Jose Roberto Barrilado

Una de las pocas cosas en las que estamos de acuerdo todos los españoles, con independencia de nuestra ideología, es en la necesidad de un pacto educativo estable entre las diferentes fuerzas políticas y administraciones que posibilite lograr el importante reto de disminuir las altas tasas de fracaso escolar de nuestro sistema (un tercio de nuestro alumnado no consigue el Graduado en Secundaria) y lograr la excelencia del mismo. Desgraciadamente, los medios de comunicación nos ofrecen cada día una nueva noticia que nos despierta de esta utopía.

Juan Ramón Medina Precioso, ex Consejero  de Educación, dirigió la educación en Murcia en un periodo de fuerte crispación: cuando su cese ya era un secreto a voces, aún amenazaba con la apertura de expediente a los profesores que no adaptaran su docencia en la materia Educación para la Ciudadanía al currículo regional (Decreto 291/2007 de 14 de septiembre) cuando era la Consejería de Educación quien incumplía de forma flagrante la ley al saltarse a la torera los contenidos mínimos para la materia establecidos para todo el territorio español en el Real Decreto 1631/2006 de 29 de diciembre.

Con el relevo en la Consejería y la llegada de Constantino Sotoca respiramos aliviados vaticinando un nuevo tiempo de entendimiento y cordura. Nos equivocamos: ésta saltó por los aires el día en que la Región de Murcia renunció a participar en el  proyecto Escuela 2.0 para modernizar las aulas de nuestro país.

 

Repasemos los acontecimientos: en mayo de 2009 el Ministerio de Educación reúne a los responsables de Tecnologías de la Información y la Comunicación de todas las Comunidades Autónomas y acuerdan unánimemente implantar un ambicioso proyecto de innovación destinado a dotar de ordenadores portátiles, pizarras digitales, recursos educativos y conexión a Internet (tanto en los centros como en casa) a todos los alumnos de 5º y 6º de Primaria y de primer ciclo de Secundaria. El objetivo: potenciar la motivación y creatividad del alumnado y reducir la brecha digital entre las distintas regiones y centros educativos. Creo conveniente recordar aquí que, según la encuesta sobre uso de las TIC en España del INE, la Región de Murcia ocupa el quinto puesto por la cola del Estado en cuanto a conexión a Internet de sus hogares (44,4% de los mismos), sólo superada por las dos Castillas, Extremadura y Galicia.

Un mes después se pondrían cifras al proyecto: 200 millones de euros de inversión en equipamiento, recursos digitales y formación cofinanciados al 50% por Ministerio y Comunidades Autónomas, para dotar 14.400 aulas que beneficiarían a 392.000 alumnos y 20.000 profesores. Murcia recibiría del Ministerio de Educación 4 millones de euros para tal fin.

El proyecto parece ir sobre ruedas hasta que tres Comunidades Autónomas gobernadas por el Partido Popular deciden salirse del acuerdo: Madrid, Comunidad Valenciana y la Región de Murcia. Es imprescindible señalar que otras comunidades gobernadas por el PP en mayoría o coalición como Galicia (14.000 estudiantes beneficiados), Castilla y León (19.000 beneficiarios) o Canarias (12.000 beneficiarios) sí han suscrito el acuerdo. Alberto Núñez Feijoo, Juan Vicente Herrera o José Manuel Soria han demostrado así que la educación de sus ciudadanos es más importante que la confrontación a cualquier precio con el Gobierno de España.

Desgraciadamente no podemos decir lo mismo de nuestro presidente Valcárcel, para quien montar un poco de bronca bien vale dejar sin ordenador a 17.000 alumnos murcianos. Sepan los lectores que los 21,86 millones de euros a los que Aguirre, Camps y Valcárcel han renunciado han ido a parar a los colegios de Andalucía, que han ampliado este curso el programa hasta 6º de primaria gracias a nuestra generosidad. La batalla partidista castiga a los jóvenes murcianos y los discrimina respecto a los estudiantes de las comunidades vecinas, mientras la brecha digital sigue ampliándose. El secretario general de nuestra Consejería de Educación, José Daniel Martín, sólo ha conseguido explicar la negativa en base a que "no ha existido una evaluación del coste real que supone la puesta en marcha del programa Escuela 2.0, ya que sólo contempla el equipamiento del aula y el ordenador para el alumno" y el gasto "se podría multiplicar por diez". Esta excusa es casi tan pueril como la de Alejandro Font de Mora, Conseller valenciano, que dijo que los ordenadores causarían miopía al alumnado.

Lo mejor de la historia viene ahora. Hace unos días hemos recibido en todos los centros de la Región la noticia de que la Consejería de Educación pone en marcha un proyecto denominado Aula XXI (Resolución de 17 de febrero de 2010, de la Secretaría General de la Consejería de Educación, Formación y Empleo). Este proyecto consiste, casualmente, en dotar con pizarras digitales y ordenadores portátiles a las aulas de 5º de primaria y 1º de ESO. Hay un pequeño detalle: sólo se dotarán 40 aulas (unos 1.000 alumnos), y los centros han de competir entre ellos por la dotación. Se dio como plazo a los centros para presentar candidaturas hasta el 25 de febrero, esto es, una semana, tiempo en el cual tenían, entre otras cosas que reunir a Claustro y Consejo Escolar para su aprobación. Dicho en otras palabras, la Consejería ha ideado un proyecto para enfrentar a los centros y discriminar a los alumnos con la clara intencionalidad, por otra parte, de que nadie participe en él.

Así termina la historia: 17.000 jóvenes murcianos se quedan sin ordenador para proporcionar selectivamente tan solo 1.000 en los que el único sello que figure sea el del Gobierno murciano. El presidente Valcárcel y el consejero Sotoca conseguirán foto y titular a la vez que han mostrado un gran desprecio hacia las familias murcianas con esta caprichosa decisión. Quiero acabar como empecé: señores políticos, déjense ya de batallas partidistas. La educación de nuestros hijos bien lo merece.

Jose Roberto Barrilado, profesor de Educación Secundaria y miembro del Foro Ciudadano.