Alicia Poza

Darles a todos los mismos recursos y enseñarles a convivir entre sí y a acoger las diferencias. Inventar respuestas nuevas ante nuevas realidades. Esos son los derroteros por los que queremos que transite nuestra administración educativa.

Creemos que las diferencias son enriquecedoras, sean las que sean, sexo, etnia, clase, o creencias . La administración educativa dice compartir con nosotros estos principios: hay que enseñar a convivir a los diferentes, los más dotados con los menos, los feos con los guapos, los que más tienen con los que tienen menos, las niñas con los niños . Pero lo cierto es que la misma administración educativa pone por encima de cualquier principio lo que se llama libertad de elección de centro por parte de las familias, cuando esto no consiste mas que en conceder privilegios a unos pocos con el dinero de todos.

Determinadas familias utilizan como excusa la llamada libertad de elección de centros para separar a sus hijos e hijas de los hijos e hijas de otras familias a las que minusvaloran porque consideran que son peligrosos, que lo único que pueden hacer es pervertir a sus hijos, llevarles por el mal camino, o impedirles aprender a un ritmo rápido. Estos padres, estas madres, no piensan que la educación, el camino que sus hijas o hijos vayan a seguir estará condicionado fundamentalmente por los valores y conductas que vean en casa. Si viven en una casa donde la acogida al otro y a su diferencia sea un valor, donde el estudio y el conocimiento también lo sean, ellos reproducirán esa conducta. Aprenderán que todos tenemos algo que enseñarnos unos a otros y que por desgracia, no todo el mundo tiene el mismo capital cultural, como tampoco tiene el mismo capital económico.

Por eso, para que todos tengamos las mismas oportunidades, para que aprovechemos todas las capacidades humanas, tenemos que integrar y no segregar. Si en la escuela a la que vayan los niños ven reproducida la conducta cuyo modelo tienen en su familia, serán seres humanos que valorarán la diferencia y se integraran sin dificultad en esta sociedad multicultural en la que nos ha tocado vivir. Si por el contrario lo que encuentran en sus casas es el rechazo a los que son diferentes, a los que no tienen su mismo status social, y en la escuela tampoco encuentran contempladas las distintas manifestaciones de la diferencia, terminarán siendo seres individualistas encerrados en su propia madriguera que no verán más allá de sí mismos. Estarán condenados a vivir en burbujas elitistas y perecerán por inmunodeficiencia ante cualquier «virus» de manifestación de diversidad. Es la formación, el interés, los valores de excelencia, las conductas que los padres transmiten a su descendencia lo que hará de ellos mejores personas, buenos ciudadanos y ciudadanas. El colegio lo que hace es tratar de reforzar ese comportamiento, un comportamiento que debe apostar por la socialidad. Porque en este barco que es la sociedad o nos hundimos todos o todos nos salvamos.

Si determinadas familias sólo miran por sus propios intereses, la obligación de la administración es velar por los intereses de la totalidad de la población. Y ese velar comienza en el ámbito educativo.

Por eso desde el STERM consideramos tan importante una escolarización equilibrada donde todos los colegios mantenidos con fondos públicos tengan la misma responsabilidad social respecto a todo tipo de alumnado provenga de donde provenga. Muchos colegios concertados, como consecuencia de los criterios de escolarización que han fijado los gobiernos de algunas comunidades autónomas, y de las prácticas disuasorias que estos centros tradicionalmente llevan a cabo, están impidiendo la escolarización en sus aulas del alumnado inmigrante, gitano, con bajo nivel socioeconómico, con necesidades educativas especiales o con bajo rendimiento académico. Existen otros métodos disuasorios que utilizan muchos colegios concertados para impedir la escolarización de cierto alumnado. Como la ley les impide el cobro de la matrícula, imponen a las familias el pago de cuotas para actividades que dicen estar ligadas al proyecto educativo del centro; fuerzan a las familias a realizar «donaciones» y al pago de uniformes y materiales escolares. Con estas prácticas logran obstaculizar la matriculación de hijos e hijas de familias con bajo nivel socioeconómico, y si los hijos de esas familias consiguen matricularse a pesar de todo, se discrimina a los niños porque sus padres no pagan esto o lo otro. En Murcia tenemos ejemplos recientes de este tipo de conducta.

Desafortunadamente en nuestra región ha sido así hasta ahora y la normativa de escolarización del próximo curso sigue concediendo privilegios a los colegios concertados. Nosotros no podemos estar de acuerdo con esta política educativa y trabajaremos para que el próximo decreto que regule la escolarización distribuya al alumnado de manera equitativa entre los centros públicos y los concertados. La consejería de educación tiene que tener valentía para enfrentarse con nuestro desacuerdo. Pero, tenemos la impresión de que la administración se queda en tierra poniendo cara de que va de viaje, es decir, sus palabras no coinciden con sus hechos. Nosotros queremos respuestas coherentes con ese pacto social que firmamos. Porque como decían los romanos: «Pacta sunt servanda», o traducido, los pactos son para cumplirlos.

Alicia Poza es portavoz de STERM-Intersindical

http://www.laverdad.es/murcia/v/20100223/opinion/educacion-discriminacion-20100223.html