Francisco Morote

A finales de este mes, el Parlamento Europeo aprobará sin apenas debate el denominado Pacto del Euro, que suscribieron previamente en marzo los jefes de Estado o de Gobierno de la zona euro, más otros seis países. El pacto implica que todas las medidas que conlleve habrán de sujetarse a las recomendaciones de la Comisión Europea, que actuará además como principal supervisor y evaluador de su desarrollo. Pretende hacer frente a la deuda incrementando la competitividad de la zona euro, es decir: facilitar la presencia comercial de las empresas de esta zona en los mercados mundiales.

Su primer fundamento se basa en dos aspectos: bajar los precios de los productos de la zona, y en que éstos sólo pueden bajar si bajan los salarios, para lo que impone la revisión de los acuerdos salariales a fin de restringir las posibles subidas (convenios, cláusulas de revisión, etc.). Rebajar el nivel de centralización de la negociación colectiva para rebajar el poder de los trabajadores: la fuerza en la negociación no es la misma si se negocia por 100.000 trabajadores que si se hace por cien; evidentemente cuanto menor es el número de trabajadores afectados menor es la capacidad de resistencia de éstos. También se santifica algo que ya conocíamos: los salarios públicos marcan referencia en el sector privado, por lo que habrán de reducirse aun más. Esto no sólo afectará sólo a los trabajadores y al empleo públicos, sino también a los pensionistas.

Para fomentar el empleo, el Pacto impone, además de la rebaja salarial, la rebaja de los costes sociales, y propone como alternativa para su financiación una subida del IVA en dos puntos. Nuestra consejera va más lejos, dice que no a la subida del IVA, pero sí a la rebaja de los costes, es decir, está proponiendo una rebaja de las prestaciones.

 

 

El Pacto exige la vuelta al viejo Pacto de Estabilidad, que obliga a rebajar los déficits presupuestarios de los Estados a menos del 3%, para lo que imponen reformar los sistemas de pensiones, sanitario y de prestaciones sociales. Actualmente políticos de la derecha como Valcárcel, Durán i Lleida, Rajoy o Núñez Feijóo están allanando el camino hacia la reducción de los derechos en materia de Sanidad pública. La Generalitat de Cataluña paralizó por motivos electorales un drástico recorte en materia sanitaria, que planteará ahora tras las elecciones.

Obviamente no proponen la reducción del gasto militar. Sólo en España gastamos cuatrocientos millones de euros/año sólo en la aventura de Afganistán, sin olvidar nuestra presencia en Líbano y ahora en Libia; para eso no se exigen recortes. Estas medidas traerán de inmediato grandes beneficios para las empresas de pensiones, sanidad, enseñanza y cuidados privados, pero supondrán otra rebaja para la ciudadanía, que además de ver rebajado los salarios de forma directa y por la subida del IVA, lo verá también porque una parte del mismo tendrá que ir destinada a financiar parte de estos servicios.

Para consolidar estas políticas el Pacto obliga a establecer en las legislaciones e incluso en las Constituciones de los Estados las medidas establecidas en el Pacto de Estabilidad. En España, Rajoy ya lo ha propuesto en varias ocasiones. Esta imposición puede considerarse como un ´golpe de Estado económico´, ya que impide la posibilidad de otras políticas económicas no neoliberales, prohibiendo que los Estados puedan recurrir al endeudamiento para inversiones.

Por último, y como no podría ser de otra manera, el Pacto en materia de regulación bancaria únicamente establece que periódicamente se efectuarán pruebas de resistencia bancaria, un insulto a la inteligencia si tenemos en cuenta que las realizadas han resultado auténticos fraudes. Recordemos las de los bancos irlandeses: las pruebas concluyeron en que estaban en perfectas condiciones, y unas semanas más tarde hubo que inyectarles 80.000 millones de euros.

Eso sí, para el rescate de bancos y cajas de ahorro, el Pacto no impone ninguna reducción en el gasto público, es más, invita a gastar lo que haga falta para reflotarlos, en el caso de las cajas para su saneamiento previo a su privatización o bancarización, como va a suceder con la CAM: primero la saneamos con dinero público del FROB, y después sale a Bolsa para que los inversores compren con seguridad.

Por supuesto, nada dice de los paraísos fiscales, dormitorio placentero de cientos de billones de euros pertenecientes los especuladores que, habiendo provocado la crisis, todavía acumulan más con ella al ser protegidos por los Gobiernos neoliberales como el nuestro.

En conclusión, el Pacto dispara a matar a la Europa Social. Ya no se considera necesario el Estado del Bienestar y aborda su destrucción paulatina. Como dice Rajoy, tendremos el que podamos (si podemos). Empobrecerá a Europa con la triple rebaja salarial, y sólo y exclusivamente, beneficiará a la banca (como siempre) y a las grandes multinacionales europeas que trabajan también fuera perjudicando gravemente a la ciudadanía, a los Estados endeudados como el nuestro. Y a las pymes que sólo trabajan aquí.

El Pacto es técnicamente deficiente, y por pura lógica no alcanzará los objetivos teóricos que plantea, aunque sí logrará pingües beneficios a las empresas que se adjudiquen los bienes y servicios privatizados.

Es exclusivamente ideológico, de ideología neoliberal, ya que técnicamente no se sostiene. Es la aplicación del ´Manifiesto Neoliberal´, para cuyos defensores mentarles a Keynes es mucho peor que hablarles de Lenin. Conlleva cesión de nuestra soberanía de tal magnitud, que, a mi juicio, exigiría de un referéndum para su ratificación.

Porque otra Europa es posible, es imprescindible que la ciudadanía exprese suficientemente su rechazo tomando de nuevo las calles el hoy domingo 19 con el movimiento 15-M, al objeto de exigir al Gobierno y al Parlamento que actúen de forma democrática y que no suscriban sin consulta previa un Pacto tan negativo para la ciudadanía y para Europa.

A finales de este mes, el Parlamento Europeo aprobará sin apenas debate el denominado Pacto del Euro, que suscribieron previamente en marzo los jefes de Estado o de Gobierno de la zona euro, más otros seis países. El pacto implica que todas las medidas que conlleve habrán de sujetarse a las recomendaciones de la Comisión Europea, que actuará además como principal supervisor y evaluador de su desarrollo. Pretende hacer frente a la deuda incrementando la competitividad de la zona euro, es decir: facilitar la presencia comercial de las empresas de esta zona en los mercados mundiales.