El último informe elaborado por el Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE) sitúa a la Región de Murcia como una de las autonomías con más puntos negativos en materia medioambiental. Así, en el caso del tratamiento de residuos urbanos, se observan diferencias en los métodos de eliminación, tratamiento y gestión de los residuos, siendo Murcia -junto a Ceuta y La Rioja- la comunidad que menos utiliza los vertidos controlados, frente a Andalucía, Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana y Canarias, que son las que más usan estos procedimientos.

Según el estudio, los residuos urbanos depositados en vertedero, a diferencia de la incineración, muestra una tendencia descendente en el periodo 1995-2006, con valores muy similares en uno y otro caso, aunque en España estos valores superan la media europea a lo largo de todo el periodo.

Jose Roberto Barrilado

Corren tiempos difíciles para las economías domésticas, y también para las cuentas públicas. La crisis ha hundido la recaudación impositiva por IRPF, IVA e Impuesto de Sociedades un 30%, mientras el gasto público ha crecido principalmente como consecuencia de las prestaciones por desempleo. Esta tijera ha hecho que España, que presumía hace no mucho de tener unas cuentas con superávit, afronte actualmente un agujero presupuestario que puede superar a finales de año a los 100.000 millones de €, un 10% del PIB, triplicando así el límite del 3% establecido en la UE por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

Sin que cunda el alarmismo, pues es normal y recomendable que el presupuesto público actúe de contrapeso del ciclo económico, también es cierto que el gobierno debe tomar medidas para limitar este déficit. En tanto el ciclo no revierta, esto sólo es posible de dos formas: recortando el gasto público o aumentando la presión fiscal, que se sitúa en España en el 36,6% del PIB, frente al 44,5% de la UE-27, según Eurostat.

La política económica del gobierno Zapatero ha conjugado aciertos con sonoros desatinos. Aciertos en lo referente a protección social, como las ayudas a dependientes y a la emancipación para jóvenes, la restitución de las deducciones por alquiler que en su día abolió Aznar o la nueva ayuda de 420 € a parados que hayan agotado su prestación, que Rajoy califica de “gracieta”. Entre los patinazos, el mayor ha sido sin duda la eliminación del Impuesto del Patrimonio, que pagaban las rentas más altas y que reportaba al fisco 1.800 millones de € anuales.

La comunidad de Murcia es una de las regiones con menor desarrollo de administración electrónica, según el tercer estudio sobre la e-administración autonómica, elaborado conjuntamente por las asociaciones de Internautas (AI) y pro Derechos Civiles, Económicos y Sociales (Adeces).

Andalucía, Madrid y Castilla-La Mancha encabezan el ránking de desarrollo de la administración electrónica, con una nota media superior a 4,1 puntos, mientras que Cataluña pierde posiciones y cae hasta el quinto puesto con una nota de 2,96 puntos.

«En Murcia seguimos estando a la cola en todos los niveles de desarrollo: económico, social, cultural, medioambiental...», se lamenta el filósofo Antonio Campillo (Santomera, 1956), quien acaba de publicar El lugar del juicio (Biblioteca Nueva, 2009), al analizar el estado de la Región en la que vive sin resignarse a acomodarse en la apatía. «La ciudadanía ni exige cuentas al Gobierno regional, ni actúa con responsabilidad», denuncia Campillo, en una entrevista con Antonio Arco.

-Habla usted últimamente con preocupación de lo que denomina exilio murciano. ¿A qué se refiere?

-La situación política de la Región, donde se vive un claro déficit democrático, está provocando un exilio murciano, así es. Es un fenómeno del que se habla poco, pero que está ahí: muchos jóvenes, estudiantes, profesionales, artistas, investigadores, profesores universitarios, etcétera, se están marchando de Murcia. Hay un exilio murciano que no se encuentra a gusto con la situación política y social que se vive en la Región y que busca su futuro fuera de aquí.