Carlos Felipe Iracheta

«Los poderes públicos deben poner coto al abuso bancario contra ciudadanos indefensos, no sólo por lo que tiene de injusticia social sino porque así lo establece la Constitución española y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Se trata de una desigualdad que coloca al ciudadano, al ser humano, en inferioridad de derechos frente a los de las empresas y sociedades».

Recordarán algunos de ustedes, y si no lo cuento yo ahora, aquellas películas del neorrealismo italiano y de la España de la posguerra que analizaban la temática de la vivienda lumpen, el chabolismo y otras formas ´residenciales´ a las que los más pobres e inmigrantes se veían abocados si querían tener un techo donde cobijarse. En aquellas películas podíamos observar cómo la legislación respondía a consideraciones morales, hasta el punto de que nadie podía ser desalojado de su morada o infravivienda una vez que ésta pudiera considerarse como tal, es decir, desde el momento en que tuviera un techo bajo el que cobijarse. Un ´hogar´.

En aquellas películas, cuando las Fuerzas de Orden Público enviadas por alcaldes o jueces a demoler las chabolas se encontraban con que éstas habían ´cubierto aguas´, es decir, cuando ya se habían dispuesto las cuatro chapas que cubrían el recinto formado por todo tipo de materiales de desecho —ladrillos, maderas, cartones, chapas y cosas por el estilo—, se topaban con la puerta en las narices y ya no podían demoler, porque los derechos constitucionales y entre ellos el de la ´vivienda digna´, que además es un derecho fundamental, impedían que se pudiera dejar a alguien sin techo.

El derecho a una vivienda digna es un derecho fundamental reconocido por la Constitución española, artículo 47, y obliga a los poderes públicos a hacerlo efectivo. En función de esto, debemos denunciar la falta de políticas efectivas que regulen e impidan que un ciudadano pueda ser echado a la puta calle cuando no pueda hacer frente a la hipoteca de su casa, y con mucha más razón si su situación económica es coyuntural, como es el caso de los parados, trabajadores honrados que por causas ajenas a su voluntad se ven abocados a una situación inhumana ante la codicia de los bancos.

No se trata sólo de una cuestión de injusticia social; se trata de una desigualdad que coloca al ciudadano, al ser humano, muy por debajo en derechos que las empresas o sociedades anónimas, es decir, a la persona física por debajo de la persona jurídica, que siempre dispone del privilegio de la suspensión de pagos o concurso de acreedores en circunstancias no necesariamente coyunturales.

Porque una cosa es que puedas perder tu propiedad por no poder pagar la hipoteca y otra bien distinta que te echen a la calle de forma inmisericorde por un ente abstracto sin rostro humano, como son los bancos, al que poder increpar y llamar hijo de puta, único derecho inalienable que te queda. El derecho de los ciudadanos a la suspensión de pagos de las hipotecas en determinadas circunstancias, como es el caso de los parados y asimilados, debería ser generalizado como una práctica habitual sin necesidad de tener que recurrir, si es el caso y si es posible, a costosas prácticas judiciales que precisamente por la situación económica del sujeto no pueden ser emprendidas.

Al abuso bancario ante ciudadanos indefensos deben los poderes públicos poner coto, no sólo por lo que tiene de injusticia social sino porque así lo establece la Constitución española y la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Los ciudadanos no hemos de tener que pasar vergüenza e indignación cada vez que un ser humano o una familia es expulsada de su vivienda y puesta de patitas en la calle sin la más mínima consideración. Los bancos y banqueros y, sobre todo, las cajas han de asumir sus riesgos (como en otros países mas capitalistas y neoliberales que el nuestro) y ser partícipes de las adversidades que afectan a los ciudadanos, al menos de la misma forma como lo hacen con las suspensiones de pagos y la ´quita y espera´ de las sociedades mercantiles.

Y los jueces, que no se olvide que son cooperadores necesarios, ya que sin orden judicial no hay desalojo, también deberían tener su corazoncito y anteponer los derechos constitucionales a los intereses mercantiles y de los mercachifles. El derecho mercantil no puede estar por encima del derecho constitucional y eso los jueces lo deberían tener muy en cuenta.

A ver si ahora resulta que nos hemos quedado con lo peor del sistema financiero capitalista y hemos renunciado a lo poco de bueno que el sistema ofrece. En USA, cuando el ciudadano no puede pagar la hipoteca le quitan la casa, pero la deuda queda saldada; en Spain, te quitan la casa y encima tienes que pagar los errores y riesgos de los bancos.

Aquí, la banca siempre gana y así nos va y les va.

Carlos Felipe Iracheta es arquitecto y miembro del Foro Ciudadano de la Región de Murcia

http://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2011/06/04/techo/328072.html