Patricio Hernández Pérez

Una de las razones del éxito del PP murciano es haber convencido a la mayoría del electorado de la región de que nuestros problemas tienen un claro responsable exterior, el gobierno de Zapatero, mientras que los logros son resultado de la acción del gobierno de Valcárcel. Utilizando la misma dialéctica amigo-enemigo del victimismo nacionalista y otras rentables aportaciones de la teoría conspirativa de la historia, se ha extendido la peregrina especie de que Madrid trama sin descanso nuestra ruina, con la ayuda incansable del rojo-traidor quintacolumnismo interior.

No vamos a eximir aquí a Zapatero de sus propias responsabilidades, que las tiene y no pequeñas, pero estamos ante un maniqueísmo tan simple e infantil como fundamentalmente falso: una versión política para niños, incluyendo un papá bueno, honrado y trabajador frente a un ogro malvado, tramposo y haragán, un cuento de miedo que, repetido machaconamente, llega sin embargo a resplandecer con el brillo de una incontrovertible verdad. Y cuando esto ocurre estamos ante el equivalente político de lo que el género negro considera el crimen perfecto.

La prueba irrefutable de que en Murcia esto funciona la tenemos en la imposición continuada de una agenda política regional dominada por temas que dependen básicamente del gobierno del Estado (los trasvases, la financiación autonómica, el AVE), con lo que se oculta y escamotea todos aquellos problemas que apuntan a las amplias competencias que son responsabilidad del propio gobierno regional.

El de Valcárcel es en realidad un gobiernoposición, un tipo de gobierno de trinchera que dedica la mayor parte de sus esfuerzos a erosionar el crédito del gobierno central y de paso arrojar plomo sobre las alas de los socialistas murcianos, que se ven con el pie forzado de tener que ocuparse de defender la gestión del ejecutivo de Zapatero antes que de ejercer de rigurosa oposición regional, dibujando así la extraña e incómoda contrafigura de una oposición-gobierno muy lastrada para remontar el vuelo.

Pero esta simetría invertida de espejos deformantes es en el fondo muy perversa, pues mientras el gobierno regional consigue apuntar en su haber, apoyándose en su mayor control de la esfera mediática murciana, cualquier medida positiva para la vida de los ciudadanos, en muchos casos simples anuncios propagandísticos cuya materialización nadie comprueba después, y que a menudo incluso provienen de decisiones y recursos total o parcialmente aportados por el gobierno central pero ejecutados por la administración autonómica (como ocurre con asuntos tan diversos pero relevantes como las partidas para integración de los inmigrantes, las ayudas a la dependencia, las ayudas del Plan de Vivienda o los fondos para dotación bibliotecaria), logra simultáneamente responsabilizar a Zapatero, y con él a sus únicos adversarios electorales, de la crisis económica y del dramático aumento de las cifras del paro, de la falta de agua o de la insuficiencia de recursos financieros, en un círculo infernal del que unos socialistas muy disminuidos no logran escapar airosos. Y así les va.

Pero es sólo a la desinformación interesada y a la escasa educación política de muchos ciudadanos a lo que debemos atribuir que haya todavía quien pueda creer a estas alturas, por poner un ejemplo, que quienes han propiciado durante años una verdadera orgía inmobiliaria no tengan responsabilidad ahora en que Murcia sea la región en la que el paro ha crecido más (14 puntos de subida en dos años). Y no es lo único que cuesta comprender.

Nuestro país ha experimentado en las últimas décadas uno de los más intensos y profundos procesos de descentralización de competencias y gasto público que se conocen, lo que ha supuesto una formidable transformación de la estructura del Estado. Los últimos datos de distribución del gasto público señalan que las Comunidades Autónomas gestionan el 35,9% del gasto público total, mientras que los ayuntamientos hacen lo propio con el 13,4% (un porcentaje que apenas se ha movido en los últimos 30 años), correspondiendo a la administración central el 50,7% de ese total, del que debemos restar el 30% que corresponde a los gastos de la Seguridad Social, quedando en realidad a disposición del gobierno central aproximadamente el 20% del conjunto del gasto público.

En este exiguo 20% hay que incluir las competencias exclusivas del Estado como son el servicio exterior, la defensa, el servicio de la deuda pública, el grueso de la seguridad ciudadana y la administración de justicia hasta que sea transferida, más las compartidas o concurrentes con otros niveles de la administración. La capacidad inversora de las comunidades autónomas alcanza un 15% de su gasto, frente al 10% de la administración central.

Como ha señalado el profesor Vicenç Navarro, en nuestro país son las Comunidades Autónomas las que gestionan los servicios públicos del Estado del Bienestar, aquellos que tiene más importancia para configurar el bienestar de la población y muy en especial de las clases populares: la educación, la sanidad y los servicios sociales.

En España, las comunidades autónomas gestionan el 90% del gasto educativo, el 91% del gasto sanitario, el 97% del gasto en políticas de vivienda (sumando aquí el papel de los ayuntamientos), un tercio del gasto cultural y el 20% del gasto de seguridad ciudadana, y además tienen importante capacidad inversora, lo que nos pone al nivel de los más descentralizados Estados federales del mundo.

Pero este proceso es tan reciente que no parece haber llegado aún con todas sus consecuencias -y nadie parece estar muy interesado en hacer pedagogía política- a la anestesiada conciencia de los ciudadanos, rehenes del atavismo que nos lleva todavía a pensar en un Gobierno del Estado ampliamente responsable de la gestión de la vida pública, cuando los aspectos que más conciernen a la calidad de vida de los murcianos se deciden desde hace años, y sin que apenas pidamos cuentas de ello, aquí mismo, en San Esteban. Mientras se esquive este hecho decisivo, mientras funcione la Gran Elusión, ningún cambio político será en Murcia posible.

Patricio Hernández Pérez es Presidente del Foro Ciudadano de la Región de Murcia