PATRICIO HERNÁNDEZ

La imagen es demasiado fuerte para pasarla por alto: agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil personados en el Palacio de San Esteban en el curso de una investigación sobre corrupción urbanística por el caso de Librilla. San Esteban, sede de la Consejería de Presidencia-destino de los investigadores-pero también del Consejo de Gobierno y de la Presidencia de la Comunidad Autónoma. Esto es lo que le otorga la poderosa fuerza del símbolo: la Guardia Civil, persiguiendo la corrupción política en Murcia, ha llegado al mismísimo Palacio presidencial. ¿Qué podría representar mejor el principio del fin de una época?

El Partido Popular de Valcárcel se hizo con la mayoría absoluta en la mayor parte de las instituciones de la región en 1995. Aquella victoria fue un auténtico terremoto político (lo que en inglés llaman un landslide) que cambió el signo de la región. En estos casi catorce años que nos separan ya de aquel momento, los conservadores murcianos no han hecho sino aumentar en cada elección su mayoría hasta convertirla en la mayor del país, viéndose reducida en la misma proporción la representación de sus adversarios.

El PP pasó en las elecciones autonómicas del 33,19% de 1991, al 51,78% de 1995, con una subida del 18,6%. Sólo el singular contexto de aquel cambio permite comprender lo ocurrido: la funesta concurrencia de una grave crisis económica con una muy alta tasa de paro (del 23,7% en ese año), y de graves episodios de corrupción política que afectaban a los socialistas dentro y fuera de la región, embarcados además en una división autodestructiva.

Los populares no se han cansado en estos años de identificar a los socialistas con el paro y la corrupción de aquel final de ciclo, de los que nos habrían sacado los aciertos del PP y Valcárcel. En cambio, a las justificadas denuncias de que bajo el gobierno del PP la región permanecía invariablemente a la cola en indicadores tan significativos como los salarios o las pensiones, el elevado peso de la economía sumergida, la baja productividad, el desmedido fracaso escolar o la escasa inversión en I+D+i, etc., siempre se respondía mostrando la ventajosa tasa de paro (por debajo de la media española) y el crecimiento del PIB regional ( por encima del promedio nacional, aunque se ocultaba tramposamente el dato del PIB per cápita, mucho menos favorable).

Se llegó a hablar por los portavoces del PP de un “modelo Valcárcel” que explicaría el plus de éxito añadido a la buena coyuntura económica general, al tiempo que se descalificaban de plano todas las críticas que describían la especificidad de este modelo justamente en su mayor voracidad depredadora de recursos no renovables, en la estimulada hipertrofia del sector de la construcción y la feroz especulación del suelo y la vivienda, que no hacían sino profundizar los desequilibrios característicos de la situación española, además de generar el caldo de cultivo propicio para la extensión de la corrupción. Como era previsible y estaba anunciado, finalmente el ciclo económico ha cambiado y lo ha puesto todo patas arriba.

Primero fue la emergencia de una serie de episodios de corrupción que afectaban sobre todo a cargos del PP, que fueron inmediatamente negados; cuando ya no se podían seguir negando, se habló de casos concretos y aislados, siempre sin tomar medidas significativas contra los implicados, al tiempo que se atacaba a la fiscalía y se intentaba confundir a la opinión pública con especies como la persecución política, el trato injusto, las filtraciones interesadas a la prensa o la falta de sentencias firmes.

Así hemos llegado a la situación actual donde la corrupción ha alcanzado, por su extensión y profundidad, la categoría de patología estructural de la vida institucional regional, sin parangón en el pasado democrático, siendo ya la tercera parte de los ayuntamientos los que están envueltos en escándalos de corrupción, con acusaciones de enorme gravedad, y con tres alcaldes detenidos que han pasado por prisión como vulgares delincuentes, sin que nadie dimita ni sea cesado.

Y estalló la crisis, y ha resultado que las Casandras que inútilmente advertían que nuestro sufrimiento social iba a ser mayor como consecuencia de nuestra mayor vulnerabilidad y dependencia, han terminado por tener razón, y con el parón económico súbitamente nuestra cifra de desempleados se ha doblado en unos meses (desde el 7'15% de comienzos de 2007 al 14'09 % en el tercer trimestre de este año, casi tres puntos por encima de la española). Además las previsiones son siniestramente oscuras: podemos llegar al 20% de paro en 2010 (según la extrapolación regional de las últimas estimaciones de FUNCAS). Ya no es sólo la construcción, el desplome de la industria puede ser aun mayor. El milagro murciano se ha evaporado finalmente como un espejismo, y la dura realidad muestra su peor faz. La nueva especificidad murciana –más paro, menos crecimiento- ya no encuentra, sin embargo, quienes se la atribuyan entre nuestros responsables regionales.

El escenario que trajo al PP de Valcárcel se repite de nuevo, pero con los papeles invertidos. Los aciagos espectros del paro y la corrupción vuelven, como en 1995, a aparecer juntos. Se cierra el ciclo como empezó. Librilla es el último y grave capítulo –por ahora- del proceso de sicilianización de la vida política murciana como consecuencia de los años del ladrillo y la fiebre del rápido enriquecimiento que han representado aquí los gobiernos del PP.

Por eso las palabras o las imágenes concitan en ocasiones una extraña y poderosa fuerza simbólica. Quizás la tenga el nombre de la rambla que atraviesa ese último pueblo de ediles cegados por la ambición, Orón. O, aun con mayor aliento poético, el nombre mismo de Librilla, que viene del árabe Limbráyya, que significa “barranco de los espectros”. Y la tiene también, como triste símbolo de lo peor de esta etapa, la imagen de la guardia civil entrando a investigar en el Palacio de San Esteban. Nada va a ser ya igual.

Patricio Hernández Pérez
Presidente del Foro Ciudadano de la Región de Murcia.