Óscar Urralburu Arza

Las medidas de recorte y ajuste del gasto, aprobadas por Decreto Ley, suponen un giro radical en las políticas públicas y sociales practicadas en los últimos años, una ruptura injustificable del principio de buena fe en la negociación colectiva en el ámbito de la función pública, y un ataque injusto y sin precedentes a pensionistas, dependientes, madres y empleados públicos. Sin ninguna duda, existen poderosas presiones internacionales por parte de organismos de control ultraliberales que han encontrado, en el desmontaje del aún precario Estado del bienestar europeo, la única vía de solución a la profunda crisis económica que padecemos.

Por ello, es de imaginar que las medidas de recorte en el sector público y en los servicios que ofrece no han terminado, habrá más y serán mucho más dolorosas. El ajuste que ha ejecutado el gobierno no es otra cosa sino la primera medida de transferencia del coste de la crisis al conjunto social. Para el personal empleado público que, con tasas de reposición inferiores al 10%, verá congeladas las ofertas de empleo público. Además, como es probable que sigan las políticas de reducción del déficit sin salir del estancamiento de la economía, va a seguir aumentando el paro, se van a incrementar os recortes salariales, se va a amplíar la edad de jubilación, los horarios de trabajo, así como la ratio y la carga de trabajo en los diferentes servicios educativos, sanitarios, judiciales, administrativos y sociales. La ciudadanía mientras tanto va a ver cómo se disuelven, como un azucarillo, derechos sociales que creía asentados e incuestionables como la sanidad pública, la educación pública, el subsidio por desempleo o las pensiones públicas.

Con estos recortes adelantados en el sector público, tanto el gobierno, por presiones internacionales, como la patronal, por interés propio, no mostrarán ningún pudor en reducir derechos sociales y laborales de los trabajadores y trabajadoras del sector privado. Se va a incrementar aún más en el ya injusto diferencial entre las rentas del trabajo y las rentas del capital, y nos lo van a presentar como una necesidad insoslayable de la economía especulativa y financiera para salir de la crisis: reforma laboral, abaratamiento del despido, desregulación de los convenios colectivos, reducción salarial, retraso de la edad de jubilación más allá de los 65 años, etc. En definitiva, los ataques a los derechos sociales y laborales de los trabajadores y trabajadoras del sector público y del sector privado, irán encaminados a empeorar sus condiciones de trabajo y vida. Más trabajo por menos, con menos derechos, con menor protección y durante más años, esa es la original respuesta que «los amos del mundo» ofrecen, una vez más, a la ciudadanía europea.

¿Hasta dónde tendremos que aguantar? ¿De qué instrumentos disponemos para la defensa de unas condiciones laborales y sociales ya precarias y que ha costado tanto conquistar? ¿Cómo podemos defender la dignidad de nuestra vida, la naturaleza social de nuestra democracia y del mismo Estado de Derecho ahora que la política de partidos parece habernos abandonado?

En situaciones críticas como las actuales, es más necesario que nunca reivindicar principios rectores y compartidos por el conjunto de la sociedad. Hacemos nuestras las palabras de Gandhi, cuando en 1944 afirmaba que «el capital tiene que ser servidor del trabajador, no su amo», y en este sentido, debemos defender la dignidad del conjunto de los trabajadores y trabajadoras de este país y del resto de Europa frente a las imposiciones del establishment europeo (Comisión Europea, Banco Central, Bundesbank, FMI, etc.): somos nosotros y nosotras los sujetos pasivos de la crisis, no debemos permitir que nos conviertan en la moneda de cambio para salir de ella. Para defender nuestra dignidad tenemos que atender a las empleadas y empleados públicos que han sido injustamente maltratados no ya por un «mercado sin rostro», sino por un Decreto-Ley promulgado por un gobierno concreto y ratificado en parlamento español. Y para defender esta dignidad queremos reivindicar, a pesar de todos sus defectos, la necesidad de los sindicatos, especialmente frente a quienes aprovechan para sembrar desconfianza en los mismos, desacreditándolos y desprestigiando su función. Junto a la necesidad de los sindicatos queremos reivindicar la necesidad de su acción conjunta porque en la Intersindical estamos convencidos que, como decía Gandhi, «sólo si los sindicatos trabajan en una misma dirección, es posible mejorar la condición de los trabajadores».

En segundo lugar, queremos reivindicar el Estado de Derecho y sus valores, frente a quienes lo cuestionan aprovechando la confusión reinante para difundir ideas clasistas, racistas o xenófobas, frente a quienes quieren que el descontento social se convierta en trampolín para sus infames ideas. Y en esta reivindicación del Estado de Derecho queremos subrayar la importancia del derecho a la huelga, recogido en nuestra Constitución, como instrumento principal, entre otras muchas más acciones, frente a unas políticas draconianas que sólo buscan empobrecernos individual y colectivamente y que, ante la opción de imponer cargas a las grandes ganancias, ha optado por despreciar el valor de lo único que poseemos: nuestro trabajo y nuestra vida.

La huelga del próximo 8 de junio en la Función Pública es digna y necesaria. Es una acción colectiva solidaria que, además de denunciar el ataque al conjunto del personal empleado público, defiende la necesidad de mantener el poder adquisitivo de las pensiones, defiende la protección de un sistema público que garantice la gratuidad de los derechos sociales básicos como la educación y la sanidad, y puede servir como presión pacífica en el actual proceso de negociación de la Reforma Laboral. Creemos que el malestar existente en todos los sectores sociales puede encontrar una primera vía de manifestación colectiva en la respuesta del sector público el próximo 8 de junio. Ese día es necesario vencer el miedo y la apatía y socializar la idea de que el mundo actual, tal y como se nos ofrece, resulta inaceptable.

Óscar Urralburu Arza es miembro del Secretariado STERM-Intersindical