Jose Luis Egío

Es importantísimo lanzar una reflexión frente a la hipocresía de los principales partidos políticos españoles tras aprobarse el pasado 17 de diciembre el aumento del cupo de importación del tomate marroquí. Los dos grandes partidos son igualmente responsables del declive, por no decir aniquilación, de la agricultura tradicional del Levante y el Sureste español, ya que pese a que Hernando, portavoz del PP en el Congreso y Valcárcel, presidente murciano, dijeran que el acuerdo es una "vergüenza", lo cierto es que PP y PSOE prometen aquí una cosa a nuestros agricultores y van de la mano en Europa, que es donde se toman las decisiones.

Todas las informaciones señalan que la competitividad de la agricultura intensiva de exportación que practica Marruecos, controlada en su mayor parte por la familia real marroquí y otros terratenientes, entre ellos muchos murcianos, valencianos y almerienses vendepatrias, se basa en la violación continua de los derechos de los trabajadores del país, a los que se impide sistemáticamente sindicarse y defender democráticamente sus derechos recurriendo a la manifestación, la huelga o la presión a través de medios de comunicación y grupos políticos autogestionados.

Es una explotación que, no nos engañemos, sufren también muchos trabajadores marroquíes y españoles que trabajan en el campo y en los almacenes murcianos y contra la que las organizaciones que representan a nuestros agricultores deben también luchar en serio. COAG, UPA y el resto de organizaciones agrarias deberían, en este sentido, excluir de su seno y denunciar a quienes se aprovechan de la precariedad económica para explotar a los trabajadores, vengan de donde vengan.

El último acuerdo Unión Europea-Marruecos no se puede entender más que como continuación de unas políticas que, teniendo a la Organización Mundial del Comercio y a la Unión Europea como actores principales, tienden a la substitución de las agriculturas locales y de subsistencia por los grandes consorcios exportadores. Éstos se aprovechan de la falta de democracia política y laboral del llamado Tercer Mundo para inundar el mercado con productos a un precio muy inferior a los precios de producción local.

Las multinacionales de la alimentación, que se legitiman alegando que los países del Tercer Mundo deben poder vender libremente sus productos para desarrollarse, son realmente las únicas beneficiarias de un comercio que sólo deja sueldos de miseria y mercados locales desabastecidos. Ejemplos como el de la carne de vacuno argentina que viaja miles de kilómetros por mar, a Europa y EE.UU., mientras que los niños de Tucumán se mueren de hambre, o el de las grandes compañías internacionales que expulsan a los pueblos indígenas transformando sus tierras y recursos de alimentación en campos de soja a exportar, son de sobra conocidos. El documental We feed the world de Erwin Wagenhofer no hizo, en este sentido, más que poner imágenes en movimiento a cientos de artículos y reportajes periodísticos.

Tampoco a nivel regional y local se aportan soluciones a la asfixia del sector agrícola. La frustración de la huerta se desvía por intereses políticos al tema del agua, evitando cuidadosamente el que se tematice el asunto del monopolio de la distribución de los productos del campo por los grandes supermercados, verdaderos responsables de la ruina del sector.

Y es que, mientras que resulta discutible si Murcia gestiona bien o no el agua del que dispone y es una cuestión eminentemente técnica la de si el déficit hídrico debe paliarse recurriendo a los trasvases o a la desalación,  nadie puede tener dudas con respecto a que las prácticas de los súper, quienes abusan de su poder de compra para presionar a la baja los precios pagados a los proveedores hasta niveles insostenibles, son totalmente indecentes.
Los inconvenientes de esta situación son conocidos por todos: los precios que los supermercados imponen a los proveedores están por debajo de lo que cuesta sembrar, regar y recoger la cosecha o criar un animal en Murcia. El empleo generado por los súper figura además entre los más precarios, con contratos de corta duración y largas jornadas de trabajo mal pagado.

El consumidor no se ve menos desprotegido viendo cómo los cultivos tradicionales desaparecen frente a las competitivas y nada sabrosas frutas y verduras de invernadero o cómo en el supermercado se privilegia la carne de un ganado alimentado con transgénicos y engordado con hormonas.
En la situación actual, en la que agricultores y ganaderos disponen de muy pocos espacios independientes y no itinerantes en los que poder vender directamente sus productos, los supermercados, por su amplio horario de venta y su amplia oferta, tienen todas las de ganar.

Ante esta situación, PP y PSOE parecen taparse los ojos y seguir jugando a cuál es el partido que trae mejor agua de Madrid. Bien harían en cambio en fomentar algo que tienen al alcance de la mano, haciendo que todos los pueblos y barrios de las ciudades de nuestra región contaran con plazas de abastos y mercados diarios en los que agricultores y ganaderos puedan vender sus productos sin intermediarios.

Lo cierto es que, saltándose a los supermercados, que son quienes se meten en el bolsillo más del 60 por ciento del dinero que genera la venta de los alimentos básicos según COAG, los agricultores y ganaderos de nuestra región estarían perfectamente en disposición de competir con los grandes supermercados, ofreciendo en el mismo horario de ventas que los súper productos locales, de mayor calidad que los importados y a un precio más bajo.

El éxito del tomate marroquí, a la venta en Carrefour o Mercadona, es sólo el último ejemplo de una economía competitivamente salvaje frente a la que los trabajadores agrícolas y ganaderos de España y Marruecos forman un sólo pueblo: amenazado, desunido y engañado por quienes dicen representarlo.

José Luis Egío es miembro del Foro Ciudadano