PROPUESTAS PARA
LA REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA
FORO CIUDADANO DE LA REGIÓN DE MURCIA
Asamblea General de 2 de julio de 2005
Ante el proceso de reforma institucional que se ha iniciado en toda España, y que afecta tanto a la Constitución como a los Estatutos de las comunidades autónomas, el Foro Ciudadano de la Región de Murcia considera necesario que en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia se abra también un debate para la reforma de su Estatuto, y esto por cinco motivos principales:
1. Porque la reforma de la Constitución promovida por el actual gobierno socialista permitirá convertir al Senado en una cámara territorial, en la que las 17 comunidades autónomas españolas estarán representadas y podrán ejercer la corresponsabilidad en el proceso de elaboración y aprobación de las leyes del Estado. Esta reforma constitucional debe corregir las deficiencias de funcionamiento del Estado de las Autonomías y convertirlo en un verdadero Estado Federal, en donde se complementen de forma regulada y efectiva el principio de autogobierno democrático de las distintas comunidades y los principios de igualdad jurídica de todos los ciudadanos, de solidaridad económica de todas las autonomías y de corresponsabilidad política de todos los gobiernos y parlamentos autónomos en las instituciones generales –es decir, “federales”- del Estado. Esta federalización del Estado impedirá, por un lado, que el gobierno central siga tratando de forma discrecional y desigual a las distintas autonomías, según el signo político de sus respectivos gobiernos, según que cuente o no con mayoría absoluta en el Congreso y según las alianzas coyunturales que establezca con tales o cuales partidos nacionalistas para obtener su apoyo parlamentario. Y, por otro lado, impedirá que los partidos nacionalistas sigan utilizando su apuesta política, basada en “hechos diferenciales” y en supuestos “derechos históricos”, para tratar con el gobierno central de forma exclusivamente bilateral y vindicatoria, exigiendo cada vez más autogobierno, para conseguir así posiciones de ventaja, de privilegio y de insolidaridad con respecto al resto de las comunidades autónomas españolas.
2. Porque, en paralelo con la reforma de la Constitución, se han iniciado otros tres procesos entrecruzados: a) la reforma de los Estatutos de diferentes comunidades que reclaman un incremento de sus capacidades de autogobierno; b) la reforma del sistema de financiación autonómica, en la que las comunidades más ricas (como Cataluña) reclaman una mayor autonomía fiscal y financiera, mientras que las más pobres (como Andalucía) reclaman que se garantice la solidaridad interterritorial y la igualdad de todos los ciudadanos del Estado; c) la reforma de la financiación municipal, en la que la Federación Española de Municipios reclama también un incremento del porcentaje de financiación de las administraciones locales, dado el creciente número de servicios que prestan a los ciudadanos. Una vez abierto este triple proceso, la Región de Murcia no puede permanecer al margen, sino que debe intervenir en el debate sobre la financiación autonómica y municipal, y debe reformar su Estatuto para garantizar a sus ciudadanos una capacidad de autogobierno democrático, una participación en las instituciones del Estado y unos derechos equivalentes a los del resto de las comunidades autónomas.
3. Porque la Unión Europea, de la que España forma parte desde 1986, no ha cesado de ampliar el número de sus miembros y de intensificar al mismo tiempo el proceso de integración de sus políticas públicas, de modo que son cada vez más numerosos los asuntos de política nacional, regional y local que se encuentran sujetos a decisiones de las instituciones comunitarias. Muchos de los problemas que afectan a la Región de Murcia dependen de decisiones que se toman en Bruselas, Estrasburgo o La Haya. Y la Unión Europea, a su vez, es la que entabla negociaciones y establece acuerdos de todo tipo con países terceros (de África, Asia o América) y con organizaciones multilaterales (como la OMC), que pueden tener repercusiones importantes para el porvenir económico de nuestra Región. Por todo ello, es necesario que la comunidad autónoma murciana promueva, mediante la reforma de su Estatuto y de la Constitución española, mecanismos de participación y representación de la misma no sólo en las instituciones españolas sino también en las instituciones europeas y en otros foros y organismos internacionales.
4. Porque el propio Foro Ciudadano, en su estudio "El otro estado de la Región. Informe 2003", ya planteó la necesidad de reformar el Estatuto y transformar toda la arquitectura institucional de la Región. En las conclusiones de aquel informe, se dice lo siguiente: “Es necesaria una profunda reforma del sistema político regional, para corregir el grave déficit democrático que padece. Para empezar, la Asamblea Regional debe tener una mayor representatividad, un mayor pluralismo y una mayor capacidad de control del ejecutivo. Además, hay que multiplicar los mecanismos de participación ciudadana, en los municipios y en las instituciones autonómicas, potenciando los canales ya existentes y creando otros nuevos, para que todos los ciudadanos de la Región puedan intervenir activamente en el debate y en la resolución de los asuntos públicos. Por último, hay que garantizar la independencia y el pluralismo informativo de los medios de comunicación (públicos y privados), concediendo un papel mucho mayor a los profesionales de los medios y a las distintas organizaciones ciudadanas de la Región”.
5. Porque, dada la situación política de la Región, en la que el PP cuenta con mayoría absoluta en el parlamento regional y controla las demás instituciones autonómicas, la mayor parte de las administraciones locales (incluidas las dos más importantes: Murcia y Cartagena) y casi todos los medios de comunicación regionales; dado que el gobierno de Valcárcel se ha convertido en un mero testaferro de los especuladores y promotores urbano-turísticos y ha llevado cada vez más lejos su política de expolio de nuestro patrimonio natural y cultural; dado que seguimos estando a la cola de España en la mayor parte de los indicadores de desarrollo humano (laborales, educativos, sanitarios, asistenciales, culturales, urbanísticos, medioambientales, etc.); dada toda esta situación, creemos que la reforma del Estatuto de Autonomía puede ser una excelente oportunidad para abrir un amplio debate público sobre el modelo de desarrollo político, económico, social y cultural que queremos para la Región de Murcia, y cuyos principios fundamentales deberían quedar plasmados en el texto del nuevo Estatuto.
Las propuestas con las que el Foro Ciudadano desea contribuir al debate sobre la reforma del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, son las siguientes:
1. La reforma debe estar precedida y posibilitada por un amplio debate público, en el que participen todos los partidos políticos, agentes sociales y organizaciones ciudadanas de la Región. El Parlamento regional debe crear una Comisión de Reforma del Estatuto en la que estén integrados los tres partidos con representación parlamentaria (PP, PSRM-PSOE e IURM) y en la que se recaben informes y propuestas procedentes de todas las personas, instituciones y organizaciones sociales que deseen participar en el debate. Debe procurarse el más amplio consenso posible en la elaboración del nuevo Estatuto, y en cualquier caso debe contarse con el acuerdo de los tres partidos representados en el Parlamento regional: el modelo a seguir no puede ser el de Valencia (pacto bilateral PP-PSOE), sino el de Cataluña (en donde el gobierno tripartito está tratando de alcanzar un Estatuto de consenso entre todos los partidos políticos con representación parlamentaria).
2. El Estatuto debe recoger una serie de principios generales en donde se recojan las líneas directrices del modelo de desarrollo regional que la Región de Murcia se compromete a defender y promover:
a) El autogobierno democrático de la Región de Murcia mediante sus instituciones representativas y mediante la participación directa de todos sus ciudadanos y ciudadanas en las administraciones locales y regionales.
b) La representación de la Región de Murcia, de sus intereses económicos, sus propuestas políticas y sus creaciones culturales, en las principales instituciones y foros españoles, europeos e internacionales.
c) La solidaridad, cooperación y corresponsabilidad de la Región de Murcia con las demás comunidades autónomas españolas, con las demás regiones y Estados de la Unión Europea y con los demás pueblos de la Tierra, especialmente con los más empobrecidos.
d) El rechazo a la guerra, la carrera armamentista y la violencia en todas sus formas, la defensa de la resolución pacífica de los conflictos y el fomento de una cultura de paz entre los pueblos y entre los ciudadanos.
e) La libertad e igualdad de todos los ciudadanos y ciudadanas residentes en la Región de Murcia, con independencia de su sexo, edad, orientación sexual, capacidades físicas y mentales, posición económica, lugar de nacimiento, etnia, religión, opiniones políticas o cualquier otra condición.
f) El reconocimiento del carácter multicultural de la Región de Murcia y el compromiso activo con los principios de hospitalidad, integración social de los inmigrantes y convivencia intercultural entre todos los ciudadanos y ciudadanas residentes en la Región.
g) La protección, conservación y promoción del patrimonio natural y cultural de la Región de Murcia, el cumplimiento de los acuerdos internacionales para mantener la biodiversidad, frenar el cambio climático y promover el uso de energías limpias y renovables, y, en general, la adopción del principio de sostenibilidad ecológica como eje conductor del desarrollo regional, en torno al cual habrán de articularse todas las políticas sectoriales.
3. Además de estos principios generales, el Estatuto debe adherirse de forma expresa a las grandes cartas de derechos civiles, políticos y sociales, suscritas por España, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y de la Libertades Fundamentales y la Carta de Derechos de la Unión Europea.
Asimismo, debe incluir una carta de derechos y deberes, y un catálogo básico de servicios públicos para todos los ciudadanos y ciudadanas residentes en la Región: escuelas infantiles municipales; educación y sanidad gratuitas, públicas y de calidad; empleo digno; acceso a la vivienda; conciliación de la vida laboral y familiar; igualdad de género; libertad sexual; asistencia a personas dependientes; muerte digna; integración social de los inmigrantes; renta básica de ciudadanía; calidad y seguridad de los alimentos, el aire y el agua; protección del patrimonio natural y cultural; sostenibilidad de los recursos naturales; movilidad mediante una red de transporte pública y ecológica; participación ciudadana directa en las instituciones locales y regionales; paridad de hombres y mujeres en las listas electorales y en los organismos públicos colegiados; voto activo y pasivo en elecciones municipales y regionales de todos los residentes regulares y permanentes; acceso a las nuevas tecnologías; acceso a la información y documentación de las administraciones públicas; acceso a los medios de comunicación públicos.
El Estatuto debe prever que un porcentaje del presupuesto regional se dedique anualmente a garantizar el cumplimiento de estos derechos y servicios públicos, a fin de equiparar a la Región de Murcia con las regiones y países más desarrollados de la Unión Europea.
4. El Estatuto debe profundizar en la democratización de las instituciones de la Región, tanto por lo que se refiere a las formas de representación institucional como a las de participación directa de la ciudadanía en la gestión y el control de los asuntos públicos. En cuanto a las formas de representación institucional:
a) Es preciso garantizar los principios de igualdad, pluralidad, proporcionalidad, periodicidad y dedicación exclusiva en la composición de la Asamblea Regional y de todos los otros órganos representativos y de gobierno de la Comunidad Autónoma. Para ello, el Estatuto debe prever la elaboración de una nueva Ley Electoral que haga de toda la Región una circunscripción electoral única, que sitúe el mínimo de votos necesarios para obtener representación en el 3%, que introduzca el principio de paridad de sexos en las candidaturas electorales y en los órganos colegiados de representación, que establezca el sistema de listas abiertas, que limite a dos mandatos o a ocho años la permanencia en cargos representativos o ejecutivos de la misma naturaleza, que establezca el principio de incompatibilidad de los cargos públicos (de modo que un/a diputado/a no pueda ejercer al mismo tiempo otro cargo de representación o bien otro cargo institucional de cualquier entidad o empresa vinculada a la administración regional o local, salvo las propias que se deriven del ejercicio del cargo parlamentario), que amplíe el número de diputados/as, estableciendo la proporción de un/a diputado/a por cada 25.000 habitantes o fracción (dado que la población regional se ha incrementado en más del 50% durante los últimos 23 años y es previsible que siga incrementándose en los próximos años) y que se prolongue el período anual de sesiones, equiparándolo al del Congreso (dado que el trabajo parlamentario se ha incrementado también en los últimos años, a medida que han aumentado las competencias autonómicas).
b) A fin de que todas las decisiones de los órganos administrativos y ejecutivos de las instituciones regionales estén sujetas al control público por parte de la Asamblea Regional y de la ciudadanía, y a fin de que tanto la ciudadanía como sus representantes electos puedan participar activamente en la elaboración de planes y leyes de todo tipo, el Estatuto debe prever la creación o consolidación de toda una serie de órganos elegidos por la propia Asamblea Regional: Defensor del Pueblo, Tribunal de Cuentas, Consejo Jurídico, Consejo Económico y Social, Consejo Regional de Cooperación Local, Consejo de Cooperación al Desarrollo, Agencia Regional de Participación Ciudadana, Agencia de Protección de Datos y Observatorio para la Evaluación de las Políticas Públicas. Asimismo, debe prever la moción de censura tanto al Presidente como a los Consejeros. Por último, debe prever la capacidad del Presidente para disolver la Asamblea y convocar nuevas elecciones.
c) Todas aquellas leyes que afecten a la estructura de las instituciones regionales (Ley de Gobierno, Ley Electoral, Reglamento de la Asamblea, etc.) deberán requerir mayoría cualificada de 2/3 para su aprobación.
d) El Estatuto debe prever la elaboración de un código de buen gobierno, para que todos los cargos públicos se rijan por los principios democráticos de publicidad, transparencia, imparcialidad y honestidad en el desempeño de sus funciones.
5. En cuanto a las formas de participación ciudadana directa en la gestión y en el control de los asuntos públicos:
a) El Estatuto debe prever la elaboración de una Ley reguladora de la participación ciudadana en la que se regulen el referéndum y las diversas formas de consulta popular, las iniciativas legislativas de la ciudadanía y de la propia Asamblea regional, el derecho de respuesta a peticiones, la participación social en todo tipo de planes y leyes a través de una Agencia Regional de Participación Ciudadana, las formas de acceso de la ciudadanía a la información institucional, la comunicación personal con los funcionarios y responsables públicos, y, por último, las formas de participación ciudadana en la elaboración de la política presupuestaria autonómica y local.
b) El Estatuto debe crear una Agencia Regional de Participación Ciudadana, cuya función no consistirá meramente en recibir quejas y sugerencias de la ciudadanía (función más bien propia del Defensor del Pueblo), sino que se ocupará de desarrollar muchos de los aspectos regulados por la Ley de participación ciudadana, y en especial todo lo relacionado con las consultas, iniciativas y evaluaciones populares sobre planes y proyectos de ley, presupuestos, gestión de los servicios públicos, etc.
c) Asimismo, el Estatuto debe prever la creación de los Consejos Sectoriales de Participación Ciudadana (Medio Ambiente, Sanidad, Educación, Cultura, Inmigración, etc.), en donde esté ampliamente representada la sociedad civil y a los que se dote de atribuciones claras en el control y asesoramiento de las acciones de gobierno. Estos Consejos Sectoriales, distintos de las Comisiones Técnicas (formadas sólo por expertos y funcionarios públicos), deben ser regularmente convocados y consultados, y sus acuerdos deben ser tenidos en cuenta por los responsables políticos.
d) Todos los planes y proyectos de ley deben ser preceptivamente informados por el Consejo Jurídico, el Consejo Económico y Social, el Consejo Regional de Cooperación Local, la Agencia Regional de Participación Ciudadana y los distintos Consejos de Participación Ciudadana en cada caso concernidos.
6. En cuanto a la organización territorial de la Región de Murcia, creemos que la profundización de la democracia debe conllevar la aplicación del principio de subsidiariedad y la consiguiente descentralización administrativa mediante la transferencia de competencias y servicios, y sus correspondientes recursos financieros, desde la administración regional a las administraciones locales. Pero la aplicación de este principio debe hacerse bajo las siguientes condiciones:
a) Un incremento de competencias y servicios por parte de los municipios debe conllevar también el incremento y la consolidación de los recursos fiscales y del personal administrativo suficientes para garantizar la gestión de tales competencias y la prestación de tales servicios, y para evitar así que los municipios recurran de manera generalizada e irresponsable a las recalificaciones urbanísticas, las ventas del patrimonio público y la privatización de los servicios públicos. La financiación municipal debe alcanzar progresivamente el 25% del PIE.
b) Un incremento de las competencias, los servicios, los recursos fiscales y el personal administrativo por parte de los municipios, exige también un incremento de los mecanismos de participación ciudadana en la gestión y en el control del gobierno municipal. Si no aumenta la participación y el control de los gobiernos locales por parte de la ciudadanía, no se podrá garantizar adecuadamente que con el incremento de competencias municipales la administración local evite acciones de irresponsabilidad, de incompetencia, de corrupción y de caciquismo.
c) Todas las políticas municipales deben estar sujetas a mecanismos de control, corrección, coordinación y apoyo por parte de las instituciones regionales, que deben velar para que las corporaciones locales respeten los derechos de la ciudadanía, el patrimonio natural y cultural de la Región, la legislación estatal y regional, la gestión presupuestaria transparente y, en general, los principios básicos establecidos en el Estatuto de Autonomía.
d) En cuanto a la estructuración territorial por comarcas, creemos que este asunto debe ser revisado y estudiado a la luz de los profundos cambios demográficos y urbanísticos que están teniendo lugar en los últimos años:
-La Región de Murcia cuenta ya con un 10% de inmigrantes extracomunitarios, cuya distribución territorial es muy desigual y está sujeta a mecanismos de segregación espacial, por lo que tiende a concentrarse en determinadas zonas rurales y en determinados barrios de las ciudades. Paralelamente, la Región está sufriendo un masivo proceso de urbanización, tanto en el litoral como en el interior (el número de “resorts” proyectados supera ya al número de municipios), que previsiblemente traerá consigo la llegada de un número creciente de residentes europeos, y dará origen a la formación de otro tipo de guetos espaciales, en este caso para ricos. Estos son los verdaderos problemas de ordenación territorial que deberían estudiarse en primer plano.
-A todo esto hay que añadir el conflicto entre dos procesos contradictorios: por un lado, la tendencia a la concentración demográfica en los grandes núcleos urbanos (Murcia, Cartagena, Lorca); por otro lado, la tendencia de algunas pedanías a reclamar su segregación y su constitución como nuevos municipios.
-Un tercer problema a tener en cuenta es que el municipio de Murcia, junto con sus pedanías y con los municipios colindantes, se ha convertido en una gran área metropolitana que concentra la tercera parte de toda la población regional y que requeriría una ordenación territorial específica.
-En cuarto lugar, la Región de Murcia carece de una planificación territorial que haga frente a dos grandes problemas, que exceden el ámbito local e incluso comarcal: por un lado, necesita crear una red regional de transportes y comunicaciones, no basada exclusivamente en la multiplicación de autopistas y en el fomento del vehículo privado; por otro lado, necesita crear una red de espacios naturales protegidos y de rutas verdes que los conecten entre sí.
-Por todo ello, la comarcalización debe hacerse de la manera más funcional y flexible posible, atendiendo a las características socioeconómicas de cada comarca, a la voluntad expresa de los propios municipios concernidos y a una planificación estratégica del desarrollo y de la ordenación territorial.
-Asimismo, el nuevo Estatuto debe dar prioridad al desarrollo económico, social y demográfico de los municipios pequeños y medianos, como instrumento de compensación de la tendencia actual de aglomeración y concentración en torno a los tres grandes municipios de la Región, con el fin de articular un territorio menos desequilibrado y más sostenible.
-En cualquier caso, el objetivo debe ser triple: la coordinación horizontal o mancomunada entre los municipios, la descentralización y coordinación de los servicios públicos (educativos, sanitarios, asistenciales, culturales, etc.) y la ordenación sostenible del territorio (en el doble aspecto de las comunicaciones y de la preservación del patrimonio natural y cultural).
7. En cuanto a la relación de la Región de Murcia con el resto del Estado, con la Unión Europea y con países no europeos, creemos que la comunidad autónoma debe perseguir los siguientes objetivos:
a) Garantizar la representación y participación en las instituciones españolas de composición territorial, como el Senado y los diferentes organismos de coordinación entre las autonomías. Asimismo, participar, junto con las demás comunidades, en la conformación de los demás poderes del Estado: Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas, Consejo General del Poder Judicial, etc.
b) Participar en la elaboración y gestión de todas aquellas decisiones que afecten especialmente a la Región (inmigración, agua, infraestructuras de comunicación, etc.) o que sean de la exclusiva competencia autonómica.
c) Fomentar la cooperación horizontal o bilateral con otras autonomías, especialmente con aquellas que constituyen el arco mediterráneo, o con las que mantenemos litigios abiertos, como sucede con Castilla-La Mancha (en relación con el trasvase Tajo-Segura).
d) Garantizar la presencia en los Consejos de Ministros de la UE cuando se traten temas de competencia regional, así como en otros organismos y foros colegiados de la UE, y establecer relaciones de cooperación bilateral o multilateral con otras regiones europeas.
e) Fomentar la cooperación horizontal o bilateral con otras regiones y países ajenos a la UE, prestando especial atención a los convenios de cooperación al desarrollo con las regiones y países más empobrecidos. Establecer el compromiso de destinar el 0,7 del presupuesto para ayuda al desarrollo.
8. Finalmente, en cuanto al régimen económico, creemos conveniente atender a los siguientes objetivos:
a) Garantizar el principio de la igualdad de toda la ciudadanía española y de la cohesión social y territorial, de modo que el Estado asegure unos derechos y servicios públicos comunes a todas las comunidades autónomas.
b) Conseguir una mejora de la financiación estatal, renegociando los criterios de distribución: población, número de inmigrantes, nivel de renta, etc.
c) Conseguir una mayor autonomía fiscal y financiera, mediante la renegociación de los impuestos a transferir (desde la administración central a la regional y, en su caso, desde la administración regional a la administración local) y la creación de una Agencia Tributaria propia, coordinada con la estatal, y un Tribunal Económico-Administrativo propio.
d) Establecer los principios básicos que deben respetarse en la elaboración y ejecución del presupuesto regional (para que aflore, por ejemplo, el déficit público real, y se eviten las irregularidades contables), y eliminar la Ley de Acompañamiento, que permite al ejecutivo eludir el control de la Asamblea.
e) Adelantar la fecha de presentación del presupuesto (antes del 1 de octubre), para facilitar su estudio y debate en la Asamblea Regional.
f) Garantizar la transparencia, claridad y publicidad en el desglose detallado, el seguimiento y la ejecución de las partidas y proyectos del presupuesto, y crear el Tribunal de Cuentas.
g) Fijar los porcentajes que debe respetar el presupuesto regional para atender a los grandes objetivos generales establecidos por el Estatuto: gasto social, protección del patrimonio natural y cultural, financiación municipal, cooperación al desarrollo, etc.| < Anterior |
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