ALICIA POZA SEBASTIÁN

Durante el presente curso, la Consejería de Educación ha puesto en marcha un nuevo Pacto Social por la Educación para los próximos cuatro años. En esta ocasión, y a diferencia de lo ocurrido en los dos pactos anteriores, ha habido un largo y serio proceso de negociación en el que hemos podido realizar aportaciones de todo tipo al borrador inicial y contribuir de este modo a la elaboración conjunta del texto final.

Ha sido un proceso lento y laborioso, pero también productivo, porque hemos tenido un buen nivel de diálogo con la mayor parte de los interlocutores de la Consejería. Y esto ha sido posible gracias a que la negociación se ha basado en la transparencia, el diálogo franco y la confianza mutua. Mientras tanto, el señor Sotoca ha guardado un discreto silencio en los medios de comunicación, algo que es de agradecer en estos tiempos de búsqueda de falsos protagonismos.

En el mes de abril, el borrador contaba ya con algunas de las principales aportaciones de STERM. Por una parte, la necesidad de establecer una red de centros que permita una planificación racional de las inversiones en infraestructuras y una adecuada oferta de plazas escolares públicas en los distintos niveles educativos, desde la etapa de 0-3 años. Por otra parte, la redefinición de los desastrosos procesos de escolarización que han regido la admisión del alumnado en los últimos años, con el objetivo de equilibrar el reparto del alumnado con necesidades de atención educativa, o incorporación tardía, entre todos los centros sostenidos con fondos públicos, y garantizar así la igualdad de derechos.
Además, hemos incorporado propuestas para extender la orientación educativa a los colegios de Infantil y Primaria, potenciando los desdobles de grupos y aumentando el personal de apoyo en educación infantil, el incremento de profesorado de Servicios a la Comunidad, así como el personal de orientación educativa en los IES y colegios. Y todo ello en el contexto de desarrollo de un Decreto de Atención a la Diversidad, que, entre otras importantes cuestiones, va a incorporar la creación y definición de los Centros de Atención Preferente, para que los centros educativos con más problemas reciban un trato especial y diferenciado, con más recursos humanos y materiales.

En el documento también se reconoce que ha llegado el momento de cumplir los compromisos de desarrollo e implantación de la formación profesional, y de mejorar la precaria situación de las enseñanzas artísticas y de idiomas en todos los niveles.

Tras un análisis pormenorizado del documento y de sus posibilidades de aplicación, y contando con los límites presupuestarios que impone la crisis actual, hemos informado sobre el contenido del Pacto en el seno de nuestra organización, iniciando un debate interno rico y productivo, previo a la decisión final. Reconocemos que, después de años de desencuentros con la línea de política educativa aplicada por los diferentes consejeros de Educación del Gobierno regional, una parte importante de nuestra organización desconfiaba, y desconfía, de la propuesta, pues considera que es difícil que este Gobierno rectifique seriamente sus errores. El documento presenta muchos espacios de indeterminación que requerirán una concreción, mediante un trabajo diario de seguimiento y de diálogo, pero esto sólo es posible cuando se participa activamente en la transformación del sistema educativo regional. En un momento como el actual, en el que se conjugan la crisis económica y unas altísimas tasas de fracaso escolar, es necesario que todas las fuerzas sociales, sindicales y políticas nos comprometamos con la mejora del sistema educativo, si queremos cambiar el modelo productivo y elevar la cultura democrática de nuestra región.

En el Pacto 2009-2012, se recogen nuestras principales aportaciones contra el fracaso escolar, por la calidad educativa y por la mejora y desarrollo del sistema educativo regional. Todo acompañado con un plan de trabajo claro, viable, que incorpora procedimientos de participación y supervisión, y compromisos de ejecución presupuestaria, para garantizar el cumplimiento. Por todo ello, la mayoría de los asistentes a la asamblea del STERM reconoció por vez primera que un documento global de la Consejería de Educación, este nuevo Pacto Social por la Educación, reunía las condiciones necesarias para ofrecer un margen de confianza. Esperemos, por el bien de nuestro sistema educativo, que esa confianza no se vea defraudada.

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