foro Ciudadano de la Región de Murcia concretó algunos puntos de este proyecto común, y exigió a todos los candidatos un compromiso con toda una serie de objetivos políticos nacionales y regionales.

El cambio político que ha tenido lugar en España nos permite esperar que muchos de los objetivos políticos nacionales, o al menos algunos de ellos, puedan llegar a cumplirse. En cambio, los objetivos políticos regionales no podrán cumplirse mientras la izquierda murciana no emprenda el camino de la renovación y de la unidad de acción.

El Foro Ciudadano de la Región de Murcia invita y anima a las diversas organizaciones políticas, sindicales, agrarias y sociales de la izquierda murciana, para que entre todas emprendamos esta tarea y hagamos posible en nuestra Región el cambio de ciclo político que ya se ha iniciado en el resto de España.

Murcia, 15 de mayo de 2004