Murcia está a la cola en la aplicación de la ley de dependencia (26-01-10)

Valoración de los usuarios: / 2
PobreEl mejor 

Tres años después de ponerse en marcha la Ley de Dependencia, miles de personas, muy necesitadas, aún aguardan la ayuda a la que tienen derecho. El tiempo de espera desde la solicitud hasta que se recibe la prestación va de los 12 a los 18 meses, una media que engordan algunas comunidades con una gestión muy deficiente. Canarias, Madrid, Murcia y Valencia son las regiones que presentan una estadística más pobre. Sin embargo, otras como Andalucía, La Rioja, Castilla-La Mancha, Castilla y León, País Vasco y Navarra avanzan razonablemente el desarrollo de esta ley.

La media nacional no sirve por sí sola para dar una idea de la implantación de la ley, porque las diferencias entre comunidades son muy acusadas. En Canarias, el tiempo de espera desde que un ciudadano solicita su valoración hasta que ésta se hace efectiva puede alcanzar el año o más, mientras que en Castilla y León o en La Rioja, este trámite lo tienen más avanzado.

Después hay que dictaminar la ayuda que corresponde al dependiente y ponerla en marcha. Los retrasos aquí son más desesperantes. El ciudadano ya sabe que tiene derecho a la prestación, pero tarda en llegar. Cantabria es una de las comunidades más ágiles a la hora de atender a estas personas, a pesar de que puede tardar unos 10 meses en conceder la ayuda. En el caso de Canarias y Madrid, entre las peores, esa espera puede alargarse más allá del año, incluso dos. La burocracia, mientras tanto, puede ser agotadora.

Cuando se trata de ayudas económicas, el retraso se compensa porque el pago se hará con efecto retroactivo. Pero si lo que el ciudadano necesita es un servicio (geriátrico, centro de día) nada repara esa dilación. Muchos mueren a la espera del servicio.

El último estudio de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales pone de manifiesto todas estas diferencias. Se aprecia cómo hay comunidades que han aprovechado los tres años de vigencia de la ley para mejorar su gestión mientras que en otras apenas se ha movido nada. "Este análisis demuestra que los abusivos plazos que se venían denunciando para que las personas recibieran atención, entre 12 y 18 meses, no eran sólo fruto de la casuística individual de algún expediente atascado, sino que ha sido la lamentable norma generalizada", asegura Luis Barriga, de la asociación.

En España hay una media de 1,04% de ciudadanos atendidos respecto al total de la población, con los últimos datos oficiales del Gobierno. Pero eso no dice mucho sobre si hay distancias como la que separa a La Rioja, con un 1,76% de personas atendidas respecto a sus habitantes, de Canarias, que apenas da ayudas al 0,29% de sus ciudadanos. O Madrid, que sólo tiene atendido al 0,41% de su población mientras que Andalucía se eleva hasta un 1,74%, el volumen de personas recibiendo ayuda más alto de España.

Con todo, la estadística global presenta una tendencia preocupante: a pesar de que cada vez son más los solicitantes atendidos, la lista de espera de quienes tienen derecho a una prestación y aún no la perciben no ha disminuido. Alrededor de unas 250.000 personas están en esa situación, una cifra que se mantiene invariable desde julio de 2008, según el estudio de la asociación de gerentes de servicios sociales. "Las comunidades que han perfeccionado y engrasado la maquinaria en estos años, que son mayoría, seguro que conseguirán desbloquear el atasco. Lo grave es que otras han frenando el acceso a las valoraciones y a los servicios. Mucho nos tememos que todo 2010 no será suficiente para ponerse a un nivel de atención mínimamente aceptable", lamenta Luis Barriga. "Si comunidades como Madrid, Valencia o Canarias no dan un giro de 180 grados habrá que exigir una intervención contundente por parte de los poderes del Estado, empezando por el Ministerio de Sanidad y Política Social, para que hagan efectivos los derechos de estas personas", añade Barriga.

Los datos que transmiten mensualmente las comunidades al Gobierno para elaborar la estadística oficial siguen preocupando en la asociación de gerentes de servicios sociales porque hay "extrañezas inexplicables". Se refieren al caso de Murcia, por ejemplo, donde, "milagrosamente", el número de personas que entran en el sistema es idéntico al de valoraciones efectuadas y al de personas con derecho. ¿No hay personas que son valoradas y no tienen derecho a ayudas, como ocurre en las demás comunidades? "Queremos creer que al menos son verdad los datos de personas con derecho a una ayuda, porque de eso depende la financiación que reciben del Estado", dice Barriga.

Cada comunidad tiene sus asignaturas pendientes. Andalucía ha de acortar los plazos para valorar a sus ciudadanos y Castilla y León presenta una baja cobertura, a pesar de que tiene una población altamente envejecida. En Extremadura hay un atasco significativo en la valoración y las ayudas concedidas se comunican a los ciudadanos por teléfono, algo que la asociación encargada de este estudio achaca al sistema elegido para la gestión, "que deja de lado a los servicios sociales locales". Pero la mayoría de las comunidades, tres años después, presentan un balance de mejoría progresiva.

Sin embargo, un grupo en el que se incluyen Canarias, Madrid, Murcia y la Comunidad Valenciana muestra una estadística tan pobre que "se podrían dar por buenas las acusaciones de boicoteo a la ley que se les hizo cuando arrancó el sistema de la dependencia. Algunos de sus datos son tan vergonzosos que deberían dar lugar a acciones legales", afirma el presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez. "La ministra [de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez] no puede felicitar a Murcia, como ha hecho, ni decir que todos los territorios están haciendo un gran esfuerzo, porque eso ha dejado de ser cierto desde hace tiempo: unos hacen los deberes y otros, sencillamente, no", añade Ramírez.  Por ejemplo, la ayuda económica a los dependientes, a pesar de contemplarse en la ley como algo de carácter excepcional, sigue siendo la más extendida de todas; en Murcia, puede decirse que no se ha dado otra ayuda que ésa: un 82% de los expedientes que se tramitan en esta comunidad concluyen con la prestación económica.

En el año 2010 no se incorporarán nuevos grados de dependencia al sistema lo que supondrá un respiro para la gestión. "Este año será clave para agilizarlo definitivamente", afirma Luis Barriga. Hoy se reúne el consejo territorial en el ministerio para abordar asuntos de dependencia.

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/ayuda/dependencia/tarda/llegar/meses/elpepisoc/20100125elpepisoc_3/Tes

Las personas dependientes sabrán en seis meses qué ayuda van a tener

Las comunidades autónomas han acordado por unanimidad, en su reunión de ayer 25 de enero, agilizar los plazos para recibir ayudas por dependencia, que en la actualidad van de los 15 a los 18 meses de media. Ahora se comprometen a que no pasen más de seis meses desde la solicitud hasta que la Administración comunica qué prestación ha sido concedida. Todas las comunidades irán incorporando este compromiso en sus leyes a lo largo de este año. Esto no garantiza que la ayuda no se retrase unos meses más, pero al menos el ciudadano tendrá la posibilidad de cobrar con efecto retroactivo desde ese momento, siempre que se trate de una prestación económica. Y podrá reclamar sus derechos con autoridad legal. Los trámites habrán acabado, la espera quizá no.

En comunidades como Canarias o Madrid hay personas que esperan por las ayudas hasta dos años. Muchos mueren antes de que se satisfagan los trámites. Otras regiones, sin embargo, en estos tres años ya de Ley de Dependencia han ido aligerando el proceso burocrático para evitar retrasos indeseables. Las diferencias entre unas y otras comunidades son muy acusadas.

¿Han hecho todas el mismo esfuerzo para la implantación y desarrollo de la ley? "Algunas tienen mejores resultados que otras. Eso es inevitable, éste es un país plural y complejo, pero todas tienen el compromiso y la voluntad de mejorar, al menos eso es lo que percibo desde que ocupo este cargo", dijo ayer la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez.

La ministra fue algo más tajante cuando fue interrogada sobre las quejas por la financiación de algunas comunidades: "El Estado cumple al máximo con su responsabilidad de financiación, el 50% que le corresponde". Pero el Gobierno no quiere entrar en el debate sobre si todas las comunidades están colaborando con la parte de la financiación que les corresponde.

Jiménez se mostró satisfecha con el acuerdo para agilizar la espera de los ciudadanos aunque reconoció que le preocupan los 250.000 que aún no tienen una ayuda aunque sí el derecho a ella. "Hay otros 500.000 que sí la están recibiendo", redondeó.

El acuerdo alcanzado ayer entre las comunidades y el Gobierno en materia de dependencia incluye también el establecimiento de mecanismos de control sobre la paga que se concede a los cuidadores familiares que tienen un anciano o discapacitado a su cargo. Esta ayuda económica, a pesar de contemplarse en la ley como algo de carácter excepcional, sigue siendo la más extendida de todas. En Murcia puede decirse que no se ha dado otra que ésa: un 82% de los expedientes que tramitan concluyen con la prestación económica.

Las comunidades se comprometieron ayer a inspeccionar al menos una vez al año las condiciones en que se está prestando esta ayuda: si el cuidador familiar presenta un buen estado de salud, la formación suficiente, si cumple periodos de descanso, si la vivienda tiene todo lo necesario para atender a estos ancianos. En algunas comunidades, como Extremadura, las ayudas se comunican por teléfono, por tanto, difícilmente puede la Administración conocer las condiciones en que se prestará esa atención al dependiente en casa, ni la aptitud de quien se encargará de ello.

Los pactos de ayer alcanzan también al proceso de valoración, es decir, la visita que se hace al solicitante en su domicilio para determinar su grado de dependencia. Este proceso es uno de los más ágiles; sin embargo, el Gobierno ha decidido incorporar ahora equipos multidisciplinares (trabajadores sociales, enfermeros, psicólogos) para que valoren entre todos las necesidades del ciudadano. Y vigilen periódicamente el buen uso del baremo con el que se mide en toda España el grado de dependencia. El Gobierno confía en que esto no retrasará aún más los trámites.

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/personas/dependientes/sabran/meses/ayuda/van/tener/elpepisoc/20100126elpepisoc_7/Tes

 
Joomla! es Software Libre distribuido bajo licencia GNU/GP